Por Fernando Luis Rojas / Entrevista con Alejandro Labrador Aragón* sobre el problema del agua en El Salvador.
Fernando Luis Rojas (FLR): Hace un tiempo, La Tizza publicó un artículo que reseñaba las luchas contra la privatización del agua en El Salvador. ¿Cuál es el estado de este proceso en la actualidad?
Alejandro Labrador Aragón (ALA): En julio de 2018, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa de El Salvador retomó el estudio de la Ley General de Aguas, el cual constaba de cuatro propuestas de varios sectores sociales que debían ser analizadas y consensuadas en un solo documento para ser sometido al voto de al menos 43 de los 84 escaños del congreso. La discusión había sido abandonada a finales de 2012 cuando partidos políticos vinculados históricamente a los intereses de grandes consorcios industriales y corporativos solicitaron la introducción de una nueva propuesta de Ley de Agua y dejaron sin efecto los avances logrados hasta el momento.
Empresas y grandes usuarios que habían dispuesto del agua a su antojo sin consideraciones científicas, ecológicas o económicas de ningún tipo, reaccionaban (con retraso) al ver que sus privilegios serían replanteados y que se habían equivocado al rehuir de la discusión de estos proyectos de ley. Con la introducción de esa propuesta de ley lograron su cometido y en ese año detuvieron la discusión sobre la regulación del agua. Abandonado el tema hídrico, a partir de entonces los votos de la comisión se decantarían por leyes que gozaran de la atención pública más amplia (Ley de Prohibición de la Minería)[1] o que fueran atractivas por su connotación frente a la opinión pública (Ley de Animales Domésticos o de Compañía). La ley del agua debería esperar.
Con estos antecedentes es posible comprender por qué el anuncio de julio de 2018, sobre que se retomaría el estudio sobre el agua, no pasó desapercibido. Hay, no obstante, otros factores que vale la pena señalar para explicar la tensión que la noticia suscitó desde este momento. Por un lado y tal como se adelantó más arriba, la última ley aprobada por la Comisión fue la prohibición definitiva de todo tipo de minería metálica en el territorio salvadoreño. Esto es algo sin precedentes incluso a nivel mundial (en 2010 Costa Rica había prohibido solo la minería a cielo abierto y con uso de Cianuro) y condicionó las expectativas sobre el perfil de las normativas relacionadas al tema ambiental a impulsarse desde la Asamblea Legislativa.
¿Podría obtenerse también una ley de aguas así de radical?
Por otro lado, no hace mucho tiempo atrás, representaciones de Naciones Unidas habían hecho llamamientos al gobierno salvadoreño, particularmente al Parlamento, para que aprobara normativas que garantizaran el Derecho Humano al Agua y su Saneamiento como prioridades para el desarrollo integral de la vida en el país. Por último, otro elemento que evitó que el tema hídrico pasara desapercibido fue el que existiera una propuesta de ley de aguas presentada, con el respaldo de amplios sectores populares organizados y movilizados por más de una década en torno al tema.[2]
La discusión iniciada en julio de 2018 hasta estas alturas (marzo de 2019) no ha culminado en avances respecto a un cuerpo normativo. La mayoría de votos en la Comisión de Medio Ambiente están dominados por partidos de un mismo signo político. Liberales y ultraconservadores dominan 5 de los 7 votos necesarios para emitir un dictamen que sea sometido a voto del plenario.
Desde el último trimestre de 2018 estos partidos han bloqueado la discusión y no obstante, han cobrado un salario sin siquiera presentarse a las sesiones de trabajo de la Comisión. Los partidos en mención son: La Democracia Cristiana, uno de los partidos más antiguos en El Salvador y que ostentó la presidencia de la República en los años 80; el Partido de Conciliación Nacional (PCN), fundado en los años 60 y que ha mantenido alianzas preponderantes con sectores ultra conservadores de militares y nacionalistas; el partido ARENA, instituto que impulsó en los años 90 las recetas neoliberales del Consenso de Washington y cuyo fundador fue señalado en un informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador como iniciador de los Escuadrones de la Muerte y como autor intelectual del magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero; GANA, conformado por ex militantes de ARENA y que representa grupos empresariales emergentes, no de la vieja oligarquía.[3]
Otro elemento que destaca en el proceso suscitado por la Ley Agua en El Salvador es la activación de tensiones que tienen que ver, principalmente, con cuatro aspectos aplicables tanto al tema puntual del agua como a la coyuntura política y social que atraviesa el país:
· El problema político. Las voces en la Comisión de Medio Ambiente siguen sin alcanzar mayoría de votos. La propuesta del movimiento social está respaldada únicamente por 2 de los 7 votos necesarios. Divididos principalmente por el rol que se asignará a actores públicos y privados en la administración del agua (artículo 14 de la Ley en discusión), ha sido evidente que sigue faltando en el país la discusión de fondo sobre el tipo de Estado que somos y cuál es el rol que otorgamos al Mercado; cuáles son las prioridades a las que apostaremos como país y cómo lo financiaremos. Así se explican los niveles de exclusión y violencia estructural que vivimos, la deuda prolongada y en aumento, etc.
· El problema social. La falta de una regulación hídrica en el país hace que enormes extensiones de población en El Salvador aún no cuenten con acceso al agua en cantidad. Aunque alrededor del 75% de los hogares en el país cuentan con infraestructura de cañería para el abastecimiento de agua (Encuesta de Hogares para Usos Múltiples, Ministerio de Economía 2012), aún existe un servicio limitado que sigue obligando a las comunidades a manifestar públicamente su descontento ante la falta o intermitencia del servicio. Suele caer poca agua o el servicio es intermitente.
Por otro lado, El Salvador se acerca al estrés hídrico por la falta de disponibilidad de agua potable, donde para cada persona hay menos de 1800 metros cúbicos de agua anuales aproximadamente; mientras que en países como Belice la cantidad de metros cúbicos al año por persona ronda los 70 mil (Global Water Partner, 2012).
Está planteada la discusión, pues, por las prioridades del agua: si se usará para abastecer a los sectores extractivistas y de monocultivo o si se privilegiará el consumo humano, es ilustrativa en este sentido.
· El problema económico. La falta de regulación en el tema “agua” no permite comprender los costos y beneficios económicos de una administración sustentable del agua. Su no incorporación dentro del cálculo con el que se mide el Producto Interno Bruto, es una muestra del enorme desafío que hay aún por considerar el agua como un bien estratégico que debe someterse a impuestos, reglas, tarifas, multas, etc. Según el Informe Nacional del Estado de los Riesgos y Vulnerabilidades del Sistema de Protección Civil de El Salvador, se estableció, para 2017, que más del 85% del territorio salvadoreño es zona de riesgo, y amenaza a cerca del 95% de la población, lo que lo constata que las condiciones hidrometeorológicas y geológicas nos hacen un país altamente vulnerable. Según el Centro de Investigación Epidemiológico de Desastres (CRED), los desastres ocurridos en El Salvador en las últimas cinco décadas han costado más de USD 6,000 millones.
· El problema medioambiental. En efecto, dada la situación de los ecosistemas marítimos y terrestres, este país centroamericano podría sucumbir ante el aumento de la temperatura, el cambio de acidez en el agua, la escasez de alimento, el estrés hídrico, el aumento de enfermedades y las afectaciones a la biodiversidad y el territorio. La amenaza, más allá de ficción apocalíptica, es real por tratarse El Salvador de un territorio que depende del agua de lluvia. Del total de aguas superficiales en El Salvador, ninguna cuenta con calidad excelente. Además, solo el 2% de dichos cuerpos hídricos tienen posibilidades factibles de ser potabilizadas por medios convencionales (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2012). Existen cálculos del MARN que indican que el principal río de El Salvador, el Río Lempa que abastece más del 60% del agua en la capital, podría convertirse en una quebrada de invierno antes del año 2100.
FLR: Pareció que las luchas contra la privatización del agua articularon a varios sectores sociales e, incluso, partidos políticos. ¿Fue así? ¿Por qué?
ALA: En efecto, es de pocos precedentes la fuerza y el sentido de oportunidad con la que han actuado organizaciones y tanques de pensamiento, colectivos y espacios de sociedad civil ante la posibilidad de privatización del ente rector del agua en el país. Si se trata de dar explicaciones pueden enumerarse algunas en diferentes sentidos.
Desde hace al menos una década diversos estudios sobre la situación del Clima a nivel global, entre ellos el de la organización Germanwatch, ONG especializada en desarrollo sostenible y los impactos de la economía y la política de los países del Norte Global en los del Sur, ubicaban a El Salvador como parte de los países en el mundo más vulnerables al Cambio Climático. Este tipo de hechos ha permitido que la insistencia de más y más organizaciones a nivel nacional e internacional en la incidencia por la sustentabilidad se mantenga con un enorme sentido de actualidad y relevancia.
A la luz de las cifras y los análisis sobre la disponibilidad del agua, sus niveles de contaminación y las presiones a las que está siendo sometida, el recurso hídrico puede ser considerado como elemento principal para la gestión integral del territorio y la biodiversidad. La claridad científica sobre estos datos ha permitido una amplia difusión y sensibilización en este tema. Por efecto, las personas han establecido una relación clara entre el hecho de que el agua continúe sin regulaciones para su manejo sustentable y con justicia, y la amenaza para su calidad de vida.
Otro elemento a destacar sobre la articulación favorable que se dio para la incidencia en el tema hídrico es que existe desde los años 90 una comprensión peyorativa de la palabra privatización. Las famosas “marchas blancas” lograron en esos años cimentar en la subjetividad de mucha población lo contraproducente que resultaría entregar el control absoluto de servicios públicos a manos privadas. Aunque en muchas partes del mundo los asocio público-privados sean cosa casi automática en la gestión de servicios públicos, en países como El Salvador la privatización de la banca, la telefonía y las pensiones, han permitido que lejos de verse como una solución, esta concesión al mercado sea considerada más bien como una “traición al pueblo” y un error del que hay que aprender si se busca gobernar en función de las mayorías populares.
Cuando estallaron las manifestaciones contra el intento privatizador del ente rector del agua (julio de 2018), fueron sistemáticas las marchas convocadas para expresar el rechazo. Fue común la opinión de organizaciones y referentes de espacios para la protesta de que el pueblo salvadoreño “despertaba”. En efecto, era la primera vez desde las protestas contra la privatización de la salud hace más de 20 años, que la Universidad de El Salvador convocó y encabezó una manifestación hacia la Asamblea Legislativa por un tema de coyuntura. A nueve meses de iniciadas las movilizaciones públicas se mantiene en medios sociales y espacios de opinión la presión sobre la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y la Asamblea Legislativa, quienes aún tienen el reto de recuperar la confianza del pueblo salvadoreño.[4]
FLR: ¿Cuáles son las perspectivas después del último resultado electoral?
ALA: El Salvador atraviesa un momento de adecuación y acomodación política luego de haber tenido en menos de un año elecciones de congreso y del ejecutivo. El estremecimiento del sedimento político ha estado marcado, como es habitual en El Salvador, por el peso de los mensajes de propaganda que han copado absolutamente a todos los espacios de comunicación e información tradicionales y digitales, con la particularidad de que las propuestas de planes, programas y proyectos (también en muchos casos inexistentes), no han tenido explicaciones de factibilidad o de cómo serán realizables a nivel presupuestario.[5] El tono despectivo, los señalamientos ad-hominem, la poca capacidad de reconocer aspectos positivos en gestiones gubernamentales anteriores, la visión cortoplacista e irreal en términos de financiamiento han sido la tendencia general, con algunas excepciones, de la campaña electoral que finalizó en las últimas semanas de enero de 2019. El gobierno del FMLN se retira del Ejecutivo con los niveles de popularidad más bajos y con el caudal electoral más exiguo de toda su historia electoral.
Aunque todos los partidos insisten en su voluntad de evitar la privatización del agua, aún quedan dudas sobre lo que quieren decir exactamente, ya que la Constitución de la República lo prohíbe explícitamente en el artículo 4 y solo un partido (FMLN), incluyó de manera integral el eje de sustentabilidad donde el agua es considerada un elemento medular de gestión. El enorme reto para este instituto político era hacer coincidir su posición con el resto de partidos, quienes de hecho hacen mayoría en el Parlamento.
Por su parte el partido GANA, cuyo candidato fue Nayib Bukele, retomó también el tema del agua pero planteó prácticamente un refrito de lo establecido por el segundo gobierno de izquierdas (FMLN, 2014–2019) en cuanto a prioridades en la gestión del agua.
En definitiva, las propuestas que en los medios de comunicación han abundado por parte de la mayoría de los partidos políticos aún falta que sean más específicas sobre su posición respecto a la privatización del ente rector. Aún faltan votos para evitar que manos privadas sean mayoría en el ente rector del agua. Incluso el partido ARENA ha sostenido que es el Estado la entidad propicia para la administración y gestión del agua, pero entonces falta aún conocer sobre la proporción de intereses privados y públicos en la composición de la autoridad hídrica que están considerando. Tampoco sus declaraciones se han traducido en votos a la hora de garantizar una Ley General de Aguas con enfoque de sustentabilidad.
El reto para el movimiento social, pues, se mantiene en la misma vía: popularizar la lucha y masificar las opiniones y la incidencia contra una autoridad hídrica con mayoría de privados. Esta es una lucha de gran envergadura tratándose de que los partidos que promueven la privatización de la autoridad hídrica son representantes de sectores económicamente poderosos, incluyendo el sector cañero que en El Salvador ha sido tradicionalmente muy influyente a todo nivel en el control del Ejecutivo y el Legislativo, es decir, en el tipo de política pública que se impulsa y las leyes que permiten la realización de la primera. Y vaya que tienen intereses jugosos que proteger y que explican por qué, junto con la industria de la construcción (empresa Salazar Romero, Grupo Roble, Grupo Fénix, etc.) y las embotelladoras (JUMEX, Sab Miller, Industrias La Constancia / Coca Cola, entre otras), son quienes han bloqueado por los últimos 13 años el avance de una ley de aguas con enfoque de sustentabilidad. El sector de la caña ocupa el 40% de las aguas superficiales que se utilizan para el riego en El Salvador y recientemente el país ha ratificado un intercambio comercial de azúcar con China, cuya clase media urbana ronda los 225 millones de personas.
FLR: ¿Qué es el proyecto Plataforma Global y a qué se dedica en El Salvador?
ALA: Plataforma Global El Salvador es un centro de capacitación y activismo juvenil en Centroamérica con presencia en la zona paracentral del país desde 2007. Desde un enfoque de Derechos Humanos nuestra organización propone la politización y el involucramiento de la juventud a través de la metodología de reflexión y acción participativa en ejes temáticos como la producción multimedia, la agroecología, la facilitación pedagógica para el liderazgo y la acción pública en campañas de incidencia social.
Plataforma Global El Salvador forma parte de una red global de centros juveniles denominados Plataformas ubicados en países del Sur Global (Tanzania, Kenia, Ghana, Zambia, Jordania, Palestina, Myanmar y Bangladesh).
Nuestro proyecto consta de cuatro grandes programas, a saber:
a) EducAcción: Conjunto de procesos de formación y capacitación impulsados desde un enfoque de derechos humanos a juventudes centroamericanas en búsqueda de tomar acción contra la erradicación de la desigualdad y las causas estructurales de la pobreza.
b) EcoActivismo: Programa a través del cual se impulsan procesos de formación en Agroecología, se promueve la participación de jóvenes en la Mesa de Soberanía Alimentaria y Nutricional en El Salvador y que gestiona a través del voluntariado la práctica experimental y de permacultura en un huerto comunitario con más de 25 cultivos ubicado en nuestras instalaciones en Suchitoto, Cuscatlán.
c) Comunidades en Acción: Programa que comprende procesos de capacitación de manera descentralizada en las comunidades de El Salvador y Centroamérica para la conformación de una red de facilitadores multidisciplinarios, capaces de promover metodologías y aprendizajes complementarios a la hora de trabajar con juventudes en la región. Este programa cuenta con una unidad móvil equipada con metodologías, equipo técnico y tecnológico para el acompañamiento de procesos de formación y de incidencia.
d) El Lab: Programa que consta de un laboratorio de experimentación multimedia para la politización de juventudes con habilidades y motivaciones para la producción audiovisual y musical. Festivales, giras artísticas internacionales, productos multimedia son las actividades principales de este programa.
FLR: ¿Qué importancia ves en la realización del evento Paradigmas Emancipatorios en La Habana?
ALA: Un evento de este tipo es de enorme importancia para mí porque permite la fraternización entre activistas, defensores de derechos, educadores y educadores de todo el mundo. Por otro lado, las discusiones promovidas durante el evento permiten incorporar elementos de una discusión más profunda y prolífera cuyas implicaciones son totalmente relevantes para la coyuntura política de los países Centroamericanos.
La diversidad de temas abordados permite elaborar un panorama más amplio de las tensiones globales y de las maneras en que los pueblos en lucha se están posicionando ante ellas. Para el caso salvadoreño, sin ninguna intención de ser exhaustivo, este tipo de encuentros además permiten fortalecer una discusión desde la izquierda que sigue pendiente y que es más relevante que nunca, dada la tendencia de desaceleración que ha tenido el instrumento histórico que ha representado el FMLN. Considerar nuevas aristas y enfoques para la emancipación (la globalidad, la corporalidad, los territorios y las narrativas como escenarios de disputa) nos permiten avanzar y profundizar en categorías, supuestos y desafíos que están más acordes a los tiempos que vivimos.
Particularmente significativo ha sido el poder identificar, en las discusiones y en los debates, aquellas oportunidades que la historia y el devenir de las sociedades latinoamericanas develan para la construcción de un nuevo paradigma de lucha así como para hacer posible la revolución de la revolución.
Notas:
[1] En 2015 una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA reiteró lo que un estudio de percepciones de las y los salvadoreños había confirmado en 2007: de cada 10 salvadoreños, 7 u 8 consideraban que la Minería Metálica representaba una amenaza para la calidad de vida de las personas.
[2] La Unidad Ecológica Salvadoreña UNES y Cáritas presentaron en 2006 la primera propuesta de Ley General de Aguas. En 2011 una actualización del Anteproyecto de Ley General de Agua fue presentado por una alianza de Juntas Comunitarias de Agua, Organizaciones, Comunidades y Tanques de pensamiento, aglutinados en el Foro del Agua El Salvador. En 2012, el Órgano Ejecutivo mediante el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentan un Anteproyecto de Ley General de Aguas.
[3] En ninguna medida las características adjudicadas a cada instituto político buscan ser exhaustivas y son solo alusiones para que el lector ubique generalidades de los partidos en mención.
[4] En 2017 el Instituto de Opinión de la UCA (IUDOP) publicó un estudio de la percepción de confianza de la población salvadoreña respecto a las instituciones y declaró que los partidos políticos y la Asamblea Legislativa son las instituciones que gozan de menor credibilidad (3% y 3.7% respectivamente).
[5] La deuda total en El Salvador (que incluye la del Sector Público Financiero y la del Sector Público No Financiero) equivale a alrededor del 72% del Producto Interno Bruto, según datos del Ministerio de Haciendo.
*Educador y activista social salvadoreño. Coordinador de Plataforma Global El Salvador.
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