Por Luis Alvarenga, especial para La Tizza
La cuarentena obligatoria en El Salvador ha sido tomada como ejemplar en determinados contextos fuera del país centroamericano, dada su aparente eficacia, al lograr que casi toda la población se mantenga confinada en sus casas para frenar la expansión de la Covid-19. Lo que no logra verse siempre es que la eficacia de la cuarentena obligatoria no está acompañada por la eficacia en las medidas de detección y seguimiento de casos sospechosos de tener el virus. Un ejecutivo de una empresa farmacéutica, de 56 años de edad, falleció en un «centro de contención», término que designa a los lugares destinados a concentrar a los pacientes sospechosos de haber contraído el virus. El paciente, proveniente de Panamá e internado en uno de esos centros, tenía problemas renales y murió al no recibir las atenciones debidas. Este es solo un ejemplo.
Los llamados «centros de contención» no tienen las condiciones adecuadas para albergar a los pacientes. Algunos de ellos son lugares improvisados, como el Polideportivo del municipio Mejicanos o el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, en la capital. Otros, como el Hospital Saldaña, tampoco tienen los recursos necesarios. En los medios circulaban imágenes de estos centros de contención, en los que las camas donde estaban los pacientes se encontraban sin ninguna división entre ellas. Estos pacientes no han tenido los exámenes ni el monitoreo adecuados. El personal médico carece de los recursos básicos para hacer su labor, incluyendo guantes y mascarillas. Ni qué decir de los exámenes para detectar el virus. Mientras tanto, el presidente salvadoreño ha prometido construir en tiempo récord el hospital más grande de la región para destinarlo a la atención del coronavirus.
Si «centro de contención» es un eufemismo acuñado estas semanas para designar a esos lugares donde se concentran a los pacientes sin la atención adecuada; «centro de retención» es el término que hoy por hoy designa a las bartolinas — calabozos — donde se amontonan a las personas capturadas por la policía o los soldados por desacatar la cuarentena. Estos lugares de detención de personas son focos seguros de contagio de la Covid-19.
La medida de capturar a personas en retenes policiales es una muestra de las medidas autoritarias y antidemocráticas que ha tomado el ejecutivo salvadoreño en nombre de la salud pública. Este autoritarismo sanitario se ha traducido en el estado de excepción promovido por Bukele en nombre de la emergencia sanitaria. Teniendo a las espaldas el nocivo precedente de la intentona golpista del 9 de febrero recién pasado, cuando el mandatario ingresó al parlamento respaldado por un vasto contingente de soldados y policías, esto no augura nada bueno. Como tampoco lo auguran las expresiones del mandatario, quien ha acusado a los defensores de derechos humanos de ser cómplices del coronavirus, por cuestionar las detenciones arbitrarias. Muchas de estas detenciones se han dado, por cierto, tras el anuncio del mandatario de dar una ayuda de 300 dólares a familias necesitadas. Al no encontrar sus datos en los listados, muchas de estas personas siguieron la indicación presidencial de abocarse a las agencias gubernamentales distribuidoras de subsidios para inquirir sobre su situación. En diferentes puntos del país se formaron colas enormes, debido a que hay una parte mayoritaria de la población que tiene empleos precarios o se dedica a la llamada economía informal. Estas personas, al no tener empleo fijo, tienen que vérselas con el dilema de morir por el coronavirus o morir de hambre. Así, el aviso presidencial creó un caos, en tanto las agencias gubernamentales no daban la información adecuada a los usuarios. No tardó en aparecer la policía y agredir a las personas con gas pimienta y golpes.
El gobierno ha mantenido un discurso de miedo hacia la expansión de la epidemia, al utilizar datos preocupantes de otros países, para vaticinar que el coronavirus llegará hasta la puerta de cada casa, junto a las amenazas a la población que no acate el confinamiento ni el estado de excepción. El ministro de seguridad pública amenazó con enviar a los centros de retención a cualquier detenido, donde, según sus palabras, «se contagiará con el virus». Las detenciones arbitrarias se multiplican de modo alarmante. El caso más sonado fue el de un hombre joven que fue detenido en un retén policial y recibió disparos de arma de fuego en sus pies de parte de oficial de la policía.
Esta exposición de hechos ilustra el esquema de dominación basado en el control de la población mediante la política del miedo a la enfermedad. El autoritarismo sanitario se acompaña de improvisación y falta de claridad y serenidad para responder desde el gobierno a la crisis. El problema es que en este contexto, el discurso dominante maneja la salud pública como algo contradictorio con los derechos humanos. Esto no se puede equiparar con la preocupación del capital por las pérdidas exclusivamente económicas. Estamos hablando de que con la pandemia del coronavirus, en el país centroamericano se allana el camino para un régimen de control autoritario sobre los cuerpos y las vidas de los ciudadanos, donde la protesta social se criminalice, previo señalamiento y amenaza en las redes sociales — el twitter como «Gran Tribunal», como el dispositivo foucaultiano de vigilancia y de sanción de la opinión dominante, en el que se acusa y condena a los críticos del régimen — .
El final de la cuarentena se avizora como preocupante, pues nada garantiza que las medidas autoritarias y el abuso a todo nivel desaparezcan. Más aún, el peligro es que el estado de excepción deje de ser excepcional y se convierta en algo normalizado. Algo de eso advertía Walter Benjamin.
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