Por Luis Emilio Aybar Toledo: “El punto de vista de la ciudadanía, de la clase trabajadora, del pueblo, debe regir la gestión económica”
En la pasada semana la televisión nacional difundió diferentes momentos del Segundo Período de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional de Cuba. Por la cardinal relevancia de la transparencia informativa y la democracia asamblearia para el socialismo, y sus carencias en nuestra tradición, me decido a compartirles algunos comentarios al respecto, desde el lugar de un ciudadano que estuvo frente al televisor casi todo el tiempo.
La salud
Lo mejor a mi juicio fue el informe de la comisión de Salud y Deportes sobre la prevención y atención epidemiológica, fruto de las acciones de control y fiscalización realizadas sobre las entidades encargadas de dicha actividad. Fue un informe detallado, que señaló casi todo lo mal hecho en este campo, demostrando las enormes potencialidades de la labor de diputados y diputadas. La discusión posterior, con participación de responsables institucionales, tuvo un matiz crítico y autocrítico destacable. Junto con estos elementos positivos, se reiteran sin embargo viejas carencias. Por ejemplo,los criterios editoriales de nuestros medios nacionales continuaron incidiendo en que un fenómeno tan relevante como una crisis epidemiológica en varias provincias del país fuese informado varias semanas después de su surgimiento.[1] Por otro lado, el funcionamiento del sistema del Poder Popular propició un buen diagnóstico de los errores, cristalizado en la discusión reseñada, pero no logró impedirlos en primera instancia.
La vivienda
Otras emisiones televisivas a destacar fueron las relacionadas con la vivienda, en particular la explicación del Ministro de la Construcción sobre la nueva política gubernamental en este campo y la intervención de Díaz-Canel. Es un tema muy sensible que ha demorado demasiado en tener una atención prioritaria, por lo que se agradece el impulso que está recibiendo ahora de parte de las máximas autoridades del país. Es destacable el dato de que solo adoptando medidas organizativas se ha podido duplicar la cantidad de viviendas construidas en algunas provincias, lo que sirve de testimonio para otras esferas del país, fuertemente impactadas en sus resultados por la ineficiencia institucional. Se nota un esfuerzo de integralidad en la formulación de la nueva política, que ha llevado a la conclusión de que es posible construir al menos una vivienda por municipio cada día. Sin embargo, pude constatar la ausencia en el análisis de los problemas relacionados con la asignación de las viviendas.
Mi experiencia como ciudadano de a pie dice que son insuficientes los planes estatales de construcción, pero también que no siempre son priorizados los que más lo necesitan, por errores en las decisiones o corrupción de funcionarios públicos a la hora de otorgar la vivienda. Lo mismo es válido en la entrega de locales estatales para ese fin. Aquí se echó de menos alguna intervención incisiva de los diputados, quienes a diferencia de otros países son también ciudadanos y ciudadanas de a pie,[2] pero deben hacer valer sus saberes desde el cargo que ocupan. En conclusión, es necesario garantizar que los recursos públicos destinados a un mayor acceso social a la vivienda(nuestros recursos), contribuyan con mayor eficacia a reducir las brechas de desigualdad.
La economía
Son muchas las preguntas sin respuesta que se hacen los cubanos y cubanas cuando salen cada día a conseguir los abastecimientos indispensables de su hogar. Tantas que muchos ya ni siquiera se las hacen; sencillamente dan por sentadas las dificultades. Mencionaré una, ¿Por qué escasea, en diferentes momentos del año, el detergente, el pollo, los medicamentos, el papel sanitario, el huevo, el picadillo, la leche en polvo, el detergente líquido, la frazada de piso, etc, (y ahora el pan!)? El asunto es tan trascendente en la vida cotidiana que los dirigentes estatales deberían realizar intervenciones públicas a cada tanto para rendir cuentas al pueblo sobre el problema, y facilitar el acceso no a una parte sino a toda la información necesaria para entender sus causas.
En tal escenario, el balance de la economía presentado por el ministro Alejandro Gil viene a funcionar, solo por el tamaño de la oscuridad informativa en la que vivimos, como una tenue luz. En su intervención, inevitablemente muy general, podemos identificar algunos de los elementos, solo algunos, que sirven para explicarnos las dificultades diarias. También algunos de los criterios que rigen la asignación de capitales en el sector productivo. La presentación del presupuesto de la nación por la ministra Lina Pedraza fue en cambio mucho más breve y menos exhaustiva y arrojó muy poca luz sobre la distribución de recursos en las actividades presupuestadas, que condicionan una gran parte de las necesidades populares.
Una diputada de Ciego de Ávila, dirigente sindical, planteó al finalizar la presentación de los ministros que para el buen funcionamiento de la planificación económica era necesaria la participación en las decisiones, y propuso que los dirigentes empresariales y ministeriales se personaran en las asambleas de base para discutir el plan con los trabajadores. El presidente del Parlamento, Esteban Lazo, le respondió que su propuesta no podía ser un acuerdo de la Sesión ordinaria porque ya se ha establecido hacerlo de esa manera, y lo que toca es cumplirlo, o sea que los cuadros efectivamente acudan a la discusión del Plan. El ministro de Economía, Alejandro Gil, coincidió con Lazo, y Ulises Guilarte, secretario de la Central sindical, opinó que las asambleas de inicios de año serán fundamentales para lograr un compromiso activo de los trabajadores en el impulso del Plan, por lo que le daba mucho valor a la intervención de la compañera diputada.
Ciertamente es positivo que alguien, esta diputada, se acuerde de la participación obrera, enfocándolo como algo que va más allá de un compromiso activo.[3] También lo es que se haya resuelto dedicar un artículo de la nueva Constitución al tema, dando respuesta a opiniones vertidas durante la consulta por los sindicatos y la ciudadanía en general.
Luego, añadimos tres complejidades a estas buenas noticias:
1) El impulso a la discusión del plan y el presupuesto debe darse fundamentalmente en momentos anteriores a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional en diciembre, de lo contrario pierde sentido toda participación porque los trabajadores discutirán algo que ya está aprobado.
2) Los trabajadores y trabajadoras no deben discutir solamente el plan o el presupuesto de su entidad. Los dirigentes de instancias superiores deben presentar con antelación su propuesta de criterios a seguir en la asignación de los recursos, pues estos criterios, y las decisiones que de ellos se desprenden a diferentes niveles (“el corte del pastel”), condicionan las posibilidades de cada centro laboral.
3) Las posiciones sostenidas por los trabajadores, relativas a su entidad y más allá, deben ser vinculantes, esto es, deben influir efectivamente en las decisiones finales.
Siendo que la excesiva centralización de nuestra economía no cambiará en el corto plazo, las pautas definidas centralmente (o sea: válidas para todos) y cristalizadas en el Plan y el Presupuesto, necesitan más que nunca un basamento democrático. Ello no es solo un valor sino además un requisito de su racionalidad. La experiencia acumulada luego de la discusión de los Lineamientos, el Código del Trabajo, la Conceptualización, la Reforma constitucional, demuestra la capacidad institucional existente para agregar y sistematizar demandas. Esta capacidad debe insertarse en modelos de participación vinculante (o sea ir más allá de la consulta), y activarse de año en año en las semanas previas al Período Ordinario de sesiones.
Resumiendo…
Necesitamos poder para que nuestras necesidades se traduzcan en decisiones, y ello requiere información y canales adecuados.
El punto de vista de la ciudadanía, de la clase trabajadora, del pueblo, debe regir la gestión económica.
Por mucho que lo deseen, los dirigentes del país no podrán adoptar totalmente este punto de vista, pues sus condiciones de vida son otras. Por eso los diputados y diputadas que no anden en carro ni reciban abastecimientos especiales tienen que ser los que más hablen y los que más decidan. No pueden asumir una posición donde le piden disculpas a Lazo por tomar la palabra y alargar la sesión, ni pueden sacar menos leyes que el Consejo de Estado, ni pueden tener 5 días para discutir una Constitución que tomó 4 años al equipo redactor, ni pueden hablar menos que Homero. Por el contrario, deben construir con sus electores esa verdad de calle y de montaña antes de llegar a la Asamblea, para rearmar el pacto social cada diciembre con el resto de los diputados, y refrendarlo ante el pueblo.
Es convertirse en esa contraparte fraterna de la que hablaba el Che que se ha ido volviendo solo fraterna, como si fuera incompatible con la unidad.
Parafraseando a nuestro Presidente, hay que ir por más también en el campo del poder popular.
Notas
[1] Véase, Julio Martínez Molina, «Progresiva disminución del dengue en Cienfuegos», Granma, 14 de diciembre de 2018
[2] Digamos que no todos, pero sí la mayoría.
[3] No ha sido solo ella, en emisiones televisivas de Períodos Ordinarios anteriores he visto a otros diputados esgrimir posiciones similares.
Deja un comentario