¿A dónde van las palabras que no se quedaron?

Por Ariel Dacal: “El problema está en los prolongados déficits de la política revolucionaria…”

Todo proceso de reforma parte de acumulados, nunca de cero. Por esa razón, si bien es imprescindible analizar los añadidos que trae el proyecto de Constitución cubana, también lo es observar las omisiones respecto a lo que ya estaba.

Que la actual Carta Magna esté en despedida no se explica solo por el nuevo momento histórico y por la adecuación a las transformaciones realizadas. También por los ajustes tácticos y estratégicos en la comprensión sobre los horizontes de la Revolución, los sujetos que la componen, la relación entre ellos y el entorno global que la condiciona.

Coloco mi atención en aquellas palabras constituyentes de 1976, y omitidas ahora, las que no sucumbieron ni en el año 1992 ni en el 2002. Palabras que hablaban de sentidos, de posicionamientos, las que referían hacía dónde, cómo, para quiénes y en qué condiciones internacionales se constituyó aquel proyecto de país.

En la Ley de leyes ahora propuesta, el Estado no ratifica estar consciente de que los regímenes sustentados en la explotación del hombre por el hombre determinan la humillación de los explotados y la degradación de la condición humana de los explotadores.

El Partido, fuerza superior que organiza y orienta los esfuerzos comunes, no declara más el objetivo final de edificar la sociedad comunista, como orden que supere aquellos regímenes. Tampoco se destacan como sujetos del proceso a los obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales.

Este no será un Estado socialista de trabajadores.

¿Qué sucedió con aquellas palabras/sentidos de alto calibre? ¿Pasaron de moda? ¿Ya no sirven para explicar la realidad? ¿Fueron un error? ¿Acaso describen un horizonte demasiado ancho en un mundo demasiado hostil? ¿No podrán ser pronunciadas “por ahora”? ¿Quedan agazapadas para volver en otro momento histórico?

Los pocos y tenues argumentos esgrimidos para explicar por qué no están más refieren que los tiempos han cambiado, que debemos ser prácticos y no teóricos, debemos parecernos más al mundo; y, además,técnicamente ya estaban fuera de los documentos de la reforma y el Parlamento no se refirió a ellas en los debate previos. Para redondear, aparece una idea lapidaria: “nadie sabe qué es el comunismo”.

Me atrevo a afirmar que no son muchas las personas que vemos en estas omisiones un problema de fondo. Es “asombroso” que cientos de miles de miembros del PCC y de la UJC no se den por enterados, o que noten la omisión como algo “natural y dialéctico”. Súmese que en la sesión plenaria del Parlamento donde se debatió el proyecto, donde el 96% de sus miembros pertenecen a las filas de esas organizaciones nominalmente comunistas, solo se escuchó a dos personas extrañarse de que no apareciera la palabra comunismo en la nueva Constitución, y solo dos defendieron consagrar las potestades de los trabajadores/as en las decisiones económicas.

Nada es de extrañar. Los sentidos primeros de esas palabras han sido trastocados por décadas. Las palabras mismas fueron adormecidas desde los años 90. Están olvidadas por el desuso. No se re-significaron desde otras maneras de hacer política directamente por el pueblo en su condición dual de productor/ciudadano. Por el contrario, algunos referentes concretos y cotidianos con el que muchas personas las relacionan no motivan suficientemente salir a defenderlas. Al mismo tiempo, tales palabras/sentidos no son muy bien vistas en el entramado de instituciones y relaciones internacionales en las que el Estado cubano se inserta.

Si bien no deja de ser dramático que los trabajadores y las trabajadoras no salgan a luchar por ellas, por sus significados primigenios, es un hecho que la clase trabajadora no hace política para sí, capacidad atrofiada por años. La conciencia de clase es un amasijo complejo y contradictorio dentro de un escenario donde la utopía colectiva y dignificante cedió paso a la utopía de la prosperidad individual. Escenario donde la lucha entre socialismo y capitalismo “pasó de moda”, o al menos sus postulados generales parecen quedar lejos de los apuros por reproducir la vida cotidiana, cada vez más asumida como un asunto personal.

El problema no se reduce a que la gente sea mala o buena, a qué esté cansada o apática, ni a que detrás de los cambios haya, o no, malas intenciones.

El problema está en los prolongados déficits de la política revolucionaria, de su raquitismo clasista, democrático y liberador. Para ser más exacto, en los límites revolucionarios de las políticas en curso, tanto doctrinales como organizativos.

Una pregunta es central para desagregar este asunto: ¿quiénes y desde dónde se tomó la decisión de dar este giro? ¿Acaso la clase trabajadora, organizada políticamente, consciente de sus desafíos históricos y cotidianos, renuncian a un Estado que la proteja como prioridad, que la potencie como clase y que se amolde a sus intereses?¿Acaso sustituyó su derecho constitucional a participar en la elaboración y ejecución de los planes productivos, por una participación activa y consciente en lo establecido por el Estado que la representa?

La respuesta es no.

Mírese otras perspectivas ¿Quiénes redactaron durante cinco años las pautas del proyecto constitucional? Un pequeñísimo comité de altos funcionarios del Estado que, además de hacerlo a puerta cerrada, solo pretendían corregir los límites constitucionales padecidos por el proceso de reforma. ¿Quiénes integraron la comisión parlamentaria para redactar el proyecto? Esencialmente personas con cargos directivos, miembros de un Parlamento compuesto por dirigentes en poco más del 70%. ¿Quiénes valorarán oportunamente las propuestas surgidas en la consulta popular?

Quienes han tomado estas decisiones pertenecen al sector que históricamente se erigió en representante político y administrativo de la clase trabajadora, del pueblo dueño de los medios de producción que la Revolución arrebató a los explotadores: llámesele burocracia, funcionariado, dirigentes o vanguardia (aun cuando estos términos no significan lo mismo).

Ese grupo social que en 1976 declaró constitucionalmente realizar la voluntad del pueblo trabajador, afianzar la ideología y las normas de convivencia y de conducta propias de la sociedad libre de la explotación del hombre por el hombre; declara hoy un Estado or­ganizado con todos y para el bien de todos, el cual actúa en representa­ción y beneficio del pueblo como pro­pietario y busca fortalecer la unidad nacional conci­liando los intereses de los ciudadanos. En estos nuevos derroteros, el Partido Comunista de Cuba, fuerza dirigente superior del Estado y la sociedad, trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos.

¿Qué significa conciliar los intereses de los ciudadanos? ¿Qué significa la unidad patriótica? Nada más y nada menos que poner de acuerdo a ciudadanos/as cuyos lugares socioclasistas son desiguales. Unos/as se apropian del trabajo ajeno, otros/as administran los recursos y las políticas, y otros/a solo cuenta con su fuerza de trabajo. Estos últimos, la compleja y heterogénea clase trabajadora, contará ahora con menos potestades en medio de dos fuegos: la incipiente burguesía nacional, por un lado, y la fortalecida burocracia empresarial estatal junto a la contradictoria burocracia sindical, por el otro.

En la práctica, el Estado actual se erige en árbitro político, doctrinal y jurídico de un orden que pretenderá conciliar, armonizar y estabilizar las relaciones entre quienes explotan y quienes son explotados, y donde la clase trabajadora seguirá representada por un grupo social ajeno a ella, el mismo que, paso a paso, sustituyó el inevitable repliegue táctico del proyecto revolucionario socialista cubano en los años 90, por una visión estratégica de construcción del socialismo clasista, donde el Estado “conciliará” los intereses de “los ciudadanos” y distribuirá las riquezas con “equidad y justicia social”.

En la reconfiguración, el Estado no se plantea la prioridad del mundo del trabajo. No se plantea constitucionalmente el fomento y desarrollo de instalaciones y planes vacacionales, la organización de círculos infantiles, seminternados e internados escolares, casas de atención a ancianos y servicios que facilitan a la familia trabajadora el desempeño de sus responsabilidades. No postula más el reconocimiento del trabajo voluntario, no remunerado, realizado en beneficio de toda la sociedad, en las actividades industriales, agrícolas, técnicas, artísticas y de servicio, como formador de la conciencia comunista del pueblo trabajador. Tampoco mantiene un amplio sistema de becas para estudiantes y trabajadores, ni propicia que los trabajadores se incorporen a la labor científica.

Un término que condensa el nuevo momento consagrado en la propuesta de Constitución es el de “construcción del socialismo”. En la visión de Marx (la que parece haber pautado el texto constitucional de 1976) socialismo significa período de transición al comunismo, no un fin en sí mismo (como parece consagrar la actual propuesta). Al mismo tiempo, el revolucionario alemán comprendía que el socialismo constituye, necesariamente, una sociedad contradictoria y conflictiva en el empeño de superar las relaciones productivas (materiales y espirituales) generadas por el capital y forjar nuevas relaciones que asuman como centralidad el trabajo, en él se crea no solo lo que comemos o vestimos sino que nos creamos y creamos aquello en lo que creemos.

Obviar estas comprensiones ha reducido el alcance revolucionario de las políticas socialistas. Por ejemplo, mucho se ha hablado sobre el papel de los incentivos “morales” y “materiales” para aumentar la productividad de los trabajadores/as y su nivel de conciencia, pero poco sobre los incentivos políticos, tales como el control democrático de la economía, el Estado y la sociedad, mediante los cuales estos/as crean, deciden y controlan las políticas, sin opresión ni tutelaje de clase social alguna.

Como recuerda el filósofo cubano Jorge Luis Acanda, es sólo mediante la participación y el control de su vida productiva que la gente desarrolla un interés y un sentido de responsabilidad por lo que hacen para ganarse la vida cotidianamente. La democratización de la producción, tanto de la artística, como de la pedagógica, como de la económica, es un proceso profundamente cultural, y por ello político.

Es cierto que el mundo realmente existente condiciona el alcance de los proyectos progresistas, y, sobre todo, de aquellos con matriz anticapitalistas. Es cierto que en circunstancias tales los horizontes tienen que ser ajustados y el deber ser emancipador no es la mejor política, la más viable. Otra cosa bien distinta es desechar el horizonte y convertir la necesidad en virtud.Otra cosa es no pretender, en las nuevas circunstancias, los mismos objetivos, lo que significa no poner a prueba la creatividad revolucionaria para acumular fuerzas y experiencias.

La gran osadía de Cuba ha sido asumir como desafío histórico un proyecto liberador socialista en clave comunista. Para ser más preciso, ha sido una osadía enorme enfrentar a fuerzas que proclaman, divulgan y reiteran que ir en contra de los designios del capital, en general, y de Estados Unidos en particular, es un sinsentido.

Es precisamente por eso que perder las coordenadas (palabras/sentidos) dentro de un escenario histórico adverso es peligroso políticamente para el proyecto liberador de la clase trabajadora, la única que ha pretendido superar todas las formas de explotación y alcanzar la entera dignidad del ser humano. Pretensión esencial que, por cierto, se conoció como comunismo.

La transición socialista, forma política de ese proyecto, consiste en una lucha constante por la edificación de espacios, instituciones y prácticas sociales antagónicas con aquellas que reproducen el dominio de la burguesía o la inoperancia de la burocracia. Significa una transformación total del sentido común, de lo que siempre se ha considerado como “natural” y “lógico”.

La comprensión anterior permite asegurar que la garantía del socialismo no radica en una manera única de organización política revolucionaria, ni en una unidad nacional abstracta, sino en la capacidad de crear, defender y potenciar relaciones democráticas populares que propicien que el mundo del trabajo y su ciudadanía administren la vida material y espiritual, privada y pública.

Hacia dónde, para quiénes y con quiénes, son pautas de un horizonte que deben quedar bien definidas, sobre todo cuando las circunstancias obligan a repliegues tácticos (por ahora) como lo es la conciliación de clases y convivir con relaciones socioproductivas explotadoras. Repliegues que corren el riesgo de trastocarse en estratégicos (permanentes) y ser presentados como estado ideal.

Hay palabras que arropan sentidos esenciales. El uso o desuso de ellas también es una posición política ante la realidad. Apurarse en barrerlas como hojas secas es una actitud política. Luchar por sus contenidos y formas revolucionarias, aun en escenarios que no lo aconsejan, también lo es. Solo mediante la posesión directa de su propiedad social, las trabajadoras y trabajadores se preguntarían ¿a dónde van las palabras que no se quedaron? y saldrían a luchar por ellas, por lo que representan en su vida cotidiana.