Algunas nociones históricas básicas para entender el papel de los órganos armados bolivianos y sus vínculos con los Estados Unidos.
Por Disamis Arcia Muñoz
Este es un fragmento del primer capítulo de una investigación relacionada con la estrategia de contrainsurgencia desarrollada contra la guerrilla del Che Guevara en Bolivia, entre 1966–1967.[*]
A manera de presentación
El 11 de mayo de 1967, un cable confidencial enviado al presidente de los Estados Unidos Lyndon B. Johnson por su asistente especial Walt Rostow, confirmaba las sospechas de que el Che estaba «vivo y operando en América del Sur»,[1] y aunque añadía con cautela que se necesitaba más evidencia antes de llegar a una conclusión sólida, anunciaba con preocupación un reporte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) recibido el día anterior, donde se hacía referencia a que «Che Guevara había llegado a Bolivia “para comenzar un movimiento guerrillero que podría extenderse a otras zonas de América Latina”».[2]
Pocos días después, la noticia se extendería como pólvora entre las agencias noticiosas y medios de prensa latinoamericanos e internacionales. Ya desde fines de marzo había despertado interés la presencia de un grupo guerrillero beligerante en la zona de Cochabamba, en Bolivia; entre rumores y desmentidos por parte del Alto Mando del ejército en relación a los vínculos o no de la guerrilla con el «movimiento comunista internacional», el cable de la Agencia Francesa de Prensa (AFP) redactado en Bogotá a raíz de las declaraciones del coronel Arana Serrudo, del ejército boliviano, constituyó la primera confirmación oficial de que, efectivamente, el Che se encontraba peleando en tierras latinoamericanas, ahora con el nombre de Ramón.[3]
No extraña entonces la avalancha de información que comenzó a circular en el mundo cuando se confirmaron estos rumores, y meses después, el comunicado referido a su supuesta muerte en combate, en medio de confusas y contradictorias circunstancias. De entonces acá, a lo largo del último medio siglo, los esfuerzos por construir una explicación de los sucesos han recorrido un largo camino marcado por la polémica y las lagunas históricas; por fragmentaciones y utilitarismo político que han contribuido a crear un alud de incontables, paradójicos y pseudocientíficos relatos relacionados con el desarrollo de esa experiencia revolucionaria y el papel jugado por los órganos armados bolivianos, la comunidad de inteligencia norteamericana, así como su aparato militar, en la captura y posterior asesinato de Ernesto Che Guevara.
Como parte del estudio, se sistematizan a continuación un grupo de nociones históricas básicas que permiten comprender cómo fueron perfilándose y consolidándose los vínculos políticos, ideológicos, económicos y en materia de táctica y estrategia militar, entre las sucesivas administraciones de los Estados Unidos y las cúpulas decisoras al interior de los órganos armados latinoamericanos, y en particular, de aquellas naciones que luego vivieron el terror de las llamadas «dictaduras de seguridad nacional».
La proyección hegemónica de los Estados Unidos hacia América Latina a partir de la segunda postguerra mundial y el inicio de la Guerra Fría
América Latina ha tenido un lugar central en la proyección de la política exterior de los Estados Unidos prácticamente desde su surgimiento como nación independiente. En un proceso que ha transitado por cambios y continuidades en cuanto a propósitos, metas y estrategias de dominación, se ha construido una relación con los países latinoamericanos guiada por la obsesión, la búsqueda, y luego, la consolidación de su hegemonía. Esta última, ha sido comprendida en su complejidad, y se verifica a través de un sistema de dominación hemisférica que integra y armoniza dimensiones económicas, políticas, militares e ideológicas en un proceso que tiene sus raíces en el proyecto de nación que comenzaron a esbozar los Padres Fundadores.
Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, la política exterior norteamericana experimentó un cambio estratégico, estrechamente vinculado a los intensos procesos de expansión económica, territorial, política y cultural que comenzaron a producirse en la sociedad de ese país como resultado del fin de la guerra de secesión y el establecimiento del modelo de desarrollo industrial del Norte. Esta transformación se vería expresada en un tránsito relativamente rápido desde las posiciones aislacionistas, mantenidas por la diplomacia estadounidense desde los tiempos del presidente George Washington, hacia un activismo internacional que estaría dirigido fundamentalmente hacia «sus» zonas de influencia «naturales». Para la región latinoamericana y caribeña esto se tradujo en la concepción y aplicación de una versión actualizada del monroísmo: el panamericanismo. Doctrina que, en su condición de matriz ideológica, legitimaría y afianzaría la proyección del Vecino del Norte durante la primera mitad del siglo XX.
Presentada a la opinión pública latinoamericana como la «acción conjunta de las naciones soberanas de América para la consideración y solución de sus problemas comunes»,[4] con el paso del tiempo se develó como la doctrina ideológica a partir de la cual se construye todo un sistema de compromisos y sumisiones de los países latinoamericanos en función de los intereses norteamericanos en la región. Su paulatina consolidación expresada a través de conferencias, declaraciones y acuerdos tomados dentro del sistema panamericano brinda claridad en torno a la influencia activa de muchos de sus postulados en las concepciones de Seguridad Nacional que comenzarían a ser asimiladas en América Latina y el Caribe a partir del inicio de la llamada Guerra Fría.
El fin de la Segunda Guerra Mundial tuvo como uno de sus resultados más visibles[5] la emergencia de los Estados Unidos como potencia central del sistema capitalista mundial, fundamentada en una supremacía política, económica, militar, y un liderazgo indiscutible. Se asistía al inicio de una etapa en la que puede hablarse de la existencia de la hegemonía norteamericana con caracteres absolutos en el escenario capitalista.
Este nuevo status trajo consigo para los grupos gobernantes la necesidad de redefinir las tácticas a través de las cuales se construía y reforzaba su proyección hegemónica. Ya no se trataba solamente de los desafíos «domésticos» que se gestaban en la sociedad norteamericana, o aquellos de naturaleza regional, surgidos en su relación con los países latinoamericanos. El reto se planteaba ahora en ámbitos mucho más amplios y diversos en cuanto a geografías, conflictos, culturas, sistemas políticos, y estaba marcado por la confrontación con el naciente campo socialista en general y la URSS en particular. Era necesario pensar, concebir y proyectar estrategias de dominación con un alcance global.
De esta forma, desde el discurso político se percibe una escalada que en el corto tiempo que transcurre entre mayo de 1945 y marzo de 1947, va a alimentar el caudal ideológico norteamericano para –en una especie de «actualización teórica» de las nociones del excepcionalismo universalista norteamericano– convencer a la opinión pública de la necesidad extrema de levantar una posición común, bajo la dirección de los EE.UU., contra la amenaza comunista.[6]
A partir de este momento, los entresijos del antagonismo bipolar definieron los términos de la dinámica internacional. En este marco de confrontación global, las distintas administraciones estadounidenses concibieron y ejecutaron la política exterior de la nación basados en la identificación de los objetivos de política internacional con los de su Seguridad. La articulación estaba permeada por las concepciones de Seguridad Nacional que, a pesar de constituir una construcción relativamente nueva en tanto categoría política, tenía sus raíces en las concepciones, valoraciones, elaboraciones míticas que se encuentran presentes en el proyecto de nación norteamericano. Como resultado de esta asunción y la prioridad que se le otorgó, por encima de otras problemáticas, el plano militar se erigió en la base fundamental de su proyección internacional.
Sería el equipo presidencial de Harry S. Truman el encargado de materializar las ideas, amenazas, réplicas y contrarréplicas que se habían venido intercambiando entre Estados Unidos y la URSS, las hasta hace muy poco potencias aliadas. Con el discurso presidencial ante el Congreso, pronunciado el 12 de marzo de 1947, se abría una nueva etapa en el desarrollo de las relaciones internacionales, marcadas a partir de entonces por la amenaza y el temor a otra confrontación entre las grandes potencias.[7] Como explica el especialista Roberto González, «la contención del comunismo sería asumida tanto por Truman como por las administraciones inmediatamente sucesoras, en términos globales y militares, con gestos y estilos de retórica confrontacionista, y en el contexto de un clima ideológico de anticomunismo rayano en la histeria»,[8] que se traduciría para el resto del mundo en la creación de un sistema de alianzas militares que garantizaban la presencia de fuerzas armadas norteamericanas en casi todas las regiones del globo terráqueo, las cuales serían fortalecidas a su vez con el desarrollo de un sistema de bases aéreas y navales que, a modo de cinturón «defensivo», se extendió alrededor del naciente campo socialista.
Con la política de contención al comunismo, hacia el interior de la sociedad norteamericana fueron adquiriendo preeminencia un grupo de procesos orientados a garantizar el llamado «consenso interno», esgrimiendo el «bien nacional» como fundamento de las cruzadas anticomunistas. El rol tristemente célebre lo protagonizó el senador McCarthy.
Algunas disposiciones legislativas aprobadas entre 1947 y 1954 dan cuenta del impacto que la doctrina de la contención provocó al interior de la sociedad norteamericana: en 1947 una orden presidencial autorizaba el control de la lealtad de los funcionarios y su despido «en nombre de los intereses de la seguridad nacional»; se amplía el ámbito de aplicación de la Smith Act de 1940 y a través de ella se reprime la «propaganda que consciente y voluntariamente incite al derrocamiento del Gobierno federal mediante la violencia y la fuerza»; en 1950 se aprueba la Internal Security Act, que limita las libertades de asociación para las organizaciones supuestamente comunistas; y en 1954 se firma la Communist Control Act donde se declara a este partido fuera de ley, entre otros motivos, por tratarse de un «vasto movimiento comunista revolucionario mundial que intenta implantar una dictadura comunista totalitaria en el mundo […]».[9]
Simultáneamente, en el ámbito del pensamiento político alcanzarían una gran influencia las concepciones de Seguridad Nacional. Bajo su advocación comenzaron a impulsarse algunos cambios significativos dentro del sistema político estadounidense, concretados en el aumento paulatino de la preponderancia del Departamento de Defensa en la formulación de la política exterior del país, así como en la creciente influencia del complejo militar-industrial y la relativa autonomía que iba alcanzando.
Estas transformaciones alcanzaron su expresión jurídica con la aprobación en 1947 del National Security Act. A tal punto reforzó las posiciones militaristas que durante mucho tiempo fue considerado por la alta jefatura como la Unification Act, que tuvo como consecuencia más contundente la creación, en ese mismo año, del Pentágono, luego de la supresión de los ministerios de Guerra y de la Marina. Con este manto legal también se instauraron el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que estuvieron acompañadas de la creación del puesto de Director de Inteligencia Central (DCI) cuya función principal residía en supervisar y coordinar el conjunto de las agencias secretas. Dentro de ese reordenamiento institucional emerge el Consejo de Seguridad Nacional[10] como una estructura de vital importancia. Por último, se sumaría una última pieza: la National Security Agency (NSA).
II.
En el plano de las ideas militares comenzarían a irrumpir algunas nociones que luego se encontrarían en la base de la doctrina de la contrainsurgencia formulada por la administración de John F. Kennedy. La guerra civil que tuvo lugar en Grecia entre 1946 y 1949, y la participación directa de efectivos norteamericanos en función de asesores, escudados en la justificación de que el Ejército de Liberación Nacional griego contaba con el apoyo de las fuerzas soviéticas, es considerada no solo como la proclamación práctica de la Guerra Fría, sino además como la primera campaña contrainsurgente del ejército norteamericano en el período.
Años después, un artículo de la revista Military Review[11] definió la implicación estadounidense en el conflicto como el antecedente más importante de la evolución progresiva de las estrategias de contrainsurgencia de los años sesenta. Desde el punto de vista militar, la experiencia había aportado cuatro grandes enseñanzas que luego se mantendrían en la base de las líneas de acción que conformaron la estrategia norteamericana de contrainsurgencia:
1. El suministro de asistencia militar a gran escala a un gobierno extranjero en tiempos de paz;
2. El uso de personal militar norteamericano como asesor de las fuerzas nativas en la conducción de operaciones militares en el terreno;
3. El desarrollo de tácticas contra-guerrilleras como un requisito imprescindible de la Guerra Fría;
4. La participación norteamericana en las hostilidades militares sin llegar a comprometer el máximo de recursos.
A partir de 1949 el mundo asistiría al tránsito hacia posiciones mucho más confrontacionistas y militaristas. La nueva postura emergía como respuesta a la complejización del contexto mundial, provocado en lo fundamental por el triunfo de la Revolución en China por un lado, y por la detonación de la primera bomba nuclear soviética, por el otro. Este último acontecimiento significó un cambio en la correlación de fuerzas y una relativa paridad militar entre las dos potencias.
La expresión más evidente de esta reformulación se encuentra en el National Security Council Paper Nº 68 (NSC-68), aprobado por la administración Truman en septiembre de 1950. Este documento había sido elaborado por un grupo interdepartamental de Estado y Defensa, y en su confección tuvo un importantísimo rol Paul Nitze. Sus planteamientos esenciales fueron:
- El poder en el mundo está polarizado en dos centros: Estados Unidos y la URSS. La URSS está guiada por «una fe fanática» y busca imponer su autoridad absoluta en el mundo.
- El conflicto Estados Unidos-URSS tiene lugar a la sombra de un armamento altamente destructivo para todo el mundo.
- Teniendo en cuenta estas circunstancias, aboga por una política de activo intervencionismo.
- Uno de los más importantes ingredientes del poder es la fuerza militar.
- El mundo libre debe desarrollar un exitoso sistema político y económico, funcional y respaldado por un poder militar adecuado.
En líneas generales, sus fundamentos resultan en una extensión de la noción de contención y la introducción de algunas ideas centrales que luego estarían presentes en la concepción del roll-back, elaborada por Foster Dulles bajo la administración Eisenhower.
La doctrina de política exterior proclamada, y su reformulación expresada en el NSC-68, tuvo una gran incidencia en el terreno estrictamente técnico-militar. Tomando como punto de partida una visión mucho más acorde con el real balance de fuerzas –al menos en lo que se refería a la bomba nuclear– de sus recomendaciones emerge, por primera vez en un documento oficial norteamericano, la concepción del conflicto limitado y sus implicaciones en cuanto a la necesidad de desarrollar una fuerza militar que esté en condiciones de enfrentar los diversos tipos de agresión.
El ejército, que ya se encontraba involucrado en la guerra civil en Grecia, se vería abocado ahora en la participación directa de una parte de sus efectivos en la Guerra de Corea, bajo el escudo legal del NCS-68. El conflicto, iniciado en junio de 1950, contribuyó a consolidar el consenso definitivo de las élites dirigentes y de la opinión pública en torno a la postura guerrerista asumida frente al campo socialista.
A pesar de constituir la gran frustración norteamericana, permitió elevar rápidamente la capacidad militar de Estados Unidos y sus aliados. Aunque la experiencia catalizó el renacimiento militar y la ampliación de las capacidades en la guerra no convencional y psicológica, las propias características del conflicto –que parten de haberse originado con una invasión, hasta el constituir una confrontación convencional de fuerzas militares–, conspiraron contra el desarrollo de una doctrina innovadora en este sentido.[12] Sin embargo, representó también un punto de giro ya que durante el conflicto se decidió emplear fuerzas irregulares en la función de grupos guerrilleros que fueron entrenados, apoyados y dirigidos por los Estados Unidos. En la práctica, el ejército se vio obligado a compartir el control de estas unidades con la CIA.
Además, llevó a la introducción de una nueva modificación en la doctrina de la contención, en lo que comenzó a llamarse negociación desde posiciones de fuerza, esgrimida y defendida en particular por el Secretario de Estado Dean Acheson. La idea fundamental consistía en «negociar desde una posición de aumentada capacidad militar y política, que llevara a los soviéticos al abandono de lo que para occidente eran sus conquistas de la posguerra».[13]
Durante este período, América Latina, zona considerada históricamente por los gobernantes estadounidenses como de «natural influencia», no quedaría a salvo del impacto de esta proyección hegemónica, traducida en una práctica de alcance mundial. A pesar de que en estos años el foco de las prioridades políticas de los Estados Unidos se concentraron en los asuntos europeos y luego se orientarían hacia la península Indochina, el continente latinoamericano continuaría siendo un foco de interés. El comienzo de la Guerra Fría[14] significó para los latinoamericanos el momento de gestación y nacimiento de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
A partir de la firma en 1947 de la mencionada National Security Act, sobre la base de la bipolaridad y en el marco de la doctrina de la contención al comunismo, la proyección y difusión de la Doctrina de Seguridad Nacional fue tomando forma y consistencia en sus dimensiones política y militar, hasta articularse en un mecanismo institucionalizado de seguridad hemisférica colectiva respaldado por el surgimiento del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947,[15] y complementado el año siguiente con la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Se institucionalizaba de esta manera el Sistema Interamericano,[16] que se declararía francamente anticomunista partir de la Conferencia celebrada en Caracas en 1954.
Con el desarrollo de los mecanismos de colaboración militar elaborados en el marco de estas relaciones interamericanas y puestos en práctica durante las décadas siguientes, se catalizaría la dependencia tecnológica, estratégica y táctica de los Ejércitos latinoamericanos. Manipulando el argumento de ayudar en la modernización y la profesionalización de las Fuerzas Armadas, y las declaradas intenciones de fortalecer la defensa colectiva del hemisferio contra la agresión o la subversión externa, se escondía el propósito de garantizar la homogeneización ideológica y la incorporación de las naciones latinoamericanas al bloque de confrontación con el mundo comunista.[17]
A tono con estos propósitos, a partir de la implementación en 1952 de los Programas de Asistencia Militar (PAM) comenzaron a ponerse en práctica una serie de mecanismos orientados a facilitar la «naturalización» de los principales postulados de la Seguridad Nacional en los sistemas políticos latinoamericanos. Aunque públicamente se justificaban por el interés de conducir a un fortalecimiento del estado nacional en las áreas subdesarrolladas, en la práctica estos programas canalizaron los recursos, créditos y asesorías que devendrían en la homogeneización técnica de los organismos armados, y facilitaron el establecimiento en casi todas las naciones al sur del río Bravo de las Misiones Militares norteamericanas, las cuales llegarían a convertirse en una especie de segunda embajada estadounidense –a veces la de mayor preponderancia– desde donde se intervenía e incidía en la vida de sus sociedades.
En estas circunstancias, asume Ike Eisenhower en enero de 1953 la presidencia del Vecino del Norte. Su llegada al gobierno significó, en materia de política exterior, la presentación de una nueva propuesta doctrinal: la doctrina de la liberación. En rigor, su aplicación práctica estuvo caracterizada más por el discurso difuso y amenazador que por la ejecución de acciones concretas.
No obstante, tuvo un impacto visible en el ámbito militar a través de la doctrina de la represalia masiva, presentada el 12 de enero de 1954 por el Secretario de Defensa Foster Dulles. Se basaba en el enorme poder disuasivo de las armas nucleares, que eran vistas como un instrumento efectivo y poco costoso en comparación con las necesidades del desarrollo de fuerzas convencionales. Sin embargo, fue duramente criticada como «difícilmente aplicable en la disuasión de la actividad de la URSS en el Tercer Mundo, planteándose la necesidad de una estrategia para guerras locales en áreas no europeas, ya que Estados Unidos no contaba con una estrategia político-militar coherente para enfrentar los movimientos nacionalistas, independentistas y de liberación nacional».[18]
Como una expresión más de esta confusa y poco estructurada doctrina de política exterior, mientras dentro de las fuerzas armadas se asumía la postura de la represalia masiva, en la esfera de las relaciones exteriores primaban todavía muchas de las concepciones que recordaban a la contención. En franca negación de la doctrina militar preponderante y en contradicción con el accionar de la diplomacia norteamericana, que por aquel entonces había impulsado activamente la creación de estructuras funcionales de derecho internacional, fue la administración Eisenhower el período de mayor auge de las acciones encubiertas y la intervención, y de mayor preponderancia de la CIA en la organización, preparación y ejecución de las mismas.
Entre ellas sobresale, en el ámbito latinoamericano, el derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz en la Guatemala de 1954. En la ejecución de esta acción se combinaron una ofensiva diplomática y propagandística de altos quilates (con el propósito de justificar y legitimar el golpe), con el despliegue del prototipo de acción encubierta en la que se mezclaban aspectos de la guerra psicológica, el uso de fuerzas mercenarias paramilitares y una fuerza aérea desmedida.
El cambiante y enrevesado contexto internacional, caracterizado en esta época por la favorable posición que iba alcanzando la URSS a los ojos de amplios sectores, y la dinámica y complejísima situación de las emergentes naciones del llamado Tercer Mundo, hizo que en poco tiempo la mayor parte de las formulaciones de la administración Eisenhower se convirtieran en algo obsoleto e inoperante, incluso para los propios grupos de poder al interior de los Estados Unidos. Estos grupos percibían como un error el énfasis en desarrollar un solo sistema de armas en detrimento del resto, así como el abandono y negación de la guerra limitada como un recurso para solucionar los conflictos.
Como resultado de estos cuestionamientos, en 1957 fue creado el Comité Gaither, cuya propuesta principal fue revisar la doctrina militar vigente, y preparar a Estados Unidos para enfrentar los disímiles y diversos desafíos militares en cualquier escenario posible. A pesar de constituir, junto con el NSC-68, el documento más importante en el desarrollo del militarismo de inicios de los sesenta, sus recomendaciones no serían aplicadas sino hasta la asunción de una nueva administración.
Como parte de este proceso de reevaluación de la política exterior, tiene lugar un acontecimiento de suma importancia para la evolución posterior de la estrategia hegemónica que luego entronizaría la administración Kennedy. Este suceso se encuentra relacionado con la irrupción, entre los círculos académicos y militares estadounidenses, de la concepción en relación a los estrechos lazos que debían existir entre desarrollo nacional, órganos armados y concepciones de seguridad.[19]
La idea había salido a la luz durante los años de la administración Truman, cuando en la formulación de la doctrina de la contención se asumía implícitamente al desarrollo como una condición para la seguridad de las naciones –entiéndase en los términos de la seguridad de los Estados Unidos–. Pero tomó formas más concretas a partir de su plasmación oficial en el documento elaborado por el Comité Presidencial para el estudio del Programa de Ayuda Militar (PAM), que sesionó durante 1958–1959. Partiendo de una percepción bastante acertada de la realidad de los países tercermundistas, y sobredimensionando o sobrevalorando muchas veces la capacidad directa de influencia de la URSS en ellos, el Comité propuso reorientar la ayuda provista a las fuerzas aliadas hacia el ámbito del enfrentamiento a las amenazas internas. Esta Contribución militar a los proyectos económicos y sociales, recomendaba el uso de la ayuda militar para impulsar el empleo de las fuerzas armadas en los países subdesarrollados a modo de cadena de transmisión del desarrollo socioeconómico. Bajo la rúbrica de la «Acción cívica militar» proponía y recomendaba su uso en tareas no militares.
De esta forma, al proclamar que «en lo posible debe estimularse […] el uso de las fuerzas militares en países subdesarrollados –y amigos– para la construcción de obras públicas y otras actividades que ayuden al desarrollo económico»,[20] el Acta de Seguridad Mutua firmada en 1959 se convirtió en el primer documento público que estableció de manera oficial a los órganos armados de los países subdesarrollados como los instrumentos principales de modernización económica y social.
Como resultado de esta resolución, o como concreción de las intenciones que se ven reflejadas en el documento, se reorientaron los propósitos y objetivos de los PAM, que a partir de este momento se concentrarían en promover la intervención de los Ejércitos locales tanto en lo relacionado con la seguridad interna como en el desarrollo económico. Expresada en la fórmula de la «defensa interna más desarrollo», se convertiría poco después en la definición clásica de la doctrina de la Contrainsurgencia, formulada por la administración Kennedy.[21]
En América Latina y el Caribe, esto se materializaría a través del Sistema Interamericano, a medida que iba consolidándose la labor de organismos como el Instituto Interamericano de Defensa y la Junta Interamericana de Defensa. Por medio de ellos se planearían y pondrían en práctica ejercicios navales, aéreos y terrestres conjuntos; así como las reuniones y conferencias entre los Comandantes en Jefe de Ejércitos, Armadas y Fuerzas Aéreas cuyos temas de discusión y análisis raras veces eran del conocimiento de la opinión pública continental. De enorme e incalculable eficacia resultaron los planes de adoctrinamiento ideológico y entrenamiento militar realizados desde el National War College y el College of the Armed Forces –enfocados en la preparación ideológica y en tácticas y estrategias militares de los altos oficiales–, así como a través del Comando Sur norteamericano asentado en la zona del Canal de Panamá –destinado al entrenamiento de la oficialidad subalterna–, que luego se convertiría en la tristemente célebre US Army School of the Americas, (USARSA).
Todas estas acciones, resultado y conjunción de la preeminencia cada vez mayor que iban alcanzando las élites militares norteamericanas en el sistema político –así como en el económico e ideológico– de los Estados Unidos, influirían en el fortalecimiento y empoderamiento de los sectores militares locales dentro de las sociedades latinoamericanas.
Bajo la justificación de la «Defensa Continental» se potenciaría un grupo de ideas relacionadas con la exaltación incondicionada del orden y de la seguridad como valores absolutos para proteger, en primera instancia –aunque en el discurso público nunca apareció explícitamente–,[22] los intereses de los sectores de las burguesías nativas aliadas al capital norteamericano. Dentro de esta lógica oportunista y solapada, se identificaba aquello que debía ser protegido (la nación) con sus propios intereses, y se reforzaba la noción de que garantizando la seguridad del Estado se garantizaba la de la Sociedad, pero para esto era necesario mantener el control militar sobre el mismo… Estaba en proceso de consolidación una concepción militarista del Estado y de las dinámicas sociales, lo cual legitimaría y justificaría posteriormente la ocupación de las instituciones civiles por parte de los cuadros militares.
Cambios y reacomodos a partir del triunfo de la Revolución Cubana
En 1959, bajo la conjunción de un grupo de procesos de carácter mundial y regional, la administración norteamericana de turno se vio obligada a repensar su proyección hegemónica hacia América Latina. Es a partir de ese momento en que se iniciaría el período de mayor auge en la aplicación de las concepciones sobre seguridad nacional.
En la esfera de las relaciones políticas a nivel global, para el equipo presidencial del recién electo candidato norteamericano John F. Kennedy el contexto se presentaba plagado de retos y dificultades.
Entre los desafíos de mayor envergadura se encontraban el creciente poderío militar alcanzado por la Unión Soviética y el consecuente cambio en la correlación de fuerzas en cuanto a tecnología y estrategia militar; la emergencia de los nuevos Estados independientes de Asia y África y sus esfuerzos por ocupar un lugar propio y autónomo en la política mundial; así como el paulatino incremento de la presencia internacional de Europa occidental y Japón.
En el ámbito regional, el triunfo de la Revolución cubana, su propuesta radical y antiimperialista de amplio apoyo popular, representó para el gobierno norteamericano no solo la crisis definitiva del modelo implantado en la isla caribeña desde principios del siglo; sino también, en cierto sentido, el debilitamiento del sistema hegemónico que se había estado conformando en el continente durante las últimas décadas. A grandes rasgos, emergía un reto de trascendencia global en la dinámica de su confrontación con el mundo socialista y al mismo tiempo, la herejía cubana daba un gran impulso a los movimientos de liberación en el continente y se convertía en el ejemplo movilizador de la búsqueda de un camino propio de desarrollo, antiimperialista e independiente.
Por si esto fuera poco, el proyecto político cubano y su temprana orientación hacia el socialismo –declarada públicamente en abril de 1961– introdujeron un nuevo signo en el marco de las relaciones interamericanas, e implicaron nuevos obstáculos para la proyección geoestratégica estadounidense, algunos de ellos reforzados a raíz de la derrota de Playa Girón y de la Crisis de Octubre de 1962. Si hasta entonces en el marco de la Guerra Fría la amenaza del comunismo era percibida y presentada en el discurso político e ideológico como un elemento foráneo, extra-continental, contra el cual «cerrar filas» en defensa del hemisferio, desde ese momento el tema Cuba pasaría a convertirse en un preocupante y significativo problema interno, esgrimido como punta de lanza en las relaciones entre los países latinoamericanos.
Ante el reto planteado por estas circunstancias mundiales y regionales, el equipo presidencial de John F. Kennedy puso en práctica una readecuación de la política exterior estadounidense que, sin abandonar el objetivo estratégico de eliminar al comunismo, se materializó en la doctrina de la respuesta flexible.[23]
Su llegada a la presidencia había representado la emergencia de una nueva generación política que se planteó desde el principio, entre otras cosas, una revisión y replanteamiento casi general de la proyección internacional norteamericana. Su eslogan de la new frontier trascendió el momento de la campaña electoral y se convirtió en una expresión de los desafíos internos y externos a los que se proponía dar respuesta. Un ejemplo de lo que la administración definía como «nueva frontera», lo fue la «frontera de la libertad», como explicita J. F. Kennedy, demagógicamente en abril de 1963:
Freedom is not on the run anywhere in the world –not in Europe, Asia, Africa, or Latin America– as it might well have been without U.S. aid. And we now know that freedom –all freedom, including our own– is diminished when other countries fall under Communist domination, as in China in 1949, North Vietnam and the northern provinces of Laos in 1954, and Cuba in 1959. Freedom, all freedom, is threatened by the subtle, varied and unceasing Communist efforts at subversion in Latin America, Africa, the Middle East, and Asia. And the prospect for freedom is also endangered or eroded in countries which see no hope– no hope for a better life based on economic progress, education, social justice and the development of stable institutions. These are the frontiers of freedom which our military and economic aid programs seek to advance; and in so doing, they serve our deepest national interest.[24]
Ante una gestión internacional carente de imaginación, que había puesto al país en una posición defensiva ante el empuje de su contendiente soviético –o al menos así era caracterizada por el joven político durante la campaña electoral–, John F. Kennedy responde con la presentación en enero de 1961 de una propuesta que fue, a un tiempo, doctrina de política exterior y militar, y constituyó la esencia de la proyección de los Estados Unidos hacia el mundo. En ella, el equipo presidencial se basaba en la concepción de que «la respuesta norteamericana debía ser simétrica respecto a la agresión que debía enfrentar y, por consiguiente, debían desarrollarse todos los tipos de fuerzas nucleares y convencionales, estas últimas preparadas para librar exitosamente guerras limitadas y acciones de contrainsurgencia».[25]
Sus autores principales fueron Maxwell Taylor[26] y Robert McNamara,[27] quienes retoman el concepto original de la contención al comunismo pero en esta ocasión sobre bases más amplias y desde una postura militar más realista y racional, coherente con el contexto mundial en que se encontraban. En esencia, planteaba la necesidad de que los órganos armados estuvieran en posibilidad de asumir simultáneamente dos guerras convencionales y una media guerra –es decir, una acción contraguerrillera–. Con respecto a las anteriores formulaciones, la doctrina de la contrainsurgencia emerge como un elemento novedoso que otorga a la respuesta flexible un perfil que desborda lo estrictamente militar.
Esta nueva formulación nacía de la comprensión de que las causas principales de la revolución que amenazaba sus intereses globales, se encontraban en las condiciones de miseria y explotación existentes en los países del Tercer Mundo, las cuales podían ser aprovechadas por la «insurgencia comunista» para extender su influencia:
Para Kennedy, el equilibrio estratégico-nuclear a que se estaba arribando entre Estados Unidos y la URSS y, por el momento, la superioridad cuantitativa norteamericana, hacía imposible que el adversario comunista recurriera a la agresión atómica. Incluso la guerra limitada convencional […] se veía poco probable, teniendo en cuenta la experiencia coreana. Para Washington el Tercer Mundo ofrecía, sin embargo, un vasto escenario para el despliegue de la ofensiva mundial comunista centrada en la subversión a través de formaciones guerrilleras […].[28]
En general se partía de una comprensión bastante certera de la realidad tercermundista, así como de lo que los especialistas militares norteamericanos habían identificado como las causas de la inestabilidad social y la emergencia de la insurgencia. Por ejemplo, el manual militar de 1961 sobre Operaciones contra ejércitos irregulares, en el apartado de «Bases ideológicas para la resistencia» identificaba entre las más importantes:
[…] la insatisfacción de sectores de la población, fueran reales, imaginados o promovidos, con la predominancia de condiciones políticas, sociales, económicas […] [agrupadas alrededor del] anhelo de independencia nacional; el alivio de la real o presunta situación de opresión; eliminación de la ocupación o explotación extranjera; el desarrollo económico o social; la eliminación de la corrupción; el derecho de religión […].[29]
Sin embargo, bajo una errónea y simplista percepción se asumía a los movimientos de liberación tercermundistas como una mera extensión del poderío soviético, y no lo que en verdad eran en su gran mayoría: organizaciones autónomas, que nacían de las condiciones propias de cada país. De manera que, en la misma medida en que, desde el punto de vista estadounidense, se consideraba que la guerra no convencional era aquella que se caracterizaba por la conducción y ejecución de operaciones guerrilleras ofensivas en la esfera de influencia del enemigo, la actividad insurgente que emergía en las zonas de influencia norteamericana era considerada, en correspondencia, como una extensión de la guerra no convencional soviética. Esta fue una premisa fundamental que nutrió la dimensión militar de la doctrina de la contrainsurgencia.
Paralelamente, aquel reporte nombrado «Contribución militar a los proyectos económicos y sociales», prácticamente ignorado por la administración Eisenhower en 1959, sería tomado muy en serio por el nuevo equipo presidencial. Tomando en cuenta las nuevas condiciones hemisféricas y globales, las sugerencias más significativas se enriquecerían y presentarían resumidas en el documento NSAM 18. Con su aprobación se articulaba, por primera vez, una política que integraba la defensa interna y el desarrollo como ejes imprescindibles de la seguridad de los países «amigos», y por ende, de los propios Estados Unidos.
Algunos fragmentos pueden dar una idea de los objetivos que se planteaban a partir de ese momento:
Anticipar, prevenir y derrotar la insurgencia comunista directa requiere de una mezcla de capacidades civiles y militares y acciones con las que cada agencia norteamericana debe contribuir. La salvaguarda del proceso de desarrollo requiere de una cuidadosa evaluación de inteligencia, la habilidad para penetrar las organizaciones del enemigo, y el entrenamiento de unas adecuadas y balanceadas fuerzas militares y de policía. Esto, así como los programas bilaterales y multilaterales de asistencia para el desarrollo, asesoría e información, constituyen los componentes indispensables de un efectivo programa de defensa interna.[30]
En correspondencia con estos propósitos, sumados a las percepciones imperantes en la administración Kennedy y en los círculos militares en relación a las causas que hacían emerger la insurgencia y –por tanto– la inestabilidad social, la doctrina de la Contrainsurgencia que es formulada y aplicada bajo los marcos de la respuesta flexible, se expresa a través de dos dimensiones que es casi imposible separar al analizar su concreción: el plano militar y el plano político-económico y social.
Desde el punto de vista de su dimensión militar puede señalarse que la doctrina militar de los sesenta evolucionó hasta trascender la concepción prevaleciente de una guerrilla en su papel secundario de apoyo a operaciones convencionales. No obstante, el control principal de las fuerzas militares dedicadas a estas misiones se mantuvo en un principio en manos de la CIA, a pesar de las transformaciones introducidas a partir del fracaso en Playa Girón, que propiciaron el control por parte del Ejército de las grandes –por importancia y alcance– operaciones paramilitares. Otro elemento importante desarrollado dentro de la doctrina militar en los años de Kennedy fue el concerniente a las funciones relativas al Ejército norteamericano y los ejércitos locales, tanto en las labores de contrainsurgencia como en los esfuerzos por derrocar a los «regímenes hostiles».
Una de las primeras medidas dictadas por John F. Kennedy fue la extensión y fortalecimiento de las Fuerzas Especiales o Green Berets, quienes a partir de ese momento constituyeron el elemento esencial del reajuste de las concepciones en torno a la contrainsurgencia, de la forma en que había sido comprendida y desarrollada hasta entonces en el ámbito militar norteamericano. Aunque la Fuerza Aérea y los Cuerpos de la Marina continuaron jugando su función en relación a este tipo de confrontación, la propia naturaleza de la jerarquía militar aseguró una rápida evolución del Ejército hacia la asunción de roles preponderantes en la medida en que este ámbito o disciplina de guerra fue tomando mayor auge.
De esta manera, las Fuerzas Especiales del Ejército comenzaron a aportar la mayor parte de los recursos humanos destinados a la guerra no convencional y la contrainsurgencia mientras de manera simultánea el Special Warfare Center mantenía la responsabilidad militar por la formulación doctrinal en una tarea compartida con el Special Group CI. El Ejército reforzó su preeminencia a partir de la creación de una infraestructura burocrática de alto nivel que sería la encargada de lidiar con las tres hermanas de la guerra especial: contrainsurgencia, guerra no convencional y operaciones psicológicas.
Las escuelas de formación militar –que en el caso de América Latina ya funcionaban como medio de homogeneizar tanto ideológica como materialmente a los Ejércitos locales en función de los intereses hegemónicos norteamericanos–, respondieron a las concepciones enarboladas por Kennedy con sustanciales ajustes a sus respectivos currículos, que incluían la introducción de nuevos cursos y recorridos para oficiales por las «áreas donde la contrainsurgencia se mantenía activa». En ellas, el entrenamiento de fuerzas extranjeras fue asumido por las Fuerzas Especiales norteamericanas, y la formación de este personal oscilaba entre las tácticas de guerrilla y las contrainsurgentes, que en la práctica llegaron a ser indistinguibles.
El medio principal de instrucción fue el MTT: Mobile Training Team, compuesto por 10 hombres y dos oficiales, también conocido como el Equipo A de combate y entrenamiento. Para julio de 1962, ya existían 20 de ellos operando en América Latina.[31]
Pero el núcleo central de la doctrina residió en su dimensión político-económica y social, cuyo objetivo esencial era canalizar el nacionalismo de las naciones emergentes hacia propósitos de modernización, decodificado en los términos del modelo capitalista occidental. En correspondencia con estos propósitos, la administración kennediana impulsaría la ejecución de un programa de reformas económico-sociales y de carácter político que tuvo entre sus primeros resultados la creación, en 1961, de los llamados Cuerpos de Paz.[32]
Otra expresión de esta visión «modernizadora» fue la reorientación de los Programas de Ayuda Militar. Para ello se retoman algunos de los pronunciamientos reflejados en el Acta de Ayuda Mutua firmada en 1959, en especial aquellos que referían que «las fuerzas armadas de los países subdesarrollados son los instrumentos modernizantes por excelencia».
A partir de este proceso de reajuste, la naturaleza de los Programas de Ayuda Militar se definiría por la intención de:
1. Ayudar a las naciones individuales a mantener el orden interno y la estabilidad política: «La teoría es que si las fuerzas armadas son capaces de mantener la seguridad interna contra las amenazas de violencia y subversión, entonces se creará un ambiente propicio en el que puedan operar los procesos democráticos, puedan proseguirse las tareas del desarrollo económico y pueda conseguirse un cambio social evolutivo».[33]
2. Fortalecer la Defensa Colectiva del hemisferio contra la agresión o la subversión externa (en lo que representó para los países latinoamericanos una muestra más de la ideología que sustenta en la base esta política norteamericana: América para los americanos).
3. Obtener la colaboración política de las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Para lo cual se potenciaron aún más los mecanismos de interacción entre los diferentes ejércitos de América Latina y el Caribe, que habían comenzado a funcionar desde la década de los cincuenta: la planificación militar conjunta, las concesiones militares y los programas de créditos, entre otros.
4. Alcanzar la profesionalización de las Fuerzas Armadas a través de la colaboración de las Misiones norteamericanas y el entrenamiento de oficiales en las escuelas de ese país.
Otro elemento introducido en el desarrollo de la proyección hegemónica de la administración Kennedy fueron los Programas de Acción Cívica. Su fundamentación teórica se encontraba en la teoría de nation building, basada sobre una visión simplista y mecánica que muchos de los estrategas norteamericanos presentaron a propósito del concepto de «desarrollo».[34] En sus inicios constituyó un conjunto de principios y conclusiones orientadas a «fundamentar aquellas estructuras filosóficas, jurídicas, administrativas y políticas que permiten la autodeterminación de los procesos políticos y económicos».[35]
Un estudio elaborado por Willard F. Barber y C. Neale Ronning y publicado bajo el título Civic Action and military power, puede dar una idea del estado en que se encontraba, a finales de los años sesenta, la aplicación de estos programas de Acción Cívica en América Latina, y las variadas expresiones con que fueron utilizados en distintos países del área. A partir de los datos analizados Barber y Ronning concluyen que, de manera general, todos los oficiales norteamericanos destinados en el continente o entrevistados directamente en Washington coinciden en definir la Acción Cívica como el
uso preponderante de las fuerzas militares nativas en proyectos de utilidad para las poblaciones a todos los niveles en áreas como la educación, formación, obras públicas, agricultura, transporte, comunicaciones, salud, sanidad y otras, contribuyendo así al desarrollo económico y social, que pueda repercutir en una mejoría del entendimiento de las fuerzas militares con la población…[36]
Donde las fuerzas militares norteamericanas, si así se consideraba, podían “asesorar” o involucrarse en acciones cívicas militares en el extranjero. Pero detallan los usos, «beneficios» o aplicaciones a considerar a la hora de ejecutar este tipo de programa:
1. [La acción cívica] puede constituir un medio sutil de tener tropas en una localidad estratégica. En un área donde hay amenaza de insurgencia, puede ser más sabio enviar un batallón que dedique al menos una parte de su tiempo a la construcción u otras labores de utilidad.
2. Puede servir para aliviar algunas de las intolerables condiciones de los pobladores rurales, y así lograr que estén menos inclinados a unirse o apoyar a los movimientos insurgentes.
3. Es un medio de mejorar la imagen de los militares, el gobierno central, o de ambos, así como de lograr la cooperación de los pobladores locales allí donde el ejército persiga a los insurgentes rurales.
4. Al contribuir al desarrollo general del país, contribuirá a reducir el peligro de insurgencia.
5. Constituye un medio para educar o formar a las fuerzas armadas y los civiles, al entrar en contacto con los problemas rurales, induciendo a las comunidades a trabajar de conjunto, así como al enseñar a los oficiales y enlistados, útiles habilidades civiles.[37]
En general, para América Latina la aplicación de todas estas doctrinas, concepciones, visiones hegemónicas… se tradujo en el tránsito desde la concepción de «Seguridad Continental» al interés por la «Seguridad Interna», según explicita en declaraciones públicas el entonces Secretario de Defensa Robert McNamara (1961–1968):
[…] hemos reorientado nuestra política militar hacia América Latina. Nuestro propósito ha sido poner aquella política en línea con la naturaleza y alcance de la verdadera amenaza que tenemos al Sur. Ahora reconocemos formalmente la escasa posibilidad de un ataque convencional sobre un Estado americano desde fuera del hemisferio. En consecuencia no vemos exigencia alguna de que los países latinoamericanos sostengan grandes fuerzas convencionales.[38]
Este desplazamiento tuvo entre sus implicaciones fundamentales un cambio de rol de los órganos armados locales en la «cruzada internacional anticomunista». Mientras Estados Unidos se auto designaba como el máximo responsable de combatir en la escena internacional a la URSS y el resto de los países socialistas, y en el ámbito regional concebía, financiaba y ejecutaba múltiples planes y estrategias de subversión interna y desestabilización política contra Cuba. Mientras a las élites militares latinoamericanas se les definía la misión de combatir a los agentes locales del castro-comunismo. Se trasladaban así las fronteras, el enemigo ahora era confusamente definido como un ente interno que debía ser perseguido y eliminado «a toda costa».
A las acciones desplegadas dentro de los Programas de Ayuda Militar, ahora redefinidos a partir del cambio de perspectiva, se sumarían otros instrumentos que serían aplicados en estrecha [inter] vinculación en aras de contener el auge del movimiento revolucionario en América Latina:
El dilema de nuestra época, en cuanto a la forma de tomar el poder, no ha escapado a la penetración de los imperialistas yanquis. Ellos también quieren «tránsito pacífico». Están de acuerdo en liquidar las viejas estructuras feudales que todavía subsisten en América, y en aliarse a la parte más avanzada de las burguesías nacionales […]
Todo esto está reflejado en los proyectos de la Alianza para el Progreso, que no es otra cosa que el intento imperialista de detener el desarrollo de las condiciones revolucionarias de los pueblos mediante el sistema de repartir una pequeña cantidad de sus ganancias con las clases explotadoras criollas y convertirlas en aliados firmes contra las clases más explotadas. Es decir, suprimir las contradicciones internas del régimen capitalista hasta el máximo posible. […] pero el desarrollo de las contradicciones y su solución violenta en estos tiempos es tan rápida, tan eruptiva, que da la impresión de que América será mucho antes campo de batalla entre explotados y explotadores, que escenario de la lucha económica entre dos imperialismos. Vale decir: las intenciones de la Alianza para el Progreso no cristalizarán porque la conciencia de las masas y las condiciones objetivas han madurado demasiado para permitir tan ingenua trampa.[39]
Presentado oficialmente en agosto de 1961, el programa fue concebido y puesto en práctica «sobre la base de que los gobiernos del subcontinente realizaran las indispensables reformas que permitirían erradicar las causas internas que pudieran favorecer la extensión del ejemplo de la Cuba revolucionaria».[40] Signada por el propósito de modernizar las estructuras económicas capitalistas en América Latina, como medio de evitar la emergencia de las masas, la ALPRO provocaría un cambio en la política inversionista del capital norteamericano en sus relaciones con las compañías locales latinoamericanas, aunque sin llegar a promover transformaciones radicales en sus estructuras. En la práctica, la verdadera intención era provocar –y conseguir–, a través de una fórmula de unión continental al más puro estilo del «garrote y la zanahoria», el aislamiento político, económico y cultural de Cuba.[41]
En pocos años se hizo evidente el fracaso de estos propósitos reformistas. Los Green Berets y la contrainsurgencia militar sustituyeron a la retórica de la «revolución pacífica», y en el caso específico de la ALPRO, los recursos canalizados a través de ella fueron desviándose cada vez más hacia la ayuda militar, convirtiéndose bajo la administración Johnson en un descarnado programa contrarrevolucionario.
Apuntando al otro «gran mal» causante de las situaciones de crisis social que pululaban en la región, es decir, al comunismo materializado en sus agentes internos, comenzaron a llevarse a cabo un grupo de tácticas ampliadas de Contrainsurgencia que, partiendo de la visión de «guerra total» y permanente, asumieron como enemigos a eliminar «a todo el personal, organizaciones y procedimientos de las guerrillas, fuerzas insurgentes, subversivas, de resistencia, terroristas, revolucionarias y similares…».[42]
Fue así que se estableció una línea de enfrentamiento a los movimientos revolucionarios –y progresistas en general– a desarrollarse en base a tres objetivos estratégicos: conseguir el aniquilamiento de los grupos insurgentes; la conquista de bases sociales que garanticen el apoyo al sistema; y la institucionalización de estas prácticas contrainsurgentes. De esta forma, la acción contrainsurgente fue concebida y llevada a la práctica desde todas las esferas y aristas posibles de confrontación, llegando incluso a violar la propia legalidad constitucional que decían defender.
En general, puede decirse que los resultados de la aplicación de los postulados fundamentales de esta doctrina de la respuesta flexible –que luego del asesinato de Kennedy asumiría casi exclusivamente su arista contrainsurgente– variarían en dependencia de las diversas realidades sociopolíticas existentes en los países del continente. En aquellos lugares donde tuvo mayor éxito, las Fuerzas Armadas llegaron a convertirse en intermediarias entre la población local y el Estado, consolidándose de esta manera no solo en sus funciones al servicio de la defensa de la nación, sino además como una fuerza política e ideológica dentro de su sistema político.[43]
Las implicaciones estratégicas desde el punto de vista militar y legal, en la perspectiva de los derechos ciudadanos y del funcionamiento de los órganos de seguridad –léase la policía y el ejército–, serían desastrosas.
En el ámbito militar, las tácticas, la tecnología y organización de los ejércitos latinoamericanos, que hasta entonces habían concentrado todo su arsenal y capacidades combativas para hacer frente a una [supuesta] agresión externa, debieron ser reformuladas. A través de los programas de asistencia militar se asimilaron armamentos, medios de transporte y de comunicaciones que por sus características físicas y alcance ofensivo sólo podían ser empleadas en acciones de guerra irregular; mientras desde el punto de vista de la preparación ideológica y estratégica en los planes de estudio de formación de la oficialidad se concentraba el interés en temas como «Conquista y colonización comunista», «Cómo logran y retienen el poder los comunistas», «La democracia contra el comunismo», «Introducción a la Guerra Especial», «Esencia de la guerra de guerrillas»,[44] por solo mencionar algunas de las asignaturas impartidas.
Desde la perspectiva de la organización política de la sociedad y del rol que debían jugar las estructuras armadas en su desenvolvimiento, esta definición del enemigo interno a eliminar implicó una inversión en la conocida fórmula de Karl von Clausewitz «la guerra es la continuación de la política por otros medios», y una redefinición de la supuesta subordinación del poder militar al gobernante civil. Con la negativa a la tolerancia y la convivencia con la oposición –uno de los elementos formales que había caracterizado la práctica de la democracia liberal– se entronizaría la preponderancia casi absoluta de la lógica de la guerra permanente, dirigida ahora contra sectores de la propia sociedad, promoviendo en buena parte de las naciones de América Latina una elefantiásica expansión de lo militar en el Estado y una ocupación casi integral de las funciones estatales por parte de los cuadros castristas.
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[1] Memorandum from Rostow to Johnson, May 11; Johnson Library, National Security File, Country File, Bolivia, Vol. IV, Memoranda, January 1966–December 1968. National Security Archive: Declassified Documents on Che Guevara. Consultado en línea desde la dirección URL: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/, el 20 de julio de 2012.
[2] CIA Information Cable TDCS 314/06486–67; Johnson Library, National Security File, Country File, Bolivia, Vol. IV, Memoranda, January 1966–December 1968. National Security Archive: Declassified Documents on Che Guevara.
[3] 18 de mayo: «Bogotá, 18 (AFP). Puede que el Che Guevara en persona comande en Bolivia las guerrillas bajo el nombre de Ramón, declaró aquí el coronel boliviano Arana Serrudo. (La Nación, Buenos Aires, 19/5/67)». Gregorio Selser: La CIA en Bolivia, Hernández editor, Argentina, 1970, p. 51.
[4] Jorge Hernández: «Gato por liebre: la hegemonía en las relaciones históricas entre los Estados Unidos y América Latina», en revista Contexto Latinoamericano, no. 3, abril-junio de 2007, Ocean Sur, [s/l].
[5] Sobre la Segunda Guerra Mundial y sus efectos inmediatos, los tratados entre las potencias y el diseño del mundo de postguerra existe una vastísima bibliografía. Véase Eric Hobsbawm: Historia del siglo XX, Grijalbo-Mondadori, Buenos Aires, 1998.
[6] El investigador Jorge Hernández explica que los de mayor relevancia «se hallan nítidamente ubicados entre 1946 y 1947, a partir del telegrama de las ocho mil palabras enviado por George Kennan, el 22 de febrero de 1946; pasando por la intervención de Winston Churchill en Fulton, el 5 de marzo del mismo año; el discurso del presidente Truman, el 12 de marzo de 1947; la exposición del entonces secretario de Estado, George Marshall, en la Universidad de Harvard, el 5 de junio del mismo año; y lo extiende al texto del memorándum 68 del Consejo de Seguridad Nacional, del 7 de abril de 1950. Jorge Hernández: Los Estados Unidos y la insepulta Guerra Fría. Doctrina y política, [versión digital], p. 3.
[7] En esa ocasión se presenta, por primera vez ante el mundo, la «doctrina de la contención» al comunismo, probablemente la doctrina de política exterior de mayor impacto e influencia durante toda la Guerra Fría.
[8] Roberto González: Estados Unidos: Doctrinas de la Guerra Fría, 1947–1991, Centro de Estudios Martianos, La Habana, 2003, p. 29.
[9] Armand Mattelart: «Un mundo vigilado», fragmentos publicados en la revista Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, №11, diciembre 2010, p. 58.
[10] El Consejo de Seguridad Nacional surgió con el propósito de funcionar como un instrumento de extrema flexibilidad, integrado por cuatro miembros: el presidente, el vicepresidente, y los secretarios de los departamentos de Estado y Defensa, aunque la incorporación de otros quedaba a criterio y prerrogativa del presidente.
[11] Michael McClintock: Instruments of Statecraft: U.S. Guerrilla Warfare, Counterinsurgency and Counterterrorism, 1940–1990, [version electrónica], 2002, p. 51. [La traducción de este y otros fragmentos tomados del título referido pertenece a la autora].
[12] Michael McClintock: ob. cit., p. 58.
[13] Roberto González: ob. cit., p. 41.
[14] Jorge Hernández Martínez: «Los Estados Unidos y la insepulta guerra fría: Doctrina y política», [s/p].
[15] Se elabora y presenta en una reunión de cancilleres de las repúblicas americanas, efectuada en Río de Janeiro, y se aprueba en septiembre de 1947.
[16] Como resultado inmediato de las declaraciones y acuerdos tomados en esta Conferencia Panamericana que culminó con la creación de la OEA, en el ámbito externo los países latinoamericanos que tenían relaciones diplomáticas o comerciales con la URSS u otro país miembro del naciente campo socialista fueron rompiendo uno tras otro; mientras en el plano interno se desató una campaña anticomunista que nada tenía que envidiar al tristemente célebre macartismo.
[17] John Saxe-Fernández: «Hacia un modelo de la Estrategia militar norteamericana», en revista Pensamiento Crítico, Nº44, septiembre 1970, pp. 7–55.
[18] Isabel Jaramillo Edwards: ob. cit., p.10.
[19] John Saxe Fernández: ob. cit.
[20] Report of the President´s Commitee to Study the US military assistance, vol. 1, Washington, 17 de agosto 1959, citado por John Saxe Fernández: ob. cit.
[21] Michael McClintock: ob. cit., p. 14.
[22] Alicia S. García: La Doctrina de la Seguridad Nacional, Biblioteca Política Argentina, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1991, t1, p.13.
[23] Los estudios referenciados de Alicia S. García y John Saxe-Fernández profundizan en las principales características de esta Doctrina, nucleadas alrededor del uso no militar de los recursos castrenses así como de sus consecuencias para el propio sistema político norteamericano.
[24] John F. Kennedy: Special Message to the Congress on Free World Defense and Assistance Programs, april 2, 1963.
[25] Roberto González: ob. Cit.
[26] Su asesor militar principal. Se convertiría luego en el Jefe del Estado Mayor Conjunto.
[27] Asumiría el cargo de Secretario de Defensa dentro del equipo presidencial kennediano.
[28] Roberto González: ob. cit., p. 69.
[29] U.S. Department of the Army: Operations Against Irregular forces, FM 31–15, Washington, D.C., May 1961, pp. 4–5.
[30]«Anticipating, preventing and defeating communist-direct insurgency requires a blend of civil and military capabilities and actions to which each U.S. agency must contribute. The safeguarding of the developmental process requires carefully evaluated intelligence, the ability to penetrate the enemy´s organizations, and the training of adequate and balanced military and police forces. These, as well as bilateral and multilateral developmental assistance, advice, and information programs, are indispensable components of an effective internal defense program». Michael McClintock: ob. cit., [s/p].
[31] «[A] detachment… consisting of ten enlisted personnel and two officers can effectively organize, control, and assist in the operations of a foreign guerrilla force of more than one thousand melt […]. The total number of foreign trainees through all parts of military counterinsurgency efforts as of July 1962 was estimated al “several hundred thousand”». Michael Mcclintock: ob. cit., [s/p].
[32] Fueron establecidos por el Decreto Ley 10924 el 1 de marzo de 1961 y fue autorizado por el Congreso el 22 de septiembre del mismo año al aprobar el Acta del Cuerpo de Paz (ley pública 87–293).
[33] Edwin Liewuien: ob. cit, p. 63.
[34] Por ejemplo, Edward Shile concebía el proceso de desarrollo como «la transición de estructuras tradicionales a estructuras modernas a las cuales define como todo aquello que se aproxime técnica, económica, política, social, y sicológicamente a la democracia norteamericana y a la experiencia de Europa Occidental». Armand Mattelar: ob. cit., p. 63.
[35] John Saxe: ob. cit., pp. 26–27.
[36] «Military Civic Action is defined as “the use of preponderantly indigenous military forces on projects useful to the local populations at all levels in such fields as education, training, public works, agriculture, transportation, communications, health, sanitation, and others contributing to economic and social development, which would also serve to improve the standing of the military forces with the population”». Willard F. Barber y C. Neale Ronning: Internal Security and Military Power. Counterinsurgency and Civic Action in Latin America, Ohio State University Press, Ohio, 1966. p. 6.
[37]Willard F. Barber y C. Neale Ronning: ob. cit., p. 182.
[38]John Saxe-Fernández: «Hacia un modelo de la estrategia militar norteamericana», p. 30.
[39]Ernesto Che Guevara: «Táctica y estrategia de la revolución latinoamericana», en América Latina. Despertar de un continente, Ocean Sur, México, 2010.
[40] Alberto Prieto: Procesos revolucionarios en América Latina, editorial Ocean Sur, México, 2010, p.72.
[41] Uno de los efectos de este programa reformista radicaría en el astronómico endeudamiento en que se sumarían muchas de las naciones latinoamericanas, cuyas implicaciones más desalentadoras explotarían en la década de los 80 con la crisis de la Deuda externa e impagable. Los libros Ideología, economía y política en América Latina, y Procesos revolucionarios en América Latina del Dr. Alberto Prieto Rozos profundizan en torno a los mecanismos que normaban y dictaban la entrega de las tasas de interés flotantes que provocarían dicha crisis.
[42] Reglamento para el Ejército Argentino. Conducción para las Fuerzas Terrestres [R-C-2–1, 1968, pp. 258–259], en Alicia S. García: Ob. cit., t1, p. 29.
[43]Alicia S. García: ob. cit.
[44] Édgar de Jesús Velásquez Rivera: «Historia de la Doctrina de la Seguridad Nacional», revista Convergencia, enero-abril, año 9 número 27, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México, 2002, pp. 11–39.
[*] Tomado de Disamis Arcia Muñoz: «Contrainsurgencia versus Revolución continental en América Latina. Un estudio de la estrategia de contrainsurgencia desarrollada contra la guerrilla liderada por Che Guevara en Bolivia, 1966–1967». Proyecto de investigación (inédito), Centro de Estudios Che Guevara, La Habana, 2013.
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