Por Gregorio Selser
Publicado en la revista cubana Referencias, de la Universidad de La Habana: Mayo — Junio de 1970. Versión recuperada de:
La Tizza continúa con esta nueva entrega la recuperación del dossier «Imperialismo y Ciencias Sociales», de la revista cubana Referencias.
Este trabajo del periodista argentino Gregorio Selser constituye una especie de estudio documental que recoge la más variada información sobre la penetración en el campo de las ciencias sociales, especialmente, a través de los métodos elaborados por la contrainsurrección militar imperialista. Dichos métodos han adquirido, en los últimos años, matices muy complejos, operando mediante las universidades y centros de investigaciones norteamericanas, los cuales han sufrido transformaciones sustanciales. Se dedica, además, especial interés a una serie de proyectos de investigación social, estrechamente vinculados con los fines contrainsurreccionales, como el Proyecto Agile — patrocinado por el Departamento de Defensa — , destinado a desarrollar un programa de contrainsurrección en Tailandia y extendido, más tarde, a una serie de países del Tercer Mundo.
Se tenían noticias de su existencia en forma vaga, imprecisa. Se sabía que el presidente Kennedy había dado su visto bueno al proyecto, de modo similar a como había asentido o propugnado la creación de las Special Forces (SF), después conocidas como Green Berets (Boinas o Birretes Verdes) Corps. Y, por supuesto, se descontaba que tendría carácter de «classified», o sea, «clasificado» en el sentido de reservado, ultrasecreto, de divulgación no autorizada. Pero la barrera fue sorteada, como en otros casos similares, al cabo de los años, en cuanto el proyecto pasó del campo restringido militar al menos prejuiciado nivel académico civil. Y así fue cómo primero se supo su nombre, Proyecto Agile, y, más adelante, poco a poco, se conocieron algunas de sus más importantes características.
«Agile» significa literalmente «pronto», «listo», «dispuesto ya» o, más laxamente, «prevenido». Y el Proyecto Agile es precisamente una serie de vastas investigaciones cuya descripción atrae inevitablemente la asociación con el Proyecto Camelot.
Pero, en tanto en este último caso la dominación se revestía del frívolo recuerdo de la mesa redonda a cuya vera debatían lances caballerescos las comparsas del Rey Arturo, en el primero, el apelativo condensa la idea central que preside la creación del objeto: los Estados Unidos quieren estar «siempre listos» como los «boy-scouts», dispuestos y prevenidos para actuar dondequiera asomen los temibles signos de la insurgencia, la rebelión popular, la guerrilla. Y del mismo modo que en el Proyecto Camelot, el Proyecto Agile se propone detectar los signos precursores del estallido con vista a los previsibles paliativos de índole civil o militar.
En forma similar al caso del Camelot, el Agile no está patrocinado por la Central Intelligence Agency (CIA), sino por el Departamento de Defensa, esto es, el «Pentágono» a través de un órgano de sigla musical, ARPA, cuyo desglose indica, empero, que sus sonidos no equivaldrán a arpegios: Defense Department’s Advanced Research Projects Agency (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada — o Acelerada — del Departamento de Defensa). Y del mismo modo que en el caso Camelot, el Agile cuenta con el concurso de venerables lumbreras del campo de la Sociología, la Ciencia Política, la Demografía, la Antropología, la Psicología, etcétera, y con el patrocinio de famosas universidades de Estados Unidos que — y esto es por ahora suposición no confirmada — posiblemente habrán derivado sectores de investigación de campo a centros de estudios extranjeros.
No fue sino hasta el año último que comenzó a descorrerse el velo de misterio que rodeaba al Agile. El «ambiente» pudo ser ablandado gracias a las revelaciones que en su momento hicieron los periodistas Wise y Ross,[1] un equipo de corresponsales del New York Times,[2] y, finalmente, merced al detonador artículo de la revista mensual Ramparts.[3]
Volvemos a insistir: el Proyecto Agile nada tiene que ver con la CIA. Pero la hipersensibilidad reciente de los estudiantes norteamericanos y la contaminación que de su agitación espiritual y moral de los últimos tres años obró sobre los cuerpos profesorales, hicieron que todo proyecto o investigación vinculados con el esfuerzo bélico o con la represión de los movimientos populares del Tercer Mundo fuesen denunciados. Nos referimos, claro está, a las investigaciones realizadas en el ámbito académico por contratos especiales celebrados con organismos gubernamentales, preferentemente los vinculados al Pentágono.
Ya en otro lugar[4] mencionamos estudios de esa índole realizados por el Massachusetts Institute of Technology — MIT — y la participación en asuntos de diplomacia exterior estadounidense de entes tales como la Universidad de Michigan, que operó en el encumbramiento, como personaje político de Viet Nam, del tristemente célebre Ngo Dinh Diem. Y fue precisamente esta alta casa de estudios la denunciada por sus pupilos, los estudiantes, como participando de contratos asignados por el Pentágono para investigaciones «classified».
Denuncia de estudiantes de la Universidad de Cornell
Algo más de un mes antes de que esa denuncia fuese públicamente formalizada, el 9 de septiembre de 1967, el periódico de los estudiantes de la Universidad de Cornell[5] denunciaba que el Cornell Aeronautical Laboratory (CAL) había convenido con el Departamento de Defensa, investigaciones clasificadas con un presupuesto de 1.500.000 dólares, que comprendían programas de contrainsurgencia a desarrollar en Tailandia. En tales programas intervenía además ARPA, pero el CAL debía establecer en Bangkok un Grupo de Investigación y Planeamiento integrado por veinte técnicos, que a la fecha de la denuncia ya operaban en la capital tailandesa y aguardaban refuerzos para enero de 1968. Según el semanario publicado exclusivamente para uso del personal del CAL,[6] el trabajo en Tailandia «incluirá la investigación tecnológica y socioeconómica a fin de recomendar y evaluar la relativa efectividad de diversas opciones en los métodos contrainsurreccionales». Aun el proyecto prevé un periodo de 20 meses de labor, el CAL descontaba un lapso adicional de tareas por un total de cinco años, bajo la dirección de Floyd I. Hill, jefe del Departamento de Proyectos en Washington.
Las investigaciones del CAL tenían conexión — ARPA mediante — con las que realizaba por cuerda separada la Universidad de Pennsylvania a través de subcontratos, sobre la posibilidad del uso de armas químicas y biológicas en las guerras contrainsurreccionales en general y en la de Viet Nam en particular. Se trataba de los proyectos «Spicerack» y «Summit», que incluían armas químicas de defoliación de regiones selváticas y «perjudicación» de cosechas. Según la revista Science (13 de enero de 1967), la Universidad de Cornell recibe entre 500.000 y un millón de dólares anuales para investigaciones «classified» que se proponen «determinar medios eficaces para proporcionar agentes químicos que sirvan de munición táctica». Pero con motivo de los incidentes raciales registrados en 1966 y 1967 en Estados Unidos, pudo comprobarse que la «munición táctica química» aparentemente destinada a sofocar insurrecciones en el Tercer Mundo podía muy bien emplearse en el superdesarrollado primer mundo estadounidense. En contestación a una encuesta realizada en 1966 por la revista Science, la oficina de relaciones públicas del CAL señaló que sus científicos darían a conocer un informe acerca del uso de armas químicas para el control de motines, en el simposio que sobre Vigencia de la Ley se celebraría en Chicago en junio de 1967, pero adelantó que «los antecedentes esenciales para este informe derivan de las investigaciones practicadas bajo el contrato Edgewood». El Arsenal Edgewood, bueno es indicarlo, es el centro de investigaciones para la guerra química, del Ejército.
El caso del CAL no es excepcional. Aunque el campus o recinto universitario de la Universidad de Cornell está ubicado en Ithaca, el CAL tiene oficinas generales en Buffalo y buena parte de sus instalaciones están localizadas en Washington, D.C. Pero si bien subsidiario de la Universidad y de ella dependiente, da la impresión de que sus vínculos con el mundo universitario son tenues, leves. Como no imparte clases, sino que realiza investigaciones — en su casi totalidad «classified» — , sus actividades son prácticamente desconocidas para los estudiantes y catedráticos de las facultades. El Cornell Daily Sun, en su denuncia, recalcó que el presidente de la Universidad, James Perkins, no estaba enterado del proyecto tailandés, en verdad apenas un retazo del Proyecto Agile.
La revelación del periódico estudiantil y el escándalo que le siguió movieron a los miembros de la facultad a recomendar a Perkins la ruptura total con el CAL. El Centro de Estudios Internaciones de Cornell — que a su vez posee un equipo investigador propio en Tailandia — , protestó igualmente por la actuación del CAL, alegando que sus investigaciones clasificadas o reservadas podrían «infligir daños irreparables a la enseñanza y a la investigación de la Universidad en todo el mundo».
Al mes siguiente estallaba el escándalo en la Universidad de Michigan, en el campus de Ann Arbor.
Denuncia de estudiantes de la Universidad de Michigan
En su periódico The Michigan Daily, el 17 de octubre de 1967, los estudiantes denunciaron la existencia de contratos por un monto total de nueve millones de dólares, asignados por el Departamento de Defensa a la Universidad de Michigan para proyectos reservados. Estos proyectos comprenden tanto la detección de movimientos insurreccionales en Tailandia, como estudios referentes a cohetería balística intercontinental. De tales contratos, solamente el que comprendía al project que se realizaba bajo la supervisión de ARPA simultáneamente con el CAL para una investigación de contrainsurgencia en Tailandia, importaba la suma de un millón de dólares.
Para los estudiantes era un contrato siniestro. Los científicos debían equipar un laboratorio de «reconocimiento aéreo conjunto» tailandés-estadounidense, cuya misión esencial residía en la localización de toda actividad guerrillera clandestina mediante el uso de equipos de percepción aérea ultrasensible, así como de rayos infrarrojos. Aproximadamente seis académicos de Ann Arbor, encabezados por el director de la investigación, Joseph O. Morgan, del Laboratorio de Física Infrarroja, habían viajado o residían temporalmente en Bangkok para instalar y/o trabajar en el laboratorio de marras. Para los estudiantes era natural que la Universidad de Michigan fuese la elegida para esa misión, habida cuenta de su larga experiencia en cuanto a sistemas de vigilancia aérea, o simplemente de realizaciones en materia de guerra en el aire o de cohetes balísticos intercontinentales. Precisamente, a esa casa de estudios le cabe el dudoso honor de ser el único establecimiento educacional de Estados Unidos en cuyo homenaje ha recibido su nombre un cohete, el MOMARC (Boeing-Michigan Aeronautical Research Center).
El jefe del Laboratorio de Física Infrarroja Willow Run, Mr. George Zissis, no veía la razón de tanto escándalo: «Sabemos qué piezas encargar, qué sistemas idear, cómo construirlo, cómo interpretar la información y qué cosa aguardar» — arguyó — , según lo informaron los estudiantes. Pero como para que no quedara como una afirmación gratuita e irresponsable, días después la recogía el New York Times[7] por mediación de su corresponsal en Ann Arbor y consignaba que a pesar de la oposición de gran parte del profesorado de Michigan, un reducido sector académico de su Universidad participaba del proyecto en cuestión, que demandaría un lapso de tres años y una inversión de un millón de dólares, y que nueve oficiales de la Fuerza Aérea de Tailandia habían recibido ya entrenamiento en técnicas ultramodernas de reconocimiento aéreo en la misma Ann Arbor.
El Times indicó específicamente a ARPA como el órgano gubernamental responsable de la investigación y citó al doctor Zissis como declarando que el proyecto en cuestión ayudaría a los tailandeses «a detectar la actividad guerrillera comunista clandestina», tanto como a los «indígenas rebeldes que no son comunistas pero que se han rebelado debido a ciertos agravios».
Liberada por esta revelación del Cornell Daily Sun y del New York Times, a la que siguió, días después, una nota corroborativa de nada menos que el Wall Street Journal,[8] la tapa de la olla del Proyecto Agile voló por los aires y comenzaron a trascender muchos de sus detalles, lo que no hacía sino corroborar una de las primeras denuncias concretas que acerca de su existencia formuló algunos meses antes la NAGLA Newsletter.[9]
Estados Unidos, realmente, quería estar «siempre listo».
Los tanques pensantes
Cuando los nueve oficiales de las Reales Fuerzas Armadas de Tailandia completaron su curso de diez semanas de adiestramiento en Ann Arbor, estaban pertrechados con suficientes conocimientos sobre ingeniería, física y técnicas del reconocimiento aéreo como para ponerse «a trabajar» inmediatamente. A su regreso a la patria los estaba esperando un C-47; con él comenzaron a operar en el nordeste de Tailandia, precisamente en la confusa zona fronteriza con Viet Nam.
La Universidad de Michigan había así cumplido, una vez más, una misión bélica. No obstante, sus autoridades, enfrentadas a la acusación estudiantil y profesoral, siguieron sosteniendo que su papel fue estrictamente científico. Involuntariamente, el doctor Zissis insistía, sin embargo, en meter el dedo en el ventilador. A periodistas que lo entrevistaron les declaró que se trataba de simples reconocimientos aéreos en Tailandia. Claro está, con ellos el gobierno tailandés «puede localizar a un grupo de comunistas que se haya incorporado a las guerrillas con equipo militar» y así los militares podrán «enviar fuerzas para capturar a los principales instigadores comunistas de la sedición».[10]
Pero dijo no tener conocimiento de que en Tailandia, colaborando con los adiestrados, actuaban ya soldados norteamericanos y oficiales, en calidad de «asesores» por supuesto, como lo sugerían los periodistas.
Tampoco aceptó referirse — por tratarse de una información reservada — a proyectos de reconocimiento aéreo realizados anteriormente por su laboratorio. Escasos meses antes, científicos de Michigan habían dado término a una investigación contratada por 200.000 dólares y que insumió dos años de trabajo, sobre «problemas de acústica y sismología en el sudeste de Asia». Media docena de científicos del laboratorio de Geofísica de Willow Run habían participado en el proyecto, que había sido patrocinado, igualmente, por ARPA. Ese laboratorio, ubicado en Ypsilanti, o sea, fuera del recinto del campus de Michigan, depende de esta Universidad. Originalmente sus instalaciones tenían el nombre de Michigan Aeronautical Research Center. Se estableció en 1946 con el propósito de desarrollar sistemas de defensa anticohetes balísticos, pero en los últimos años se especializó en técnicas de vigilancia aérea para zonas «difíciles» como las de Viet Nam, donde el follaje selvático permitía la concentración de fuerzas y elementos bélicos considerados enemigos de Estados Unidos. Se atribuye así al laboratorio de Willow Run el perfeccionamiento, hasta límites considerados milagrosos, de técnicas infrarrojas de detección «del enemigo» durante la noche desde baja o gran altura, aunque este permaneciese quieto y casi sin respirar en las profundidades de un bosque impenetrable. Gracias a estas técnicas, bombarderos estadounidenses pudieron actuar en cualquier condición meteorológica y desde cualquier altura, con gran efectividad. La detección del «enemigo», por otra parte, permitió llevar a la práctica, por primera vez en la historia del mundo, la «defoliación» en gran escala de vastas zonas de Viet Nam del norte (…). En este caso, el arsenal químico indispensable para tanta maravilla de la ciencia moderna como es el devastar en una noche millares de hectáreas sin — aparentemente — dañar los árboles, no cabe imputarlo a los científicos de Michigan. Otras universidades estadounidenses, a través de sus «tanques pensantes», o sea, las instituciones autónomas de ellas dependientes, se habían ocupado de la tarea, siempre, claro está, por cuenta del Departamento de Defensa y bajo la supervisión de ARPA.
El Institute for Defense Analysis
De este tipo de «tanques pensantes», de entre los cuales descuella Willow Run, se considera como el más importante a la Rand Corporation de la Fuerza Aérea, que emplea a centenares de científicos contratados para hacer investigaciones por cuenta de agencias gubernamentales. Los «tanques pensantes» ofrecen todas las ventajas de los organismos universitarios, sin ninguno de sus inconvenientes. Siendo entes casi autónomos, su independencia respecto a los miembros de las facultades se refuerza por el hecho de que sus laboratorios y centros de investigación no están ubicados dentro de los recintos universitarios o campus. De ese modo no solo están libres de toda denuncia de los siempre molestos estudiantes idealistas y/o pacifistas, sino de toda curiosidad de los colegas de facultad y, sobre todo, de los comités «watchdog» o perros guardianes del Congreso, políticamente sensibles a las investigaciones que se realizan por cuenta del Pentágono y más todavía si se consideran «classified».
El montaje de estos organismos es, pues, poco menos que ideal para los fines que se proponen.
Otros ejemplos pueden ser igualmente la Atlantic Research Corporation, de Washington, D.C., y la Defense Analysis Corporation, de Santa Bárbara, California, ambas igualmente inmersas, como ARPA, la Universidad de Michigan, la de Cornell y la Rand, en el controvertido Proyecto Agile. La mayor parte de los «tanques pensantes» tienen su propio personal técnico y administrativo. La excepción, sin embargo, la constituye el Institute for Defense Analysis (IDA), Instituto para el Análisis de la Defensa, por cuanto está administrado y dirigido por un grupo de las más prestigiosas universidades norteamericanas.
Nacido en 1955, durante la presidencia de Eisenhower, para canalizar los efluvios creadores de los genios universitarios hacia el campo de la tecnología militar, el IDA tuvo su primer vagido en el ya citado Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), gracias a la buena disposición mostrada en tal sentido por su presidente, James B. Killian, quien sostuvo que «nosotros debemos movilizar a los científicos norteamericanos hasta formar con ellos un batallón invencible». Ante Killian hizo la gestión respectiva el entonces secretario de Defensa, Charles Wilson, el célebre expresidente de la General Motors, más célebre todavía por haber acuñado la frase de que «lo que es bueno para la General Motors es bueno para Estados Unidos». Pero, sea porque se considera incapaz de realizar el esfuerzo solicitado por sí mismo, sea porque no deseaba considerarse una ínsula entre sus similares, sea porque le quedaran escrúpulos de conciencia para paliar los cuales necesitaba complicar a sus colegas, lo cierto es que el MIT invitó a otras universidades a «compartir la culpa de sacar por un tiempo a esta gente de una labor puramente educativa y destinarla a trabajar para objetivos de la defensa».[11]
Al MIT se unieron poco después, alegando desinterés por toda finalidad lucrativa, el Case Institute of Technology, el California Institute of Technology (CALTECH) y las universidades de Stanford y Tulane. Hacia 1960 estaban ya captadas las universidades de Michigan, Penn State y Columbia; en 1961, la de Chicago; en 1962, las de Illinois y Princeton y en 1964 la de California. Los administradores de estas escuelas, incluidos presidentes de algunas universidades, integran el directorio del IDA. Este obtuvo su primer contrato con el Departamento de Defensa de la Unión el 1ro de septiembre de 1956: debía proporcionar los servicios científicos y técnicos requeridos por el Weapons System Evaluation Group (WSEG, Grupo de Evaluación del Sistema de Armamentos) del Pentágono. Pero hacia 1963, el IDA ya estaba realizando «la mayoría de los estudios de los sistemas de armamentos, con contratos gubernamentales»[12] y en 1967 disponía de más de 600 empleados y un presupuesto anual de aproximadamente 12 millones de dólares. El IDA no está, sin embargo, dependiendo enteramente del WSEG. Deriva áreas de otras colaterales del Departamento de Defensa, tales como la ya rilada Advanced Research Projects Agency (ARPA) y la National Security Agency (NSA, Agencia de Seguridad Nacional, dentro de la cual está involucrada la CIA); también del Departamento de Estado y otras organizaciones gubernamentales. El instituto admitió que el principio elemental de su buen éxito radicaba en su aptitud para «saber dónde hallar al profesional civil requerido por la necesidad de desarrollar nuevos sistemas armamentistas, y lograr el aporte de su sabiduría a tales efectos». De ese modo, la mayor parte de los contratados por el IDA enseñaron en universidades, o son PhDs de recién adquiridos diplomas. Muchos de los que no quieren dar la cara claramente o no desean venderse totalmente al diablo, dedican al IDA sus vacaciones anuales solamente, o piden cortas licencias por breves periodos, como asesores de un «project» determinado.
La División Jason
El IDA tropezó desde su origen con la muy difundida aversión de los científicos a trabajar en investigaciones «classified», y más todavía si olían que algo tenían que ver con matanzas de seres humanos. Para vencer ese obstáculo creó en 1959 la División Jason. Este organismo agrupa a científicos universitarios destacados en varios campos distintos del saber y la investigación, que «dedican tanto de su valioso tiempo disponible como sea posible a los estudios de avanzada de los aspectos científicos de los problemas de la defensa».[13] Según el informe anual de 1964 del IDA, los miembros de la División Jason «trabajan individualmente en las universidades, como miembros del panel para el Departamento de Defensa o el IDA, y colectivamente en los cursos de verano». Los cursos veraniegos de 1967 se realizaron en la escuela intermedia pública de Falmouth, Massachusetts, desde el 17 de julio hasta el 4 de agosto. Sus actividades, naturalmente, se consideraron «classified» y participaron lumbreras tales como los profesores George B. Kistiakowski, de Harvard; Wolfgang Panoksky, de Stanford; Sarles H. Townes, del MIT; John A. Wheeler, de Princeton; y Eugene Wigner y Herbert F. York, de la Universidad de California.
El informe anual del IDA correspondiente a 1966 indicaba, por otra parte, que «en los seis años en los que la División Jason ha estado consagrada a los problemas de la Defensa, hubo un sutil y no obstante real cambio en la variedad de los problemas considerados. Para comenzar, hubo complejos problemas técnicos que dominaron el interés y el tiempo del grupo. Así, el análisis teórico de aspectos engorrosos de defensa contra proyectiles balísticos y las explosiones fuera de la atmósfera figuraron preponderantemente… En 1964 se hizo un replanteo. La atención en aumento que el Gobierno prestaba a problemas tales como la contrainsurgencia, la insurrección y la infiltración llevaron a la conclusión de que quizás los miembros de la División Jason fueran capaces de proporcionar ideas nuevas, frescas, sobre problemas que no están enteramente dentro del dominio de la ciencia física».
Este cambio de énfasis de la ferretería militar convencional a las técnicas sofisticadas del arte de la guerra contrarrevolucionaria, fue una de las características del IDA. A partir de 1962, los informes del IDA indican que los científicos de sus institutos han trabajado en investigaciones tales como «Small Arms for Counterguerrilla Operations» (Armas pequeñas para operaciones antiguerrilleras), «Chemical Control Vegetation in Relation to Military Needs» (El control químico de la vegetación en relación con las necesidades militares), «A Rational Approach to the Development of Non-Lethal Chemical arfare war Agents» (Una aproximación racional al desarrollo de los agentes de la guerra química no letales), e «Interdiction of Trucks from the Air at Night» (Veda de vehículos desde el aire por la noche). La mayor parte de estos proyectos tenían por destino el sudeste asiático. No obstante, armas especiales y vehículos ad-hoc son diseñados para, y probados en, regiones del nordeste de la India, en Panamá y en Bolivia.[14]
Hoy, como lo revela el informe anual del IDA correspondiente a 1965, este instituto está profundamente comprometido en el Proyecto Agile. Allí se consigna que su División Jason suministra «apoyo técnico» al Agile mediante la evaluación de una variedad de técnicas para «detectar y combatir a los insurgentes en los conflictos en áreas remotas». En la tarea colaboran, como se dejó indicado, el laboratorio Willow Run de la Universidad de Michigan, y el Stanford Research Institute. La labor de los científicos «asociados» es indistinta. Tanto aparecen realizando labores docentes universitarias, como participando en investigaciones de la División Jason para el IDA. Por ejemplo, el ya citado doctor Zissis, de Willow Run, dedicó el año académico 1963–1964 a un trabajo «classified» para el IDA. Otros de sus colegas de la Universidad de Michigan han trabajado en el IDA o forman parte de su División Jason. Y en fecha reciente, en la Universidad de Princeton, la sección local de la agrupación Students for a Democratic Society (SDS, Estudiantes para una Sociedad Democrática) revelaron que la Communication Research División (CRD, División para la Investigación de Comunicaciones) del IDA realizaba una investigación altamente secreta sobre criptografía para la Agencia de Seguridad Nacional. Los estudiantes de Princeton denunciaron igualmente que el centro de cálculos del CRD estaba instalado en el campus local, en una estructura de ladrillos sin ventanas, rodeada por una muralla de piedras custodiada por guardias armados. Según la SDS, Princeton niega cualquier conexión institucional con el CRD, pese a que los informes confirman que la universidad proporcionó los fondos para erigir el edificio y que muchos graduados y miembros de las facultades trabajan allí.[15]
También contra la insurrección en Estados Unidos
El 23 de octubre de 1967, una treintena de estudiantes de Princeton fueron arrestados por obstruir en manifestación la entrada al edificio de ladrillos sin ventanas del CRD. Ante esa reacción policial, los Estudiantes para una Sociedad Democrática dispusieron demostraciones contra el IDA en las universidades de Columbia, Michigan y Chicago, y solicitaron de sus compañeros de otras 12 universidades más, que participan en investigaciones patrocinadas por el instituto, sendos movimientos anti-IDA.
La campaña desatada permitió alertar a todas las organizaciones estudiantiles respecto de los objetivos perseguidos por el instituto. Surgió así información sobre investigaciones para contrarrestar insurrecciones urbanas, motines, alzamientos y hasta mítines, todo ello comprendido en la expresión riot, y de entre los riots los que se registran en los ghettos negros. Las explosiones raciales del barrio Watts, de Los Ángeles, en 1965, y las no menos graves ocurridas en 1967 en Dayton, Detroit, Plainfield, Chicago y Newark, por no citar sino las más horrorosas y trágicas, acentuaron el interés que por la materia parecía sentir el IDA. En 1966, la Comisión Presidencial sobre Observancia de la Ley y la Administración de la Justicia pidió al IDA un amplio informe acerca del empleo de armas no letales para controlar los riots negros. El informe final se dio a conocer públicamente el 10 de noviembre de 1967. Según la Associated Press, el estudio realizado solo evaluaba el poder de «algunos agentes químicos manuables, recientemente perfeccionados y de varios proyectores líquidos, vahos o gotas con empleo del gas lacrimógeno y otros irritantes». Innovaciones no menos efectivas eran ciertos «dardos tranquilizantes» hasta ahora usados para contener a animales furiosos, redes gigantescas arrojadas desde helicópteros y una superpistola de agua que dispara irritantes químicos, y que igualmente podría descargar «paralizantes de la voluntad». Otros tipos de armas «disuasorias» o disuasivas experimentadas son las concentradoras de energía con factibilidad de ser transformadas en «rayos de la muerte», es decir, los Láser. Es obvio que el pase de la finalidad disuasiva a la simplemente decisiva o mortífera pende de un tenue hilo. Quizás sea posible disuadir a manifestantes negros en disturbios leves de protesta simbólica, pero si esos protestantes pretendieran llegar a vías de acción revolucionaria como, por ejemplo, la guerrilla urbana, no cabe duda de que las armas que se emplearán contra ellos no serán contemporizadoras ni tranquilizadoras.
Los estudiantes denunciaron que, en general, estas técnicas de control urbano fueron en su mayor parte experimentadas en Viet Nam. La razón de su aplicación en los riots raciales de Newark y Detroit fue explicada por una publicación conservadora[16] como consecuencia del temor, del presidente Johnson, de que otro verano violento en los ghettos negros menoscabe su imagen política y reduzca sus posibilidades de ser reelecto presidente de Estados Unidos:
reducir esas manifestaciones a la mínima expresión, todo lo rápida y silenciosamente que sea posible, es la voz de orden electoral.
De ahí que Michael Klare, en su análisis del problema, concluya sosteniendo[17] que en un futuro próximo la oposición al Instituto para el Análisis de la Defensa ya no será más una cuestión académica, sino más bien un problema de confrontación directa con la institución armada de Estados Unidos.
La industria de la contrainsurgencia
En páginas atrás hemos mencionado las denuncias formuladas por Peter Henig en la NACLA Newsletter, respecto de la existencia de una formidable industria de la contrainsurgencia. Henig reveló que además de las fábricas a las que se asignan contratos para producir artículos o equipos y materiales destinados a reprimir movimientos insurreccionales de toda índole, desde los tradicionales gases lacrimógenos hasta armas de guerra convencionales como helicópteros, existe la industria de la investigación de la contrainsurgencia. Señaló que, en el léxico de esa industria, los «productos» se dividen en duros y blandos.
Entre los productos duros figuran los armamentos, equipos y materiales electrónicos y todo lo vinculado a esa rama, incluyendo la investigación en los campos de las Matemáticas, la Física, la Química, la Biología, la Astronáutica, etcétera. Entre los productos blandos se cuentan tanto las recomendaciones sobre cómo manejar a campesinos que según los oficiales estadounidenses de Inteligencia están en el periodo de preguerrilla, como los sistemas de persuasión del tipo Cuerpo de Paz o Acción Cívica Comunitaria, o los estudios de vulnerabilidad de bienes tan preciosos como podrían serlo los de la Creole Petroleum Company, de Venezuela, ante la eventualidad de ataques de guerrilleros o la acción de los simples saboteadores. Existe una designación convencional para estos dos tipos de industrias: COIN R & D Industries (Counterinsurgency Research and Development Industries, o Industrias de Investigación y Desarrollo Contrainsurreccional).
Durante las audiencias del Congreso estadounidense relacionadas con las asignaciones para la defensa, año 1968,[18] el director de ARPA, Charles M. Herzfeld, admitió que el organismo a su cargo había iniciado un programa COIN R & D en 1967 para asistir al gobierno de Tailandia y a la misión estadounidense en este país, «en un esfuerzo por suprimir la creciente insurrección comunista en las provincias del nordeste». Explicó a su auditorio que bajo el programa de «sistemas de seguridad rural» ARPA se propone a) «reunir y compulsar las informaciones críticas relativas a la geografía local, el modo de vida de la gente y sus actitudes hacia el gobierno»; b) «establecer y colaborar en el mantenimiento de ficheros con datos actualizados sobre los incidentes y operaciones insurreccionales y sobre los programas y actividades del gobierno emprendidos con propósitos de contrainsurrección en el nordeste»; y c) «proveer asesoramiento en el análisis de la efectividad de diversos programas de contrainsurrección».
Herzfeld agregó: «Se dará énfasis COIN R & D a los problemas que atañen a la provisión de seguridad local, incluyendo la defensa de aldeas e instalaciones y el enfrentamiento y la derrota de los insurrectos; a los medios para establecer una más estrecha relación del gobierno local con los lugareños (a través de operaciones psicológicas y programas similares) y a la iniciación de actividades locales bajo el rubro de la acción cívica militar. Será esta la primera vez que se otorga un papel de importancia a COIN R & D en el apoyo de la contrainsurrección de un modo vasto, desde las etapas iniciales del conflicto».
Al comentar estas declaraciones de Herzfeld, Roger Countill[19] observa que representan una definición básica de la contrainsurrección: «traducida a un lenguaje no técnico, la contrainsurrección es un enfoque de cebo y castigo, cuyo objeto es contener a los movimientos sociales dentro de límites aceptables para los intereses estadounidenses, exterminando entre tanto, de modo despiadado, a los subversivos». De tal modo, los productos duros y blandos constituyen alternativas a considerar según las circunstancias. Mientras en el caso de movimientos eclosionados se cuenta con los medios y usos tradicionales de represión (ahora perfeccionados mediante experiencias adquiridas en Viet Nam con técnicas de detección nocturnas con rayos infrarrojos, radar, sonar y otras aun no reveladas públicamente), en los casos en que son presumibles las explosiones de insurrecciones populares se emplean los productos blandos que incluyen las técnicas de la sociología tales como sistemas analíticos sobre el modo de manejar a campesinos en las regiones críticas, como los programas de acción cívica, operaciones sicológicas y de pacificación o propaganda.[20]
El doctor Herzfeld mostró gran confianza y satisfacción ante los congresistas, al referirse al valor de sus investigaciones: «Creo que en cierta medida estamos abriendo surcos para una nueva forma de considerar la insurrección, o sea, la de detenerla cuando aún es reducida. Este es, realmente, un problema militar de la máxima importancia para Estados Unidos». También dejó sentado que los programas de ARPA se preparaban con relación a cualquier insurrección popular «doquiera puedan producirse» en el Tercer Mundo.[21] «Desde el comienzo los investigadores de ARPA pensaron que teníamos que poner la mirada en otras áreas, aparte del sudeste de Asia… Esto fue, por cierto, propuesto en la carta inicial constitutiva del Agile Project. En ella se decía que teníamos que reparar en situaciones de insurgencia potencial, cualquiera que fuese el sitio en que se desarrollaran.[22] Y para mayor abundamiento, Herzfeld sugirió que «Estados Unidos debieran adquirir una capacidad que pueda ser trasmitida a gobiernos amigos, para resguardar o cerrar fronteras en las áreas remotas e inaccesibles, antes de la insurrección o en sus etapas iniciales. Esta capacidad se aplicaría también para impedir insurrecciones internas en un país, entre regiones geográficas distintas y, localmente, al problema de proteger una ciudad o una base.[23]
Como acota Countill, se lograría así la Pax Americana.
Productos «blandos» del COIN R & D
El periodista Henig, al incluir a la célebre Rand Corporation entre los tanques pensantes, no identifica específicamente cuáles son sus investigaciones y contribuciones en el campo de la guerra contrainsurreccional. Countill señala únicamente, entre sus investigaciones blandas, un estudio «classified» de la organización social en la aldea vietnamita de Doc Lap, dirigido por Michael Pearce. La Rand tiene fama entre los científicos y técnicos por la «libertad» con que allí se trabaja. El sociólogo Louis Irving Horowitz se refirió así a esa fama:
«Alguien observó que en la década del 50 hubo mayor libertad para realizar investigaciones fundamentales en la Rand Corporation (una organización de investigaciones de la Fuerza Aérea), que la que existía en cualquier campus de Estados Unidos. Sin duda, una vez adoptada la cubierta protectora de la Rand, era como si existiese una sociedad de élites platónicas o sabios a quienes se permitía buscar la verdad, en nombre de los poderosos».[24]
Pero como la Rand es coto reservado al arma aeronáutica — que, obviamente, procurará obtener para sí todos los méritos y frutos de sus investigaciones — y no puede distraer atención ni recursos en beneficio de la Marina y el Ejército, otros tanques pensantes realizan estudios paralelos y simultáneos a los de aquella, con objetivos distintos aunque convergentes hacia el propósito único del perfeccionamiento de los instrumentos bélicos.
Está, por ejemplo, la Booz, Alien & Hamilton, Inc., empresa consultora de Chicago, que realizó un estudio «classified» titulado «Contribuciones de Estados Unidos a las naciones que surgen». Está también el Battelle Memorial Institute, de Columbus, Ohio, que aunque se especializa en productos duros del COIN R & D, no tuvo inconveniente en producir estudios «classified» tales como «El menoscabo de la actividad muscular voluntaria» — por, supuesto una investigación químico-biológica non saneta — y el más revelador titulado «Municiones biológicas para blancos de tamaño reducido». Pero la que se lleva las palmas, en honras y dinero, es la Simulmaties Corporation, de Boston, Massachussets, autora de un «Informe sobre estudios de insurrección urbana». La Simulmaties opera en Cambridge, Massachussets, y en Nueva York.
La Simulmaties era conocida desde 1960, cuando fue contratada por la comisión nacional del Partido Demócrata con vistas a las elecciones de ese año, que consagraron presidente a John F. Kennedy. Su tarea consistió en prever, sobre la base de estudios masivos de simulación referidos a la conducta del pueblo estadounidense en materia electoral, la estrategia necesaria para derrotar al candidato republicano, Richard Nixon.[25] El partido quedó tan satisfecho que la volvió a contratar en 1964, con ocasión del enfrentamiento Johnson-Goldwater. A sus expertos se debe la imagen de Goldwater como El-hombre-que-apretará-el-botón-de-la-guerra, y el conocido chascarrillo que asignaba a aquel como primer discurso a pronunciar, en el caso de resultar electo presidente, la cuenta regresiva: «Diez… nueve… ocho… siete…», etcétera, hasta llegar al fatídico cero detonador de «La Bomba».
El doctor Ithiel de Sola Pool pilotea actualmente una investigación reservada que comprende la compilación de casos importantes — y datos respectivos — de rebeliones urbanas. Simultáneamente con este estudio de Sola Pool, investigador contratado por la Simulmaties, las oficinas de esta empresa en Nueva York están estudiando problemas de «control de las poblaciones» y «la protección a instalaciones fijas» en situaciones urbanas «típicas». Dirige el proyecto, naturalmente «classified», el profesor J. David Yates.
La Simulmaties no posee, empero, el monopolio sobre estudios de contrainsurrección urbana. Está también la Defense Analysis Corporation, de Santa Bárbara, California, que desarrolla en relación con el Proyecto Agile estudios de insurrección urbana, bajo la dirección del doctor John L. Sorenson. Igualmente, la Research Analysis Corporation, de McLean, Virginia, ha contratado científicos universitarios para emprender estudios reservados de estrategias y técnicas de contrainsurrección urbana, para servir de complemento a los estudios destinados a la contrainsurrección en áreas rurales. El título del contrato es imponente: «Informe sumario de las necesidades de investigación para detectar y repeler acciones insurreccionales críticas en un medio ambiente urbano». Pero no es nada inocente y responde a su apariencia terrorífica. Los investigadores tienen por misión sugerir tácticas y técnicas para reprimir insurrecciones en marcos urbanos, y hasta el proponer el carácter de los productos «duros» que se deberán utilizar en tales emergencias.
El COIN R & D en América Latina
Otro de los tanques pensantes, la AIR (Associates for International Research = Asociados para la Investigación Internacional), de Cambridge, Massachusetts, que ha emprendido estudios relativos a potenciales insurrecciones en áreas urbanas de la América Latina, comprendidos bajo el título inocentón de «Investigación sobre el desequilibrio urbano», y que abarcará la intranquilidad social en ciudades de Brasil, Colombia y Venezuela mediante técnicas que determinarán la vinculación de desequilibrios urbanos y los factores estadísticamente evaluables de naturaleza socioeconómica o sociopolítica. El proyecto, «classified» como todos los demás, está a cargo del profesor Lawrence W. Barass.
Pero, como lo afirma Countill, «está claro que el centro principal del Pentágono en materia de planeamiento contrainsurreccional, es la América Latina», y que en la actualidad se están realizando estudios vinculados con el Proyecto Agile en prácticamente todos y cada uno de los países hispanoamericanos; Countill asigna especial importancia a los estudios que se realizan en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Venezuela, y afirma que el Agile concede prioridad a la contrainsurrección urbana en general. Para él, nada hay más revelador del pensamiento del Departamento de Defensa en materia contrainsurreccional en el Hemisferio Occidental que el COIN PERU y el COIN HONDURAS. Ambos proyectos tienen el propósito explícito de calcular las bases sobre las cuales las Fuerzas Armadas estadounidenses podrían intervenir con buen éxito en Perú y Honduras — por ejemplo — en caso de estallar movimientos insurreccionales en esos países. Los dos estudios, en marcha desde 1966, están supervisados por el Stanford Research Institute — que funciona en Menlo Park, California — , organismo subsidiario de la Universidad de Stanford. Están piloteados por los profesores David Davenport (para Perú) y John Hutzel (para Honduras), y en cada caso deberán establecer bajo cuáles circunstancias sería ventajoso para Estados Unidos proveer asistencia operativa a las Fuerzas Armadas de Perú y/o Honduras en caso de operaciones insurreccionales. Aunque sigue siendo obvio, no está de más indicar que los dos proyectos son «classified».[26]
En cambio, estudios contrainsurreccionales análogos se hallan actualmente en la etapa previa de planificación, en lo que concierne a Venezuela, Colombia y Panamá. Un contrato del Departamento de Defensa con la Defense Research Corporation, de Santa Bárbara, California, evaluará estudios preparados por R. D. Holbrook y otros, tendientes a predecir los focos potenciales de insurrección y a considerar el posible uso de la avanzada tecnología norteamericana de vigilancia en futuras operaciones contrainsurreccionales en esos países.
Estudios semejantes se han iniciado en 1964 — y quizás ya han finalizado — en Ecuador y Bolivia a cargo de la Atlantic Research Corporation, de Washington D. C, cuyo principal investigador es el profesor Hans Weiger, renombrado autor de una obra sobre geopolítica. El National Guardian reportó telefónicamente a Weiger acerca de los estudios a su cargo. El investigador admitió que sus trabajos versaban sobre el establecimiento de «un esquema de insurrección» en los países latinoamericanos, y que los estudios sobre Ecuador y Bolivia estaban prácticamente terminados. Afirmó que se trataba de «investigaciones básicas», pero negó que tuvieran «relación específica alguna con el suministro de material para operaciones militares específicas». Finalmente, aunque aseguró que todas las investigaciones emprendidas por él en el Continente eran abiertas, a poco se contradijo al excusarse por no poder referirse al proyecto de Colombia, por ser «classified».[27] Hans Weiger tiene a su cargo la responsabilidad mayúscula de mantener informado al Pentágono sobre las alteraciones que se registren en los índices de actividad guerrillera en Colombia, Venezuela y Guatemala, precisamente los países donde con distintos grados y matices siguen produciéndose actuaciones insurreccionales, así como sobre la capacidad de los respectivos gobiernos para controlar esas manifestaciones de insurgencia. Los proyectos se refieren, concretamente, a «Fuerzas de Seguridad Interna en Venezuela», «Estudio Profundo de las Operaciones Castrocomunistas y los Potenciales de Insurgencia, en Guatemala», y «Estudio Profundo de la Insurgencia Comunista y la Contra-acción del Gobierno en Colombia».
La hijuela del Pentágono: la American University
Sin embargo, el centro más importante de investigación y desarrollo de productos blandos o duros contrainsurreccionales es el Center for Research in Social Systems (CRESS = Centro de Investigación de Sistemas Sociales), que tras su nombre solemnemente científico esconde otra organización tanque pensante («think tank»). Baste señalar, para orientar al lector, que el CRESS depende de la American University, de Washington D.C., institución que, como lo consignamos — con pruebas que no fueron desmentidas — en un trabajo anterior,[28] es el órgano universitario más importante con que cuenta el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Pero, además, el CRESS cuenta con dos organismos más de carácter difícilmente académico o, en todo caso, puestos al servicio de fines que poco o nada tendrían que ver con la ciencia pura. Se trata del Social Science Research Institute (SSRI = Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales) y el Cultural Information Analysis Center (CINFAC = Centro de Análisis de Información Cultural), ex Centro de Análisis de Informaciones Contrainsurreccionales.
El SSRI ha admitido que realiza investigaciones sociológicas «en apoyo de la misión del Departamento de Defensa en campos tales como la contrainsurrección, la guerra no convencional, operaciones psicológicas, programas de ayuda militar y estudios y evaluaciones de culturas extranjeras». El CINFAC, a su vez, acepta como cierta la imputación de que «proporciona servicios de información concernientes a áreas foráneas, a solicitantes calificados».
Virtualmente, todos los informes del CRESS son «classified». Pero un esquema no reservado de su Programa de Trabajo — Año Fiscal 1967 (Defense Documentation Center AD 37820) — suministró algunos datos de su labor actual. Por ejemplo, está el estudio realizado por el antropólogo Howard Kaufman y el psicólogo Norman Smith en Bogotá, capital de Colombia, por cuenta de la Special Operation Research Office (SORO), apéndice de la American University, de Washington D. C.
Se le conoció como «Proyecto Simpático» hace más de dos años y, como en el caso del «Proyecto Camelot», dio lugar a un sonado escándalo.
La SORO, el CRESS y el «Proyecto Simpático»
El esquema dado a conocer por los profesores Kaufman y Smith declara paladinamente que el estudio en cuestión «se propone proporcionar una base empírica para la formulación de una doctrina con destino al Ejército de Estados Unidos, fundada sobre asesoramiento apropiado, para ayudar a que la acción cívica indígena de los militares cree actitudes populares favorables al gobierno local y a las fuerzas armadas». Según apunta Henig,[29] este proyecto se coordinó con el embajador de Estados Unidos en Colombia, el Departamento de Estado y los ministerios colombianos de Gobierno, Relaciones Exteriores y Defensa, y que se recogió material informativo básico para determinar el impacto de una variedad de proyectos de acción cívica en Colombia mediante subcontrato con una organización de investigaciones colombiana, la National Research of Colombia (NAROC) que, como lo demostraron las acusaciones y pruebas subsiguientes, de colombiano tenía únicamente el nombre.
De acuerdo con la publicación del citado esquema de Kaufman y Smith, no cabe admisión más formal de la supervivencia del «Proyecto Simpático», denunciado ante el Congreso colombiano por el diputado Ramiro Andrade, y que motivó, el 2 de febrero de 1965, una interpelación a los ministros de Defensa, Gobierno y Relaciones Exteriores. Durante el debate salió a relucir el vínculo de Kaufman y Smith con la SORO, es decir, con el Pentágono. Tres días después, el subdirector de este organismo en Washington, William A. Lybrand, admitió la participación de ese ente en la investigación, pero explicó que el patrocinador de la SORO, la Oficina del Jefe de Investigación y Desarrollo del Ejército, «ha pedido que la SORO haga solamente investigaciones, no espionaje». Lybrand añadió:
«La SORO ha conducido y continuará conduciendo estudios científicos objetivos pedidos por el Ejército y sostenidos por fondos de la Defensa, que SORO cree que interesan al gobierno y al pueblo de Estados Unidos. El patrocinador militar de la SORO nunca ha interferido la independencia profesional de la SORO…»[30]
El escándalo en Colombia — que no impidió, empero, la continuación de las investigaciones — fue provocado por la pública renuncia — y subsiguiente denuncia — de nueve sociólogos locales que señalaron, entre otras cosas dignas de ser tenidas en cuenta, que la NAROC no estaba registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá ni inscripta en el Ministerio de Trabajo, como corresponde a todo organismo sedicentemente colombiano; que había realizado otras investigaciones además del «Proyecto Simpático», tales como las conocidas con los nombres de «Futuros líderes políticos de Colombia» y «Organizaciones de Colombia»; y que, «conscientes de la capacidad de autodeterminación de nuestro país, quienes vivimos cerca de una de las nuevas modalidades de la política intervencionista, cual es la de utilizar la disciplina científica con fines político-militares, censuramos y rechazamos este tipo de saqueo que no se limita ahora a los recursos naturales sino a la toma de posesión de nuestro potencial cultural, de nuestras posibilidades síquicas para lograr el pleno control de nuestro ser nacional».
Identificación de focos explosivos
Pero el «Proyecto Simpático» continuó desarrollándose a todo vapor, con la culpable anuencia del Gobierno colombiano. Todos los cuestionarios, pruebas sicológicas proyectivas y otros materiales de investigación, estudio y análisis fueron transportados en bloque a Washington D. C, sin que el resultado — que tanto concierne al país conejillo de Indias — haya sido conocido por los colombianos, tanto a nivel gubernamental como al de los simples ciudadanos interesados en las peripecias de su país.
Peter Henig también menciona en su trabajo otro proyecto del CRESS, al que no asigna denominación alguna, que se caracteriza por proponerse ayudar a conquistar las mentes y los corazones de la población, amén de obtener «información específica del país en materia de nombres, símbolos, y métodos de comunicación, para colaborar en los planes del Ejército y con la conducción de sus operaciones sicológicas…». Agrega que «dentro de supuestos datos concernientes a las condiciones de la comunicación intercultural, se describen las actividades y conducta de los grupos que tienen especial significación para el Ejército, se identifica el material cultural simbólico apropiado para comunicaciones eficaces y se provee información sobre comunicaciones de masa».
Otra investigación tiene por conejillo de Indias a la Cuba anterior a Fidel Castro (periodo 1950–1959). También está siendo desarrollada por el CRESS en respuesta a un pedido de la Subcomisión de Ciencias de la Conducta del Defense Research Board (Pentágono), la cual se interesó específicamente en «un estudio para determinar la posibilidad de aplicar las actuales técnicas logradas en modelos de sistemas sociales y simulación, a la explotación de los parámetros del problema insurgencia-contrainsurgencia». El estudio está a cargo de Robert Boguslaw[31] y Charles Windle y el objetivo consiste en «proporcionar a los planificadores militares métodos más eficaces para identificar los problemas potencialmente explosivos».
Dos expertos del CRESS, Andrew R. Molnar y Adrián H. Jones, se empeñan en una investigación para proporcionar «información científica» al Preboste General, para que le sirva de auxilio «en la formulación de una doctrina sobre problemas de seguridad interna para operaciones de policía civil y paramilitar, con vistas a la prevención y retaliación de insurrecciones en países en viaje de desarrollo».
En otro sector, finalmente, habida cuenta de que «las comunidades urbanas fueron los centros de la actividad nacionalista africana»; que «los líderes urbanos… pronto pueden estar activos en operaciones de insurrección o contrainsurrección»; que los estudiantes africanos «son importantes en vista de su apego por lo político, sus recursos intelectuales y su status de prestigio entre las masas y a que son líderes activos en cualquier conato insurgente debido a su mentalidad opositora», el profesor William John Hanna fue contratado por el CRESS para realizar un estudio acerca de los «Grupos africanos dignos de relevancia en toda adopción de decisiones militares por parte de Estados Unidos».
¿No resulta sencillamente prodigioso?
Para los africanos, sin duda que no. Pero los hispanoamericanos no podemos, de modo alguno, considerarnos en ese sentido libres de «estudios» o «investigaciones» análogas, con vistas a objetivos similares. Porque la misma mentalidad esclavizadora los preside, en África, en la América Latina, en Asia.
El ARPA suena en Tailandia
Las investigaciones que el ARPA realiza a cuenta del Proyecto Agile, en Tailandia, son suficientemente aleccionadoras.
Ya hemos mencionado algunas de sus características, con especial énfasis en el papel de cabecilla que desempeña la Universidad de Michigan. Podemos aportar algunas referencias más.
El centro COIN R & D de Bangkok — según lo informa Countill — opera con un presupuesto anual de aproximadamente 10 millones de dólares, de los cuales alrededor de una tercera parte se destina a investigación sociológica del pueblo tailandés. El Times[32] informó en su momento que un equipo de antropólogos vive con las tribus Yao Akha y de la Sierra de Miao, en la región nordeste de Tailandia — limítrofe con Viet Nam del Norte, por las dudas — para estudiar sus hábitos. Otro grupo estudia el tráfico acuático y los hábitos de los pueblos que bordean el río Mekong — límite de Tailandia con Laos — que, según alegan los técnicos, es una vía de infiltración guerrillera.
La universidad de Michigan, independientemente de su vinculación con el ARPA para el Proyecto Agile, tiene un contrato de 45.000 dólares con la Office of Naval Research (Oficina de Investigaciones Navales), para un estudio sobre el tráfico fluvial en Tailandia, para el cual los peritos realizan temáticas investigaciones in situ de la red del Río Chao Praya, que incluye la clasificación de las embarcaciones, composición, tonelaje, frecuencias, naturaleza de sus cargas, integración de su personal, etcétera. Este estudio está dirigido por el doctor L. A. Peter Gosling. Aparentemente, se trata de una investigación de ciencia pura, amable y sin proyecciones ulteriores. Pero es sugestivo el uso que dan a este tipo de información los pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Viet Nam del Norte, donde, en principio, todo barco de carga se considera un blanco militar legítimo.
También tiene Michigan un contrato de 400.000 dólares para el «asesoramiento» al Gobierno de Tailandia, que comprende, entre otras tareas declaradas, la de colaborar en el adiestramiento de los administradores educacionales. Este proyecto es patrocinado por la Agencia de Desarrollo Internacional (AID = Agency of International Development) y, como en todos los demás casos, presenta al observador la dificultad permanente de desbrozar cuánto hay de investigación desinteresada, y cuánto de espionaje liso y llano. En el caso de la Universidad de Michigan la interrogante es tanto más justificada, cuanto que aún está en el aire, sin haber sido satisfecha la curiosidad de la opinión pública, la documentada acusación que le formuló el mensuario Ramparts en dos ocasiones, de su estrecha vinculación con la Central Intelligency Agency (CIA).[33] El ya citado sociólogo estadounidense Horowitz sostiene que ni el presidente de esa casa de estudios, John A. Hanna, ni su secretario, James H. Denison, respondieron adecuadamente a las imputaciones que se formularon y que, por el contrario, dejaron subsistentes, entre las más significativas, las siguientes:[34]
1) Personal de la CIA fue contratado para colaborar en el entrenamiento de las fuerzas policíacas de Viet Nam, desde 1955 hasta por lo menos 1962;
2) A despecho de negativas anteriores, existe la admisión de funcionarios de la Universidad de que esta estaba plenamente informada de la presencia de funcionarios de la CIA, y fue corroborado por testimonios — luego hechos públicos — presentados por Lyman Kirkpatrick, exdirector del programa de entrenamiento de la policía de la Universidad de Michigan y excoronel de la Policía Militar, inició el entrenamiento de la guardia de palacio de Ngo Dinh Diem;
3) Wesley Fischel, profesor de Ciencia Política, trabajó para el gobierno de Diem en 1954 como asesor para la reorganización del Gobierno. Dos años después, pasó a ser jefe del proyecto de la Universidad de Michigan;
4) John Hannah, prominente republicano, fue instado por el entonces vicepresidente, Richard Nixon, a participar en el proyecto que oficialmente iba a ser parte del programa de Administración y Cooperación Internacional de ayuda a los países subdesarrollados. Según el profesor Charles Killings-Worth, expresidente del Departamento de Economía de la Universidad, el proyecto fue aceptado con reparos;
5) Ralph Smuckler, igualmente profesor de Ciencia Política de Michigan, que reemplazó a Fishel, admitió la exactitud esencial de las acusaciones y reveló que la suma de dinero distribuida a la Universidad por «fuentes gubernamentales» alcanzó «apenas a 5.354.352,75 dólares en siete años»;
6) Entre 1957 y 1959 la CIA no solo se ocupó del entrenamiento de la policía secreta de Diem, sino que desempeñó un activísimo papel en la tarea de organizar equipos de acción cívica; sus agentes aparecían como «especialistas en administración policial» de la Universidad de Michigan.[35]
El papel de las Universidades en el esfuerzo bélico
Pero ni el CRESS ni la Universidad de Michigan son las únicas instituciones u organismos que desarrollan investigaciones vinculadas con el esfuerzo bélico de Estados Unidos. Apenas si hemos mencionado a la Universidad de Stanford, California, cuyo Instituto de Investigaciones está realizando estudios para el Proyecto Agile; o a la Northern Illinois University, que está estudiando desde febrero de 1966 la efectividad de la acción del Gobierno de Tailandia tendiente a integrar en su seno a la minoría Tahi Malay, con la dirección del profesor M. Ladd Thomas. Y no hay duda alguna de que muchos altos centros de estudio participan igualmente de este tipo de investigaciones de tipo sociológico, contando para ello con suculentos presupuestos.
Así, datos correspondientes al año fiscal 1967 indican que las universidades estadounidenses recibieron del Departamento de Defensa contratos para investigaciones por un monto aproximado de 290 millones de dólares, de los cuales solamente 34 millones se vinculaban a proyectos «classified» o ultrasecretos… aparentemente.
En fecha reciente, un funcionario de la Oficina de Investigación e Ingeniería del Departamento de Defensa declaró que este provee el grueso de los contratos ultrasecretos a las universidades, pero que estas desarrollan otras investigaciones encargadas por organismos no sujetos a su jurisdicción, tales como la NASA (National Aeronautical and Spacial Administration) y la Comisión de Energía Atómica.
Pero últimamente, los 34 millones de marras parecen estar perdiendo su atractivo para las altas casas de estudio. La razón, tal como lo indicamos al comienzo de esta crónica, reside en la creciente oposición que se registra entre estudiantes y profesores en relación con estas investigaciones, sean “classified” o presuntamente abiertas. La resistencia obedece primordialmente a razones morales: los que protestan recelan del fin de las investigaciones; saben que, directa o indirectamente, conducen a la invención de nuevas y terribles armas, o al perfeccionamiento de las ya conocidas; y a su producción y empleo no solo contra los pueblos del Tercer Mundo ansiosos de liberarse, sino — como pudo comprobarse con motivo de los disturbios raciales en Detroit, Harlem, Chicago y Painfield — contra sus mismos compatriotas. Fue contra los norteamericanos negros que se realizaron los primeros ensayos para reprimir supuestas guerrillas urbanas, utilizándose al efecto las más recientes novedades en materia de armas químicas «no letales». El fenómeno de la reticencia que muestran ahora numerosos centros de estudio universitario para investigaciones gubernamentales, tiene otra motivación no menos moralista: son muchos los profesores e investigadores que han reparado, finalmente, en que existe incompatibilidad entre el secreto que se exige en los contratos «classified» y la tradición liberal universitaria que hace natural la divulgación del fruto de sus búsquedas y desvelos. El conflicto está ahora culminando a través de la reducción y/o cancelación de proyectos en curso de ejecución. Buena prueba de ello son los exasperados debates que se registran en no pocas universidades.
Por ejemplo, la de Pennsylvania canceló recientemente los proyectos «Spicerack» y «Summit» — ya mencionados anteriormente — , en discusión desde dos años atrás y cuyo propósito era evaluar la efectividad de una guerra químico-biológica. Vencieron los profesores opositores, luego de amenazar a las autoridades con portar máscaras antigases durante la ceremonia de colocación de grados. También las Universidades de Stanford, Nueva York y Minnesota cancelaron contratos reservados, y se están acercando a medidas de carácter análogo las de Berkeley (California) y Pittsburgh y la Johns Hopkins.
«Las facultades han comenzado a rebanar la investigación ultrasedente de la comisión ejecutiva de la Federación de Científicos Norteamericanos», ente profesional que nuclea a dos mil investigadores universitarios o no. Esa optimista conclusión siguió a la encuesta realizada en 300 facultades en agosto de 1967. La Federación había solicitado a las universidades que «no aceptaran fondos que conllevaran restricciones a la publicación de los hallazgos en materia de investigaciones». Otro grupo importante, la Asociación Antropológica Norteamericana, se pronunció en contra de la investigación ultrasecreta, y en octubre la Asociación Norteamericana de Profesores Universitarios designó una comisión para estudiar el problema.
Oposición al «Top Secret»
En vista de esa avalancha opositora, un funcionario autorizado del Pentágono afirmó que sería contrario al interés nacional que más facultades cancelaran investigaciones ultrasecretas en curso de ejecución. «Con la Universidad de Pennsylvania perdimos una fuente de investigación altamente experimentada — explicó — y podría llevar un año como mínimo empezar a recibir la misma calidad de trabajo de otro contratista». La alternativa en este caso fue derivar la labor a la ya mencionada empresa Booz, Alien & Hamilton, Inc., de Chicago. La queja del Pentágono por las «muestras de incomprensión» académicas actuales se apoya en el argumento de que el rótulo «classified» no implica necesariamente que los resultados de las investigaciones no puedan ser publicados. Alegan sus voceros que en determinados casos esos resultados pueden ser publicados previa supervisión, que se aplica no a los resultados obtenidos globalmente sino a aspectos parciales vinculados a la investigación y no necesariamente logrados en ella, sino comunicados a los investigadores con relación a la tarea asignada para facilitar su trabajo, y con la condición de top secret.
Pero la condición de top secret llevada drásticamente a cabo fue precisamente la que motivó la resistencia de los científicos. Algunos contratos habían sido tan secretos, que hasta el mismo presidente de la universidad implicada sabía poco o nada sobre su naturaleza. En septiembre de 1967 ocurrió un caso que se hizo célebre. Uno de los vicepresidentes de la Universidad de Minnesota, al entregar la Presidencia de la casa al catedrático de Ciencia Política Malcom Moos y las facultades a sus respectivos rectores, les urgió a aprobar un contrato «classified» celebrado con el Pentágono, si bien lamentando no poder darles información respecto de su naturaleza. Se trataba de una investigación relacionada con métodos de interrogación a prisioneros de guerra y los rectores, a pesar de las objeciones de Moos, aprobaron la continuación del proyecto.
Pero Moos se sentía sumamente molesto. Durante las dos presidencias de Eisenhower, él perteneció al equipo de redactores de sus discursos. No era ni siquiera un tibio pink. Por lo tanto, no se podía sospechar que sus intenciones estuvieran ligadas a un complot rojo. Pero, decididamente, no le gustaba el proyecto. «Se nos pidió que lo aprobásemos bona fide — diría después para explicar su oposición — pero a menos que estuviésemos al borde de la Tercera Guerra Mundial, no creo que daría mi aprobación a investigaciones secretas en una universidad». La Fuerza Aérea estadounidense, patrocinadora del proyecto, decidió, poco después, retirarlo, alegando falta de recursos. Moos redondeó su posición pidiendo al Consejo de rectores, a fines de octubre, la fijación de una política investigativa que tornara «altamente improbable» la repetición del episodio del mes anterior.
Cuando se estaba discutiendo en la Universidad de Pennsylvania la viabilidad de los proyectos «Spicerack» y «Summit», el profesor Gabriel Kolko explicó, en parte, su oposición, con estas palabras: «Una universidad debería constituir una abierta comunidad de eruditos consagrados al adelanto de conocimiento». En cuanto a las motivaciones del Departamento de Defensa para buscar el concurso de las altas casas de estudio, Kolko adujo que se debe a que estas realizan un trabajo de alta categoría a costos moderados, por lo que sustancialmente podía explicarse por razones de ahorro. No había, concluyó, avenimiento posible entre razones tan pragmáticas y la exigencia del secreto absoluto en detrimento de las convicciones morales de los académicos.
Por su parte, el profesor David Landy, presidente del Departamento de Antropología de Pittsburgh, dijo que objetaba las investigaciones universitarias ultrasecretas «porque a menudo conceden a la agencia gubernamental patrocinadora una función censora» y porque «con frecuencia los hallazgos no pueden ser compartidos con colegas renuentes o que no están en condiciones de poseer su propia visa de seguridad».
La Universidad de New York adoptó recientemente una medida concordante con el nuevo espíritu de las facultades: se rehusó a renovar un contrato por 44.000 dólares con el Departamento de Defensa, para evaluar sistemas de armas químicas. Al explicar su decisión, el profesor John R. Ragazzini, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, dijo: «Interrumpimos el proyecto después de resolver que no coincidía con los propósitos humanistas de una universidad». Como corolario, poco después una comisión integrada por miembros de las facultades dispuso que en lo sucesivo todo proyecto de investigación ultrasecreta tuviese previa aprobación escrita del presidente. Con anterioridad, ese detalle quedaba a discreción de los jefes de los respectivos departamentos.
¿Cuántos «Agile» están en marcha?
Otras universidades han adoptado decisiones semejantes. La de Harvard, por ejemplo, prohíbe toda investigación «classified», aunque permite a sus profesores e investigadores trabajar en ellas fuera del ámbito académico, únicamente como consultores. Ciertas universidades tienden a desalentar nuevos contratos o simplemente se niegan a concertarlos. La de Stanford dispuso la no aceptación global de los contratos, sino el estudio individual de ellos cuando revistan carácter ultrasecreto. El profesor de Derecho William F. Baxter, uno de los que encabezó en Stanford el movimiento del claustro académico opuesto a esas investigaciones, explicó: «Queremos desechar los contratos que nos hacen mentir sobre la naturaleza de las investigaciones que realizamos». Y añadió: «Ha habido casos en que la CIA intentó negociar aquí contratos que nos hubiesen obligado a negar la existencia de los proyectos que involucraban». De ese modo Stanford se permitió rechazar ya ciertos contratos, entre ellos uno propuesto por la Agency for International Development (AID), que comprendía la participación de dos de sus profesores y la de varios estudiantes argentinos graduados en Física, los que se trasladarían a California. La condición, estimada inaceptable para la Universidad de Stanford, era que la AID supervisaría toda la investigación y tendría derecho a impedir la difusión de sus resultados, si así lo consideraba conveniente.[36]
Pero… hecha la ley, hecha la trampa. Algunos institutos universitarios ya procuran conciliar sus escrúpulos de conciencia y su apetencia de dólares. Para ello crean filiales fuera del campus universitario o derivan los contratos a centros de investigación que son de su jurisdicción. Pero aparte de que los estudiantes están alertados de esa eventualidad, el secreto o la reserva de que se rodea a la investigación produce malestar entre los científicos y técnicos. Quizás para calmar su mala conciencia, quizás para evitarse escándalos, la Universidad de Columbia transfirió hace algunos meses, a una unidad no lucrativa constituida poco antes, una investigación reservada que hasta ese momento se realizaba en su campus, en el Laboratorio de Investigación Electrónica. Las autoridades declararon, con toda seriedad, que el nuevo organismo, denominado Instituto de Investigación Riverside, no tendrá conexión corporativa ni financiera alguna con el Alma Mater.
En la Universidad de Pittsburgh el problema no parece tan sencillo. El claustro de profesores trató de establecer una línea demarcatoria entre la investigación justificadamente reservada y la que no lo era, y las autoridades confiaban en que se encontraría la solución que evitara cancelar el proyecto y sus cursos de ejecución. Las propuestas iban desde la total prohibición para nuevos contratos reservados, hasta la de que cada departamento estructurara sus propias decisiones. «No logramos llegar a un acuerdo — debió admitir el profesor Richard Tobías, copresidente de la comisión de estudio. Al principio yo quería abolir todos los contratos reservados, sin excepción, pero ahora veo que esta cuestión es complicadísima». La comisión se había formado después de que se rebeló que esa universidad participaba de investigaciones clasificadas: desde la redacción de informes técnicos sobre desarrollo de armamentos, hasta un estudio sobre procedimientos de control de la calidad de los frenos para los mecanismos de lanzamiento de bombas, desarrollados por la industria privada.
Las dudas de Tobías se fortalecieron cuando el profesor Thomas Donahue, que está trabajando en un proyecto propio de investigación física, argumentó que no se trata, finalmente, de un problema entre el bien y el mal: «De modo alguno la investigación reservada tiene el propósito de matar gente, en su totalidad. Gran parte de ella es defensiva. Y hay circunstancias que obligan a que ella se efectúe en una universidad. La prohibición absoluta para las investigaciones clasificadas sería moralmente indefendible».
Esfuerzos análogos para disuadir a los profesores renuentes están realizando algunas agencias gubernamentales interesadas en investigaciones «classified». Un portavoz del Pentágono dijo que se estaba intentando eliminar los problemas más serios, «acelerando la desclasificación allí donde sea posible hacerlo». Esto indica a priori que tal necesidad no era imperiosa. ¿Burocracia? ¿Ley del menor esfuerzo? ¿Exceso de celo? ¿Tontería? El tema continúa siendo discutido. Pero un indicio de que finalmente triunfarán los duros lo proporciona la reciente declaración de un funcionario de la Universidad de Stanford: «Se están intensificando los esfuerzos del Departamento de Defensa y otras agencias federales para insertar en los contratos previsiones de derecho a la revisión, aun en investigaciones que normalmente no serían reservadas. Esta es una manera sinuosa de lograr la clasificación, desde retaguardia».
Razones morales contra pragmatismo
El enfrentamiento entre la tradición académica y universitaria de libertad y los requerimientos que en materia de secreto formula el Departamento de Defensa, parece entrar en su faz crítica en momentos en que escribimos estas líneas. Las objeciones morales de los claustros y la oposición militante de los estudiantes no parecen ser, empero, lo suficientemente poderosas como para erradicar de una sola vez y definitivamente de las universidades estadounidenses las investigaciones «classified». No lo necesario, al menos por ahora, para contrapesar las razones de orden pragmático que inclinan a quienes apoyan la continuación de esos proyectos a mantenerse en su irreductible posición favorable a ellos. Para Countill la explicación reside en que esas investigaciones representan un gran negocio, tanto para el Pentágono como para las universidades, por lo que el mercado, en lugar de disminuir, crece hasta el punto de que las universidades «enganchadas» por los proyectos clasificados han dejado de constituir excepciones y tienden a convertirse en norma.
De ahí que el Proyecto Agile sea, en la práctica, el gran gancho. El nombre oficial de esta investigación es «Conflicto en Áreas Remotas» (RCA = Remote Area Conflict).
Quizás resulte interesante saber para quienes tienden a idealizar la figura del asesinado presidente Kennedy, que fue durante su administración que nació este proyecto — como nació igualmente la idea de la Special Forces — , con el propósito de hacer frente a la amenaza que para los intereses norteamericanos representan los movimientos de liberación nacional.
Según lo consigna Hilsman[37] — que tiene por qué saberlo ya que es de los «de adentro» — , el Agile representó para los «intelectuales de Kennedy» una salida política al problema de las rebeliones populares en el Tercer Mundo, como alternativa a la intervención en masa de fuerzas armadas regulares de Estados Unidos en cada «país crítico». El equipo Kennedy tenía, sin embargo, puestos sus pensamientos en Viet Nam más que en ningún otro país, y se proponía evitar a toda costa la abierta intervención estadounidense en el sudeste asiático. El Agile fue, pues, en su origen, un intento de reforzar con métodos científicos el poder de Diem basado sobre el aplastamiento de la insurgencia conocida como guerrilla. No mucho después, como lo hemos consignado a través de las palabras del doctor Herzfeld, el cometido se transfirió a todos los posibles Viet Nam del futuro, y hoy tiene tanta validez para el sudeste asiático como para el Medio Oriente y la América no sajona. Prevalece la teoría de las «fichas de dominó»: los países subdesarrollados serían como esas piezas puestas en hilera que, a la caída de una, arrastran a las demás. Las guerras de liberación nacional, al incorporar a pueblos enteros al único y esencial objetivo que provocó su estallido, no solo resultan ser imbatibles sino, lo que es peor, «contaminan» a pueblos vecinos y les inducen a la rebelión, como en la figura de las fichas de dominó. Por eso esencialmente fue concebido para fortalecer y mantener a cualquier régimen pronorteamericano — civil o militar — en riesgo de caída por un movimiento insurreccional de signo popular, adiestrarlo en las artes de la contrainsurrección para evitar o diferir la necesidad de la intervención directa de las fuerzas armadas estadounidenses. ¡Quizás ni siquiera el presidente Kennedy llegó a imaginar qué alcance adquiriría el proyecto! ¡Y, mucho menos aún, que iba a ser su propio hermano Robert quien le censuraría, indirectamente, al comentar las conexiones de la CIA con los estudiantes![38] ¿Habría podido imaginar, por ejemplo, él que tanto bregó por los derechos civiles de los negros, que los «adelantos» proporcionados por el Proyecto Agile en materia de armas represivas serían utilizadas contra aquellos durante los rits de 1967?
La militarización de la ciencia social
El sociólogo Horowitz afirma que una de las causas por las cuales proyectos tales como los patrocinados por la CIA en Michigan — y el Agile, agregamos por nuestra cuenta — pueden desarrollarse con éxito, reside en que quienes participan en ellos son sujetos profesionalmente marginados, con curriculums repletos de logros administrativos más que intelectuales o, lo que no es demasiado raro, hombres ansiosos de borrar «delitos ideológicos» anteriores. De ese modo, su ascenso a los círculos del poder es fruto de la política más que de sus méritos profesionales. Se paga su alineación en las filas de quienes deciden.
Pero además — agrega Horowitz — [39] la nueva casta de sociólogos en ciertas universidades e institutos de investigación tales como la Rand, la SORO, etcétera, se ha apoderado del manejo de la ciencia política en favor del establishment, y con el apoyo de las agencias federales emergió como una nueva fuerza en materia profesoral, suficientemente poderosa como para desafiar las fuentes estratificadas de fundaciones como la Ford, la Rusell Sage y la Rockefeller. Dice después Horowitz:
«Se estableció el escenario para un conflicto entre viejas y nuevas agencias de poder, como el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa. La aristocracia de las diversas ramas de la ciencia social comenzó a protestar vigorosamente contra esta nueva tendencia y contra la asignación de papeles políticos a los profesores. Razones de motivación, no menos que las de organización, para esta respuesta negativa están enraizadas en algo bien alejado de los principios puros. Los intelectuales vinculados a la política ofrecen claramente una amenaza seria para la hegemonía de los intelectuales profesionales. Esto no ocurre exclusivamente en términos financieros, sino, más notablemente, existe una base para el tipo de doble fidelidad, históricamente un anatema para las sociedades profesionales, particularmente para las menos seguras, como las de la ciencia política, cuya tendencia a exigir lealtad exclusiva e intensiva como precio para el ingreso a esta élite es notoria…
«La noción de que cualquier departamento o programa en una universidad podría obtener un grado de autonomía que le permitiese negociar directamente con una agencia del gobierno, y que le permitiese construir un edificio en el campus, fuera de la red de controles administrativos establecidos, insulta a la administración universitaria como tal. Toda la mitología de una universidad está ligada a la representación tradicional de ciertos papeles que no son únicamente funcionales. Destruirlos, sean ilusorios o reales, a fin de convertir a la universidad en un campo militante de entrenamiento, la convertiría en una cruzada en la cual ella no podría participar sin admitir su autodestrucción».
Horowitz ha apuntado con certeza a dos motivaciones esenciales del papel que juegan, de unos años a esta parte, las universidades norteamericanas en el esfuerzo de guerra de tipo convencional y, desde 1961, en las investigaciones sobre guerra contrainsurreccional: la de los profesores, científicos, técnicos y académicos en suma, y la de los organismos administrativos de las casas de estudios. Creemos, sin embargo, que sobreestima el poder de decisión del profesorado — al que llama «marginalizado» — en ciencias sociales y minusvaliza el de aquellos profesores que han alcanzado status de prestigio y poder. A nuestro entender, el apoyo o rechazo a los planes de investigación clasificado depende menos de la decisión de tipo individual que de los intereses y necesidades de los organismos administrativos universitarios. Guardadas las debidas distancias, los Oppenheimer son la excepción y no la norma en Estados Unidos. Esto, sin contar lo que debió padecer Oppenheimer por el atisbo de independencia intelectual que pretendió rescatar para su conciencia humanista. Es más lógico suponer que el impacto Oppenheimer ha obrado más con sentido restrictivo que ampliatorio. Son muchos más los profesores que no resisten, que los que lo hacen. Para un Stougton Lynd o un William Appleman Williams o un C. Wright Mills, hay cientos de Roberto Boguslaw, Ralph Swisher, Howard Kaufman y Hugo Nutini. Y, mal que nos pese, podrán estar marginalizados de la estratificación tradicional de la sociología o de cualquier otra rama del saber científico, pero quizás su capacidad no esté tan desmedrada como lo pretende hacer creer Horowitz.
Ni el Pentágono, ni la CIA, ni el Departamento de Estado contratan únicamente porque sea barato en las universidades norteamericanas y, ahora, según parece, en las extranjeras. Los Boguslaw y los Kaufman podrán no tener la fama de los Lipset, los Apter y los Germani, y quizás tampoco sus aptitudes y capacidad; pero es indudable que, a menos de asignarles una rendición que evidentemente no poseen, la de imbéciles rematados, no podríamos suponer que por ahorrar algunos dólares la CIA y el Pentágono pongan en peligro lo que se conoce como el «american way of life» — vulgo, posición dominante en el mundo adquirida por artes políticas, bélicas, económicas y financieras — ni, mucho menos, su papel de liderazgo mundial. Por otra parte, los Boguslaw y los Kaufman, y también los Lipset, los Apter y los Germani son apenas algunos de los representantes de la investigación de las ciencias sociales y, por lo que hemos visto en páginas anteriores, no es únicamente — ni preponderantemente — en el campo de la sociología donde se ha volcado el esfuerzo del Proyecto Agile y sus diversas ramificaciones.
Las universidades norteamericanas aun no han resuelto su problema de conciencia, no por lo menos en los sectores catedrático y administrativo. El estudiantil, por lo que se sabe, aunque mucho más definido, sigue presentando fisuras en cuanto a la posición a adoptar frente a las investigaciones clasificadas. Muchas casas de estudio han cancelado o restringido ese tipo de investigaciones, pero, y esto debe llamar a la reflexión, otras que no teman contratos los están asumiendo y llenan los claros registrados.
El Agile no ha muerto todavía.
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Notas:
[1] David Wise y Thomas B. Ross, The Invisible Government. Randon House, New York, 1964. Hay ediciones en español, con el título de El gobierno invisible, impresas en Cuba y la Argentina.
[2] Serie de notas publicadas entre el 25 y el 29 de abril de 1966, bajo el título inicial de «C.I.A.: ¿Maker of Policy or Tool?», preparadas por un equipo integrado, entre otros, por los corresponsales Tom Wicker, John W. Finney, Max Frankel y E. W. Kenworthy.
[3] «A Short Account of International Student Politics & the Cold War with Particular Reference to the NSA, CIA, etc.», by Sol Stern, with the special assistance of Lee Webb, Michael Ansara and Michael Wood, en Ramparts, pp. 29–39, March 1967, Vol. 5, Number 9, San Francisco, California.
[4] Gregorio Selser, Espionaje en América Latina. El Pentágono y las técnicas sociológicas. Ediciones Iguazú, Buenos Aires, 1966. También en la obra del mismo autor CIA: de Dulles a Raborn. Ediciones de Política Americana, Buenos Aires, 1967.
[5] Cornell Daily Sun, 9 de septiembre de 1967.
[6] New Bulletin, del Cornell Aeronautical Laboratory, 7 de julio de 1967.
[7] «University of Michigan Aids Thailand Research on Curbing Rebels», en el New York Times, 19 de octubre de 1967.
[8] «Scholars & Secretary: Research Work that is Classified Draws Criticism», by Elliot Carlson, en The Wall Street Journal, New York, 25 de octubre de 1967.
[9] «Counter-Revolutionary Software Keeps Up with Hardware in U.S. World Policing Effort», by Peter Henig, en NAGLA (North American Gongress on Latin America) Newsletter, pp. 1–2, New York, Vol. 1, №4, june 1967.
[10] «Campus counterinsurgency» by Roger Gountil, en National Guardian, Vol. 20, №6, New York, november 11, 1967. La crónica puntualiza que Roger Countill es el seudónimo de un periodista.
[11] Aviation Week, 21 de mayo de 1956. Citado en Research aimed at U. S. ghettos, by Michael Klare, en National Guardian, Vol. 20, No, 7, November 18. 1967. New York.
[12] Newsweek, 12 de agosto de 1963.
[13] Michael Klare, op. cit., pp. 6–7.
[14] Department of Defense Appropriations for 1965. Hearings Before a Subcomittee of the Committe on Appropriations, Vol. 14, p. 138. U. S. Government Printing Office, Washington, D. C, 1965.
[15] Michael Klare, op. cit.
[16] Wall Street Journal, New York, 6 de noviembre de 1967.
[17] Op. cit, p. 7.
[18] Department of Defense Appropriations for 1968. Hearings before a Subcommittee of the Committee on Appropriations, Vol. III. pp. 175–176. U. S. Government Printing Office, 1967, Washington, D. C.
[19] Roger Countill, op. cit., p. 4.
[20] En momentos que escribíamos estas líneas, el antropólogo brasileño José Ferreira de Alencar denunciaba públicamente la existencia de investigaciones de este tipo en el Nordeste. El denunciante, profesor del Instituto de Antropología de Fortaleza, Estado de Ceará, acusó al equipo dirigido por el profesor Belden Poulson, doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago y miembro del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Wisconsin, de desarrollar una investigación sobre la realidad sociocultural del Nordeste brasileño. La denuncia puntualiza que el proyecto — al que califica como Plan Camelot — se inició simultáneamente con las vacaciones de verano, para evitar las posibles reacciones contrarias de los estudiantes. Los cuestionarios a los entrevistados enfocan — dijo el profesor Ferreira de Alencar — detalles político-ideológicos, y aunque se ha comenzado con el Estado de Ceará, se proyecta ampliar la investigación a todo el Brasil. («Antropólogo de Fortaleza denuncia inicio da aplicacao do Plano Camelot no Ceará), en Journal do Brazil, Río de Janeiro, 4 de enero de 1968.)
[21] Department of Defense Appropriations for 1968. Hearing. . . op. cit., p. 170, T. III.
[22] Id., p. 167.
[23] Id., p. 176.
[24] Louis I. Horowitz, Vida e morte do Projeto Camelot, traducción al portugués del artículo originalmente publicado en Trans-Action, Vol. 3, №1. En «Revista Civilizacao Brasileira», pp. 53–74, Julio, 1966, Ano I, №8, Río de Janeiro.
[25] Candidates, Issues and Strategies; A. Computer Simulation of the 1960 and 1964 Presidential Elections, by Ithiel de Sola Pool, Robert Abelson and Samuel Popkin.
[26] Roger Countill, op. cit., p. 5.
[27] Ídem, p. 5.
[28] Consúltese la obra del autor Espionaje en América Latina, ya citada, pp. 60 y siguientes, donde se reproduce el texto de cabecera del «Proyecto Camelot», preparado por la Special Operations Research Office (SORO), organismo colateral del Pentágono.
[29] Peter Henig, op. cit., p. 2.
[30] Remitimos nuevamente al lector a nuestra obra Espionaje en América Latina, pp. 163 y siguientes, donde se amplía la información sobre este y otros «Project» del Pentágono.
[31] Se trata del autor de The New Utopians. Se distingue por sus estrechos vínculos con el Pentágono. Participó de la «Investigación de Operaciones» del Proyecto Camelot (véase Espionaje en América Latina, op. cit, p. 200).
[32] New York Times, 20 de marzo de 1967.
[33] Warren Hinckle, Stanley Scheinbaum y Robert Scheer, en Ramparts, abril de 1966, San Francisco, California. Meses antes, en 1965, el mismo Scheer adelantó la mayor parte de sus acusaciones, en un informe que fue preparado para el Centro para el Estudio de las Instituciones Democráticas titulado «Cómo Estados Unidos se envolvió en eI conflicto en Viet Nam».
[34] Irving Louis Horowitz, A Universidade e a CIA: un Dilema para a Ciencia Social, en Revista Civilizacao Brasileira, pp. 45–56, Año III, №13, Maio, 1967, Río de Janeiro, Guanabara.
[35] Para mayor información sobre este tema, consúltese la obra del autor CIA, de Dulles a Raborn, op. cit., pp. 175–177.
[36] Elliot Carlson, en The Wall Street Journal, op. cit.
[37] Roger Hilsman, To Move a Nation, Doubleday, New York, 1967.
[38] Durante un discurso pronunciado ante el Senado, el 9 y 10 de mayo de 1966, el senador Robert Kennedy se refirió a la desmoralización que amenaza a las universidades norteamericanas y a sus profesores en el extranjero, debido a la revelación acerca de la existencia de proyectos de investigación secretos, encargados por el Departamento de Defensa en algunas universidades, como el «Camelot» y el «Simpático». Mencionó igualmente las revelaciones de Ramparts acerca
de los vínculos entre la CIA y la Universidad de Michigan con relación a Viet Nam y, más concretamente al hecho irrefutable de que el Centro de Estudios Internacionales del Massachusetts Institute of Technology (MIT) debía en gran parte su existencia al dinero de la CIA: «Nosotros, los congresistas — dijo — somos en gran parte responsables de esta situación. El Plan Camelot ha sido concebido por el Ejército porque se han asignado muchos mayores recursos para la investigación en el Ejército que para el Departamento de Estado o la AID (Agency for International Development), o para otras instituciones no militares. La misma asignación de recursos, destinados a la investigación en agencias no militares, ha sido igualmente la causa de que la CIA haya proporcionado fondos al MIT. (Robert F. Kennedy, «The Alliance for Progress: Symbol and Substance» en Bulletin of the Atomic Scientists, november, 1966.
[39] Irving Louis Horowitz, A Universidade e a CIA…, op. cit., pp. 50–51.
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