Por Juan Valdés Paz
Fragmento del libro La evolución del poder en la Revolución cubana. Tomos I y II. Rosa Luxemburg Stiftung Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V., Ciudad de México, 2018. Esta obra se encuentra bajo Licencia Internacional de Creative Commons 4.0: Atribución-Licenciamiento Recíproco.
El sistema económico
Los principales desafíos planteados al poder revolucionario en el sistema económico en el periodo 1975–1990 fueron la recuperación de los impactos negativos de la fracasada «Zafra de los 10 millones», la instauración de un nuevo modelo económico e iniciar un nuevo ciclo de desarrollo socioeconómico del país.
Continuando las acciones desenvueltas a finales del periodo anterior, este se caracterizó por la implementación de las reformas económicas radicales aprobadas en el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, cuyos principales elementos podemos resumir en ocho puntos: a) una redefinición constitucional y programática de la actividad económica de la Revolución; b) un nuevo Sistema de Dirección y Planificación de la Economía, adecuado a las condiciones de integración del país al CAME; c) una nueva institucionalidad económica; d) un nuevo sistema empresarial; e) un sistema de financiamiento basado en el cálculo económico; f) las directivas del Plan de Desarrollo Socio-Económico para los años 1976–1980; g) el restablecimiento del Presupuesto del Estado; h) un nuevo sistema de estimulación; etcétera. Para la implementación de esta nueva estrategia económica, se creó y se aprobó un cronograma de medidas. Estas reformas le dieron viabilidad económica al poder revolucionario y propiciaron una nueva etapa de crecimiento y desarrollo económico del país.
A partir de 1985 se produjo un nuevo giro en la estrategia económica, congelando el proceso de reformas e introduciendo cambios en el Sistema de Dirección y Planificación Económica, mismos que generaron estos efectos: a) acotaron su implementación y le retrajeron a una mayor centralización de la decisión y los recursos; b) aminoraron la autonomía del sistema empresarial; c) contrajeron la actividad privada; d) disminuyeron las relaciones monetario-mercantiles; y e) produjeron una mayor integración económica con el campo socialista europeo y la URSS.
Podemos resumir los aspectos más destacados de dicha evolución:
a) Propiedad sobre los medios de producción
En este periodo, la estructura de propiedad generada en el lapso anterior, caracterizada por el predominio casi total de la propiedad nacional o estatal, mantuvo iguales características. De igual manera, la capacidad del Estado para administrar eficientemente esa propiedad en los distintos sectores continuó siendo muy inferior a su peso relativo. Las principales variaciones que presentó esta estructura en el periodo fueron:
· La nueva Constitución de la República incluyó una definición taxativa de las formas de propiedad permitidas: estatal socialista, de los agricultores pequeños, cooperativa campesina, de las organizaciones y personal.[1]
· Se incrementaron los traspasos de tierras privadas al Estado, que alcanzaron en 1989 el 80 por ciento de las tierras agrícolas del país. Se legislaron las regulaciones y requisitos para el traspaso por herencia de tierras de agricultores pequeños.[2] Se creó el Registro de la Tenencia de la Tierra.[3]
· Creación de Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) entre los campesinos, que llegarían a abarcar más del 40 por ciento de las tierras de cultivo, dando lugar a la expansión de la propiedad cooperativa en el país.[4]
· Surgimiento de las primeras formas de propiedad mixta.
Las consecuencias de estas definiciones y variaciones fueron una mayor diversificación de la estructura de propiedad, mayor diversificación de los agentes económicos y la recuperación de la cooperación agraria.
b) Nuevo Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE)
La más importante de las reformas a la institucionalidad económica existente a fines de los años setenta fue la promoción de un nuevo modelo de organización y gestión económica, denominado oficialmente Sistema de Dirección y Planificación Económica (SDPE). De todos los componentes de la reforma, fue éste el que hizo más palpable la influencia de la experiencia soviética. La suerte de este Sistema de Dirección a lo largo del periodo se puede ilustrar con algunos de sus momentos más relevantes:
En diciembre de 1975, el Primer Congreso del PCC aprobó la propuesta del nuevo SDPE.
- El 16 de enero de 1976, se creó la Comisión Nacional de Implantación del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía, presidida por el primer ministro Fidel Castro y como vicepresidente, Humberto Pérez González.[5] Durante el año, la comisión y las 11 subcomisiones creadas al efecto elaboraron los subsistemas, metodologías, procedimientos y reglamentaciones que regirían a partir de 1977 la aplicación de dicho sistema.
- El 3 de marzo de 1976, se inauguró la Escuela Nacional de Dirección de la Economía, para la impartición de tres cursos. Raúl Castro pronunció el discurso inaugural.
- El 16 de febrero se celebró la Primera Plenaria de Chequeo de la Aplicación del SDPE, en la cual participaron los principales dirigentes del país. En el discurso de clausura se expresó, respecto su implementación, que:
«El Sistema para dar sus frutos necesita varios años todavía. Este quinquenio no podemos esperar ir más allá del establecimiento de todos sus elementos […] incluso el próximo quinquenio no será aún el de la cosecha, sino el del cultivo […] realmente es para el 86–90 que el Sistema deberá estar maduro […] y es para entonces que debemos esperar su funcionamiento a plenitud».[6]
· En noviembre de 1984, se creó el Grupo Central bajo la coordinación del Secretario del Consejo de Ministros, encargado de «supervisar la planificación y ejercer el control sobre la economía».[7]
· En mayo de 1986, el Consejo de Estado emitió el Decreto-Ley núm. 94, en el que se declara conveniente la reorganización de la Comisión de Implantación del SDPE. En su lugar se creó la Comisión Nacional del Sistema de Dirección (CNSD) como un órgano administrativo adscrito al Consejo de Ministros, atendiendo a su condición asesora del Consejo de Estado y de la OACE; como evaluadora de métodos y procedimientos de estimulación material; encargada del perfeccionamiento institucional y empresarial; facultada para autorizar la creación, traspaso, fusión y extinción de empresas u otro tipo de organización económica; promotora de nuevas formas de participación de los trabajadores; como centro de estudio de otras experiencias; coordinadora de investigaciones y estudios en Cuba; redactora de informes al Gobierno periódicamente; y dirigente de las actividades del Instituto Superior de Dirección de la Economía y sus filiales.[8]
· El 25 de junio de 1986, se realizó una reunión en las provincias de La Habana y Ciudad de La Habana, con la participación de representantes administrativos, sindicales y políticos de más 912 empresas, en la cual se examinó críticamente el comportamiento, errores, violaciones y deformaciones ocurridos en las mismas.
· El día 27 de ese mes, se efectuó una reunión ordinaria ampliada del Buró Político del PCC, en la cual se aprobó en principio una evaluación económica y social del año 1985 y primeros meses de 1986.
· La ANPP aprobó en sus sesiones de los día 5 y 6 de julio del Décimo Periodo Ordinario las medidas partidistas, estatales y jurídicas tomadas para erradicar los errores cometidos en la economía y la planificación.[9]
· En 1986 el SDPE quedó sustituido por un nuevo Sistema de Dirección de la Economía (SDE), acorde con el proceso de rectificación en curso.
c) Planificación
El nuevo modelo económico se fundaba en el rescate y mayor desarrollo de la planificación centralizada de las actividades. Para esto se diseñó una nueva metodología de planificación, mediante la cual los agentes económicos debían recibir sus cifras directivas para cada categoría del plan, elaborar y agregar sus propuestas, y operar sobre la base de la ejecución de la versión de plan que le fuera aprobada. Así elaborado, el plan se basaba en los balances materiales sectoriales y nacionales, niveles de actividad previstos, nivel de inversiones, provisión de recursos técnico-materiales, financiamiento, indicadores de eficiencia, metas de producción de bienes y servicios, innovación, etcétera.
Planificación anual. A partir de 1978 y a lo largo de todos los años del periodo, se elaboró mediante la nueva metodología el Plan Único de Desarrollo Económico y Social del Estado, aprobado respectivamente por los Plenos del CC del PCC, como proyectos, y por la Asamblea Nacional del Poder Popular, como leyes.
Planificación quinquenal y perspectiva. El Primer Congreso del PCC aprobó una versión de objetivos de desarrollo en las directivas del Plan de Desarrollo Socio-Económico para los años 1976–1980, que sirvieron de base para una primera versión del plan perspectivo.
En diciembre de 1980, la ANPP aprobó el Plan Único de Desarrollo Económico y Social del Estado para el Quinquenio 1981–1985, acorde con los lineamientos económicos y sociales para ese periodo y aprobado por el Segundo Congreso del PCC.[10]
A partir de 1978, se inició la elaboración de un plan perspectivo hasta el 2020, basado en «la definición de 45 problemas principales para la economía y el desarrollo social del país».[11]
Inversión extranjera. Una de las características del nuevo modelo económico implementado fue su alta tasa de inversión, la cual alcanzaría casi el 27 por ciento del PIB en 1989, aunque con un rendimiento decreciente. A comienzos de los años ochenta se impuso la política de «concluir las inversiones abiertas y concentrar las inversiones en programas priorizados».
La demanda de recursos financieros para el programa de desarrollo aconsejó, acorde con lo previsto en el SDPE, la promulgación en 1981 del Decreto–Ley núm. 50, que autoriza y regulan la asociación económica entre empresas nacionales y extranjeras, capitalistas o socialistas.[12] De hecho, solo en 1989 se crearon las primeras empresas mixtas.
d) Esfera empresarial
El nuevo SDPE implicaba una redefinición del carácter de la empresa socialista y de su papel en el modelo. De acuerdo con esta definición, la empresa tendría personalidad jurídica, autonomía relativa y operaría mediante el autofinanciamiento o cálculo económico restringido. Algunos momentos de este proceso fueron:
· En junio de 1978, la JUCEPLAN emitió la Resolución núm. 187, Procedimiento para la Solicitud y Aprobación de Creación, Fusión o Extinción de Empresas. De hecho, todas las empresas existentes fueron sometidas a revisión y ajustadas a modelos de empresas elaborados para cada sector, rama y actividad.
· En mayo de 1979 se emitió el Decreto-Ley núm. 23, normando las empresas industriales locales. También, se dictó por el Consejo de Ministros, el Decreto núm. 42, Reglamento General de la Empresa Estatal.[13]
· El sistema empresarial evolucionó hasta quedar integrado por Empresas primarias, Uniones de Empresas y Empresas Agroindustriales. Acompañando las tendencias recentralizadoras del Proceso de Rectificación, en julio de 1988, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros emitió un anexo de acuerdos, referido a Normas sobre la Unión y las Empresa Estatales, sobre el movimiento de creación, desarrollo y disolución de empresas. Invirtiendo la anterior tendencia a la desagregación de las empresas ¾que aumentaron de 700 a 3.000 en los años setenta¾, desde comienzos de los años ochenta se inició un ciclo de agregación mediante la creación o fusión de Empresas Agroindustriales y de Uniones de Empresas.[14] Caso particular fue el surgimiento de las empresas cooperativas campesinas, las llamadas Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA).[15] Acorde con la Tesis Agraria aprobada en el Primer Congreso del PCC, desde fines de los años setenta se inició un movimiento de cooperativización voluntaria de las fincas campesinas, que en 1984 alcanzaba su tope con 1.414 CPA, seguido de una tendencia descendente.[16]
· El 15 de febrero de 1982, se inició en San Antonio de los Baños, provincia de La Habana, el experimento de Unión Municipal de Cooperativas con funciones de atención a los campesinos que antes estaban en manos del Estado.
· A mediados de mayo de 1986, se celebró el Segundo Encuentro Nacional de Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), con más de 1.500 participantes.
Cabe observar que la aplicación del nuevo SDPE en el sistema empresarial demoró mucho más tiempo que su reorganización. De hecho, en 1979 solo estaba implementado de forma incipiente en el 61por ciento de las empresas, y en 1980 muchas empresas no disponían aún de los rudimentos del Sistema.
e) Esfera financiera
La estrategia económica de la segunda mitad de los años sesenta supuso una «presupuestación» masiva de las actividades económicas y sociales, la minimización de las relaciones monetario-mercantiles y en gran medida la subestimación del dinero como mediación económica. Con el giro de los años setenta, se restablecieron gradualmente algunos de los mecanismos financieros tradicionales ¾compra-venta, impuestos, administración de precios, etcétera¾, se rescató la planificación financiera de las actividades y se tomaron medidas como la eliminación de alguna gratuidades «indebidas», el ajuste de precios minoristas, el restablecimiento del principio de distribución de acuerdo con el trabajo y la vinculación del salario a los resultados.
Uno de los aspectos más importantes del nuevo SDPE era la utilización de las finanzas como categoría del plan, como mecanismos de regulación y de medición de la economía, así como de incentivación de las actividades productivas. Al efecto se reactivaron viejas instituciones concernidas y se crearon otras nuevas, entre las que destacan:
· Presupuesto del Estado. Desde 1978 se recuperó la elaboración de los Presupuestos del Estado. En julio de 1980, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley Orgánica del Sistema Presupuestario del Estado, antes insuficientemente regulado.[17] En cada uno de los años del periodo, se elaboraron los correspondientes Presupuestos de Estado, que respectivamente fueron aprobados como leyes de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
· Banco Nacional de Cuba. En 1975, el Banco Nacional de Cuba fue convertido en Banco Central del Estado y en organismo financiero de la nación, participando del control económico y financiero del país.[18] El Decreto-Ley núm. 84 del Consejo de Estado, de 1984, estableció el sistema bancario nacional y reguló las funciones del Banco Nacional de Cuba como Banco Central del Estado y órgano rector del sistema.[19] Igualmente, se creó el Banco Financiero Internacional SA (BFI).[20]
· El problema de la deuda externa. La economía del periodo se vio afectada por el creciente endeudamiento externo del país.[21] El 30 de septiembre de 1982, el Banco Nacional de Cuba solicitó a la banca capitalista la reestructuración de la deuda, renegociando 1.200 millones de una deuda de 3.300 millones, dadas las condiciones que confrontaba la economía cubana. Ya en 1985 las dificultades para renegociar la deuda externa, su monto y la lucha desatada en su contra determinaron la declaración de su moratoria en 1986.
· Política de precios. La política de precios se convirtió en un mecanismo de regulación financiera y de apoyo a la estrategia de desarrollo; al efecto, se tomaron medidas en la versión revisada de 1984.
f) La política social
La política social continuó creciendo en este periodo a un ritmo mayor que el PIB; al terminar el periodo, casi la totalidad de la población estaba cubierta por servicios sociales universales y gratuitos, acorde con el mandato constitucional, particularmente en educación, salud y seguridad social.
Así, en 1979 se promulgó la Ley núm. 24 de Seguridad Social, en la que se definían los regímenes de seguridad social y de asistencia social en el país;[22] y en julio de 1983, la ANPP acordó la Ley núm. 41 de Salud Pública.[23]
g) Mercado Libre
De acuerdo con el propósito del SDPE de expandir las relaciones monetario-mercantiles, en abril de 1980 se creó el Mercado Libre Campesino al que podían concurrir los productores ¾pequeños agricultores, cooperativas campesinas, CPA y CSS, los parcelarios y las parcelas estatales de autoconsumo¾ a vender los excedentes sobre las entregas contratadas con entidades estatales. Los precios en ese mercado libre se regirían por la oferta y la demanda.[24]
El 20 de mayo de 1986, bajo el influjo del Segundo Encuentro Nacional de Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA) se suprimió oficialmente el llamado Mercado Libre Campesino; para esto se adujo que ese mercado era un obstáculo para el desarrollo del movimiento cooperativo.
h) Contrato
El nuevo SDPE incluyó la institución del contrato como uno de sus principales mecanismos. En julio de 1978, el Consejo de Estado estableció, mediante el Decreto-Ley núm. 15, las Normas Básicas para los Contratos Económicos y la consecuente obligación de las actividades de suministros, inversiones, construcciones, transportaciones, etcétera, así como la obligación de firmar contratos económicos interempresariales. En la práctica, los contratos entre empresas no comenzaron a operar hasta comienzo de los años ochenta. No obstante su propósito declarado, el contrato no alcanzaría a jugar en este periodo el papel regulador de las relaciones económicas previsto.
i) Arbitraje Estatal
Complementando la institución del contrato, en julio de 1978 el Consejo de Estado estableció, como otro de los principales mecanismos del SDPE, el Sistema de Arbitraje Estatal,[25] integrado por el órgano de arbitraje estatal nacional, anexo al Consejo de Ministros; los órganos de arbitraje estatal territoriales; y los órganos de arbitraje estatal adscritos a determinados organismos de la Administración Central del Estado.
j) Información económica
La información socioeconómica fue también objeto de regulación en el periodo. Primero, con la creación del Comité Estatal de Estadísticas (CEE) y una red de oficinas territoriales encargada de la captación de la información primaria, y su agregación y entrega a los correspondientes niveles; segundo, estableciendo la información obligatoria por parte de las entidades; y tercero, definiendo como información oficial aquella emitida públicamente o dada expresamente por el Comité Estatal de Estadísticas. Igualmente, la información dada por los organismos estatales referida a su actividad, siempre que ésta no estuviera comprendida entre la que emitiría el CEE.[26]
k) Recursos humanos
La continuidad de la Revolución y su proyecto socialista dieron lugar en el periodo a situaciones, medidas y comportamientos relacionados con los sujetos y actores económicos:
· Fuerza de trabajo. Aunque las tendencias deficitarias de fuerza de trabajo se mantuvieron a lo largo del periodo, la creciente mecanización de la zafra azucarera, el incremento moderado de la productividad y el rescate de la organización del trabajo y el salario favorecieron el incremento del producto económico en casi todos los sectores. Contrariamente al periodo anterior, éste se caracterizó por la paulatina disminución de las movilizaciones de fuerza de trabajo urbana ante la de labores en el campo, sustituyéndolas con formas organizadas y permanentes, particularmente, en apoyo a la construcción y la zafra azucarera; tal fue el caso de los Contingentes y las Microbrigadas.[27] Por otra parte, el nuevo SDPE incluyó la libre contratación de la fuerza de trabajo.
· Organización del trabajo y el salario. La organización del trabajo y el salario sobre nuevas bases dio lugar en el periodo a una profusa legislación. En el espíritu del XIII Congreso de la CTC y acorde con la nueva estrategia económica, a partir de 1973 se produjo una vinculación masiva del trabajo y el salario con base en normas empíricas y fundamentadas. En enero de 1975, en la fábrica H. Upmann se realizó la primera asamblea de información para el estudio de la Organización Científica del Trabajo (OCT). En 1977, 1.900.000 trabajadores, el 76 por ciento de los empleados, laboraban según las normas. El 12 de diciembre del 1979 se efectuó el Segundo Encuentro Nacional de Organización del Trabajo. La reorganización del salario tuvo varios momentos en el periodo. En 1977, se dictó la Ley núm.12 de No Creación de Nuevos Salarios Históricos.[28] A fines de marzo de 1980, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros aprobó una reforma salarial, considerada un precedente necesario a una reforma de precios; esta implicó un monto anual de 600 millones de pesos de incremento del fondo salarial. En mayo de 1988 se aprobó un nuevo aumento a los trabajadores agrícolas manuales. En octubre de 1980, el Consejo de Estado emitió su Decreto-Ley núm. 40, mediante el cual se establece y regula el Contrato de Trabajo.[29] En agosto de 1983, el Consejo de Estado, a instancia de la CTC, emitió el Decreto-Ley núm. 74 que abundaba en su regulación y jerarquización.[30]
· Disciplina laboral. En diciembre de 1977, el Consejo de Estado aprobó el Decreto-Ley núm. 11, Actos y Conductas que Constituyen Violaciones de la Disciplina Laboral, con las medidas disciplinarias correspondientes.[31] El creciente deterioro de la disciplina laboral planteó, a comienzos de los años ochenta, la necesidad de regular un sistema de sanciones por violación de la disciplina laboral, así como de facultades de las administraciones para aplicarlas. El Decreto-Ley núm. 32, de febrero de 1980, estableció pautas al respecto.[32]
· Estímulos materiales. La discusión de los años sesenta sobre «estímulos morales o materiales» quedó zanjada con los acuerdos del Primer Congreso del PCC, a favor del principio de «a cada cual según su trabajo» y de una adecuada combinación de estímulos morales y materiales. En abril de 1981, la Resolución 959 de la JUCEPLAN estableció el Reglamento para la Planificación, Formación y Utilización de los Fondos de Estimulación Material.[33]
· Trabajo por cuenta propia. En julio de 1978, después de una prolongada prohibición, aparece el primer antecedente de normativas sobre el trabajo por cuenta propia, caso del Decreto-Ley núm. 14, Sobre el Ejercicio de Actividades Laborales por Cuenta Propia. Las numerosas restricciones establecidas en esta normativa y en su implementación, así como la campaña contra el enriquecimiento de particulares en los años ochenta, hicieron del trabajo por cuenta propia una actividad marginal en la economía nacional y local.[34]
· Burocracia y funcionariado. Después de una primera contracción de la burocracia y el funcionariado, como efecto de la racionalización y modelación de las instituciones económicas, desde fines de los años setenta y en los años ochenta se produjo un nuevo incremento del personal administrativo.[35]
· Administradores y técnicos. Aunque el sistema de educación pública comenzó a inundar en los años setenta y ochenta a los distintos sectores de la economía con graduados de la enseñanza media y superior, y con aquellos que habían cursado los programas de formación que acompañaron la implementación del nuevo SDPE ¾lo que amplió la calificación de la base de selección de los cuadros¾, el déficit de calificación, el diseño institucional y las malas prácticas administrativas continuaron en un nivel inadecuado.[36]
l) Comportamiento económico y poder
El comportamiento de la economía nacional durante este lapso presentó dos fuertes fluctuaciones: a) una primera etapa en que, siguiendo la tendencia iniciada en el año 1970, entre 1976 y 1985 se alcanzó un notable crecimiento del PIB, con las tasas más altas que todos los periodos anteriores y posteriores;[37] b) una segunda, desde 1986 hasta 1990, en la cual se produjo un sostenido decrecimiento, anticipación del periodo especial que se iniciaría en 1990. Iguales tendencias se presentaron en el comportamiento de la productividad del trabajo y de los medios.
Si bien las reformas y estrategias económicas de los años setenta incidieron en parte en el crecimiento de la primera etapa de este periodo, la estrategia de Rectificación de Errores no pudo frenar la tendencia negativa de la segunda etapa. En ambos casos, el entorno internacional tuvo una influencia decisiva. De hecho, las relaciones de intercambio acordadas con la URSS fueron una condición extraordinariamente favorable en la primera etapa; y el posterior deterioro de entre 25 y 30 por ciento de esos términos de intercambio, una condición altamente desfavorable en la segunda.[38]
Sin embargo, la producción azucarera, entonces la locomotora de la economía nacional, alcanzó en 1978 una zafra azucarera de 8,3 millones de toneladas, la segunda de la historia de Cuba; y en 1989 se logró producir 8,12 millones de toneladas de azúcar. De manera que la variable azucarera dejaba de ser el factor explicativo de su nivel de crecimiento y eficiencia.
Cabe agregar que casi ninguna de las metas planteadas en el Proceso de Rectificación y el Plan Alimentario se alcanzaron. De hecho, la magnitud de recursos naturales, humanos y organizativos que se demandaban para estas metas no estuvo disponible en el periodo y aún menos desde el comienzo del Periodo Especial.
Podemos colegir de todo lo anterior que el poder revolucionario en la economía tuvo iguales fluctuaciones por etapas ¾fortalecimiento en la primera y debilitamiento en la segunda¾ y que a finales del periodo enfrentaba enormes desafíos.
m) Comienzo del Periodo Especial
Desde comienzo del año 1990, final del periodo estudiado en este capítulo, empezaron a presentarse problemas de abastecimiento en gran escala. El 22 de enero de 1990, se informó de dificultades con el abastecimiento de cereales y el suministro de pan a la población. Distintas medidas de ajuste macro y microeconómico comenzaron a implementarse, bajo la declaración de Periodo Especial en Tiempo de Paz del mes de agosto de ese año.
En septiembre, se informaron las modificaciones al sistema de distribución de bienes de consumo. A fines de diciembre de 1990, la ANPP aprobó el llamado Plan Alimentario, continuación del plan homónimo de los años ochenta.
Próxima entrega: La evolución del poder en la Revolución cubana. 1975–1991. El sistema civil.
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Notas:
[1] Cf. Constitución de la República de Cuba de 1976. Temática y legislación complementaria. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1989.
[2] Cf. Decreto-Ley núm. 63, de 1982.
[3] Cf. Resolución núm. 397/87, del MINAGRI, de 27 de octubre de 1987, Registro de la Tenencia de la Tierra.
[4] Cf. Ley núm. 36 de la ANPP, del 22 de julio de 1982, Ley de Cooperativas Agropecuarias.
[5] En el momento de su creación, la Comisión Nacional de Implantación del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía estuvo presidida por el primer ministro Fidel Castro; como vicepresidente, Jorge Risquet; y como secretario, Humberto Pérez González, quien la vicepresidió posteriormente. Humberto Pérez González había coordinado el Grupo de Estudios que bajo la orientación de Raúl Castro elaboró la mayor parte de las propuestas y documentos presentados y aprobados, en el Primer Congreso del PCC. En 1976 Humberto Pérez fue designado presidente de la JUCEPLAN y en 1980, vicepresidente del Consejo de Ministros y elegido miembro del Buró Político del PCC. El 1 de julio de 1985, el Consejo de Estado acordó liberar de sus cargos de vicepresidente del Consejo de Ministros y de ministro presidente de la JUCEPLAN a Humberto Pérez González, nombrando en su lugar a José López Moreno.
[6] Pérez, Humberto. Periodo 1971–1985: antecedentes, hechos y valoración. Inédito. La Habana, 2016.
[7] Cf. Rodríguez, José Luis. Notas sobre economía cubana. Ruth Casa Editorial e ICIC Juan Marinello, La Habana, 2011.
[8] Cf. Decreto-Ley núm. 94, del 22 de mayo de 1986, que creó la Comisión Nacional del Sistema de Dirección de la Economía.
[9] «En esa ocasión se acordó una política que, sin abandonar el cálculo económico, introdujera factores de movilización política capaces de asegurar el equilibrio necesario en la dirección social». Cf. Rodríguez, José Luis. Op. Cit.
[10] Cf. Ley núm. 30 de la ANPP, del 26 de diciembre de 1980.
[11] Cf. Rodríguez, José Luis. Op. Cit.
[12] Cf. Decreto-Ley núm. 50, del 29 de diciembre de 1981, Sobre la Inversión Extranjera.
[13] Cf. Decreto-ley núm. 42, del 24 de mayo, Reglamento General de la Empresa Estatal.
[14] Se estimaba que en 1989, 61 Uniones de Empresas generaban el 60 por ciento de la producción agrícola, industrial, de construcción y de transporte, empleando para esto un tercio del total de la fuerza de trabajo del país. Cf. Mesa-Lago, Carmelo. Breve historia económica de la Cuba socialista. Alianza Editorial, Madrid, 1994.
[15] Cf. Ley núm. 36, de 1982, de Cooperativas Agropecuarias, que regula a las cooperativas campesina, Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y a las Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS). Cf. Decreto núm. 159 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, del 20 de septiembre de 1990.
[16] Cf. Valdés Paz, Juan. Los procesos de organización agraria en Cuba. 1959–2006. Fundación «Antonio Núñez Jiménez» de la Naturaleza y el Hombre, La Habana, 2010.
[17] Cf. Ley núm. 29 de la ANPP, del 3 de julio de 1980, Ley Orgánica de los Presupuestos, que derogó la Ley 1084, de 1962.
[18] Cf. Ley núm. 1298, del 4 de octubre de 1975, que redefinió las funciones del Banco Nacional de Cuba.
[19] Cf. Decreto-Ley núm. 84 del Consejo de Estado, del 18 de septiembre de 1984, que reestructuró el sistema bancario.
[20] Ídem.
[21] La deuda externa cubana que en 1969 ascendía a 291 millones de dólares, en 1982 alcanzaba los 3.000 millones, y en 1989, los 6.165 millones. Cf. Rodríguez, José Luis. Op. Cit.
[22] Cf. Ley núm. 24, de 1979, de Seguridad Social.
[23] Cf. Ley núm. 41 de la ANPP, del 10 de noviembre de 1983, de Salud Pública; y Decreto núm. 139, del 4 de febrero de 1988, Reglamento de la Ley de Salud Pública.
[24] Cf. Decreto núm. 66, del 3 de abril de 1980, Reglamento del Mercado Libre Campesino. También, Decreto núm. 106 del Consejo de Ministros, del 28 de agosto de 1982, que establece el Reglamento del Mercado Libre Campesino.
[25] Cf. Decreto-Ley núm. 23, del 3 de julio de 1978, del Sistema de Arbitraje Estatal.
[26] Cf. Decreto del Consejo de Ministros, del 15 de marzo de 1980.
[27] Caso paradigmático fue el abanderamiento por Fidel Castro del Contingente de Constructores «Blas Roca Calderío», a cargo entonces de construir el tramo Habana-Pinar del Río de la Autopista Nacional.
[28] Cf. Ley núm. 12, de 1976, No Creación de Nuevos Salarios Históricos.
[29] Cf. Decreto-Ley núm. 40 del Consejo de Estado, del 16 de octubre de 1980.
[30] Cf. Decreto-Ley núm. 74, del 9 de agosto de 1983.
[31] Cf. Decreto-Ley núm. 11, del 14 de diciembre de 1977.
[32] Cf. Decreto-Ley núm. 32, del 16 de febrero de 1980. También, Decreto-Ley núm. 123 de Disciplina Ferroviaria.
[33] Cf. Resolución núm. 959, de la JUCEPLAN, del 13 de abril de 1981.
[34] Cf. Decreto-Ley núm. 14, del Consejo de Estado, del 3 de julio de 1978.
[35] Según Mesa-Lago, entre 1973 y 1984, el personal administrativo casi se triplicó, pasando de 90.000 a 250.000. Mesa-Lago, Carmelo. Op. Cit.
[36] En 1984, aproximadamente la mitad de los directores-gerentes de empresas y agencias centrales no habían recibido formación en escuelas de dirección. Cf. Ídem.
[37] Entre 1976 y 1980 la economía creció a un 4,1 por ciento, promedio anual del PIB, y entre 1976 y 1990, al 4,2 por ciento. Cf. Rodríguez, José Luis. Op. Cit. Por otra parte, Humberto Pérez da para el periodo 1976–1980 un crecimiento de 7,2 por ciento, y para la etapa 1976–1985, un crecimiento promedio del 5,3 por ciento anual. Cf. Pérez, Humberto. Op. Cit.; y «En el 40 aniversario del Primer Congreso del Partido». En Dossier de Temas, 2015.
[38] Cf. Pérez, Humberto. Op. Cit.; y «En el 40 aniversario del Primer Congreso del Partido». Op. Cit.
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