Anotaciones para un debate por la calidad de la consulta popular
Por: Emilio Duharte Díaz[1]: “Que el pueblo se sienta “dueño” real de la situación y participante activo de esta decisión trascendente, y no un simple “consultado”, o “movilizado”, o “asistente…”
Una introducción necesaria
En 2018 e inicios de 2019 el pueblo de Cuba se enfrenta a uno de los procesos trascendentales de su historia: la elaboración de un anteproyecto de nueva Constitución de la República por una comisión parlamentaria, la consulta popular para su debate y perfeccionamiento, y el referendo nacional para su aprobación definitiva. El desarrollo de estos pasos, por sí solo, ya es un hecho verdaderamente democrático. Lograr calidad en su realización, especialmente un nivel significativo de participación popular real y efectiva en ellos, lo convertiría en uno de los acontecimientos de mayor impacto de la historia revolucionaria cubana.
A raíz de los debates sobre la necesidad de la reforma constitucional total que se prevé, algunos colegas, tanto en el área académica, práctico-política como en la prensa, han afirmado, de manera implícita o explícita, que este documento es estrictamente jurídico y, por tanto, han hecho énfasis en lo exclusivo de ese enfoque para su elaboración. Ello parece mostrar una óptica sesgada y restringida, con consecuencias múltiples para el entramado social.
La Constitución, como es aprendida regularmente entre los académicos y los políticos más conocedores del tema, no es solo la Ley de Leyes o la Ley Suprema; es la Carta Magna o la Constitución política del Estado; es, según algunos criterios, la Carta Política del país. Si se fuera a dar crédito a más sesgos y restricciones, entonces se diría así: es, ante todo, un documento político. Porque la política es la forma predominante de la conciencia social; desempeña un papel decisivo sobre las demás formas especialmente en el socialismo, y ejerce una creciente influencia sobre todas las esferas de la vida social, mediante la regulación subjetiva de las relaciones políticas a través de las políticas públicas y de gobierno. Porque la voluntad política de los factores de poder y el proceso de toma de decisiones políticas impactan directamente todos los transcursos económicos, sociales, culturales, jurídicos, ideológicos de cualquier sociedad; pueden acelerarlos, estancarlos o hacerlos retroceder; a ello no escapan las constituciones.
Pero si se asumiera lo que se puede considerar más adecuado científicamente y más justo en el orden académico y sociocultural en su sentido más integral, entonces habría que enfatizar en que no es correcto absolutizar una arista –aunque se pueda considerar muy relevante– del carácter y contenido de la Constitución, y sí defender el criterio de que ella no es solo un documento jurídico, sino político-jurídico, con interacciones, implicaciones e impactos en el sistema social en su conjunto. Ello se fundamenta en los argumentos siguientes:
– La Constitución es un componente clave del sistema político, como lo son la organización política de la sociedad, las relaciones políticas, otros elementos reguladores y normativos como las leyes de un país, así como la cultura e ideología políticas inherentes a cada sistema. La Constitución es el principal elemento regulador del sistema político y de todo el sistema social, y está acompañada de presupuestos, mecanismos de realización e impactos que sobrepasan con creces la mera legalidad.
– Los preceptos y prácticas constitucionales tienen numerosas, directas e inmediatas repercusiones en todas las esferas de la sociedad, especialmente en la política: en la conciencia política, en el pensamiento y comportamiento políticos de todos los ciudadanos, en el apoyo o no al proyecto político que refrenda la Constitución, y en cualquier otro proceso que ataña a la sociedad toda: económico, social e ideológico-cultural.
– La Constitución política del Estado es un instrumento de resolución de conflictos. Hay ejemplos de ello en las experiencias histórico-políticas mundiales –hasta las más recientes–: formación o restructuración de los Estados nacionales, cese de guerras internas, diversos conflictos violentos en los países y otros fenómenos de ese tenor. Para muchos, la Constitución es considerada, en esencia, un conjunto de principios que tiene la misión esencial de organizar la coexistencia pacífica del poder y de la libertad dentro de un Estado. Es decir, constituye también una herramienta fundamental para el logro de la paz social.
– La Carta Magna es una herramienta de búsqueda y logro del consenso social, que es ese acuerdo no necesariamente escrito que une a los ciudadanos alrededor de determinados principios, normas, valores, sentimientos, tradiciones, ideales y proyectos, y que es el mecanismo que expresa y garantiza la legitimidad de un sistema, régimen, proyecto, organización o líder social. Debe recordarse que legitimidad es credibilidad, aceptación y confianza en esos sistemas, en los proyectos y en los actores políticos que lideran una sociedad.
– La Constitución ha coadyuvado históricamente a establecer los pactos sociales. Cuando algunos colegas afirman que el pacto social originario nadie lo firmó, y que los posteriores –o la actualización de aquel originario– tampoco, se les podría decir que tienen razón hasta cierto punto. Las constituciones, desde su surgimiento, han sido precisamente los principales resultados de las negociaciones de pactos o búsqueda de grandes consensos. Y esas sí fueron refrendadas, ya sea por los representantes de los grupos en diferentes sociedades –algunas más justas que otras– o directamente por los pueblos a través de referendos.
– La Constitución de una República o de cualquier otra forma gubernamental, “en primer lugar y ante todo, instrumento de gobierno que limita, restringe y permite el control del ejercicio del poder político…, razón de ser del constitucionalismo”[2]. Las constituciones “…son <formas> que estructuran y disciplinan los procesos de toma de decisiones de los Estados”. Están llamadas “a establecer una estructura de gobierno que enfrente, entre otras cosas, la necesidad de gobernar”[3]. Fue en esto, precisamente, que pensaron los primeros constitucionalistas antes que hablar de derechos, deberes y otros tipos de normas para los ciudadanos: la estructura y poder del Estado. Pensar hoy solamente en términos normativos, al margen del pensamiento sobre la sociedad, el sistema político o el gobierno ideal, deseado o posible para una determinada etapa de desarrollo; aislados de preceptos relacionados con la relación tradición-innovación en la cultura democrática; o no integrados a los valores y sentimientos de la mayor justicia social posible para esa misma etapa; significaría perder la brújula de la naturaleza, carácter, estructura y funciones del poder y del sistema políticos de una sociedad mejor.
– Este instrumento de gobierno no puede considerar inútiles por “extrajurídicas”, aquellas consideraciones que rebasen un conjunto de preceptos, órdenes y prohibiciones, pues debe reflejar también una estructura de incentivos adecuados para el sostenimiento del poder político, un balance proporcionado de insumos (demandas y apoyos) y exumos (decisiones políticas), en otras palabras: una armazón para la distribución apropiada de valores escasos, función clave del sistema político.
– Para otros es, en sentido formal, “el código político en que el pueblo, por medio de sus representantes, por él libremente elegidos, fija por escrito los principios fundamentales de su organización y, especialmente, los relativos a las libertades políticas del pueblo”[4].
– Seguramente algunos de estos planteos políticos interfieren con criterios jurídicos “establecidos”. Pero, por un lado, se trata de diferentes enfoques, cuyas contradicciones se resuelven mediante una perspectiva inter, multi y transdisciplinaria. Por otro lado, el propio Derecho tiene sus limitaciones –lo mismo que otras disciplinas científicas–. Hay áreas de la sociedad donde el Derecho no puede llegar o se prefiere que no interfiera, y que sea la Ética, la Política u otro factor que lo haga. Los dos primeros, por ejemplo, Derecho y Ética, establecen principios, normas y valores, solo que de diferentes tipos. Los sentimientos son un componente incorporado más recientemente al objeto de estudio de la Ética. ¿Lo habrá hecho también el Derecho? La Ética establece un proceso de autorregulación consciente (moral) del individuo; el Derecho es, más bien, una regulación externa. La política, por su parte, tiene ligazón estrecha con ambos planteos; por un lado, no puede prescindir del Derecho como norma; por el otro, debe estar ligada a la Ética para la legitimidad de las decisiones y el logro de los consensos. Y entre los tres debería desarrollarse la interacción e integración más fructíferas.
– Hay un argumento más: las constituciones también constituyen en el socialismo y en cualquier sociedad progresista, aspirante a la independencia, soberanía y a un mundo mejor, un instrumento de unidad, y esta es, ante todo, un problema político.
¿Serán consideradas convincentes estas explicaciones que pudieran ser reconocidas como argumentos? Más allá de que se acepten o no teóricamente, lo más interesante e importante está en el lado práctico del asunto. Se trata, en el caso de la Cuba de 2018, de la invitación a un debate más inclusivo de la Constitución, no solo de sectores y grupos sociales –algunos de los cuales no siempre han sido activados políticamente de manera real y efectiva– sino también de disciplinas y enfoques que nos permitan comprender mejor el texto que se propone y darle al mismo una mirada más integral como las sugeridas por José Martí, Carlos Marx o el pensamiento de Fidel Castro.
Consulta popular sobre el anteproyecto de Constitución: algunas anotaciones para un debate sobre su calidad.
Consulta popular y referendo son dos figuras que han reemergido en la Cuba de hoy como factores relegitimadores por excelencia del sistema político. Pero, ¿cómo hacer para que la consulta popular sobre el proyecto de nueva Constitución devenga en un movimiento de alta calidad democrática? De acuerdo a como se comprenda qué es este documento, así se conducirá la gente en cualquier polémica y acción políticas.
El primer problema es que no debe quedar en los diferentes escenarios de debate un sesgo exclusivamente jurídico del análisis y de todo el proceso. Sin obviar la necesidad de ser sintéticos, concretos, precisos en el orden normativo-jurídico –y tienen razón los que insisten en ello– hay que serlo igualmente en los órdenes económico, político, social, ideológico-cultural, ético y ecológico, de los cuales se alimenta, sin dudas, el Derecho como ciencia y como práctica. No basta para la Constitución contar con una formulación rigurosa en el orden jurídico, o sea, en lo que algunos llaman la técnica jurídica. Es muy importante la técnica o tecnología empleada para establecer la norma; pero lo es tanto la manera en que se establezcan fórmulas que desescalen, resuelvan o eviten los conflictos, que logren el consenso o alcancen la paz en una sociedad.
El mismo rigor deben tener en su enunciación otros preceptos, que no basta que aparezcan, en sus elaboraciones más generales, solo en el preámbulo del documento; algunos deberán tener reflejo en otros momentos del texto constitucional, cuando sea indispensable. Muchos expertos en la llamada ingeniería constitucional coinciden en expresar que en cuestiones vitales y esenciales no está demás cierta reiteración y hasta alguna redundancia. Habría que cuidar, al mismo tiempo, que no se convierta en un texto extenso, pues mientras más lo sea, menos constitucional será. ¿Difícil la tarea? Pues sí, pero estaremos de acuerdo en que una nueva Constitución no se hace “de un plumazo”.
Este planteamiento no es una discusión meramente teórica. Lo que se está enfatizando es que, aunque no se puede perder el lenguaje de la norma, no puede ser este una “camisa de fuerza” que impida ser también precisos en algunas formulaciones que exigen la integración de otros enfoques: técnico-político, tecnológico-político, filosófico-político, ético-político, estético-político, sociológico-político, antropológico-político… –todo integrado- que garantice la mayor calidad y, por tanto, no ambigüedad y sí claridad del texto constitucional. Este tiene que obligar a las leyes a andar por un determinado camino; no les puede dejar un exceso de formulaciones a la decisión posterior de ellas porque podría equivaler al libre arbitrio de las mismas, o a que la Constitución quede en una eterna espera de regulaciones legales sobre fenómenos y procesos esenciales para la sociedad, o se convierta en un documento solo formal.
Uno de los asuntos prácticos a los que se refiere este material es, por ejemplo, que las personas que dirijan la discusión del material no sean solo estudiantes o profesionales de las Ciencias Jurídicas, aunque mucho se les respete y admire. Ello se manejó en algunos círculos en un determinado momento. No está claro, por informaciones de la prensa y de otras fuentes –algunas contradictorias– que se haya modificado completamente esa postura. Una fortuna sería romper los esquemas también en este ámbito. No lo logramos del todo con los Lineamientos de Política Económica y Social del Partido y la Revolución en 2011 en relación con las Ciencias Económicas, reconociendo, al mismo tiempo, que fue un proceso ampliamente democrático. ¡Avancemos en ello en esta nueva y apreciable consulta popular!
Cuando el ciudadano se enfrente a la consulta debe tener claro que no solo está opinando y enriqueciendo una ley que lo pudiera estar maniatando –según algunas opiniones– o, como piensa una mayoría importante de la población, le esté dando determinadas garantías jurídicas para el largo plazo. El ciudadano debería estar consciente también de que está tomando parte en la elaboración de un documento político trascendente integrador de la sociedad toda, que le ofrece garantías también económicas, políticas, sociales y culturales, que busca un nuevo consenso social ante una situación nacional e internacional nueva y dinámica, que contribuirá a mantener y fortalecerla paz social ante un entorno agresivo facilitador de la fragmentación de los pueblos para la dominación imperial, que está siendo protagonista de un proceso de participación popular ampliamente democrático y que, si se convence de la validez del documento que finalmente se presente a referendo, y vota positivamente junto al pueblo todo, estaría firmando un nuevo pacto social que le dará vida nueva a la patria socialista.
¡Sí, un nuevo pacto! ¿Alguien duda que así sea? Lo que se busca en Cuba desde el llamado que realizó el compañero Raúl Castro en el 2006, a juicio de este autor, es justamente eso: un nuevo consenso social frente a novísimos problemas nacionales e internacionales y soluciones que deben ser creativas y también novedosas, en correspondencia con la complejidad del mundo y de la creación de una sociedad alternativa al capitalismo en condiciones en extremo difíciles.
Seguramente no es un secreto que las transformaciones que tienen lugar en el país a partir de la aprobación de los Lineamientos… han sido acogidas de manera polémica y contradictoria, distinguiéndose varias posiciones, que van desde la aprobación de una mayoría del pueblo que ve en su implementación eficiente la esperanza de resolver problemas fundamentales de la sociedad, hasta los que optan no por las reformas rectificadoras y correctoras del socialismo, sino por cambios radicales hacia un capitalismo neoliberal y neoconservador. Entre una y otra hay, por supuesto, variantes y matices que demuestran la complejidad del tejido social y político cubano actual[5].
¿No es función de la Constitución y de la consulta popular sobre su anteproyecto aunar a todos los sectores posibles, que defiendan una sociedad alternativa al capitalismo, de igualdad y de la mayor justicia social posible, independiente y soberana?¿No significa eso una búsqueda de pactos y consensos? ¿No tendrá este proceso la misión de integrar una posición política común de apoyo a ese nuevo pacto o consenso social que necesita el país? ¿Cuáles serían los principales momentos de consenso a reflejar en la Constitución? ¡Ahí está la clave política que garantizaría la estabilidad social a mediano y largo plazos! Eso es lo que hay que acordar en esta consulta que se realiza en una sociedad con una estructura socioclasista y de intereses heterogénea, diferente a la de mediados de los años 70`s y primera mitad de los 90`s, cuando se hicieron las reformas políticas más importantes después de lo acaecido en los primeros años de la Revolución.
La nueva Constitución cubana –no queda muy claro por qué hoy pocos la nombran nueva Constitución socialista cubana– es, posiblemente, ese pacto –sí escrito– que, seguramente, refrendará el pueblo cubano con su voto en el referendo.
¿Alguno de estos asuntos que se acaban de mencionar en los últimos cinco párrafos, a los que se subordina el anteproyecto de Constitución –y no al revés– es solo jurídico? Parece que no. Todos involucran –o deben involucrar- al parlamento, la acción de gobierno y la sociedad civil, la participación política, la toma de decisiones, la política económica, social, cultural, ecológica, la ideología, y otros asuntos. Según Karl Marx toda la economía es política; ninguna decisión económica está exenta de trasfondos de tipo político. Para varios continuadores de Marx ningún problema económico puede resolverse sin un correcto enfoque político, dada la influencia inversa activa de la política sobre la economía. Para el investigador cubano Fernando Martínez Heredia, Premio Nacional de Ciencias Sociales 2006, “el socialismo utiliza el salario y otras categorías provenientes del capitalismo, pero no se somete a ellas. Y jamás debe utilizarlas sin el seguro que brinda el mando que ejerce el poder popular revolucionario sobre la economía”[6]. En lo que al Derecho se refiere como ordenamiento normativo exigible a todos en una sociedad dada, visto desde una perspectiva política, precisamente el poder político es el que, valiéndose del gran caudal de tradiciones, costumbres, normas y valores sociales compartidos, los reelabora, renueva y sistematiza, los convierte en entes coactivos, los erige en norma jurídica y los convierte, en el capitalismo, en el principal instrumento de dominación para el ejercicio del poder.
La sociedad en transición al socialismo, no liberada aún de ciertas formas de enajenación, pero seguidora de objetivos de igualdad, equidad y justicia social, debe mantener una permanente atención a estos sistemas y procesos. La sociedad cubana, inmersa en esa etapa transicional, debe rehuir la absolutización de un enfoque meramente técnico o, peor aún tecnocrático, de las transformaciones en curso; debe verlas, ante todo, como un asunto político, que no desestime el papel del Estado como poder efectivo ni la idea de que en la toma de decisiones es cada vez más importante el consenso de los más amplios sectores de la población, la más activa participación y apoyo de la sociedad civil cubana[7]. Y ella es cada vez más activa, creadora, revolucionaria, diversa y crítica.
La realización de la consulta popular debe garantizar el destierro absoluto del formalismo; que no se coaccione el debate. Valdría la pena superar aquellos métodos y estilos de algunos compañeros que dirigen los procesos –que a veces afloran en determinadas discusiones- que se refieren a aspectos de un documento como hechos ya consumados, asuntos ya resueltos, normas ya aprobadas, y no como propuestas que, en el caso que nos ocupa, pueden ser modificadas efectivamente.
Haría falta rehuir también cualquier conducta que restrinja la libertad de pensamiento y expresión o intente, directa o indirectamente, imponer criterios; o pretenda “convencer”, con insistencia explicativa o justificativa, que el anteproyecto es “casi perfecto”, porque ya “se trabajó mucho en él”, o porque responde a las particularidades de nuestro sistema “que hay que entender y respetar” –como si las particularidades y singularidades de un sistema fueran eternas, dadas para todas las épocas y situaciones–; o porque determinadas formulaciones expresan tradiciones –pero estas no son estáticas ni tampoco eternas; también pueden modificarse, desaparecer o ser sustituidas por otras–. Como mismo la experiencia revolucionaria cubana ha sido fuente de inspiración para muchos en el mundo y lo sigue siendo, otras experiencias revolucionarias y progresistas ya están realizando innovaciones políticas y aportaciones novedosas a Latinoamérica y el mundo. De ellas también se aprende.
El esclarecimiento de dudas de la población –que en este caso es el soberano, el constituyente en cierta medida– debe rehuir cualquier postura academicista, “excesivamente técnica”, tecnocrática, paternalista, autoritaria o “autosuficiente” como si los que participan no piensan. No todos han sido capaces de evitar tal afición en diferentes momentos históricos, incluyendo los más recientes. Que el pueblo se sienta “dueño” real de la situación y participante activo de esta decisión trascendente, y no un simple “consultado”, o “movilizado”, o “asistente” a una reunión o asamblea, es una garantía de legitimidad e irreversibilidad de los procesos de cambio hacia más socialismo en Cuba. Por eso, es recomendable trabajar por convertir en tendencia de perfeccionamiento del sistema político en la actual etapa de transición socialista el desarrollo de una cultura democrática, de la polémica, del debate, de la deliberación.
Muchos tienen la confianza en que cuando la comisión de diputados electa para redactar la Constitución y sus asesores revisen todos los resultados de la consulta popular observarán, seguramente, extremo y paciente cuidado en el estudio de los mismos. El criterio para las modificaciones definitivas –seguramente también se sabe– no se basaría solo en términos cuantitativos o cualitativos por separado, sino en un análisis integral que no mire solamente cuántos votaron por una u otra propuesta –dato que no es desdeñable– sino en qué medida la misma aporta al perfeccionamiento del nuevo pacto social cubano. El reforzamiento de tal percepción de la población, de seguro, se convertiría en otro factor legitimador de la nueva Constitución y del proyecto socialista revolucionario cubano en su conjunto en las actuales condiciones.
¿Podría beneficiarse esta comisión con la ampliación de su equipo asesor donde, además de profesionales del Derecho, estén presentes expertos en otras disciplinas o temáticas específicas no representadas por los propios diputados integrantes actuales de la misma? La Filosofía, la Estética, la Sociología, las Ciencias Políticas, la Filología, y otras especialidades tendrían mucho que decir. De los propios juristas podrían también aportar mucho otros expertos especialmente dedicados a la investigación de temas constitucionales; ello solo enriquecería esa labor creativa.
De lo que se trata es de lograr el mejor proyecto. Y este no lo tenemos aún con lo que acaba de aprobar la Asamblea Nacional en julio de 2018. El propio compañero Raúl Castro hizo un llamado en el debate parlamentario sobre el anteproyecto de Constitución a no querer resolver ahí todos los problemas, pues la consulta popular se encargaría de ello. ¡Cuidemos entonces la calidad de ese debate popular y del perfeccionamiento del actual proyecto!
No olvidemos un detalle: el ciudadano quiere verse reflejado en el nuevo texto constitucional. No lo estará en todo, por supuesto, pues se trata de la búsqueda de consensos. Pero sí debe ver que, en asuntos claves no precisos ahora en el anteproyecto, susceptibles de mejora, lo tuvieron en cuenta para su perfeccionamiento. De lo contrario, reflejará su descontento en el referendo, y la sociedad socialista cubana necesita el mayor consenso social posible, es decir, una Constitución que tenga la aprobación del mayor número posible de ciudadanos. Y no lo lograremos simplemente con arengas y vagos “argumentos” de que su no aprobación acarrearía, prácticamente, un “desequilibrio nacional”. La gente, con su cultura política, ya está en otro nivel de análisis: quiere que su participación en la formulación de propuestas y en la toma de las decisiones políticas más trascendentes del país se libere de todo formalismo y sea cada vez más real y efectiva.
No hay que olvidar tampoco que la sociedad se mueve no solo económicamente, y mucho menos solo jurídicamente; de hecho, en este último aspecto no tenemos una situación demasiado favorable por la claramente insuficiente cultura jurídica que tiene la población (aportaríamos más argumentos en otra publicación). La sociedad se mueve también en la política, la cultura, la ideología y en sus estructuras y relaciones socioclasistas. Surgen nuevos espacios de debate –muchos al margen de las instituciones y las organizaciones reconocidas “oficialmente”-. Redes sociales, sitios web, revistas digitales, boletines electrónicos, ponencias en eventos, cartas, recomendaciones, cuestionamientos, inundan las mentes por vías múltiples. Las opiniones expresan diversas posiciones políticas –algunas contrapuestas– como ya se explicó. Ignorar eso no es conveniente. Abandonar espacios, tampoco.
Vale destacar en esta coyuntura que entre esos espacios no ocupados a tiempo para el debate político público organizado desde las instituciones y organizaciones reconocidas por el Estado se encuentra el tema constitucional, el cual sí ha sido abordado en detalles y desde hace un buen tiempo en los llamados “grupos informales” (también se pueden aportar más argumentos al respecto). Por eso, en este momento, el trabajo debe ser mucho más intenso, profesional, ético-moral, alejado del teque[8], profundamente argumentativo y ampliamente democrático.
Resulta importante, igualmente, poner en manos de la gente la versión última del proyecto de Constitución con suficiente tiempo de antelación antes de ese momento crucial y conclusivo, para que lo estudie y se vea bien representada por la comisión parlamentaria encargada del proceso; para que vaya a votar con el convencimiento de que es un texto muy superior a su versión inicial, mejor que el anteproyecto que se puso a consideración del Parlamento antes de la consulta y más completo, preciso, novedoso y democrático que el proyecto discutido en la consulta popular. Esto también fortalecería la legitimidad del proceso de creación constitucional.
Cuando el compañero Raúl Castro en su discurso en una de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2018 expresaba que las transformaciones del país han estado carentes de integralidad, yo lo interpreto precisamente como eso: no siempre se han tenido en cuenta ni todas las condiciones y factores involucrados en los procesos, ni todos los sectores que pueden aportar al debate, ni todos las disciplinas y enfoques de análisis. No se debe posponer más la integración del trabajo económico, político-jurídico, social, cultural, ideológico, ético, ecológico, académico, científico, tecnológico e innovador en un solo haz de acciones transformadoras.
Hagamos todos un mayor estudio y uso de los textos científicos, jurídicos y políticos más trascendentes, novedosos y creativos a nivel nacional, regional y mundial y menos del Pequeño Larousse Ilustrado y la Wikipedia. Que los científicos sociales, en calidad de colaboradores, estén cada vez más presentes en los análisis y la contribución a la toma de decisiones. Si bien es cierto que el trabajo de expertos, por sí solo, no es democracia, también lo es que sin ella democracia corre el riesgo de ser insuficiente en contenido y exigua en argumentos, por tanto poco atractiva a las grandes masas. Entonces, seguramente, habrá que intensificar las acciones para coadyuvar a una relación más estrecha y armónica entre ciencia social y política, entre resultados científicos y formulación y toma de decisiones políticas.
Todo ello ayudaría a entender el concepto de sistema social que se propugna: o el socialismo es próspero, sostenible, más humano y más democrático que el capitalismo o, sencillamente, no es socialismo.
La reforma constitucional como contribución a la actualización del modelo político. A manera de conclusión.
Las presentes consideraciones aspiran a ser una modesta aportación a la consulta popular que se ha convocado. No son un texto científico ni tienen otras pretensiones. No se ha querido tampoco analizar el articulado del anteproyecto de Constitución, sino solo detenerse, por el momento, en algo crucial: la consulta popular, sin cuya calidad no habrá un texto constitucional realmente trascendente.
Habría que continuar insistiendo en todos los escenarios de discusión que la conceptualización y actualización del modelo no deben tener un carácter restringido a lo económico y social, sino que deben referirse, de manera vital y esencial, al modelo integral de desarrollo socialista. Y en la construcción de este modelo, la Constitución es su elemento regulador fundamental y su mecanismo político de consenso más evidente y efectivo. Atender esto es un asunto de responsabilidad ética, profesional y política, y elevaría la capacidad para alejar por completo ciertas manifestaciones de ingenuidad política.
En publicaciones anteriores del autor se ha destacado que “la actualización del modelo político debe desempeñar un papel más relevante en el debate público en busca del consenso nacional que permita que la población cubana se sienta partícipe y protagonista de los cambios, para que los pueda acompañar con mayor conciencia, entusiasmo y honestidad… Para que, en acción coordinada, efectiva y legitimada de todos los actores políticos y sociales revolucionarios, integre con más fuerza, a las iniciativas “desde arriba” (dirección del Partido o el Gobierno), las propuestas “desde abajo”, la promoción de decisiones desde sus propias bases. Para preservar y fortalecer el carácter socialista, la unidad del pueblo, la continuidad de su poder, la soberanía y la independencia nacional”[9].
La creación de la nueva Constitución socialista para 2019 en Cuba viene a ser una contribución decisiva a este proceso de actualización del modelo político, que comienza a ofrecer mayor integralidad a las transformaciones en curso.
Es factible hacer de este proceso de construcción de la nueva Constitución Política del Estado hasta su aprobación en el referendo, una de las experiencias más trascendentes de la práctica político-participativa cubana de todos los tiempos, comparada solo, en opinión de este autor, con cuatro acontecimientos históricos similares:
– el proceso de discusión y aprobación en referendo de la primera Constitución Socialista en Cuba entre 1975 y 1976,
– el debate político nacional alrededor del Llamamiento al IV Congreso del Partido Comunista en 1990 –que ya contenía un avance de las propuestas de reformas políticas y económicas para esa década–,
– el desarrollo de los parlamentos obreros en 1994 –expresión genuina, novedosa e inédita de la llamada parlamentarización de la sociedad–
– y el debate político nacional mediante el cual se sometió a examen el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución entre 2010 y 2011 –manifestación de amplia participación ciudadana real y efectiva–.
Si así sucede, entonces este proceso en su conjunto se va a convertir en la reforma política y jurídica más importante de la sociedad cubana actual y marcaría ya, desde su comienzo, el inicio de una nueva etapa de desarrollo del sistema político cubano.
El inicio inmediato y el movimiento sostenido en el cumplimiento de los nuevos preceptos de la Carta Magna –que son numerosos y complejos en correspondencia con la reforma total que se propone– serían la continuidad y fortalecimiento de la legitimación política. Esto sucedería también con el emprendimiento sin dilaciones del trabajo en la nueva Ley Electoral, una de las leyes más trascendentales en el orden político y jurídico. No es una simple ley y no es solo una ley; su impacto en la sociedad toda y a nivel internacional sería sensible. Por ello, el articulado de la nueva Constitución referido al sistema electoral debe tener la formulación más precisa y novedosa posible. Y la nueva ley electoral debería seguir el “mismo ritmo”. ¿Se mantendrá la intención de realizar una consulta popular en relación con la nueva ley electoral, idea que se había deslizado en algunos debates precedentes? Es una demanda muy importante de la población desde hace tiempo. Es recomendable hacerlo. No escatimar esfuerzos para que así sea; los recursos no serían tan significativos, y no habría que determinar o calcular la realización de esa demanda solo con métodos cuantitativos, sino observar que responda de manera más verídica a la conveniencia política y al fortalecimiento de la legitimación del sistema socialista. No le dejemos solo a la Asamblea Nacional esa alta responsabilidad. ¡Acompañémosla! Ella también deberá ser reformada.
Todo ello retrotrae al pensamiento de Fidel Castro, especialmente a su discurso por el 60 Aniversario de su ingreso a la Universidad de La Habana, pronunciado en el Aula Magna de esta Alta Casa de Estudios el 17 de noviembre de 2005, alocución que, al entender de este autor, tuvo un gran impacto nacional y mundial. Fue una oportunidad de reflexión acerca de la interrogante formulada por Fidel: “¿Es que […] los hombres pueden hacer que las revoluciones se derrumben?”[10] o su afirmación sobre la posibilidad real de que “esta Revolución puede destruirse […], …y sería culpa nuestra”[11]. Fue una ocasión importante para meditar nuevamente acerca de preguntas formuladas por Fidel en aquel discurso: ¿Puede ser o no irreversible un proceso revolucionario?, ¿cómo se puede preservar o se preservará en el futuro el socialismo?[12]; y para la concientización de que la vía de lograr esto último es superar los propios dogmas, doctrinarismos, deficiencias y errores, y emprender las transformaciones necesarias que conduzcan al perfeccionamiento del socialismo como sistema.
Todo ello –léase la transición al socialismo– sólo puede hacerse irreversible si se perfecciona el poder político socialista y este, a su vez, puede hacerse realmente irrevocable si se legitima permanentemente a través, ante todo, de la promoción de la participación popular cada vez más amplia, activa, directa, sistemática, creativa, real y efectiva, en la formulación de propuestas y en la toma de las decisiones políticas estratégicas del país. Y si, a través de este proceso, logra desarrollar la satisfacción, con sentido ecológico, de las necesidades racionales –materiales y espirituales fundamentales– de los individuos, la mayor justicia social posible y un creciente desarrollo de la verdadera democracia. Solo así será viable la idea de un socialismo próspero, sostenible, democrático e irreversible.
El nuevo proceso de creación constitucional y los que se desprendan de él –conducidos sin ingenuidad política, pero sin temor a los riesgos, sino gestionándolos adecuadamente– deben conducir a buen puerto al socialismo cubano.
Notas:
[1]Emilio Duharte Díaz es Doctor en Ciencias Filosóficas. Profesor Titular e Investigador de Ciencias Políticas, Ética Aplicada y Estudios Sociales sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Universidad de La Habana. eduharte@gmail.com
[2]Sartori,Giovanni: INGENIERÍA CONSTITUCIONAL COMPARADA. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados, Fondo de Cultura Económica, México, 2003,p. 213.
[3] Ibídem, p. 217–218.
[4]Ossorio,Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 1ra edición electrónica, realizada por Datascan, S.A., Guatemala, C.A.,s/f.
[5]En otro trabajo del autor se han identificado, al menos cuatro posiciones. Ver: Duharte Díaz, Emilio: “Actualización del modelo: ¿solo económico? A propósito de las relaciones entre reformas políticas e irreversibilidad del socialismo en Cuba”, en Revista Universidad de La Habana, №279, 2015, ISSN 0253–9276, y en la base de datos SciELO(Scientific Electronic Library Online — Biblioteca Científica Electrónica en Línea), http://www.scielo.org
[6] Fernando Martínez Heredia: “Situación actual de Cuba y sus perspectivas”, Conferencia magistral en el XVII Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, Oaxaca, México, 14/03/2012, www.cubadebate.cu, Fecha de consulta [30/03/2012].
[7]Sociedad civil cubana entendida en el sentido dialéctico marxista, no como opuesta al Estado socialista, sino como una gama de actores políticos críticos de la actuación de ese Estado pero, al mismo tiempo, partícipes activos en la construcción de una alternativa socioeconómica, política, cultural y social anticapitalista, antidominación, antihegemónica, antineoliberal, en síntesis, también socialista. Esto no excluye el debate y el carácter problémico de una definición de este tipo, que hoy es mucho más heterogénea, pero que, en opinión de este autor, debe superar la visión mediática categórica y absolutizadora creada e impuesta desde las élites de poder, especialmente de Estados Unidos y la Unión Europea, según la cual la sociedad civil cubana se restringe a la oposición política que enfrenta al gobierno socialista; tal percepción es, de hecho, cuestionada por algunos especialistas como expresión no de una sociedad civil auténtica, sino caracterizada más como una pretensión de sociedad política de oposición al Estado cubano.
[8]Discurso o conversación frívola, larga, tediosa, ligera, veleidosa e insustancial.
[9]Duharte Díaz, Emilio: Ibídem.
[10]Fidel Castro Ruz: Discurso pronunciado en el Acto por el 60 aniversario de su ingreso en la Universidad de la Habana, Aula Magna de la Universidad de La Habana, 17/11/2005, Versiones Taquigráficas — Consejo de Estado, http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2005/esp/f171105e.html, p. 27. Fecha de consulta: 10/12/2005.
[11] Ibídem, p. 32.
[12]Ibídem, pp. 30–31.
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