Por Ernesto Teuma
A María Elena Álvarez, David González y todos los que desde Cuba sienten a África como una segunda patria.
Tía Liza
¿Sí?
¿Qué soy yo?
¿De qué hablas?
Encontré un niño en el río.
Dijo que era Zulú.
Se rió-
Tú eres de color.
Hay tres clases de gente:
Blanco, de color y negro.
Los blancos van primero,
después los de color,
luego los negros.
¿Por qué?
Porque es así
(…)
«Yo, de color», Peter Abrahams
Con la elección en 1994 de Nelson Mandela como el primer presidente de una Sudáfrica gobernada por la mayoría se cierra el capítulo de su historia reciente que conocemos como apartheid. El apartheid podemos decir que era la síntesis de todos los males del mundo moderno, la máxima expresión de una civilización opulenta, colonial, racista, occidental que para mantenerse requería de la desposesión violenta y diaria de miles de vidas que consideraba desechables e inferiores. El fin del apartheid abría una nueva etapa en la historia africana, pues era el fin del bastión más intransigente contra la liberación del continente y sus pueblos. Y por supuesto, era el despertar, en un mundo donde las utopías estaban destiñéndose, del sueño de una sociedad nueva y distinta en una Sudáfrica «Arcoíris». Sin embargo, las condiciones socioeconómicas y políticas de su colapso dejarían cicatrices profundas en todos los aspectos de la sociedad que nacía de su vientre. Para realizar cualquier análisis de la Sudáfrica contemporánea y de la transición que la instaló, es inevitable primero historiar el período desde finales de los setenta hasta 1994.
El fin del apartheid
Según el historiador Jeff Guy (2004) el Estado sudafricano, desde su fundación y a lo largo de su historia se caracterizó por un dominio racial autoritario enraizado en la desposesión colonial de los nativos, extendido mediante la conquista imperial. Además, en su última fase buscó implementar un sistema de segregación racial a través de la diferenciación étnica, un sistema estatal conocido como apartheid. En este sistema una minoría de alrededor de un octavo de la población buscaba mantener el control del poder político, la tierra, y los recursos mediante medidas cada vez más violentas y represivas.
Podemos definir apartheid como «un sistema integral de segregación racial impulsado por el Partido Nacional (NP, por sus siglas en inglés) que gobernó Sudáfrica en el período entre 1948 y abril de 1994» (Abrahams, 2010, p. 496). Dentro de este sistema de «desarrollo» desigual y separado de las razas (donde «desarrollo» significaba el dominio de una diminuta parte de la población sobre las grandes mayorías) podemos encontrar una distinción relevante entre lo que la historiadora Amy Mckenna (2011) nombra petty apartheid y grand apartheid.
El petty apartheid se refiere a la segregación racial en todas las esferas de la vida. Tenía su basamento en la ideología supremacista blanca y la visión de un desarrollo racial separado guiado por la civilización blanca europea. Se expresaba, no solo como un prejuicio cultural, sino en un conjunto de leyes y disposiciones que reforzaban una legislación, ya en sí misma racista y discriminatoria, anterior al apartheid, y que con este llegaría a su máxima expresión.
La piedra angular de la legislación racista era la Population Registration Act (1950), que detallaba la clasificación de la población en cuatro grupos raciales: europeos/blancos, coloured/mestizos, indios/asiáticos y africanos/negros. Esta sirvió de base para todas las iniciativas posteriores. Algunas otras leyes fueron la Prohibition of Mixed Marriages Act (1949), la Immorality Act (1950), que prohibían el sexo y matrimonio interraciales, la Suppression of Communism Act (1950) y la Indemnity Act (1961), que justificaban un alto grado de represión contra las fuerzas anti-apartheid a la vez que alineaban a la Unión Sudafricana con las políticas del bloque occidental de la Guerra Fría (Mckenna, 2011).
Lo anterior implicaba la destitución de los derechos políticos de la mayoría no blanca a favor de la minoría blanca, la única con representación política legítima, y la existencia de un sistema político segregado. Durante el apartheid se llegó incluso a eliminar la práctica de elegir representantes blancos para distritos negros e indios.
No obstante, el petty apartheid y todo su andamiaje político-jurídico era expresión de una separación física y económica que está en el centro de las contradicciones de la sociedad sudafricana. La segregación sostenía y legitimaba esa separación y legalizaba la represión contra los africanos y otras clasificaciones raciales que intentaban superarla.
Esta dimensión económico-espacial, Mckenna (2011) la llama grand apartheid y la define como «la separación física de los grupos raciales en las ciudades y el campo» (p. 168). Esta definición del grand apartheid, coincide con la de Franz Fanon sobre el apartheid como empresa colonial. En sus palabras: «(…) el apartheid no es sino una modalidad de la división en compartimientos del mundo colonial» (Fanon, 1983, p. 25).
La definición de Fanon completa la de Mckenna al emparentar el desarrollo del apartheid con la historia del colonialismo en África de Sur y sus peculiaridades. Esta separación física, implica la desposesión originaria de las mayorías africanas por el colonato blanco con su división colonial del trabajo.
La consignación y consolidación de esta desposesión sucede con la creación de la Unión Sudafricana y la Native Lands Act (1913). Ya durante el apartheid se refuerza y llega a su límite con la Group Areas Act (1950), que desplaza alrededor de 3,5 millones de personas para ubicarlos en reservas (homelands) y distritos especiales (townships) con pésimas condiciones.
Al mismo tiempo, se reforzaban las leyes de pases, para no permitir la estancia de los africanos por más de 72 horas en las áreas residenciales o de negocios sin un permiso de trabajo.
Tanto el espacio rural caracterizado por el latifundio blanco, como el espacio urbano segregado, van a ser elementos de gran permanencia en la historia sudafricana que sobrevivirán al apartheid. Los flujos de mano de obra característicos de esta peculiar división económico-espacial pueden verse tanto en los procesos migratorios internos como en los regionales, y en las condiciones de vida de la mayoría africana. La economía rural de las reservas sostenía y abarataba los costos de la fuerza de trabajo migrante.
Además, Sudáfrica era un polo regional de desarrollo, de manera que la expansión de sus operaciones mineras a gran escala, requirió de un flujo constante de trabajadores contratados por toda la subregión de África austral. Como afirma Álvarez Acosta (2011) «a la ‘reserva’ sudafricana se unió la ‘reserva’ permanente de los países de la subregión hacia las minas de Sudáfrica» (p. 100).
La dimensión espacial posee como correlato la proletarización de la mano de obra africana y la generación de una fuerza de trabajo barata para la minería, la industria y el trabajo agrícola. La minería y la segregación racial fueron centrales al desarrollo del capitalismo sudafricano desde el principio (Hart y Padayachee, 2013).
La desposesión de las tierras, el desplazamiento forzado y con ello la generación de una fuerza de trabajo africana barata regulada por un sistema estatal de segregación, eran las condiciones del desarrollo y éxito del capitalismo sudafricano.
Giovanni Arrighi, Nichole Aschoff y Ben Scully (2010) señalan cuales eran los límites de esa estrategia de desarrollo. La segregación racial, mediante la exclusividad de los trabajos de media y alta calificación y un sistema educacional que no permitía desarrollar una fuerza de trabajo africana calificada, restringían la disponibilidad de mano de obra de altos niveles de calificación y mejores salarios. Esta restricción limitaba la expansión de los sectores manufactureros y de servicios de la economía, así como la magnitud del mercado interno para los productos industriales y de consumo.
La estrategia de industrialización por sustitución de importaciones que había llevado a cabo el gobierno sudafricano se veía desarmada por sus propias contradicciones. Arrighi et al. (2010) también señalan que las alternativas a esta contradicción, incrementando, por ejemplo, la mecanización y automatización, generaron una menor absorción de la fuerza de trabajo africana y una disminución del mercado interno. El incremento del desempleo hizo necesaria una mayor represión para el control de una mayoría africana.
Mientras el régimen del apartheid pudo sostener niveles de crecimiento económico importantes fue viable. Desde principios de los setenta, la economía sudafricana comenzó a desacelerar. Hart y Padayachee (2013) explican esta desaceleración a partir del tamaño reducido del mercado interno para los bienes manufacturados, la baja eficiencia de gran parte de la fuerza laboral, la presión constante sobre la balanza de pagos (porque el crecimiento dependía cada vez más de las importaciones de energía y maquinaria), la escasez de mano de obra calificada por la segmentación racista del mercado laboral y la educación de baja calidad recibida por los africanos.
Se puede apreciar con claridad que el modelo de acumulación capitalista y el régimen en su conjunto se enfrentaban a severas presiones internas. Las presiones eran resultado de las propias contradicciones intrínsecas al desarrollo de la economía y sociedad sudafricana (la separación económica-espacial, el dominio racial autoritario, la dependencia a la exportación primaria y el tamaño reducido de su mercado interno). Ponían en peligro la sostenibilidad material del Estado sudafricano y de sus políticas. Este conjunto de contradicciones a escala nacional fue amplificado por acontecimientos regionales e internacionales.
Una de las soluciones posibles era un ajuste regional que le permitiera a Sudáfrica superar sus contradicciones a partir de una expansión económica en África austral. Sin embargo «la posibilidad de encontrar un ajuste regional (…) desapareció precisamente en el momento en que [esas contradicciones] se volvían más agudas» (Arrighi et al., 2010, p. 427). En efecto, estas no hicieron sino amplificarse con los drásticos cambios regionales e internacionales de principios de la década del setenta.
La lucha por la liberación nacional de las colonias africanas implicó una transformación sustancial del continente en su lucha contra el racismo y el colonialismo. El surgimiento de la Organización de la Unidad Africana (OUA) en 1963, rechazaba la existencia del apartheid en su carta fundacional. Desde su exilio en Londres, el ANC dirigía y coordinaba la lucha mundial anti-apartheid en estrecha cooperación con la OUA y más tarde con las Naciones Unidas.[i]
En línea con esta política, los países miembros de la OUA concertarían esfuerzos para aislar y boicotear el régimen del apartheid. Una de las medidas aplicadas fueron los recortes al suministro de fuerza de trabajo migrante desde los países de la subregión, lo que conllevó a un incremento progresivo de sudafricanos negros en las minas y otras empresas a partir de los sesenta y a lo largo de los años setenta. El incremento del número de nacionales africanos en las minas llegó del 20% en 1973 al 63% en 1981 (Peña López, 1995). Esta política ofrecía, aunque de forma involuntaria, un mayor poder de negociación para los trabajadores sudafricanos.
En 1973 una oleada de huelgas por todo el país forzó el alza de los salarios con efectos para toda la economía. A partir de ese momento el movimiento sindical ilegal se movilizaría de manera ascendente. La radicalización y permanencia de este movimiento a pesar de la represión llevó a la aprobación de políticas de estabilización laboral y reconocimiento de los sindicatos en 1979. En 1983 ya había 403 sindicatos registrados (en 1979 solo había cinco). Dos años más tarde, en 1985, constituyeron el Congress of South African Trade Unions (COSATU), una de las fuerzas anti-apartheid más poderosas. En 1987 adoptaron la Carta de la Libertad como programa de lucha y declararon a Mandela su presidente honorífico.[ii]
El endurecimiento de las sanciones, que llegaron a su punto máximo con la firma del Comprehensive Anti-apartheid Act en 1986 por el Congreso de los EEUU acompañó otros procesos económicos internacionales. Hasta 1971, la estabilidad en el mercado del oro, principal producto de exportación de Sudáfrica la había protegido de las crisis comerciales. Tras el fin del sistema de Bretton Woods, la volatilidad del precio del oro expuso a la economía sudafricana a las altas y bajas del mercado mundial (Hart y Padayachee, 2013).
Otro impacto vendría con la subida de los costos de importación de energía y maquinaria. La estrategia de desarrollo intensiva en capital requería la utilización de divisas para la compra tanto de maquinaria industrial (cuyo precio se duplicó entre 1974–1980), como de mayores importaciones de energía. El boom petrolero de los setenta tensionó aún más la balanza de pagos sudafricana, que requería de estas importaciones para mantener un funcionamiento normal (Arrighi et al., 2010).
La turbulencia económica internacional de los setenta amplificó las debilidades internas del régimen sudafricano e impulsó las tendencias económicas que lo harían inviable en el mediano plazo. Ante el aislamiento internacional y regional, Pretoria respondería con una política de fuerza que le ayudara a normalizar su situación interna.
En los setenta, la independencia de las colonias portuguesas terminó de desestabilizar el espacio regional sudafricano. Ante este reto, según Álvarez Acosta (2011), Sudáfrica: «(…) en el marco de su política de ‘estrategia total’ (1974–1988), se revirtió en el mantenimiento de la ocupación ilegal de Namibia (desde 1966); apoyó al régimen de minoría blanca en Rhodesia del Sur; invadió y ocupó porciones de Angola; atacó, en ocasiones, a otros países vecinos; saboteó, coercionó y presionó económicamente, así como enfrentó la lucha interna contra el apartheid» (Álvarez Acosta, 2011, p. 126).
Esta «estrategia total» implicaba «acciones coordinadas e interdepartamentales en todos los campos: militar, psicológicas, económicas, políticas, sociológicas, tecnológicas, diplomáticas y culturales» todas dirigidas a el «mantenimiento de la seguridad del Estado a toda costa».[iii]
La declaración de independencia de Angola el 11 de noviembre de 1975, iniciaría un conflicto subregional de larga duración, que continuó escalando y expandiéndose por toda África austral. Después de 1976, hay un incremento de las acciones militares y sabotajes así como ataques a los refugiados y militantes de los movimientos de liberación en la zona, como demuestra la matanza de Cassinga en 1978 (Álvarez Acosta, 2011). Con estas medidas, los sudafricanos «[…] revelaban la intención de evitar la consolidación de cualquier ‘modelo alternativo’ a la dependencia a las puertas del apartheid (…)» (González, 1991, citado por Victoria Mutti, 2011, p.490).
La aventura militar de Pretoria no terminaría hasta la derrota de Cuito Cuanavale en 1988 frente a las tropas cubanas, angolanas y namibias, que llevó a la retirada de las tropas sudafricanas de Angola y a la independencia de Namibia en 1990 (CubaAhora, 2013).
El desgaste militar que implicó una guerra tan prolongada tendría efectos acumulativos importantes. El fin de la guerra era también el fin del militarismo sudafricano y del uso de la fuerza como instrumento de desestabilización regional. La derrota de las tropas sudafricanas frente a los ejércitos de las colonias recién liberadas y los internacionalistas cubanos también tendría efectos sobre la lucha anti-apartheid a lo interno. Apenas unos meses después de la derrota sudafricana, los acontecimientos de Soweto revelaban una nueva conciencia y organización en los estudiantes y las comunidades africanas.[iv]
El desarrollo del apartheid dependía de sostener un orden interno altamente represivo, un entorno regional e internacional favorables. Se ha observado que las presiones en estas tres dimensiones se acumulaban sobre el régimen: los cambios en la economía internacional, su progresivo aislamiento por las sanciones, las dificultades de su estrategia de desestabilización militar regional en Angola y Namibia, y a lo interno, el surgimiento de un movimiento democrático de masas. Era imposible que el régimen del apartheid continuara tal y como se había desarrollado hasta el momento. Requería de una reforma que garantizara su sostenimiento.
El petty apartheid comenzaría a desmontarse durante la presidencia de P. W. Botha como expresión de la crisis del régimen en los ochenta. La legislación racista garantizaba todavía la supremacía blanca y reforzaba el carácter represivo del sistema del apartheid. Sin embargo, el régimen se vio forzado a realizar concesiones y ampliar su base de apoyo.
Algunos de los cambios incluyeron el levantamiento de las sanciones al sexo y matrimonios interraciales, la desegregación de hoteles, sitios de entretenimiento y transporte, la desegregación de algunas labores especializadas reservadas solo para los blancos y el levantamiento de las leyes de pase. Se aprobó además una nueva constitución en 1983 que dotaba a los indios y mestizos de representantes políticos dentro de una Asamblea Tricameral y que reconocía a los sindicatos negros sus derechos a huelga y a la mediación judicial de sus demandas mediante una nueva corte industrial (McKenna, 2011).
Estas reformas dentro del petty apartheid estaban dirigidas a lograr algunos cambios menores que pudieran apaciguar a un movimiento anti apartheid cada vez más masivo y militante. En respuesta a estas medidas, una campaña de desafío se desarrolló a partir de 1984. Los townships se sublevaron. La rebelión abierta de las comunidades negras y el surgimiento de organizaciones y movimientos sociales de masas antagónicos al apartheid en la sociedad civil. En 1984, más de 500 comunidades y organizaciones crearon el Frente Democrático Unido (United Democratic Front, UDF). La magnitud de la movilización obligó al régimen a declarar el Estado de emergencia en 1986 y al incremento de la represión por parte de las fuerzas militares y servicios de seguridad del régimen.
Ante esta situación, es el propio gobierno del apartheid quien comienza a moverse a favor de una transición, dado que una solución por la fuerza era improbable. La sustitución de Botha por Frederick de Klerk, primero como jefe del partido (1988) y luego como Presidente (1989), marca también una transición generacional al interior de la minoría blanca hacia una política distinta, de conciliación. El impulso hacia la reforma quería evitar una solución más violenta y sostener el poder en manos de los afrikaneer.
A lo largo de los ochenta la crisis descrita más arriba llegó a su punto máximo. Las condiciones de la economía internacional lanzaron a Sudáfrica, ya debilitada, a la recesión. Con un movimiento sindical militante y organizado, la caída de los precios del oro, la crisis de la balanza de pagos por la carestía de las importaciones al país produjo una reducción sostenida del Producto Interno Bruto (PIB) entre 1987 y 1991. Las presiones internacionales del ANC y la comunidad internacional ya habían logrado un aislamiento casi completo del régimen y un reforzamiento de las sanciones.
La minoría blanca también sentía que, si bien sus posibilidades de continuar gobernando se erosionaban, con la desaparición del bloque socialista a principios de los noventa, el ANC y sus aliados habían perdido un importante apoyo. La desaparición de la URSS cambiaba la correlación de fuerzas a escala internacional e interna. El propio de Klerk razonaba: «El hundimiento y colapso del comunismo en Europa oriental y en Rusia ha dado un nuevo giro a la situación. Antes, el ANC era un instrumento del expansionismo ruso en Sudáfrica. Cuando desapareció esa amenaza, era como si le hubieran quitado al ANC el suelo bajo los pies» (de Klerk, 1991, p. 27; citado por Ilife, 2013, p. 421).
La creciente necesidad de un marco estable para sus relaciones internacionales también presionaba al régimen del apartheid. Según David González:
«Pretoria precisa tanto del financiamiento occidental como de los mercados regionales para reafirmar su papel como pieza central de la futura África austral integrada, por tanto, la eliminación de los principales obstáculos al levantamiento de las relaciones por parte de sus vecinos deviene un objetivo primordial y dado la impresión de buena fe» (González, 1991, p.136).
Las pequeñas reformas de principios de los ochenta no habían logrado estabilizar al Estado Sudafricano. Más aún, estas habían sido desafiadas por el movimiento democrático de masas en las comunidades y la insurgencia de los grandes sindicatos negros. La economía estaba en recesión desde 1987 y el aislamiento regional e internacional era total. La minoría blanca tenía que llevar las reformas un paso más lejos y con ellas, el fin del apartheid.
La transición negociada (1989–1994)
Está sentado en el cuarto de estar, viendo un partido de futbol por televisión. Van cero a cero; ninguno de los equipos parece tener ganas de ganar.
“Desgracia”, John Maxwell Coetzee
Desde 1988 el gobierno del NP había comenzado a sostener conversaciones secretas con Nelson Mandela. Con la sustitución de Botha, estas conversaciones continuarían con de Klerk. En diciembre de 1989, Mandela y de Klerk arreglaron una entrevista privada donde Mandela explicó los puntos fundamentales de la plataforma del ANC para las negociaciones. Según Mandela «estas demandas incluían la liberación de todos los presos políticos, levantar las prohibiciones sobre organizaciones y personas restringidas, el fin del Estado de Emergencia y la retirada de las tropas en los townships». Mandela enfatizaba que «un cese al fuego mutuo para terminar las hostilidades era del primer orden de necesidad, sin la cual no puede continuar la negociación» (Mandela, 1995, p. 98). Solo algunas de estas demandas fueron concedidas.
En su discurso de apertura al Parlamento, el 2 de febrero de 1990, de Klerk anunció el comienzo de las reformas. Al referirse al proceso de negociación afirmó que era clave para la reconciliación y en esa dirección, el gobierno llamaba a las fuerzas políticas a participar y tomaba una serie de medidas. Las medidas incluían la legalización del ANC, el SACP y el PanAfrican Congress (PAC)[v] y otras organizaciones. También levantaba las restricciones de emergencia sobre los centros educacionales, los medios y una serie de importantes organizaciones como el UDF y COSATU. Anunciaba la liberación de aquellos presos políticos detenidos por ser miembros de estas organizaciones y la liberación incondicional de Nelson Mandela (de Klerk, 1990).
La normalización de la situación política no llegaría con estas medidas. El espacio abierto para la negociación tenía como trasfondo un incremento de la violencia urbana, el mantenimiento del Estado de Emergencia, el despliegue de las fuerzas armadas y una economía en crisis.
La violencia urbana en los townships estaba relacionada con el conflicto entre distintas organizaciones negras, particularmente en la provincia de Kwazulu-Natal. Los enfrentamientos entre las fuerzas del ANC y el Inkatha Freedom Party (IFP)[vi], pusieron en peligro el curso de las negociaciones. La violencia urbana era alimentada, además, por las fuerzas de seguridad del apartheid, tal y como reveló el financiamiento a las actividades del IFP y la legislación sobre el porte de armas tradicionales. Por lo que se refiere al aparato represivo del régimen del apartheid, este se encontraba intacto y operante. Se estimó un saldo de alrededor de 15,000 muertos en estos enfrentamientos entre 1989 y 1994 (Abrahams, 2010).
Para aplacar las tensiones, en agosto de 1990, el ANC abandonó la lucha armada como estrategia y se decantó por presionar las negociaciones a través del mantenimiento de las sanciones internacionales y la movilización popular. En respuesta, el gobierno del NP, otorgó una nueva amnistía en junio de 1991. Asimismo, derogó tres piezas centrales de la legislación del apartheid: la Population Registration Act, la Lands Act y la Group Areas Act.
A partir de su legalización, el ANC, que se había mantenido como una organización clandestina y de exiliados, comenzó a captar y absorber miembros de las organizaciones que, si bien se habían alineado con el ANC, no se subordinaban a él. Las dos principales eran UDF y COSATU.
El comité nacional ejecutivo del UDF, antes de disolverse, tomó la decisión de cooperar con el establecimiento y organización de las bases del ANC (Seekings 2000, citado por Butler, 2015). De esta forma, los organizadores y otros cuadros del UDF ocuparon posiciones importantes dentro del ANC. COSATU, que en 1988 llegaba a los dos millones de afiliados, se incorporó a la reorganización del ANC, a pesar de diferencias sobre cuál sería la relación entre este y la federación (Butler, 2015).
Alfred Nzo, un importante dirigente del ANC, en su reporte a la Conferencia Nacional del partido en Durban, en 1991, destacó que «la actividad de masas es un componente vital de nuestra dirección estratégica integral» (ANC, 1991, p.18 citado por Butler, 2015, p.19). La línea de masas no solo estaba destinada a presionar al gobierno en las negociaciones. En el mismo reporte, Nzo hace alusión a la necesidad de un movimiento de masas que apoye al partido en su disputa electoral una vez que la situación se normalice.
El ANC actuaba dentro de una correlación de fuerzas en su interior y en el país muy compleja. El partido debía integrar a los exiliados y cuadros del ANC con la masa heterogénea que había luchado contra el apartheid en el terreno y a sus activistas. También incorporó en el proceso a las autoridades tradicionales y otras fuerzas democráticas. Debía negociar con otros partidos sudafricanos que rechazaban toda perspectiva de negociación y lidiar con la resistencia del poder blanco enraizado por el apartheid y sus bases de apoyo. Este equilibrio inestable en su interior y la fragilidad del balance de fuerzas, orientaba al ANC y sobre todo al liderazgo de Mandela hacia una política más conciliadora y limitaba las posibilidades de negociación.
El espacio principal de negociación fue la Convención para una Sudáfrica Democrática (Convention for a Democratic South Africa), por sus siglas, CODESA. Esta celebró dos encuentros.
Durante el primero (CODESA I), del 21 y 22 de diciembre de 1990, la negociación fue protagonizada por el partido gobernante, el Partido Nacional (NP), y el principal partido anti-apartheid, el ANC, a los que se sumaron otras diecisiete organizaciones. Aunque hubo intentos de boicotear las negociaciones por parte de grupos radicales blancos y negros, fue muy significativa la firma de la Declaración de Intenciones de CODESA.[vii] En ella, las partes reunidas se comprometían a construir una Sudáfrica sin divisiones con una ciudadanía común, sanar las divisiones del pasado, mejorar la calidad de vida de la gente y crear un clima que condujera a un cambio constitucional pacífico que promoviera la participación, la discusión y el debate (CODESA,1991).
El proceso de negociaciones continuó con CODESA II en mayo de 1992, pero no lograba avanzar en ningún punto. CODESA II se disolvió un mes después luego de la masacre de 43 personas, en Boipatong, perpetrada por militantes del IFP. El ANC abandonó las negociaciones y presentó sus demandas al gobierno. Las tensiones se elevaron más aún cuando, en septiembre de 1992, las Fuerzas de Defensa de Ciskei dispararon a manifestantes del ANC con un saldo de 29 muertos y 200 heridos.
Solo en septiembre lograron reanudarse las conversaciones a partir de un «Memorando de entendimiento» entre Mandela y de Klerk. El ANC se disponía a flexibilizar su postura para lograr una transición exitosa.
En noviembre, el Comité Ejecutivo Nacional del ANC, abandonó el principio de gobierno de la mayoría para proponer la posibilidad de un gobierno de unidad nacional. Esto significaba la posibilidad de incorporar políticamente al gobierno otras fuerzas representativas y no solo aquella con voto mayoritario.
Posteriormente, se añadió la propuesta de las “sunset clauses” (cláusulas de puesta de sol). Esas cláusulas garantizaban la continuidad laboral o el retiro anticipado con una pensión generosa a los altos funcionarios y militares de apartheid, como una forma de asegurar su apoyo y darles seguridad durante la transición. El Partido Nacional tuvo que ceder en su exigencia de derechos de minoría o derechos de grupos para los blancos.
En marzo de 1993, comenzó el Proceso de Negociación Multipartidista, Multi-party Negotiating Process (MPNP), que sustituyó a CODESA. Con 26 partes en negociación, el MPNP logró el consenso alrededor de los principios de un estado unitario, con una democracia multipartidista, con amplios derechos civiles, una economía mixta, la protección de los derechos de propiedad en los marcos de un gobierno de unidad nacional que garantizara la continuidad en cuanto a la burocracia del apartheid y la propiedad de la economía, entre otros aspectos (Guy, 2004).
Las partes involucradas lograron tres acuerdos relevantes: la redacción de una constitución interina, que duraría dos años, fijar el 27 de abril de 1994 como fecha para las elecciones y constituir un Consejo Ejecutivo de Transición que garantizara el proceso.
La constitución interina de 1993 dotaba de derecho al sufragio a todos los sudafricanos y sudafricanas mayores de 18 años, disolvía los bantustanes y dotaba al país de una nueva división administrativa de nueve provincias, con gobiernos provinciales de amplias facultades. También poseía una extensa lista de derechos políticos, reconocía la igualdad de todos los ciudadanos, no otorgaba derechos especiales a ninguna lengua, prohibía la discriminación y reconocía el derecho a la educación y los derechos de los trabajadores y patronos, sin discriminación (Mckenna, 2011).[viii]
En el saldo final de las negociaciones se podía observar que ambos bandos habían tenido que aceptar concesiones. El NP y de Klerk se vieron obligados a aceptar que no podrían retener el poder político o derechos especiales en la nueva Sudáfrica. Sin embargo, el ANC tuvo que adoptar una postura moderada y dejar fuera de su programa algunos de sus reclamos históricos, el más notorio de ellos la referencia a la expropiación y la nacionalización de sectores estratégicos de la economía y las tierras (Guy, 2004).[ix]
La economía que heredaba el nuevo gobierno estaba compuesta por un puñado de grandes conglomerados con industrias intensivas en capital, y esquemas de propiedad altamente concentrados, sobre todo en las finanzas y la minería. Estos conglomerados, a pesar de la diversificación experimentada en otras ramas, poseían el peso principal en las exportaciones y en el control de la economía.
En 1993, el Consejo Nacional Ejecutivo accedió a un préstamo del Fondo Monetario Internacional y firmó una declaración de intenciones donde expresaba estar «consciente de los peligros implícitos en los incrementos salariales, la inflación y las iniciativas intervencionistas y las ventajas del libre juego de las fuerzas del mercado sobre la regulación estatal» (Guy, 2004, p.5).
Naomi Klein (2009) refiere que, en paralelo al proceso de negociaciones políticas arriba señalado, se llevaron a cabo negociaciones económicas no menos relevantes que terminarían por atar las manos de la naciente democracia sudafricana, sin la capacidad de darle la solución a sus graves problemas sociales.
El proceso de negociaciones políticas logró evitar que la situación degenerara en un conflicto civil, una posibilidad latente debido a la violencia desatada por todo el país. A la dificultad de las negociaciones se sumaba el estado de la economía y las demandas sociales que debía garantizar el nuevo gobierno. A pesar del éxito de la negociación, la correlación de fuerzas limitaba la acción del ANC como representante de las grandes mayorías y lo obligó a ceder en aspectos clave de su programa económico.
Los directivos del ANC suponían que una vez al mando del Estado, podrían reestructurar la economía para satisfacer los objetivos históricos que se habían planteado: un modelo de capitalismo con un enfoque desarrollista y redistributivo que generara empleo. Poco después de salir de la prisión, el propio Mandela, había declarado: «La nacionalización de las minas, los bancos y las industrias monopólicas es la política del ANC y cualquier cambio o modificación de nuestras opiniones al respecto es inconcebible» (Mandela, 1990). El legado del apartheid, los límites de la transición y las dificultades de la nueva Sudáfrica harían imposible mantener esa promesa. Pero eso ya es otra historia.
Notas:
[i]El ANC realizaba sus operaciones desde una oficina en Londres, dirigida por su presidente, Oliver Reginald Tambo(1917–1993), destacado luchador anti-apartheid y presidente del ANC durante gran parte de su historia reciente. Esta condición de exilio obligó a los militantes del ANC a reunirse y preparar sus acciones desde otras naciones africanas como Zambia y Tanzania.
[ii] La Carta de la Libertad o Freedom Charter es un documento trascendental en la historia de Sudáfrica. Sintetizaba los deseos de las mayorías a una Sudáfrica para todos, no racial, con empleo, seguridad social, reforma agraria, vivienda e iguales derechos ante la ley en un régimen democrático con la participación de todos los sudafricanos sin distinciones. La Carta… fue aprobada en 1955, en Kliptown y se convirtió desde entonces en el programa del ANC.
[iii] SANDF TRC submission, “Total National Strategy” http://www.justice.gov.za/trc/hrvtrans/submit/sadf.htm y Truth and Reconciliation Commission of South Africa. The Final Report, Volume 2, (South Africa, 1998), accessed May 20, 2014, http:// ://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/Volume%202.pdf.).
[iv] SOWETO, acrónimo de South Western Township, era un suburbio segregado de Johannesburgo. La derrota de las fuerzas sudafricanas en Angola en 1976, provocó un cambió en la percepción y la conciencia de las masas negras, sobre todo de los jóvenes, desmitificando la figura de la invencibilidad blanca. El movimiento articuló a los estudiantes secundarios hasta convertirse en un amplio movimiento de protesta. El régimen respondió asesinando a 600 personas muchos de ellos niños y adolescentes.
[v] El Congreso Pan-Africano (PanAfrican Congress, PAC) era una organización política sudafricana surgida como un desprendimiento del ANC a finales de los años cincuenta, a favor de una política de confrontación armada con el Estado racista. El compromiso con las élites blancas era ajeno al programa del PAC que abogaba por un Sudáfrica para la mayoría negra.
[vi] El Inkatha Freedom Party (IFP) comenzó como una asociación cultural zulú a finales de los setenta solo se convirtió en partido político en los ochenta, bajo el mando del jefe Mangosuthu Buthelezi. Crítico del apartheid, se oponía sin embargo al ANC y defendía los derechos nacionales de los Zulú y su constitución como Estado separado. A principios de los noventa las confrontaciones en Kwazulu-Natal entre zulúes del ANC y del IFP llevaron a la provincia al borde la guerra civil. Hasta el último momento el partido se opuso u obstaculizó todo tipo de negociación.
[vii] CODESA I tuvo como resultado la creación de cinco comisiones de trabajo que centraban las discusiones sobre la nueva constitución, la formación de un gobierno de transición, el futuro de los homelands, el cronograma de las reformas y el sistema electoral. A partir de enero de 1992 comenzaron a reunirse cada semana. Solo la comisión del gobierno de transición logró obtener un compromiso.
[viii] El texto de la Constitución fue revisado por el parlamento elegido en abril, que actuó como Asamblea Constituyente. El Gobierno de unidad nacional estipulaba una representación de las fuerzas más importantes en el gobierno y en el gabinete ministerial.
[ix] El artículo 28 de la Constitución de 1993 ya incluía una restricción fuerte a la expropiación en interés público y exigía mecanismos de compensación y su evaluación judicial. (MPNP,1993)
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