Las luchas actuales por el agua en El Salvador

Qué sucede en ese país centroamericano luego de la derrota electoral de la izquierda; el agua como factor movilizador

Por: Luis Alvarenga

En medio de la vergüenza y la rabia que produce la política migratoria de la administración de Donald Trump; más allá del interés que provocan los resultados de las elecciones colombianas y el futuro presidente mexicano; preocupados por la crisis en Nicaragua y sus posibles desenlaces; en El Salvador están ocurriendo “cosas” a las que La Tizza presta mucha atención, ¿qué significa este nuevo paso hacia la privatización del agua? ¿qué circunstancias lo han hecho posible? ¿qué impacto puede tener para la movilización de los movimientos sociales y políticos salvadoreños? Buscando algunas respuestas, recibimos la colaboración del profesor Luis Alvarenga.

A principios del presente siglo, en el año 2001, la derecha neoliberal en El Salvador lograba concretar uno de sus más caros anhelos: imponer la dolarización de manera inconsulta y en contra de la voluntad del pueblo salvadoreño. El economista jesuita Francisco Javier Ibisate llamó “turbodolarización” a ese proceso autoritario e implementado de forma acelerada. Ibisate tenía razón cuando preveía las consecuencias negativas de la medida. A estas alturas, el país centroamericano perdió su soberanía monetaria y su economía quedó atada a las fluctuaciones de la economía norteamericana.

En el momento presente podemos hablar de una “turboprivatización” del agua, propiciada por la mayoría derechista que controla la Asamblea Legislativa de El Salvador. Desde 2006, como reecuerda la periodista Liliana Andrade, el movimiento ambientalista puso en la discusión nacional la necesidad de crear una Ley General del Agua, que garantizara el manejo de este recurso en función de garantizar la vida en El Salvador y frenar cualquier pretensión de convertirlo en una mercancía, asequible sólo para quienes pudieran comprarla a empresas privadas. Han sido doce años de movilizaciones y de propuestas ciudadanas, que se han concretado en documentos tales como el Anteproyecto de Ley General del Agua, propuesto por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) en 2006 y la Propuesta ciudadana de ley del subsector agua potable y saneamiento, que fue el resultado de un trabajo conjunto de diversas organizaciones sociales, dada a conocer en 2010, por citar algunos ejemplos

Sin embargo, la aprobación de una Ley del Agua orientada al bien común no ha podido concretarse, pese a la presión de los movimientos sociales, porque la izquierda legislativa no ha tenido los votos suficientes para lograrlo. La extrema derecha, representada por el partido ARENA, impidió cualquier intento en este sentido. No es de extrañarse, pues es esta misma derecha la que impuso la “turbodolarización” cuando estuvo en el Ejecutivo salvadoreño y quiere imponer ahora la “turboprivatización” del agua.

El golpe electoral a la izquierda y sus consecuencias para la situación del agua

Nos desviaremos ligeramente del problema del agua en El Salvador y abordaremos algo que, en apariencia, no tendría mayor relación con esta problemática, pero que, en realidad, permite explicar parcialmente lo que está ocurriendo en este momento. Se trata de los resultados electorales de los pasados comicios de alcaldes y diputados celebrados este año, en los cuales, la oposición de derecha logró afianzar el control legislativo. Tendremos, inclusive, que remontarnos unos años antes para tener todo el contexto político que explica por qué la derecha está impulsando de forma agresiva su propia Ley del Agua: una Ley del Agua que les asegure el control de la administración del recurso hídrico.

Esta derecha, situada en la oposición a partir de 2009, con el triunfo del primer gobierno del FMLN, puso a andar una estrategia que combinaba los siguientes elementos: a) el boicot al Ejecutivo desde la Asamblea Legislativa y desde la Sala de lo Constitucional -que equivaldría al Tribunal Constitucional de otros países-; b) una ofensiva de desinformación impulsada desde los oligopolios mediáticos, para tratar de minar la credibilidad de la izquierda; c) el bloqueo económico al Ejecutivo mediante la no aprobación de préstamos o de proyectos de presupuesto presentados por el gobierno salvadoreño, a fin de hacerlo caer en situaciones de impago; y d) la labor de zapa ideológica para hacer “sentido común” el rechazo a la política y la apatía electoral, a fin de minar el voto de izquierda. Esto, junto a errores cometidos por el partido de izquierda, abonaron el terreno para que, en los comicios por alcaldías y escaños parlamentarios de marzo de este año, el voto de izquierda disminuyera sensiblemente. No es que el voto por la derecha aumentara. Más bien, se mantuvo: ocurrió que esa disminución de la que hablábamos, hizo que el voto de derecha predominara.

El resultado de ello fue una asamblea legislativa controlada por la derecha. La izquierda pasaba de ser la primera fuerza en el parlamento salvadoreño a tener una situación en la cual resulta prácticamente imposible impulsar cualquier iniciativa de ley sin el beneplácito de la derecha.

Lo anterior sirve para ubicarnos en el contexto en el que se dan las actuales luchas por el agua en El Salvador. Podríamos caracterizar ese contexto con los siguientes elementos:

• Derrota electoral del FMLN y mayoría legislativa de la derecha: Descrédito del FMLN promovido por el aparato mediático de la derecha.
• Triunfalismo de esa misma derecha: Aparece la amenaza de una derecha que “reconquista” el poder Ejecutivo y revierte las políticas sociales y los cambios alcanzados en las dos administraciones del FMLN. No solamente eso. Por ejemplo, el desalojo contra los pobladores de la Finca El Espino -el remanente de una inmensa reserva ecológica, convertida hoy en zona de centros comerciales- por un fallo judicial fue una muestra de que el gran capital salvadoreño busca revertir, incluso, el proceso de reforma agraria que, limitado y todo lo que se quiera, supuso un límite para la concentración de la tierra en manos privadas. El caso de El Espino muestra que esa derecha quiere borrar cualquier límite en su capacidad de acaparamiento de recursos materiales y de apropiación del trabajo explotado. Es decir: pasaríamos, en El Salvador, de la esperanza de construir un socialismo salvadoreño del siglo XXI a la tragedia de retroceder al capitalismo finquero del siglo XIX.
• Un clima ideológico de falta de esperanzas y de rechazo a la política: despolitización de la sociedad salvadoreña.
• Profundización de la dispersión del movimiento social y popular: neutralización de este movimiento.

Con esos elementos aparentemente afianzados a favor suyo, es que la derecha legislativa, con el apoyo de la gremial empresarial ANEP (Asociación Nacional de Empresa Privada, que agrupa al gran capital de ese sector), pensaba consumar la “turboprivatización” del agua. Pero se dio un giro inesperado para ellos.

El agua mueve al movimiento popular salvadoreño

No sería exagerado decir que el 14 de junio de este año, algo excepcional ocurría en El Salvador, mientras en la lejana Rusia se inauguraba la Copa Mundial de Fútbol y mientras, apenas unos días antes, se pretendía asestar otro golpe a la izquierda, procesando judicialmente, sin pruebas de por medio, al ex presidente Mauricio Funes, a familiares suyos y a algunos funcionarios de gobierno -incluyendo a la ex primera dama Vanda Pignato. Con esta última, hubo especial ensañamiento, dado a que se promovió su captura sin pruebas y sin importar el hecho de que Pignato -una ex militante del PT brasileño, que durante el gobierno de Funes tomó la iniciativa en políticas de estado en pro de los derechos de las mujeres salvadoreñas- estaba hospitalizada.

Ese escenario, que supondría el ambiente de distracción de la llamada “opinión pública” con respecto al tema del agua era lo que el mismo movimiento social temía. Se veía en el horizonte el espectro de la “turboprivatización”, impulsada autoritariamente por una derecha legislativa que llegó, incluso, a descalificar cualquier consideración técnica o ética en contra de la idea de apropiarse del agua. Llegaron, incluso, a calificar de “ignorantes” a los representantes de la iglesia católica que adversan la privatización del recurso hídrico.

La segunda semana del mes de junio se programaron dos movilizaciones contra la privatización anunciada por la derecha. La primera se llevó a cabo el 14 de junio y fue convocada por la Universidad de El Salvador junto a sindicatos de trabajadores. Esta movilización, que se dirigió a la Asamblea Legislativa, sería la antesala de una movilización más amplia, programada para dos días después, el sábado 16. Las movilizaciones obedecieron a la intención de aprobar una Ley del Agua con orientación privatizadora.

El hecho decisivo tuvo lugar cuando la movilización de los universitarios llegó a las puertas del recinto legislativo, a fin de acompañar a una delegación de las autoridades del centro de estudios, que entrarían a entregar una pieza de correspondencia para que se discutieran puntos de la propuesta de Ley del Agua. El presidente de la Asamblea, Norman Quijano, del partido ARENA, ordenó a los miembros de la seguridad privada del congreso salvadoreño que arrojaran gas pimienta a los universitarios, incluyendo al rector de la universidad, el economista Roger Arias. Esto originó la protesta de los estudiantes y los trabajadores presentes, produciéndose con ello un enfrentamiento con los elementos de seguridad del palacio legislativo, que dejó, entre otros resultados, lesiones en un periodista del canal televisivo Gentevé, de izquierda. Un elemento especialmente peligroso es que, por órdenes de la bancada de derecha había un individuo apostado con un arma de fuego en el interior del palacio legislativo.

La bancada mayoritaria de la Asamblea, así como la prensa de derecha, calificaron de “terroristas” a Arias y a los miembros de la universidad pública. Estos hechos, ponen en evidencia varias cosas: En primer lugar, que estas acciones han sido factores de indignación y han propiciado una mayor cohesión del movimiento que lucha contra la privatización del agua. Segundo, que hay una energía social y política muy fuerte en la sociedad salvadoreña. No es tan cierto que esta sociedad esté desmovilizada políticamente. Hacía falta, sin dudas, un elemento catalizador de esas energías.

En tercer lugar, la defensa del agua ha resultado ser un factor movilizador y propiciador de la unidad del movimiento social y popular. Podemos decir que ha sido el agua la que ha puesto en marcha a ese movimiento. La movilización del sábado 16 de junio ha sido, después de muchos años, el primer esfuerzo de unidad de diversos sectores sociales y políticos progresistas. Una cuestión similar se había visto en el año 2007, en el gobierno neoliberal del expresidente Tony Saca -ahora preso por un escándalo de corrupción. En ese entonces, el factor movilizador y de unidad fue la necesidad de detener la privatización del sector salud. En torno a las denominadas “marchas blancas” -llamadas así porque se convocaba a los manifestantes a marchar con ropa de ese color- se generó una movilización ciudadana impresionante y que logró, en efecto, frenar la privatización de la salud.

Sutilezas del lenguaje: el secreto de la privatización oculta

En el momento actual, la sociedad salvadoreña ha tenido un aprendizaje importante. En el pasado, se logró consumar la privatización de la telefonía, de los fondos de pensiones y de la electricidad, gracias a las campañas propagandísticas de la derecha. En estas campañas, se afirmaba dogmáticamente que el Estado era corrupto y mal administrador por naturaleza y que la empresa privada era el summum de la eficacia y la transparencia.

Dado el descrédito que han tenido las privatizaciones, por sus resultados negativos, la estrategia de la derecha ha sido negar que están buscando una privatización del agua, sino que están impulsando la participación del sector privado en la administración del recurso. Si se ve lo que hay detrás de la propuesta de la Ley del Agua impulsada por la ANEP se puede entender la trampa que está oculta en esa sutileza del lenguaje.

La propuesta del Foro Nacional del Agua -integrada por el movimiento social- señala, entre otras cosas, la creación de un ente rector del agua bajo la administración del Estado, con la participación comunitaria. Esta propuesta garantiza la administración estatal, pero también corrige el modelo actual, en el sentido de que crea y fortalece distintas instancias de interlocución y de participación de la sociedad salvadoreña, incluyendo la participación de las comunidades.

La propuesta privatizadora va en otro sentido. El ente rector estaría formado por tres partes: el Estado, delegados de los consejos municipales y representantes de la ANEP. Contando con la posibilidad de controlar el Ejecutivo en el 2019, esta fórmula asegura el control privado del recurso. Se trata de una “privatización oculta”, como lo indica el rector de la Universidad Centroamericana (UCA).

Como lo dice la ANEP, no se trata de la privatización del agua en cuanto tal, porque la misma constitución salvadoreña lo prohíbe, pero sí de la privatización de su administración. En otras palabras, bajo este esquema, el agua seguiría siendo un bien de interés público, pero serían de propiedad privada la cañería y el grifo en el que se va a servir esa agua.

La lucha por la defensa del agua tiene alcances que superan el contexto salvadoreño. Mientras México celebraba su victoria mundialista frente a la selección alemana de fútbol, el presidente Peña Nieto consumaba la privatización del recurso hídrico. Esto permite ver que no se trata de luchas locales, sino que hay intereses transnacionales por el control del agua. En El Salvador esos intereses están representados por las firmas envasadoras de agua y productoras de bebidas que, hasta hace algunos años eran de capital local pero que se han transformado ahora en transnacionales -con la participación de los capitalistas locales, por supuesto, que han dejado la escena, pero siguen ejerciendo el control tras bastidores. Este es un momento en el que un capítulo decisivo en la lucha por el agua apenas está comenzando.