Por Leyner Javier Ortiz Betancourt
Trance doloroso y desarticulación social
En crisis cambian las cosas. Cambia lo legítimo y el conocimiento sobre lo social. El conjunto de un determinado horizonte cambia. De súbito, se suspenden las mediaciones hegemónicas y se devela una verdad conflictiva en el fondo de la sociedad. Encuentro aterrador aquel de la sociedad consigo misma. Y ante el conflicto que se vislumbra como límite, se le enfrenta de repente un afán de rebasamiento, de conquista, como si toda la historia se condensara un día sobre las apetencias de la gente. El 11 de julio de 2021 fue, por cierto, también una crisis. ¿Qué se debe decir hoy sobre aquella jornada crítica, sobre el fondo social que se echó a ver?
Hay que comenzar por lo obvio: que Cuba ha sido siempre, y no solo a partir de la crisis de los noventa, una sociedad heterogénea. Sucede, no obstante, que en la memoria de los setenta y ochenta se privilegia una homogeneidad que borra las distinciones reales. En lo que nos ocupa, no dejó de existir en la Cuba posterior a la estatización de pequeños negocios del 1968 un amplio y resiliente sector privado, no solo asentado en el campesinado legal, sino en redes clandestinas de comercio. Lo distintivo era quizás la manera en que este circuito de intercambio mercantil dependía del Estado: en la escasez de productos estatales y en los límites de su poder estaba su nicho de acción. Lo que sucede a partir de los noventa es que este sector se autonomiza a partir de un proceso doble: por un lado, se repliega la autoridad moral y el alcance efectivo del poder estatal; por otro, se amplían los bolsones de economía mercantil de reproducción simple.
Podemos hablar, a partir de los noventa, de tres circuitos superpuestos, conectados de manera deficiente y jerárquica. En la cúspide un circuito minoritario, la llamada economía mixta, en la práctica concesiones estatales al capital transnacional en un pacto doble con empresarios y obreros: a los primeros les garantiza la disciplinada super-explotación obrera, a los segundos les garantiza la estabilidad fordista del empleo. En el intermedio, la economía estatal, el circuito mayor, con varios niveles de producción de riqueza, sitio del acuerdo paternalista y benefactor clásico entre obreros y Estado: estabilidad de empleo, contrato colectivo, fondo de jubilación, derechos sociales asociados como la educación y la salud gratuitos, estabilidad en los precios de productos básicos, prohibición del despido, jornada de ocho horas, entre otros. Desde el punto de vista cultural, no hay antagonismos de peso entre estos dos circuitos, por lo que tienden a fusionarse en una única forma de autopercepción. Y, en el fondo, el circuito de economía mercantil tendiente a la reproducción simple, con varios niveles internos de acumulación pero carentes del empuje de los grandes capitales.
Autonomía significa aquí, en breves palabras, que las personas reproducen el grueso de sus vidas en el marco exclusivo de estos circuitos, aunque siempre hay intercambios entre estos bajo diversas modalidades y con variable intensidad. Esta superposición de economías en que existe Cuba genera distorsiones increíbles por sí sola, y máxime cuando no es conocida en cuanto tal. Si el pensamiento supone a la economía como un sistema unificado encontrará una barrera difícil de traspasar en su aplicación práctica.
El barroco social que describimos tiene fuerte relación con el proceso de repliegue estatal. Mas ocurre que antes del repliegue hubo una expansión derivada del impulso del 1959. Hablamos de dos procesos profundamente violentos. El surgimiento de un Estado como el del 59, que se irrigaba con las potencias de la revolución, provocó enormes transformaciones en la sociedad. En breve tiempo un único poder jerárquico centralizado se expandía sobre todo el conjunto social. La burocracia se volvió una fragua nacional en donde se equiparaban todas las clases, todos los oficios, todas las pieles, en una única estructura general, en un ejército, en una escuela. La igualdad, mediada por la jerarquía, alcanzaba a ser más igualitaria en la medida en que el poder más alto era, a la vez, el poder más democrático. La sociedad incorporó rutinas y ritualidades en su cotidianidad, se ordenó el conjunto de la vida de acuerdo a planes y disposiciones, se vislumbraba un futuro certero y un pasado acumulado y valioso para el porvenir. Y claro, se disciplinaron duramente los cuerpos, se les impuso normas rígidas y un tiempo que, aunque siempre en transición, tenía la textura de la eternidad. Era, el Estado, un instrumento para ser en el mundo, mantener algo se soberanía en un entorno tan agresivo hacia los pequeños y pobres, tan plagado de inciertos aliados y peligrosísimos enemigos. Era un medio para ser nación a lo interno de Cuba, para amasar toda la densidad del país en una única intensidad. Pero los medios trastocan en fines y el Estado instrumental se vuelve finalidad, coarta la imaginación y restringe el accionar en normativas técnicas. La realización estatal de la cubanidad desde 1959 tuvo tales potencias y tales límites.
Si la expansión del Estado del 59 fue violenta, su repliegue no lo fue en menor medida. Tal repliegue fue, en rigor, nada menos que un desgajo masivo. Gentes desarraigadas de una materialidad estatal y una idealidad moderna que han probado ya no ser válidas ante ellas, al no ser capaces de garantizarle la reproducción de sus vidas, se vieron forzadas a lanzarse a las fauces del mercado. Era, para ellas, el colapso de un orden simbólico. «Rotos y perdidos», diría Fernando Ortiz, fluyen al mercado en «desajuste y reajuste» permanentes, en perenne inestabilidad.[1] Allí, en este registro jerárquico descentralizado, mediado por la acumulación de capitales, se forjó también la nación cubana. Dejar en vacancia un espíritu para que asimile otra norma es sin duda un proceso traumático. Transitan hacia el desorden, ven el futuro con gran dificultad y la narración de vida, tan flexible, termina por ser enrevesada y opaca. La jerarquía, el prestigio, el valor, para muchos todo ello depende ahora en gran medida del dinero. Lo simbólico y lo comunitario se constriñen a espacios casi marginales.
Lo interesante de este repliegue estatal no es su causa en el escaso financiamiento, sino un pensamiento de Estado que privilegia ciertos frentes y se permite abandonar otros. No obstante, el privilegio de los frentes que conservan la presencia estatal, a saber, los circuitos de economía estatal y mixta, tiene que ver no solo con la voluntad del Estado sino con la capacidad de tales sectores de forzarlo a estar presente; y la vulnerabilidad de otros, a saber el circuito mercantil simple, para convocarlo en su favor. La vasta capilaridad de determinadas instituciones del Estado y dimensiones de la hegemonía son los factores de poder que sostienen la unidad cubana en un único registro jerárquico.
Nos ocupa, pues, la existencia autónoma del circuito del fondo, el de reproducción simple, al cual muchos llaman marginal,[2] y la manera en que, a pesar de su relativa separación del resto, transforma en lo profundo la subjetividad nacional. ¿De qué demografía sectorial hablamos?
Los Anuarios Estadísticos tienen un fuerte sesgo estatal, por lo cual las categorías que usan para «cuantificar» la realidad cubana inevitablemente falsean y disminuyen las cifras del sector mercantil simple.[3] En todo caso, según el Anuario de 2020, de los 4.643.800 «ocupados», 1.017.300 pertenecen al sector «privado».[4] Debemos asumir que, entre el millón de «amas de casa» de las cuales muchas participan de pequeños negocios y los 66 mil «desocupados» que de seguro algo tendrán que hacer para «ganarse los frijoles», son en realidad unos cuantos miles más. A tal cifra se llega luego de progresivos incrementos desde los noventa. Hablamos en todo caso de al menos un 22 por ciento del total de «ocupados» cuyos empleos sostienen la reproducción de familias, es decir, sus efectos se desbordan con seguridad sobre un amplio entramado intergeneracional, más allá de los individuos. Dice el Anuario, en resumen, que el 9 por ciento de la población cubana se «ocupa» en los predios de este circuito. En verdad son más.
Desde el punto de vista clasista se trata, primero, de un proletariado, urbano en su mayoría, que vende su fuerza de trabajo en variadísimas formas; es también un campesinado privado estratificado — desde los que se autoemplean hasta los que pueden contratar obreros agrícolas — y una pequeña burguesía urbana con similar grado de estratificación — desde el cuentapropismo estable hasta los patrones «macetas» — . Entre las tres clases sociales prima, en potencia cultural y acumulación de capitales de diverso tipo, la pequeña y mediana burguesía de las ciudades, asociada tanto a la industria de pequeña y mediana escala como al comercio, la banca, el sector inmobiliario, la gastronomía y los bienes suntuarios, también en tales escalas.
¿Por qué entonces, ante tamaña anchura y alcance, este pareciera un sector ausente, que nos llega solo en la visión lujosa de restaurantes o en canciones de reguetón? El horizonte de visibilidad[5] de este sector social tiene que ver con las distancias y exclusiones que le impone el Estado y sus sectores sociales validados, pero también con la manera en que el circuito mismo, es decir, sus gentes en interrelación social logran autopercibirse.
Todo parte de un sentido real de autonomía. Incluso con capacidades propias y precarias de importar, de producir industrialmente, de garantizar una vasta infraestructura de comercialización, el circuito mercantil simple posee una relativa independencia con respecto a la economía estatal. A esta separación verificable se suma una fuerte fragmentación interna que opera en tres niveles: primero, como un archipiélago de empresas[6] de pequeñas dimensiones; luego, como un «archipiélago de actividades» económicas que constituyen a estas empresas fugaces,[7] muchas veces carentes de local incluso; y, por último, como un archipiélago de familias, unidades básicas de consumo. Se trata de un ambiente sumido además en variadas formas de empleo asociadas a la irregularidad del mercado de reproducción simple: el cuentapropismo — o autoempleo — , la contratación individual sin garantías, la subcontratación, el trabajo por obras, la venta ambulante, entre otros.
Al nivel de fragmentación de la vida social debe agregársele otro rasgo distintivo de este circuito: el cambiadizo corto plazo. En efecto, en este circuito todo cambia constantemente, nada es estable, ni las empresas, ni los empleos, ni las leyes y, por tanto, tampoco las vidas, las narraciones y proyectos. Los despidos, las bancarrotas, las alzas y bajas se suceden con acelerada irregularidad, con pocas posibilidades de previsión. Lo importante pues, no es controlar el cambio sino ser capaz de adaptarse a él. Esto es lo mismo que incorporar el riesgo y la incertidumbre como normalidad en las vidas. Si el largo plazo colapsa en este circuito por el impulso cambiadizo de las cosas, lo único duradero y estable en él es la propia consecución obsesiva de los cambios.[8]
El ambiente económico al que aludimos se acopla, casi con el rigor de un manual, a lo que se entiende como neoliberalismo. En efecto, aunque sea un mercado acotado, y muchas veces asediado por las cambiantes regulaciones del Estado y las dificultades en su relación con el mercado mundial provenientes del bloqueo estadounidense, no deja de reproducir lo esencial de esta manera neoliberal de pensar la vida. Opera en este circuito, como rasgo distintivo, la superexplotación característica del capitalismo en las formaciones dependientes. Entendida como la «caída de los precios de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, esto es, del necesario para su reproducción física y moral»,[9] su efecto en Cuba se ve limitado por obra y gracia del Estado del 59 y las conquistas sociales universales que sostiene.
Como todo proceso económico expansivo, este circuito genera sus propios aburguesamientos y proletarizaciones. Burgueses, los patrones de este reino, que simulan «decencia» para ocultar su riqueza, recelan de todo y de todos, tienen gran orgullo de sus éxitos privados, ganados a golpe de «sacrificios», poseen bienes de lujo como marca de clase, son distantes del traje y la corbata y en apariencia iguales a sus obreros, la pequeñez de sus negocios es correlativa a su potencia intelectual. Proletariado, el de este circuito, ajeno a las grandes concentraciones técnico-productivas y las industrias colosales del siglo XX, sumido en la pequeña escala, a veces se autoemplea y, cuando es empleado, no participa de asociaciones generales ni se organiza en sindicatos, cambia de oficio como cambia de ropa y, por tanto, cambia también sus relaciones sociales con facilidad, la estabilidad es para él un mito de los abuelos. No le falta heroicidad a este proletariado, cuya imaginación de la forma sindical es completamente capturada por la CTC de Estado, pero le sobra precariedad y desamparo.
Un efecto crucial de este régimen de vida flexible es la conformación de identidades fluidas. Identidades de todo tipo — laborales, culturales, de clase, etcétera — encuentran gran dificultad para cuajar en virtud de la constante transformación del ambiente y su existencia por pedazos. Esto determina relaciones sociales fugaces, en las que la lealtad y el compromiso son excepciones que confirman la regla.[10] Mas «‘[f]luido’ puede querer decir adaptable; pero en otra línea de asociaciones, fluido también implica facilidad, el movimiento fluido requiere que no haya impedimentos».[11] Impedimentos son las identidades estables, las regulaciones estatales, las organizaciones obreras; su inexistencia es condición sine qua non de la fluidez. No obstante, en medio de esta absoluta flexibilidad, las gentes logran anclajes emotivos y políticos de carácter corporativo y territorial en su mayoría. [12] Lo corporativo no remite aquí a una asociación gremial sino, ante todo, a una determinada extensión de las redes mercantiles amigables, es decir, el espacio en el que se mueve, por conocimiento y experticia, el obrero o patrón en cuestión; es, por consiguiente, una configuración corporativa del territorio a la cual se adhiere un cierto afecto ideológico.
El repliegue — nunca abandono — estatal es vía de avance para este proceso. Sitio de intervención fugaz, este circuito, para la legislación y control estatales y, por consiguiente, para su legitimidad. No solo es bajo su poder, sus recursos fiscales, su capacidad para distribuir beneficios o prestar servicios,[13] también es bajo, en consecuencia, su nivel de convencimiento, su capacidad comunicativa, su destreza política y la posibilidad de pactar a partir de prebendas. Campea aquí la impunidad criminal de diverso grado, escasean los beneficios sociales que en la «sociedad decente» son normales, se entroniza, en fin, como peor y ampliamente verificado efecto, la desigualdad social.
Que el Estado sancione este régimen precario de vida como responsabilidad de las personas al desaprovechar las oportunidades que él brinda es, por supuesto, un acto de delirio. Es sabido que el Estado sintetiza la sociedad, pero síntesis no es reunión de todo lo presente sino, en lo fundamental, de la parte social con efecto estatal, con capacidad de interpelar al Estado. Es sabido que todo Estado se afinca en determinada base social. La del Estado del 59 es la sociedad más o menos estatizada que pervive en parcial separación del sector mercantil simple. Ser de este pedazo de sociedad, en consecuencia, otorga per se mayores ventajas en las relaciones que deban ser mediadas por el Estado, y esto compete a la carrera política, los trámites burocráticos, la educación, la salud, etcétera. Ser de la sociedad «decente» otorga una especie de «capital simbólico» superior al que poseen los que viven en la sociedad «indecente». Este es el tipo de capital que el Estado consume y busca cuando entabla relaciones con las gentes. Quien no pertenezca al registro de la moral judeocristiana en las relaciones familiares, al paradigma de la modernidad occidental industrial y a la racionalidad burocrática del Estado no podrá moverse con fluidez en el campo estatal.[14]
Esto condiciona un cierto desprecio hacia el Estado. Dado que no les reporta una seguridad efectiva, y muchas veces incorpora grados de irregularidad normativa a sus negocios, para ellos no es problemática en el fondo la idea de una desaparición del Estado, puesto que ellos existen ya en un relativo vacío institucional. Se perciben como unidades autónomas, el vínculo comunitario a diversas escalas siempre les sugiere recelo o rechazo. No demandan, por tanto, el retorno del Estado; por el contrario, su ausencia relativa es procesada como algo positivo. La vida sin formalidades inservibles, sin adhesiones eternas, sin el imperativo incómodo de la lealtad, sin reglas impersonales, todo ello es visto como un régimen de libertad; en realidad, una libertad pasiva que abre el camino a la reproducción homogeneizante de los modos de vida neoliberales, donde el conservadurismo social y el individualismo familiar mandan.
Entramos, en definitiva, a un terreno en que se mezclan, en conflictiva correlación y en un único registro cultural, dos formas de relacionarse con el mundo y en el mundo. La nación actual es, en efecto, totalidad cultural en permanente transculturación, en «trance doloroso»;[15] es nacionalización en proceso. La interacción entre estos dos modos sociales se mueve en el registro de la catástrofe o, para ganar en precisión, en la superposición desarticulada o caótica de las cosas.
Las afiliaciones se disputan en desconexión profunda. Las identidades de largo plazo, más rígidas y abstractas, se dislocan de las afiliaciones del corto plazo, flexibles y concretas, de forma tal que resulta difícil amasarlas en una afiliación única. En consecuencia, los controles más radicales se empatan con el más relajado desparpajo social. La disciplina de la sociedad, es decir, su estatalidad, se diluye por debilidad de los poderes jerárquicos. Las rutinas escalan a lo abstracto y se trastocan en rituales. La burocracia se vuelve una institución alejada de la vida diaria, pero es atravesada en lo profundo por las tendencias mercantilistas más clientelares. La permisibilidad de los controles, resultado de su incapacidad, solo conoce el límite de lo estatalmente validado: en contra del poder ningún desparpajo.
Mientras, la unidad existe como una entelequia frente a la verificable y abrumadora fragmentación social. Si la reproducción de la vida es un único proceso, este se encuentra partido en diversas porciones no interdependientes entre sí. Si en su presente la realidad social que nos compete se une solo en la superposición de los fragmentos, en su devenir y en su proyección futura, el tiempo cambiadizo y discontinuo del corto plazo se empata con un tiempo más durable de extraña consistencia.
Los cambios parecen pertenecer por completo al terreno de lo provisional, pero su permanencia en el tiempo sugiere que la provisionalidad es una forma de larga duración. La transición permanente de un estado a otro pareciera ser el único estado eterno del ser. Sucede que tal percepción de eternidad en realidad pisa un suelo cenagoso, presto a tragarse el cambio en cualquier momento; la larga duración termina por ser un registro precario y flexible también. Nada cuaja, en definitiva, aunque siempre parece que ya ha cuajado. No hay una elección consciente en esta mezcla, es un ajiaco que se cocina a sí mismo.
Lo que pretendo demostrar en lo que sigue es que el modo de vida mercantil simple es la parte que se impuso a lo largo del ciclo de protestas sociales abierto por los sucesos del 27 de noviembre de 2020, punteado de forma catastrófica por el levantamiento del 11 de julio de 2021 y clausurado, provisionalmente, en el fracaso de la marcha del 15 de noviembre del mismo año. Poco importa en realidad que los protagonistas de esos hechos provinieran o no de este circuito de reproducción de la vida, lo determinante es que su inconsciente político se impuso y terminó «dictando» la lógica de los acontecimientos. En lo inmediato debemos pues preguntarnos por los motivos que desencadenan la irrupción inaudita de la protesta pública en Cuba como recurso de autodeterminación a partir del año 2020.
Estructuras y actos de movilización social
El Estado del 59 se constituyó en formas nuevas de movilización que se fueron condensando en su devenir. La movilización política, ya tradicional en Cuba, opera a partir de una convocatoria central que luego se disemina a las llamadas organizaciones políticas y de masas, su sociedad civil. No hay atisbo aquí de convocatoria desde abajo, es siempre un mandato superior. La parte más espectacular de estas movilizaciones ocurría con rutina en fechas puntuales, como el 1ro de mayo. La lógica estatal de estas convocatorias desplaza la fuente de poder de la sociedad civil convocada hacia la autoridad de la «máxima dirección» del Estado. En todo caso, este tipo de movilizaciones estaban en franco retroceso desde antes de la pandemia. El arribo de la Covid-19 a Cuba las suspendió en amplio grado. Se inventaron, en su lugar, otras formas sustentadas, esta vez, más en el voluntariado y menos en las presiones desde las cadenas de mando. Sus ejemplos fueron el trabajo en los Sistemas de Atención a la Familia, los Centros de Aislamiento, los Ensayos Clínicos para los candidatos vacunales cubanos, entre otras «tareas de impacto».
Como es de suponer, este estrecho repertorio de movilizaciones compete a la parte estatal de la sociedad. Mientras acontecía la pandemia y las formas de movilización tradicional mutaban y se reducían, en los intersticios pero a plena luz del sol, acontecía una movilización social masiva y capilar, capaz de alcanzar a la sociedad en su conjunto y condensarla en un único proceso simultáneo. Desatadas a partir de la notable escasez de productos básicos que se derivó de la crisis pandémica, las colas constituyen, en efecto, la forma de movilización social primaria en Cuba para este tiempo.
Todo el que viva la experiencia de una cola en la actualidad sabe bien que está presenciando un micro-estallido social en potencia. Las colas son, en primer lugar, espacios de existencia contingente. Este tipo de movilización tiene un motivo puntual: adquirir un producto básico. Para ello la gente, de conjunto con las autoridades de la tienda y la policía, se organizan por «orden de llegada». Como es de suponer, los primeros puestos son los más disputados y, casi siempre, son objeto de mercadeo por parte de los coleros, el negocio precario específico a las colas, que cae usualmente en manos de personas provenientes del circuito mercantil, diestros en estos menesteres de inventar un negocio de la nada y sostenerlo en la más absoluta precariedad.
La prontitud y simpleza del propósito — obtener la mercancía — se contrapone al tiempo de espera; es este un tiempo extendido, dilatado, pero no vaciado, sino pletórico de sorpresivos conflictos que generan grandes cuotas de angustia e incertidumbre. Tales incomodidades se deben no solo a que pudiera terminarse la mercancía en cualquier momento, sino a que en la entrada pastosa de personas a la tienda la organización se tensa y se provocan conflictos de diversa intensidad, sea porque las autoridades se corrompen y cuelan personas, sea porque los coleros exceden el límite de lo aceptable en su mercadeo, sea porque la confusión prima entre las gentes y las autoridades no logran poner orden alguno. No les preocupa a las personas el dinero en rigor, es decir, este se devalúa simbólicamente. Importa poder adquirir el producto, no el dinero a gastar.
Una cola es también una multitud más o menos compacta de personas orientada hacia un único objetivo. No constituyen, no obstante, una masa, pues cada individuo recela del otro, se encuentran en competición perenne por la obtención del producto. Pero son una multitud, en fin, extendida a todo lo largo del país, de manera simultánea, con regularidad diaria y con una intensidad micro-local y grupal considerable. Multitud que, por demás, se encuentra siempre en ocupación: ocupación de la calle, es decir, el espacio público, barricada de personas que entorpece el tráfico, aglomeración de cuerpos que asusta a cualquier fuerza policial.
Con razón resultan las autoridades de comercio y policía incapaces de controlar y ordenar. Nunca una cola es disciplinada, no se puede mantener ni el ritmo ni la concordia. No ayudan los métodos policiales, su estrategia de comunicar lo menos posible, de alejar a las personas de la entrada y corromperse a diversa escala, solo refuerza el natural recelo de los que esperan bajo el sol. Basta tan solo un exceso de parte de las autoridades para que ante estas personas se diluya en un instante toda su legitimidad.
En efecto, hay entre la movilización de una cola y un acto de protesta pública una fina línea, a veces imperceptible. No obstante, el trance de un registro a otro es violento e impredecible. Aunque todas las condiciones estén dadas, el imperativo de lo político solo puede brotar de sí mismo. Por demás, nadie recurre a la protesta como primer recurso. Se supone que existan una serie de mediaciones institucionales y simbólicas que canalicen y contengan, en paralela simultaneidad, los anhelos y frustraciones de las gentes. La hegemonía posee, por demás, el recurso de la incorporación más o menos electiva, es decir, la capacidad de engullir y procesar demandas o personas de diversa tendencia política pero fundamentales, funcionales, aceptables o tolerables al Estado. El recurso más desenfadado a la protesta en Cuba responde, por consiguiente, a una fisura doble: por un lado, las mediaciones en distintas ramas y niveles — es decir, la sociedad civil — se encuentran en crisis; por otro, la hegemonía adopta una forma de encierre que cancela o entorpece en grado notable los procedimientos de incorporación.
En tales circunstancias, la cola se puede entender como una mediación en cierto sentido. Por un lado, contiene las apetencias de la gente en el objetivo pedestre de la obtención de la mercancía; por otro, canaliza sus incomodidades en las autoridades inmediatas y entre los otros miembros de la cola. No obstante, esta suerte de disciplina o costumbre social tiene efectos prácticos sobre la visión de las incapacidades y debilidades del poder y de las potencias no explotadas de los grupos humanos. En buena medida, el equilibrio inestable de una cola es la posición intermedia entre el silencio social y el bullicio de la protesta.
En lo que respecta a la protesta política explícita, nadie pudiera decir que el llamado Movimiento San Isidro fuera el inicio de nada más que un murmullo incómodo que lo tomaba, ante todo, como excusa. El argumento de la huelga de hambre era astuto aunque torpemente sostenido, y podría haber convocado a movilización. Al poco tiempo de detenidos los contados «huelguistas», no fue una movilización lo que se desató sino una ocupación. Sectores cercanos y pertenecientes al gremio de artistas, el mismo de algunos de los detenidos, se congregaron hasta llegar a los cientos frente a la institución de Estado encargada de atenderlos, el Ministerio de Cultura, el 27 de noviembre de 2020. Curioso proceder este, en que el gremio ocupa la calle de enfrente de su ministerio, como si no tuviera otro lugar de pertenencia que ocupar, espacios suyos desde los cuales lanzar protesta.
En efecto, se trata de sectores que, si bien intelectuales, debaten su existencia en el (des)orden flexible del circuito mercantil. A diferencia de protestas menores previas donde se apelaba a niveles intermedios y locales de la jerarquía estatal, los ocupantes aquel 27 apelaban al nivel central, se saltaban, de súbito, todas las mediaciones — Asociación Hermanos Saíz, UNEAC, niveles locales y provinciales del ministerio — y apuntaban directamente a la máxima dirección. Sus demandas, adscritas al paradigma liberal de la política, no apuntaban, no obstante, a una democracia representativa, ni a democracia alguna, tan solo a la satisfacción de anhelos a ratos gremiales, a ratos liberales. Si un deseo nítido emanaba de la congregación de habaneros era el de menor intervención estatal, menor regulación y, por contrapartida, mayores prebendas, mayores facilidades.
Se trataba de una interpelación tan sorpresiva a la cúspide del Estado que lo fuerza, al menos simbólicamente y sin garantías, a negociar concesiones. Los manifestantes de aquel día tuvieron especial arraigo porque supieron sintetizar en su gesto rebelde, aunque en grado ínfimo, a los dos sectores: eran, en su capacidad de interlocución estatal, intelectuales decentes y urbanos, mas eran también, en su interlocución con lo privado, agentes del libre mercado.
La estrategia estatal ante tal desafío se decantó por la negociación sin garantías y la promoción de la heterogeneidad a lo interno de aquel grupo. Su efecto es incierto pues, a solo dos días de la sorpresa del 27 de noviembre, un grupo de jóvenes pertenecientes a la sociedad civil revolucionaria no tradicional organizaron una movilización de notable alcance. Fue también una ocupación de espacio, pero no en El Vedado residencial donde radica el Ministerio de Cultura sino en Centro Habana, municipio pobre. Se le llamó Tángana del parque Trillo.
Hay dos novedades fundamentales en este acto, primero, su capacidad de tomarle la iniciativa al Estado y «adicionarlo» a su propia planificación — aunque esto tuvo implicaciones también negativas — ; luego, su voluntad de apropiarse del espacio público en favor de — su consigna — una democracia socialista. La tendencia revolucionaria del Estado venía a hablarle a las fuerzas revolucionarias donde quiera que estuvieran. Por supuesto, un acto público de tal tamaño no califica como punto de constitución de una corriente política, a lo sumo de un grupo político. En todo caso, tal constitución fue escamoteada por la participación abrasiva del Estado, que en lo simbólico logró apropiarse del acto. Es por ello que aquel suceso fue, en definitiva, importante solo para sus organizadores y no para los convocados, incapaces de discernir fuerza alguna en todo aquello que no fuera la estatal. La discontinuidad posterior de esta experiencia, por cierto, no se explica solo en el abrazo estatal de doble filo.
Del 27 de noviembre emergió también un grupo constituido a posteriori — en el caso de los organizadores de la Tángana, se trataba de grupos ya existentes previo a los sucesos — , del cual cupo esperar nada o demasiado poco. Lo más significativo del 27 de noviembre fue, en el plano simbólico, la demostración de efectividad estatal del acto de protesta, coartado en sus flancos por la también simbólica, aunque accidental y débil, ampliación del paquete de demandas acogido por el Estado y demostrado muy pronto con la Tángana. Entre tales certezas ocurrirían, en el primer semestre del 2021, otros actos de protesta de los que vale decir algo.
27 de enero, se actualiza el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura. Esta vez son pocos los congregados aunque con mayor organización — pero esa palabra, organización, le queda grande a este grupo — y su fracaso se verifica en la última negativa ministerial a negociar. El 19 de febrero el saldo de la protesta fue contrario. Grupos de animalistas de La Habana, asociados a la protección de mascotas y no a la ganadería, demandan, de nuevo, ante un organismo central, el Ministerio de Agricultura, la aprobación de la prometida ley de bienestar animal. En este caso logra el Estado manejar el conflicto con alta efectividad: su demanda de información y negociación fue satisfecha de inmediato y el compromiso, la aprobación de la normativa, fue cumplido en breve tiempo. Por último, la pequeña protesta en la calle Obispo, Habana Vieja, el 30 de abril. Desatada por un grupo heterogéneo de personas, con el pretexto de nuevas «irregularidades» con el «caso San Isidro», el tono beligerante fue mayor aunque más acotado y breve. Una ocupación móvil, rápidamente desarticulada por las fuerzas policiales, que cargaba un tono acusador. La respuesta de Estado fue puramente policial.
Más allá de estos picos puntuales de protesta, en las sombras se articuló a lo largo de este primer semestre un entramado inestable de redes de organización débiles y territoriales, en torno a demandas opositoras más o menos tradicionales y que operaban tanto en el medio digital como en el callejero. Si bien ninguno de estos grupos demostró capacidad de convocatoria constituían el pálido tejido organizativo a la espera de la sorpresa de las masas. Como es evidente, el 11 de julio resulta, en base a todo esto, una gran sorpresa, un acto incomprensible.
11 de julio: un drama político entre masas, sociedad civil y ejército
Nadie esperó, en efecto, que la movilización en un pueblo cercano a la capital, San Antonio de los Baños, desatara un verdadero levantamiento en pocas horas, sin fuertes estructuras organizativas convocantes, unidades de mando ni coordinación de objetivos, consignas y aseguramientos. Era una única protesta nacional sucediendo, lo que en tiempos de antaño se hubiera llamado «paro nacional», con la diferencia de ocurrir ahora un domingo, cuando el Estado no trabaja pero el sector mercantil sí, pues en ese circuito el tiempo de trabajo ocupa cualquier día de la semana, sin miramientos simbólicos. Las masas en movilización raptaron el foco de atención.
Una alocución presidencial informaba de los sucesos en hora crítica y lanzaba una convocatoria nítida: «los revolucionarios a la calle». Daba así el Estado la orden de salida a su sociedad civil, a su sector social organizado y en paralelo desplegaba el brazo estratificado de su ejército con sus diversos cuerpos armados. Entraban así a escena dos actores estatales neurálgicos. El espacio público de aquella jornada crítica se dirimía, pues, a tres bandas, entre tres partidos: las masas en protesta, la sociedad civil estatal y las fuerzas armadas.
Las masas, por supuesto, eran el actor protagónico y sorpresivo. Sin ningún antecedente notable en términos de ensayo y planificación, la protesta en San Antonio de los Baños desencadenó un levantamiento simultáneo. Es probable que de haber sido planificado no hubiera tenido lugar. La soltura de los acontecimientos se ofrecía, de súbito, al dominio manual y «espontáneo» de los manifestantes.
Por vez primera desde el 59 las masas lograban por sí solas una manifestación comparable en extensión y potencia a las estatalmente planificadas. La diferencia era radical: la convocatoria era de masas a masas, un llamado horizontal y solidario de explosión violenta. Tamaña transgresión solo podía provenir de un inconsciente fraguado en las condiciones de autonomía y segregación estatal en las que existe el circuito mercantil.
Para ellos el Estado ha sido siempre lejano, y de él no dependen para reproducir sus vidas, en consecuencia, su diapasón de protesta violenta es más asequible. Es decir, ante ellos las mediaciones de la sociedad civil solo operan en la distancia, de forma tenue y patética. Convocar su colapso a partir de la interpelación directa a la «máxima dirección» del Estado no era difícil.
Operó en ellas, las masas, una reacción en cadena. San Antonio fue un impulso eléctrico. Lo que se desató luego dejó en perplejidad rotunda al Estado. Sin duda, en una sociedad analógica habría sido difícil tal simultaneidad. Luego, en sus movimientos seguros demostraban las masas un diestro conocimiento del terreno de batalla, a saber, los barrios del tejido urbano. Sitios de particular ejercicio de la violencia fueron las localidades dependientes del turismo, en particular resalta el caso de Cárdenas, regiones urbanas que ante la pandemia habían visto caer al piso sus estándares de vida y dispararse sus niveles de precariedad existencial. Como infantería móvil, a diferencia de las protestas antecedentes, no ocuparon, en rigor, espacio territorial alguno. Si algo ocupaban era, en lo simbólico, la capacidad misma de auto-movilización de la sociedad, en tanto movimiento no estatalmente planificado.
Tenemos en nuestras cabezas la viva imagen de masas en desorden campeando a sus anchas por las calles, haciéndolas suyas, pero no recordamos líderes, organizaciones con consignas expresivas de demandas concretas, ni coros ensayados, más allá del reactivo «Patria y Vida». Quizás la potencia de esta explosión se debía al gran deseo acumulado de irrumpir, de tomar el país aunque fuera por unas horas, por aquellos que nunca han tenido en verdad al país en sus manos. Era un arranque por controlar no el destino sino el presente, en su inmediatez, en su cercanía física. Ante este cortoplacismo las plácidas rutinas del Estado, si bien pasmadas al inicio, tenían la ventaja de un largo plazo inyectado en vena bajo la forma de la planificación.
En lo que respecta a la función intelectual que debe organizar pensamiento y acción de las masas, los manifestantes del 11 de julio si algo no tenían era, en efecto, intelectualidad, a saber, líderes, organizaciones e ideas motrices tipo consignas. Hubo sin duda todo esto pero sin que resaltase un poder definitorio, es decir, los líderes eran cambiantes y débiles; las organizaciones, diminutas, plurales, excesivamente abiertas y flexibles; las consignas, abstractas y con gran efecto de negatividad. No cabía esperar otra cosa de un levantamiento espontáneo dominado por la subjetividad que se fragua en el circuito mercantil, donde las instituciones son magras y cambiantes, los líderes operan solo al nivel micro-local y las ideas, carentes de fragua colectiva, solo pueden ser importadas y repetidas con exagerada abstracción. Remite tal fallo de la función intelectual, en el fondo, a la inexistencia de comunidades con algún grado de irresistibilidad. La intelectualidad que este régimen de relaciones sociales flexibles y precarias puede producir es una lejana, ineficiente y elitista, perteneciente al mismo régimen pero incapaz de aglutinar en su pensamiento al aglomerado de clases al que pertenecen. La clase, en consecuencia, no es una configuración palpable donde se acumulen recursos y productos políticos, ni memorias ni anhelos.
El bullicio multitudinario de las masas era la prueba del efecto catastrófico pero, a su vez, la evidencia de una irrupción sin pensamiento de futuro. Cómo sostener una movilización, por ejemplo, sin los aseguramientos logísticos necesarios, sin coordinación de las diversas fuerzas, sin claridad en torno a los objetivos a conquistar y los enemigos a liquidar; la carencia de todo esto le ponía fecha de caducidad muy temprana a la movilización. La clausura de un pensamiento más allá del corto plazo es nefasta para el planteo de una organización que se sostenga por años, un sistema de ideas que se esclarezcan con el tiempo, y liderazgos que se estabilicen. En su efecto reverso, si el largo plazo no existe hacia el pasado o se presenta con excesiva fragmentación, no permite imaginar y sentir continuidades efectivas en términos de movimiento político.
¿Qué deseo denotaban las masas en julio? Valdrá decir, primero, que este inconsciente forjado en el cambiadizo corto plazo no puede sostener demandas estables, es decir, se entrega con facilidad a la ambivalencia siempre insatisfecha de los deseos pero le resulta difícil construir una voluntad, sostener tales deseos. Lo más estable es, en consecuencia, el anhelo por el cambio en abstracto.
El cambio es el riesgo que genera las emociones más certeras e intensas de sus vidas. La demanda primordial de estas masas es el puro cambio, cambio, en concreto, de la «máxima dirección» del Estado, cambio del gobierno — es decir, sus máximos dirigentes — que enuncia, como su más cara consigna, un para ellos incomprensible «somos continuidad». Pero en términos estructurales este cambio adquiere una forma menos evidente.
Aquí debemos diferenciar entre el deseo político de los intelectuales del 11 de julio — perteneciente por entero al registro liberal clásico de la democracia representativa, con sus axiomas de libertad de expresión y asociación, sacralidad de la propiedad privada, etcétera — y el de las masas. Estas tenían, claro está, una idea de Estado. Su deseo no era anárquico. Tampoco se inscribía en el modelo de democracia soberana y benefactora que se defiende desde el Estado actual. Las masas, ávidas de cambio, no demandan ni al Estado interventor ni al representativo, quieren en el fondo un Estado protector. Lo imaginan quizás como una agencia aseguradora, eficiente e impersonal, que garantiza la fluidez de las relaciones sociales por no intervención, al mismo tiempo que afinca como estables determinados estándares de vida para las familias, único núcleo seguro de reproducción social para este sector.
En esta democracia de seguridad social el Estado se reduce a su expresión clientelar, más no corrupta, pues su red prebendal adquiere un alcance universal y opera bajo un principio igualitario. Tal esquema lo mismo facilita el cambio que la acumulación capitalista. Para estas personas la dignidad es la ganancia política. Igualdad, justicia y soberanía son anhelos supletorios de la dignidad, solo aceptables en la medida en que la favorecen. En tal sentido, estas masas han «retrocedido», es un decir, a formas ideológicas primitivas, «previas» a la experiencia de los movimientos obreros y de liberación nacional, para los cuales aquellos tres valores eran incluso más importantes que la incierta, y siempre aprovechable por el humanismo burgués, dignidad. Pero esta incertidumbre conceptual al mismo tiempo abría un frente amplio de batalla en el cual cabían incluso revolucionarios realistas. En todo caso, el fin de la movilización dejó la demanda suspendida en el aire, a la espera de alguien que se arriesgue a incorporarla, bajo tales términos, en su programa político.
Lo inaudito del acto, lo multitudinario, la extensión espacial y la violencia focalizada provocaron un fuerte efecto disuasivo para la sociedad estatal en su conjunto. No obstante, la movilización de las fuerzas del Estado no esperó el agotamiento natural de las masas en protesta; a media tarde la contraofensiva estatal desplegaba a su sociedad civil y a sus fuerzas armadas. Los dos cuerpos tenían la misión de contener y replegar a las masas.
En lo que respecta a la sociedad civil, lo que se verificó en el terreno fue, como efecto más patético, su espasmo semi-paralizante: había logrado salir a la calle, esto es, cumplir la orientación del jefe de Estado pero, una vez en la calle, no sabía qué hacer con ella misma. Acostumbrada a movilizarse de acuerdo a precisas orientaciones, con información certera y a tiempo, con aseguramientos logísticos facilitados, dirigentes puestos a dedo y consignas asignadas, el pasaje a la auto-organización les resultó imposible.
Mientras las jefaturas de Estado se ocupaban de dirigir el trabajo del ejército, la sociedad civil, enfrentada a su propio destino, no supo asirlo en las manos: las masas rebeldes eran mil veces más autónomas que este tejido vertical de organizaciones. Dependían en último término del Estado, carecían de un discurso propio o de liderazgos con capacidad de arrastre, en consecuencia actuaron dispersas, torpes y lentas. El saldo general era una franca sensación de derrota y perplejidad. Sin embargo, su actuación fue dispar de acuerdo a los terrenos de acción. Las evidencias parecen apuntar a que en las pequeñas ciudades su torpeza se empastó y subsanó con la mayor efectividad de las fuerzas armadas.
Al ejército, por su parte, no le correspondió el destino patético, mas tampoco el heroico, fue ante todo un dique de contención del impulso de masas. Desplegados con armas de baja letalidad, formando barricadas humanas y con vehículos para detener a las gentes desatadas, con una estrategia dual de no agresión y detención selectiva de individuos, lograron proteger los sitios de poder neurálgicos, mostraron una compactación organizativa eficiente, y respetaron con notable lealtad las cadenas de mando. La sociedad civil de Estado se mostró débil y disgregada al lado las fuerzas armadas. Tal vez su propia atomización funcionara como elemento disuasivo ante las masas rebeladas. En algunos territorios, los menos, esta misma sociedad civil logró contener por sí sola el avance de los protestantes. Pero de excepciones se conforma la regla. No debiera sorprendernos, en todo caso, este colapso parcial de la sociedad civil, puesto que el propio levantamiento de masas es la prueba de que las mediaciones que aquella sociedad encarna ya no son factibles, en lo absoluto, para todo un sector social que, luego de estos sucesos catastróficos, forjó la posibilidad de constituirse en mayoría de efecto estatal,[16] es decir, de determinar el Estado actual.
Trauma social: rédito y cura
Luego del 11 de julio hubo una multitudinaria movilización de tipo tradicional convocada por el Estado. Los discursos de aquel día, aquejados de estupefacción, abrían el diapasón del disenso admisible por el Estado. La resonancia práctica de aquella apertura discursiva, no obstante, se redujo a minoritarios reductos simbólicos, a saber, incorporación subordinada de determinados intelectuales a las cadenas de mando burocrático, algunos programas televisivos de política, múltiples reuniones con sectores de la sociedad civil, entre otros sin mayor efecto hegemónico.
Lo en verdad notable fue la intervención material del Estado en los barrios. Efectiva no en términos de incorporación hegemónica sino como refrendación de un pacto social: los barrios demandan mínimos de civilidad, el Estado concede los recursos y demanda, sin decirlo, que abdiquen al recurso de la protesta. En todo caso es cierto que se verificó un mejoramiento notable en las condiciones de vida de múltiples barrios «marginales», es decir, productos de la acumulación escasa de riquezas que permite el circuito mercantil simple. Pero al mismo tiempo se verificaba la distancia del Estado, su lejanía con respecto a determinados sitios de la realidad nacional.
Este retorno del Estado, sin embargo, ha sido accidental y breve; ha montado las cosas y se ha ido otra vez. Las cosas, por sí solas, no hacen la relación estatal, debe existir un poder que las haga efectivas, que las verifique en su devenir. La intervención en los barrios, en resumen, ha sido una salida prebendal o asitencialista a la crisis, acorde a la demanda implícita de las masas rebeldes del día 11; mas a los aseguramientos otorgados les ha faltado la consistencia de larga duración que permite la «seguridad» que también aquellas masas solicitaban.
No fue la intervención en los barrios impedimento para el último acto, frustrado no obstante, de protesta masiva. Un llamamiento de un grupo heterogéneo a marchar con los rezos de la democracia representativa, toda la nación, el 15 de noviembre. Cabe decir que, vistas las cosas con mayor claridad y anunciada la guerra con premonición, la estrategia estatal logró en efecto frustrar la marcha anunciada. Recursos múltiples y quirúrgicos, como la detención domiciliaria de los cabecillas, luego el otorgamiento de salvoconductos para salir del país, así como una tibia campaña legal para desmontar la legitimidad del pedido. Lo crucial del llamamiento de Archipiélago es que era un intento por usufructuar las ganancias políticas del 11 de julio. ¿Cómo, debiera uno preguntarse, viene un grupo de intelectuales a sacar provecho de una jornada crítica en la que ellos incidieron muy poco o nada? Tendrá que ver con la incapacidad de aquellas masas de generar una intelectualidad propia y no desligada y lejana como esta «élite» universitaria y blanca.
El fracaso de aquel llamado tiene su causa, es probable, no tanto en una victoria estatal como en la incapacidad de estos intelectuales para interpelar a las masas de julio, en los códigos relativos a sus anhelos. En todo caso, la interpelación que estas masas demandaban apunta a un núcleo duro de poder y a una idea muy concreta de la democracia, no a los subterfugios legalistas de los intelectuales y tampoco a sus sueños democrático-representativos. El remate de la derrota para Archipiélago vino, también, de la inexistencia de cadenas de mando, estructuras de movilización o trabajo alguno de base. No se puede, sin organización sólida ni fuerte arraigo de masas, convocar a tamaño desafío nacional. Era sabido desde el propio nombre, un conjunto de individuos juntos pero no en colectivo. El fracaso a veces se inscribe con demasiada nitidez de antemano, habría que suponer que aquello del 15 de noviembre era ante todo el placer de arriesgarse, de intentarlo aunque se supiera la derrota inminente.
Lo más novedoso en la respuesta estatal fue la llamada Sentada de los Pañuelos Rojos. Un acto de ocupación del espacio público de pequeñas dimensiones, con un fuerte corte artístico que disputaba el aura también artística de Archipiélago. Como la Tángana, un acto planeado en las afueras del aparato estatal y su sociedad civil, que terminó por incorporarse a la hegemonía con el mismo problema de la Tángana: que sumar un poder tan abrasador es lo mismo que diluirse en él. En su resultado final, la Sentada tuvo un efecto de oxigenación simbólica para el Estado. Ante sorpresas de este tipo hay que decir que el Estado se muestra diestro y no vacila en incorporar, a sabiendas de que, al unísono, aplasta a las nacientes iniciativas.
Luego del 15 de noviembre que no fue, se ha cerrado el recurso a la protesta pública en las dimensiones del 11 de julio. Permanece esta en predios de menor alcance y sorpresa, como la reciente huelga de becados en Camagüey. Ha sucedido, en cambio, algo mucho más importante en términos políticos: un éxodo de decenas de miles de personas, en su mayoría jóvenes, hacia los Estados Unidos. Sus motivaciones, causas, vías y proyecciones, así como el cambio en las relaciones sociales y la configuración de lo nacional que provocan, demandan urgente explicación. ¿A qué se enfrentan, los que se van, si no al destino trágico de los migrantes, el de la integración pospuesta y el desajuste de por vida? ¿Por qué entonces migrar? ¿No responderá acaso este deseo de cambio al siempre mutante cortoplacismo que «naturaliza» el circuito mercantil en nuestra vida nacional? ¿No responderá, también, al mero hecho de vivir el riesgo de abandonar un lugar de pertenencia? Al parecer, para los que se van, «no moverse es sinónimo de fracaso, y la estabilidad parece casi una muerte en vida… Por lo tanto, la decisión misma de marcharse se parece ya a llegar a algún sitio; lo que importa es que uno ha decidido partir».[17]
El circuito mercantil ha producido en nosotros una percepción triple de olvido, desesperanza y pequeñez. Olvido de toda historia de larga duración; desesperanza con respecto a los futuros posibles de la nación; pequeñez de la existencia vital, reducida a lo familiar, lo doméstico, la vida en pareja, el negocio y, cuando más, la comunidad territorial. Esta tríada nos hace afincarnos al presente y a lo micro-social con un ahínco verificable en la larga duración y en la existencia nacional. Si el mercado, por su parte, destruye la ética de las comunidades sociales y nos arroja ante conflictos que individualmente nos superan, el Estado de todo esto no dice nada, cual si fuera algo normal o no entendiera por qué suceden las cosas. A la mudez natural del mercado, la dificultad de palabra estatal y la precariedad de lo común se le adicionan las múltiples pérdidas del éxodo, pero también las tímidas aperturas democráticas arrancadas al orden hegemónico que ahora parecen esfumarse. Entre pérdidas y desamparo pareciera que la tristeza que nos aflige tiene, por cierto, causas políticas.
El Estado vuelve ahora sobre sí mismo como un cuerpo apenado, despreocupado en el fondo por su función de incorporación y por la salud de sus dañadas mediaciones. Despreocupado o incapaz. Que la protesta haya decaído no significa que el Estado esté ahora a la ofensiva, por el contrario, sigue primando una perspectiva defensiva, desde la cual los avances son tortuosos cuando no imposibles. El Estado se afana en presentarse como una eternidad ante un inconsciente nacional que desea profundamente el cambio, el riesgo, la transición permanente. El realismo revolucionario es la ideología que dicta su conducta.
Ha quedado, empero, una enseñanza de las jornadas de julio: la eternidad del Estado es falsa ante una contingencia crítica convocada por las masas. Lo crucial es, por supuesto, ¿quién se gana el anhelo de las multitudes de julio?, ¿en qué programa político se cumple el deseo que aquella catástrofe inscribió en el inconsciente nacional?
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Notas:
[1] Fernando Ortiz, op. cit., p. 101.
[2] El problema con el concepto de marginalidad es que presupone una relación jerárquica de lo marginal con un centro. En este caso, tal subordinación existe pero es meramente estatal, carece de imperativo económico.
[3] He aquí varias deficiencias: 1) la «población en edad laboral» es la cantidad de hombres entre 17 y 64 años y de mujeres entre 17 y 59, es decir, la edad estatal y no real, en el mismo Estado es práctica consuetudinaria el recontrato pos-jubilación, sobra decir que en el circuito mercantil simple el inicio de la edad laboral comienza desde la secundaria y termina con la invalidez o la muerte; 2) los «privados» son solo los campesinos, algunos trabajadores intelectuales y los cuentapropistas, lo cual deja fuera un repertorio amplio de formalidades de pluriempleo como la subcontratación, el autoempleo, el trabajo por obras, entre otros; 3) los «trabajadores por cuenta propia» son solo los inscritos en la ONAT, sobra decir que en la práctica son muchos más y que esa categoría, hasta la invención jurídica de las «medianas y pequeñas empresas» en 2021 y probablemente aún hoy, encubría e igualaba a asalariados y patrones; 4) si entre los «desocupados» los Anuarios incluyen a « personas que no tienen vínculo laboral estable y hayan trabajado al menos 8 horas» (p. 172), entonces bajo tal categoría se encuentran en realidad variadísimas formas de empleo precario existentes y extendidas en Cuba; 5) existe una diferencia de 1.002.500 de «población activa» entre hombres (2.856.200) y mujeres (1.853.700), a pesar de su paridad en cuanto a «población en edad laboral» — 3.377.800 mujeres y 3.718.200 hombres — , lo que ofrece «tasas de actividad económica» muy diferentes: 76,8 por ciento para los hombres y 54,9 por ciento para las mujeres, todo parece indicar que este millón diferencial se debe a mujeres «amas de casa», lo cual constituye un trabajo muchas veces vinculado en condiciones de irregularidad y precariedad a pequeños negocios pertenecientes al sector marginal.
[4] ONEI: Anuario Estadístico de Cuba 2020, Edición de 2021, p. 178.
[5] René Zavaleta Mercado: La autodeterminación de las masas, antología y presentación de Luis Tapia, Siglo XXI Editores y CLACSO, México D. F. y Buenos Aires, 2015, pp. 67–77. El concepto remite a las posibilidades de conocimiento social de una clase a partir de su (auto)constitución.
[6] Sobre la forma empresa se debe decir que, en este entendido, se refiere a su mínimo: el contrato entre propietario y asalariado.
[7] Richard Sennet: La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, trad. Daniel Najmías, Anagrama, Barcelona, 2000 [1998], p. 22.
[8] Ver Richard Sennet, op. cit., pp. 10 y 30.
[9] Ruy Mauro Marini: América Latina, dependencia y globalización, antología y presentación de Carlos Eduardo Martins, Siglo XXI Editores, México D. F., y CLACSO, Buenos Aires, 2015, p. 16. «La superexplotación se presenta, según el autor, por tres mecanismos: la elevación de la intensidad del trabajo, el aumento de la jornada de trabajo — ambas sin la elevación salarial correspondiente — y la reducción del fondo de consumo del trabajador.» (pp. 16–17) Los tres se verifican en este circuito.
[10] Richard Sennet, op. cit., p. 10.
[11] Richard Sennet, op. cit., p. 77.
[12] Álvaro García Linera: La potencia plebeya: acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia, Siglo del Hombre Editores y CLACSO, Bogotá, 2009, p. 301.
[13] Es conocida la cantidad de migrantes en La Habana que hasta el 11 de julio carecían de la canasta normada y servicios básicos legales. En tales barrios, por demás, es baja la institucionalidad educacional y sanitaria.
[14] El ejemplo de la cualificación escolar es ilustrativo. Si esta constituye motivo de orgullo social y motor de ascenso burocrático en los sectores de efecto estatal, para el circuito que nos ocupa la cualificación es un mero conocimiento inútil que nada aporta en términos de efecto social.
[15] Fernando Ortiz: Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar, Consejo Nacional de Cultura, La Habana, 1963, p. 103.
[16] René Zavaleta: op. cit., p. 233.
[17] Richard Sennet, op. cit., p. 91.
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