Por Luis Emilio Aybar Toledo
Redacté estas ideas antes del 3 de enero de 2026, es decir, antes del escenario que vive Cuba de extraordinaria y redoblada hostilidad por parte del gobierno estadounidense. Hoy la tarea de primer orden es la defensa de la soberanía nacional, que incluye la defensa de nuestra institucionalidad. Sin embargo, considero que este texto sigue siendo necesario, en tanto las fallas abordadas continúan vigentes y su superación es más necesaria que nunca. Cualquier práctica que hoy ponga en riesgo la transformación de los problemas vitales, debe ser sometida a la crítica.
La política en Cuba aparece hoy como un conjunto de nuevas medidas, paquetes de medidas, legislaciones, programas y normativas: 63 medidas para dinamizar la producción agropecuaria y 43 para reactivar la empresa estatal socialista, Programa para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, Proceso de Bancarización, Política para la Transformación Digital, Ley de Comunicación Social, Ley de atención a las quejas y peticiones de las personas, Ley de Soberanía alimentaria y Educación Nutricional, Política de Atención integral a la Niñez, Adolescencias y las Juventudes, Programa para el Adelanto de la Mujer, etcétera.
El país ha vivido, desde 2019 hasta la fecha, una intensa actividad legislativa y de producción de disposiciones gubernamentales. Su elevado volumen contrasta con el debilitamiento de las estructuras del Estado llamadas a implementarlas — pues la crisis también las impacta—, con la presencia de numerosas desviaciones institucionales y con la atención cotidiana que demanda un sinnúmero de graves problemas. Son realidades que pueden diluir el potencial transformador de las mejores políticas.
Un detalle a no olvidar es que cada disposición gubernamental requiere de un sistema de implementación y seguimiento, desde el nivel municipal hasta el nacional. Al considerarlas de conjunto, vemos que tienen el efecto de intensificar la dinámica de funcionamiento propia de las instituciones, es decir, aumentan la cantidad de reuniones a realizar, de acciones a desarrollar y de informes a elaborar. Dados nuestros problemas de funcionamiento, en muchas ocasiones sucede que las reuniones se hacen y los informes se elaboran, pero las acciones tienen menos efectividad que la declarada. Puede ser, incluso, que algunas nunca se lleguen a realizar…
Si se desea incrementar la capacidad transformadora de las medidas, leyes y programas, las cosas debieran hacerse de otra manera. Considero que, en el contexto actual, es necesario racionalizar la emisión de disposiciones gubernamentales, establecer un sistema efectivo de control y verificación, y sobre todo concentrarse en superar los problemas urgentes. Eso último sería lo más importante, porque permitiría recuperar la participación popular y el capital humano del aparato estatal, dos factores imprescindibles para plantearse metas mayores.
La intensidad normativa que ha seguido el Estado cubano en tiempos de crisis parece responder no solo a cierta audacia política, sino también a un estilo de dirección que deposita demasiado la solución en el diseño de indicaciones y normas. Es como si se sintiera que se está dando respuesta a los problemas porque se adoptó una ley, se diseñó tal política o se tomaron medidas, cuando la verdadera respuesta es la transformación real de la situación que se vive. Cada nueva disposición gubernamental cumple la función de aliviar la tensión del momento, o generar una sensación de avance y de justeza, mientras los resultados fallidos o la insuficiente implementación mantienen el criterio de que todo sigue igual.
Sucede que las decisiones que se adoptan no son equivalentes entre sí. Algunas de ellas son más estratégicas y condicionan la eficacia de las demás. Eso se asemeja al famoso teorema de Pareto, que enseña que el 20% de las acciones determina el 80% de los resultados. Ese «mínimo vital», ese 20% es en el que no se puede fallar. El bloqueo es un fuerte destructor de resultados, pero nunca debiera ser una excusa.
La realidad es que se ha fallado en el «mínimo vital», es decir, en incrementar la producción y la exportación, en reactivar la empresa estatal, en recuperar la producción de alimentos, en tomar el control del mercado de divisas, en disminuir la inflación y en frenar la desigualdad y la pobreza. La mayor parte de las empresas estatales han estado operando con una tasa de cambio (1 x 24) que no guarda relación con las condiciones de la economía, lo que ha acentuado su debilidad. Llama la atención que eso no se haya transformado durante cuatro años.
Al mismo tiempo, la decisión de ampliar el sector privado fue adoptada y diseñada de una manera que ha saboteado sus objetivos iniciales, es decir, ha tenido pobres efectos sobre el incremento de la producción, la exportación y el encadenamiento productivo, ha reforzado la inflación y la presión sobre el mercado de divisas, y ha profundizado la desigualdad a niveles nunca vistos en la historia de la Revolución.
La medida más importante de todas era consultar las medidas con el pueblo antes de tomarlas. Que fuera el pueblo quien tomara las medidas, las pensara, las enriqueciera y las hiciera suyas, por muy duras que fueran. Así hizo Fidel en los noventa, cuando desató los «parlamentos obreros». Sin embargo, con excepción del Código de las Familias y del Código del Trabajo, esa no ha sido la regla. En meses recientes se decidió, de manera tardía, llevar a consulta el Programa de Gobierno.
Un dato no menor es que se han dado indicaciones para impulsar la participación y el control popular. Era de esperarse que esa voluntad chocara con poderosas inercias en la sociedad y el Estado, inercias que solo podrían superarse combatiendo el burocratismo, el autoritarismo y la corrupción; es decir, llevando esa tarea hasta el final…
La participación y el control popular son el mejor antídoto contra los problemas de funcionamiento que limitan la efectividad de las políticas, leyes, programas y paquetes de medidas. Forman parte de aquel «mínimo vital», lo que contrasta con las pocas normas dedicadas a su ampliación y a la creación de mecanismos vinculantes.
Tenemos aquí una cuestión estratégica a resolver:
necesitamos que el pueblo pueda «tomar medidas» contra las actuaciones que limitan su bienestar y sus posibilidades de desarrollo.
Las soluciones que pudieran provenir de la participación enfrentan un grave desafío: la mayor parte del pueblo ha perdido la fe en las posibilidades de su propia movilización. Ese lugar no se transforma con llamados o convocatorias. Cuando tanta gente ha asumido la postura del espectador, es necesario que una parte de la sociedad tome la iniciativa, logre resultados, irradie con su ejemplo y contagie al resto.
En el proceso revolucionario vivido durante varias décadas, en el que el Estado ha desempeñado una función central, existe la tendencia a esperar y exigir que la señal de cambio provenga de arriba. ¿Es esto lo que está sucediendo? ¿Nuestra institucionalidad logra ser el motor de una nueva esperanza? Para que eso fuese posible, habría que modificar una serie de patrones de funcionamiento que obstaculizan transformaciones más amplias.
Si miramos a lo que sucede en la práctica, vemos que se exige mucho control y poca iniciativa, se desea mucha concordia y poco cuestionamiento, se escucha mucho lo que viene de arriba y poco lo que viene de abajo, se confía mucho en los cuadros y poco en el pueblo, se cree mucho en las órdenes y poco en las motivaciones, se adoptan muchas medidas, se cumplen muchos procedimientos, sin perder el sueño por las insuficientes transformaciones. Y por todo eso tenemos muchos dirigentes y pocos líderes, muchos funcionarios y pocos revolucionarios.
¿Qué hacemos? ¿Dejamos que la catarsis sea el síntoma de que nos hemos rendido? Sin la fuerza popular ni las mejores políticas se cumplirán a cabalidad y tampoco llegarán las que faltan. El Estado necesita hoy más que nunca de ese apoyo adicional y también de un sujeto que le pise los talones, que le ponga presión y que tome la iniciativa, incluso para impedir sus errores.
Cada persona y cada colectividad debe convertirse en un motor de cambio. Solo así lograremos modificar la correlación de fuerzas en el tejido institucional, para más justicia, más honestidad, más eficiencia y más control popular. El dirigente al que eso no le guste, por algo será. Y el que no debe nada, pero tampoco comprende, habrá que echarlo a un lado también, porque el avance del poder popular es hoy una cuestión de vida o muerte para la Revolución.
