Introducción a la serie de artículos publicada en Science & Society por el 65 aniversario de la Revolución cubana
Por La Tizza
La Tizza comenzará a compartir desde hoy varios artículos sobre la actualidad de la Revolución cubana, cedidos para su publicación en español por la revista marxista estadounidense Science & Society (S & S). Los textos, aparecidos en el más reciente número, dedicado al 65 aniversario de la Revolución, ofrecen un balance adecuado del momento político del país, incorporan a su análisis una imprescindible perspectiva histórica y no esconden su toma de partido por el relanzamiento y profundización del socialismo en Cuba. Presentan, en general, una gran afinidad con los desvelos y apuestas que han caracterizado a La Tizza desde su fundación. No obstante, es inevitable y necesario aprovechar la ocasión para compartir nuestro criterio editorial sobre el contexto tan agudo que estamos viviendo.
El balance de las políticas adoptadas en los últimos cinco años se presenta a primera vista como una sucesión de contradicciones, inconsistencias y resultados no esperados. Ese balance está marcado por factores y acontecimientos sobre los cuales no teníamos control — tales como el recrudecimiento del bloqueo, la pandemia de la Covid 19, la guerra en Ucrania, la inflación internacional, entre otros—, pero el propósito de toda acción política, más aún si se trata de una política revolucionaria, es vencer los obstáculos que se le presentan para llevar adelante sus metas. Es aquí donde se hace evidente que las decisiones tomadas en materia económica han sido inefectivas e, incluso, han contribuido a agravar los problemas. La imagen de nuestro Estado en el último lustro se asemeja bastante a la de un caminante que se pone zancadillas a sí mismo.
Un diagnóstico complaciente de la magnitud de los errores impide determinar la fuerza necesaria para superarlos, impide comprender la rabia y la tristeza que se nos agolpan adentro.
Por eso, vale la pena hacer el inventario y contrastar los objetivos planteados, las acciones realizadas y los resultados alcanzados en momentos relevantes del pasado reciente:
1) En 2019, cuando se buscaba la unificación monetaria y cambiaria, fueron creadas las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC), las cuales introdujeron una tercera moneda y segmentaron aún más los mercados. Luego, en 2021, cuando se buscaba salir de la crisis económica pandémica — y luego de haber ampliado las tiendas en MLC— se implementó la unificación monetaria y cambiaria, que alimentó la inflación y la pérdida de control sobre el mercado informal de divisas y se convirtió en el camino más largo para volver a la multiplicidad monetaria y cambiaria. Hoy podemos decir, dolorosamente, que con la Tarea Ordenamiento no se avanzó en ninguno de los objetivos planteados: ni se incrementó el papel de la moneda nacional, ni mejoró el poder adquisitivo de los salarios, ni se incentivaron las exportaciones.
2) Desde hace años, se pretende alcanzar la soberanía alimentaria, la sustitución de importaciones, el incremento de las energías renovables, la superación del problema de la vivienda, la economía basada en el conocimiento y la innovación. En contraste, la inversión en la agricultura y en la industria ha sido escasa. En 2022, por ejemplo, el 37.4 % de lo invertido se concentró en el turismo y solo un 2.6 % correspondió a la agricultura,[1] y en 2023 sucedió algo similar.[2] Este problema es reflejo del predominio de un modelo extensivo, cortoplacista, importador y dependiente, que alcanza en el turismo su máxima expresión. Se ha permitido que este sector retenga una parte significativa de los fondos de inversión en tiempos de dudosa rentabilidad, lo que ha debilitado la estrategia de desarrollo.
3) En 2021, cuando se buscaba incrementar la producción y la exportación para superar la inflación, recuperar el control sobre la moneda, reducir el déficit fiscal y atenuar la desigualdad, se liberalizó y amplió el sector privado. El sector privado capitalista privilegió, como era de esperar en un escenario de oferta deprimida, aquellas actividades donde podía obtener mayores ganancias y de forma más rápida, es decir, actividades importadoras y de servicios. Esto alimentó la devaluación de la moneda nacional, al incrementar la demanda sobre el mercado informal de divisas — previamente descontrolado por el shock externo y la Tarea Ordenamiento— que capturó crecientes cuotas de las mismas divisas que obtiene el Estado para los objetivos sociales. La política hacia el sector privado no solo ha contribuido a sabotear la Tarea Ordenamiento, sino también los objetivos recaudatorios de las propias tiendas en MLC. Hoy en día este sector es proveedor o presta servicios de manera habitual al Estado en actividades como la construcción, la gastronomía o la reparación de vehículos, que transan a altos precios, de modo que, por un lado, se erogan grandes sumas del Presupuesto y, por el otro, se subdeclaran ingresos. Como resultado, se incrementa el déficit fiscal.
Los documentos rectores establecen que el sector privado jugaría un papel complementario en la economía. Sin embargo, su encadenamiento con el sector estatal para la producción y la exportación es escaso y existen actividades completas en las que ya ocupa el papel principal, por lo que sus actores tienen la posibilidad de descargar sobre los consumidores el costo de la crisis.
La mayor parte de las empresas del sector privado, tal y como se ha configurado, dan la apariencia de crear nueva riqueza, pero en realidad se apropian de una parte de la riqueza generada en otros sectores, que pasa a ser distribuida en forma más desigual.
4) En resumen, cuando se buscaba recuperar la justicia social mediante el fortalecimiento financiero y humano del Estado y su acción consciente sobre la sociedad, las políticas adoptadas han contribuido a descapitalizar al Estado, a deteriorar las condiciones de vida de las mayorías y a perder la capacidad para encontrar una salida.
La política económica se ha manifestado como un programa inflacionario, devaluador y dolarizador. En contraste, los salarios del sector estatal han tenido poca variación desde 2021, de modo que el programa ha reforzado la transferencia de poder adquisitivo hacia otros grupos sociales.
Hoy se impulsan medidas para «corregir las distorsiones» — anunciadas en diciembre de 2023—, lo que significa un reconocimiento tácito de que esas distorsiones han sido generadas, en primera instancia, por decisiones institucionales. Sin embargo, el paquete combina medidas a todas luces necesarias con otras que ya están alimentando la inflación…
No podemos afirmar que estos resultados sean intencionales, como lo presenta habitualmente la propaganda contrarrevolucionaria. Las causas son de otra índole. Si nos fijamos bien, la mayor parte de las medidas depositan la solución en arreglos monetario-fiscales y en mecanismos financieros e indirectos de conducción de la economía. Así, se descuida la vieja tesis marxista de que los problemas económicos, sea cual sea su naturaleza, remiten a las relaciones de producción. Aunque las políticas monetarias y fiscales pueden favorecer u obstaculizar, es en el campo de la producción donde se decide la salida de la crisis. Por otro lado,
se olvida que el socialismo procura incrementar la dirección consciente de la sociedad, y que los mecanismos políticos y administrativos de conducción de la economía juegan un papel clave para alcanzar sus metas, como ha demostrado la propia historia de la Revolución.
De hecho, algunos de estos mecanismos han sido reforzados durante la presente crisis, al disminuirse los montos de divisas y utilidades que pueden retener las empresas estatales, para poder asignarlas de manera directa hacia otros objetivos económicos y sociales. Paradójicamente, mientras los mecanismos administrativos han impedido que nos hundamos todavía más, la imagen de la política correcta sigue siendo la del arreglo monetario y la liberalización, con su absoluta ineficacia y su alto costo social.
Ha surgido un nuevo dogma. Un dogma economicista tan arraigado en las alturas que se ha mantenido en medio de una terrible crisis, cuando la política revolucionaria debía imponerse para salvar al socialismo y a la gente, que es lo que espera el pueblo de Cuba. Este dogma, en realidad, es reflejo de un cambio de paradigma en la transición. A grandes rasgos,
el paradigma anterior privilegiaba la movilización del pueblo y la clase trabajadora en función de metas políticas, económicas y sociales. En la actualidad, se deposita el logro de los objetivos en el diseño adecuado de las relaciones económicas — según criterios técnicos— , y se legitima que actores y empresas persigan intereses particulares, los que serían conducidos y regulados de manera indirecta.
Los contenidos específicos de ambos paradigmas han coexistido históricamente y pueden, incluso, complementarse en más de una cuestión; pero debilitar la movilización política tiene graves consecuencias sobre el sujeto económico y el patrón de eficacia propios del socialismo. Por otro lado, el modelo cubano sostiene un amplio régimen de derechos dentro de un país subdesarrollado. Bajo cualquier circunstancia, debe asegurarse el destino social de una gran parte del producto económico. Este rasgo estructural entra en contradicción con el nuevo dogma y se sabotean el uno al otro, generando resultados no deseados y — lo que es peor— desconectando a empresas y trabajadores de la función social de su labor.
En cualquier caso, el paradigma ausente es el del poder popular efectivo, mediante el cual quienes construyen la sociedad pueden controlar la gestión de las riquezas, prever las fallas, defenderse de los errores, asegurar las metas. Esto puede funcionar como un resorte de eficiencia y transformación, y debe aplicarse en primer lugar en la producción y la exportación, cuya drástica disminución está en la base de la crisis y ocasiona una escasez crónica capaz de diluir cualquier receta económica. Hacia las actividades productivas y exportables debe dirigirse toda la fuerza de la sociedad, deben trasladarse los mejores cuadros y debe desarrollarse una fiscalización permanente desde arriba y desde abajo para asegurar un mejor desempeño, mientras se cuida que cada centavo sea bien distribuido. Nada de esto es sencillo, menos aun al observar que una gran parte del pueblo se encuentra desesperanzada y desmovilizada.
Cuando las masas no se activan por sí mismas hace falta la señal poderosa de un cambio, que debería empezar por quienes dirigen.
Para esto no bastan los recientes llamados al control popular y el combate a la corrupción. Mucha gente percibe demasiada impunidad y complicidad con los errores y los problemas, por eso han perdido la fe en la acción transformadora. Quien convoque a la movilización y al poder popular debe dejar claro en su actuar que no habrá tolerancia con la corrupción, ni con el burocratismo, ni con el privilegio, y compartir el poder en verdad, para que sea el pueblo quien alcance la victoria.
Existe el temor de que el crecimiento del poder obrero y popular saque a relucir las contradicciones y desviaciones de nuestra institucionalidad, pero eso daría la posibilidad de combatirlas, de superarlas. Nada nos fortalece más que eso.
Dejemos de poner el manto de Revolución y Socialismo a aquellos factores dentro del Estado que no son revolucionarios ni socialistas.
Asegurémonos de que la voluntad popular se haga cumplir a lo largo y ancho de la estructura institucional. Dotemos a los afectados por las desviaciones y los errores de un poder real para enfrentarlos, y así los recursos llegarán a su destino, la producción crecerá y edificaremos, como decía Fidel, una democracia donde los humildes tienen las armas.
Notas:
[1] Véase el artículo de José Luis Rodríguez que publicaremos próximamente en esta serie: José Luis Rodríguez: «The Cuban Economy in the Last Decade: Balance and Outlook», Science & Society, Vol. 88, №1, 2024, p. 36.
[2] José Luis Rodríguez: «La economía cubana en 2023 y perspectivas para 2024 (II)», Granma, 20 de febrero de 2024.
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