Por Nathalia Maringolo
Intervención en el panel «Experiencias latinoamericanas en la lucha por una Educación Integral con enfoque de género y derechos sexuales». Este trabajo forma parte del Dossier «Mirada interdisciplinar, transterritorial y popular al Programa de Educación Integral de la Sexualidad en Cuba».
https://medium.com/la-tiza/por-una-educaci%C3%B3n-para-la-libertad-a2f517850fa6
En 2004 surge un portal de internet llamado «Movimiento Escuela Sin Partido» (ESP), que se define como una «iniciativa conjunta de padres y alumnos preocupados con el adoctrinamiento político e ideológico que está ocurriendo en las escuelas durante los últimos 30 años, cuyo objetivo es combatir y denunciar un ejército de militantes travestidos de profesores».
Es interesante que se ponga en este marco temporal, porque hace más de 30 años Brasil salía de una dictadura militar y pasaba por un tímido y problemático proceso de redemocratización. Cuando se señala que los problemas de «adoctrinamiento» comienzan en ese período, queda bastante fácil percibir qué tipo de educación y sociedad el llamado «movimiento» defiende.
Otra información relevante es que, aunque se autoproclame como «movimiento» de «padres y alumnos», esos padres y alumnos nunca aparecen pública y presencialmente para defenderlo. La única figura pública que habla en nombre del «movimiento» es un abogado, exprocurador del estado de San Pablo, llamado Miguel Nagib, un individuo sin expresión política hasta entonces.
Las propuestas del «movimiento» son básicamente dos: la creación de un canal de denuncias anónimas que serían encaminadas al Ministerio Público y la publicación de carteles en todas las escuelas y salas de aula que describan los «deberes del docente». Esos «deberes», según el ESP, se resumen en no descalificar las creencias personales y religiosas de los alumnos y familias, y sólo tratar de conocimientos que el ESP considera «neutrales». Aquí se percibe la disociación entre el acto de educar (del terreno moral, de valores, propio de la familia y de la religión) y el acto de instruir (con una visión tecnicista de la enseñanza, que se supone neutral y por eso mismo disimula las relaciones sociales, siendo, por lo tanto, actividad marcada por una ideología — apologética — del capitalismo, de la meritocracia, etcétera).
Según Nagib, una de las referencias del ESP es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), un tratado internacional firmado por los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que en su artículo 12 afirma que «los padres tienen derecho a que sus hijos reciban educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones». Ese artículo, según juristas y estudiosos, tiene como objetivo proteger el espacio privado de creencia y libertad de conciencia, siendo inadecuado en su aplicación para instancias públicas. El ESP descontextualiza e instrumentaliza ese artículo para distorsionar e imponer una definición de lo que serían conocimientos válidos y legítimos, porque supuestamente son «neutrales».
Otra «inspiración» del ESP es el Código de defensa del Consumidor, según Nagib, que transforma la educación en mercadería de una relación de consumo:
El Código de Defensa del Consumidor interviene en la relación entre proveedores y consumidores para proteger a la parte más débil, que es el consumidor, y tomador de servicios que son prestados por los proveedores. De la misma manera, nuestra propuesta interviene en la relación de enseñanza-aprendizaje para proteger la parte más débil de esta relación que es el estudiante, aquel individuo vulnerable, que se está desarrollando.[1]
De 2004 a mediados de 2011, ESP no tiene gran visibilidad y se restringe a grupos, hasta entonces bastante específicos, nostálgicos de la dictadura militar. El «movimiento» comienza a tener visibilidad y capilaridad cuando levanta la bandera del combate a la «ideología de género», expresión que comienza a circular en documentos y discusiones dentro del catolicismo en los años noventa, pero que será capitalizado por otros sujetos con posterioridad. ¿Qué cambió de 2004 a mediados de 2011?
En ese período Brasil vivía, por primera vez en su historia, bajo gestión de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). El PT, aunque su origen en los años ochenta estuviese ligado a los movimientos sociales, de resistencia a la dictadura, sindicales, de intelectuales de izquierda y religiosos de la Teología de la Liberación, en 2002, cuando vence la elección, ya es otro partido. Bastante distanciado de sus bases de origen, y habiendo sufrido un proceso de burocratización, el partido ya se había orientado, por muchos años, al objetivo de la toma del poder a través de la democracia burguesa. Para concretar ese objetivo y esa opción, el PT establece alianzas y compromisos con los sectores más reaccionarios (agronegocio, banqueros, empresarios y grupos religiosos de espectro conservador) que siempre estuvieron en el poder en nuestro país.
Para consolidar y mantener ese proyecto de poder, el partido gobierna a través de la conciliación entre políticas neoliberales ortodoxas e inclusión social por medio de la expansión del crédito (inclusión que se da por el consumo, no por una transformación estructural en las relaciones económicas y de poder). Ese «neoliberalismo» de apariencia progresista e inclusiva muestra sus mediocres límites en pocos años: en 2013 se deflagran manifestaciones en todo Brasil que, aunque originalmente fueron convocadas contra el aumento del pasaje del transporte público, canalizaron una serie de frustraciones.
La política social de inclusión por el consumo se desmorona a la primera señal de crisis económica, y «conquistas» sociales «se deshacen en el aire».
Durante el mismo período en que el PT gasta todas sus energías en las instancias burocráticas e institucionales, ocurre un proceso de expansión y enraizamiento de las iglesias evangélicas, especialmente aquellas de la Teología de la Prosperidad, bastante afinadas con la idea de inclusión por el consumo, ya que vinculan la acumulación de riqueza material con legitimidad de la fe. Esa expansión se da tanto por las bases, en los espacios de los barrios, como por la vía del Estado, a través de la representación en el parlamento. Se torna una enorme fuerza social que consigue dialogar con las bases de forma orgánica y movilizarlas.
A partir de esta breve contextualización, se torna más fácil entender algunos episodios que ocurrieron en el período: el PT, rehén de su proyecto de poder a cualquier costo, va abandonando banderas históricas de los movimientos que le dieron origen y cediendo espacio y voz a grupos fundamentalistas religiosos. Uno de los ejemplos que traigo es la negativa de la entonces presidenta Dilma Rousseff cuando le preguntaron si defendía la descriminalización del aborto, en las elecciones de 2010.
Otro episodio bastante significativo es la polémica en torno al material producido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en 2011, llamado Escuela Sin Homofobia y apodado por Jair Bolsonaro «Kit Gay». Él alegaba que el material, en realidad, tenía como objetivo atraer menores de edad, sexualizar los niños («obligándolos a tornarse homosexuales») e incentivar la pedofilia. A partir de ese episodio, el entonces desconocido diputado comienza a tener visibilidad y a proyectarse nacionalmente, autoproclamándose defensor de la moral, la familia y los niños inocentes, victimizados por la «ideología de género izquierdista».
Aún en 2011, la presidenta Dilma suspendió el uso del material, lo que no impidió que el llamado «Kit Gay» fuese usado como recurso para amenazar docentes que tratasen de cuestiones relativas a género y sexualidad, y que continuase siendo mencionado para manipular las elecciones desde entonces (inclusive la de 2018, cuando el ministro de Educación del gobierno del PT de 2011, Fernando Haddad, compitió con Jair Bolsonaro y perdió).
En el período que va de 2012 a 2015 entraron en discusión los Planes de Educación a nivel nacional, estadual y municipal. Los planes, que establecen las metas y directrices que orientan las políticas educacionales, fueron duramente disputados por los sectores religiosos conservadores (principalmente católicos y evangélicos) para que no contuvieran, en su texto, incentivo a tratar contenidos de género y sexualidad. Para eso, los pastores y sacerdotes alertaron a los fieles en los cultos y misas de que los planes de educación contenían una amenaza a la familia y a la moral y que era necesario exigir la retirada de los artículos del texto referentes a la «ideología de género». Las iglesias enviaron ómnibus llenos de fieles «envenenados» por la prédica a las cámaras legislativas. En diversos municipios no se consiguió discutir el plan y los artículos que se referían a la educación de género y sexualidad fueron suprimidos.
¿La supresión de los artículos consiguió impedir que esos temas fueran tratados en salas de aula? Sí y no. SÍ, porque muchos docentes, cuando no eran denunciados, se sintieron intimidados y presionados a partir de esos episodios, y muchos sufrieron persecución y despidos (principalmente los docentes de escuelas particulares, más vulnerables a ese tipo de presión).
Pero la respuesta también es NO, porque, muchas veces, son los propios alumnos quienes demandan el tratamiento de esos contenidos y discusiones. La importancia de la educación sexual y de género aparece, inclusive, entre las pautas de la ola de ocupaciones de escuelas que ocurrió en 2015 en todo el país: luchando contra el cierre y la militarización de las escuelas,[2] los estudiantes dieron una lección de autorganización y democracia de base, y las discusiones sobre diversidad de género y comportamientos patriarcales eran recurrentes.
Es interesante recordar eso, pues muestra que la escuela, por más que sea un espacio extremadamente autoritario, está en disputa. Y, muchas veces, aún es un lugar donde se puede obtener acogimiento o pedir ayuda, como ya testimonié en algunas ocasiones.
Muchas veces las violencias de género y sexualidad ocurren en el espacio doméstico, y la escuela puede acoger la denuncia y encaminarla. Por eso la importancia de tratar esos asuntos en el ambiente escolar: silenciar esos temas, muchas veces, es cubrir a los abusadores. En Matão, ciudad donde trabajo, descubrieron que dos niñas de nueve años estaban siendo violentadas después de una clase sobre sexualidad y género. Las niñas sólo consiguieron elaborar e identificarse como víctimas después de esa actividad.
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Traté de hacer esa contextualización para explicar cómo fue nuestra experiencia en el municipio de Araraquara con ESP. La propuesta de discutir el proyecto de ley llega aquí en abril de 2018, por medio de la articulación entre un concejal que es también comisario de policía y de un militante bolsonarista y evangélico, que intentaba formar un núcleo conservador militante y partidario en la ciudad (2018 era el año de elecciones y Bolsonaro concurría por el Partido Social Liberal — PSL, un partido que existía desde 1994, pero que tenía poca expresión y buscaba expandirse aprovechando la ola bolsonarista).
Para debatir el proyecto, fue convocada una audiencia pública en la Cámara Municipal, y llamaron a algunos militantes bolsonaristas del núcleo de la ciudad de San Pablo (uno de ellos es hoy diputado estadual, elegido por el PSL). El comisario fue a un programa de radio local para convocar a la audiencia y defender el proyecto. Dos docentes participaron con él de la mesa en el programa de radio y criticaron el proyecto. El comisario, que había presentado el proyecto sin mucho conocimiento del asunto, no supo defenderlo y pasó vergüenza en vivo y por audio. Mientras tanto, se organizaba una movilización de un grupo de docentes de enseñanza básica, estudiantes secundarios, madres y padres de estudiantes, alumnos y profesores de la universidad y otras personas de la ciudad. No era una movilización totalmente espontánea: eran personas y grupos que ya habían compartido otros espacios de lucha antes (huelgas docentes, movimiento estudiantil universitario, ocupaciones de escuela, etcétera).
El día de la audiencia (12 de abril de 2018), cuando llegaron los 10 militantes bolsonaristas de la capital del estado a la Cámara Municipal de Araraquara, encontraron cerca de 600 personas movilizadas contra el proyecto. Además de ser una cantidad bastante significativa, hasta histórica para el porte de la ciudad, lo más importante fue la composición cualitativa, descrita antes, de esa movilización. A lo largo de la audiencia tomaron la palabra estudiantes secundarios, docentes, madres y padres, y los defensores del proyecto se amedrentaron: se negaron inclusive a componer la mesa y a discursar, aunque había espacio y tiempo reservado para ellos. La multitud exigió, después de todas las ponencias, que el proyecto fuese retirado de la Cámara y así ocurrió. Al final de la audiencia, los defensores del proyecto huyeron por la puerta del fondo de la Cámara Municipal, en la van que los había traído de la capital.
Si en Araraquara tuvimos esa experiencia victoriosa, no fue así en la mayoría de los municipios. En el país tramitaron 147 proyectos de ley (siendo 108 del movimiento ESP y 39 «contra contenidos de género en las escuelas»), 114 en el ámbito municipal. A pesar de haber sido aprobados sólo en 18 municipios — y después haber sido revocados por el Supremo Tribunal Federal (STF) — por ser inconstitucionales, en 2020, la propia acogida y tramitación de los proyectos en los espacios legislativos dio voz, fuerza y visibilidad a ideas conservadoras, reaccionarias, fundamentalistas y fascistas, así como a figuras y grupos que hasta entonces no tenían ninguna expresión política.
Hay que pensar que ese era, en realidad, el gran objetivo: el proyecto era claramente inconstitucional y su proponente original, un abogado, ya lo sabía. Fueron victoriosos, en ese sentido, en conquistar una parte sustantiva de la opinión pública que desconfía (y con razón) de los partidos políticos tradicionales y del Estado.
Notas
[1] Miguel Nagib, en Audiencia Pública en el Senado Federal realizada el 1ro/9/2016.
[2] Muchas escuelas fueron entregadas a la administración de la Policía Militar (policías estaduales).
*Nathalia Maringolo es militante docente, profesora de sociología de la red pública de enseñanza básica en Brasil.
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