Entrevista a René Fidel González García
Nota editorial:
El pasado 25 de septiembre de 2017, La Tizza sometió un breve cuestionario al ensayista y profesor universitario René Fidel González García sobre la pertinencia o no de una reforma constitucional en Cuba, sus móviles, contextos y desafíos. Se publica ahora como prolegómeno de otros textos que la revista irá publicando como dossier y que se atienen a aspectos disímiles del sistema político cubano, con énfasis en el más reciente proceso electoral (noviembre, 2017). Esperamos que además de aportar información, los artículos alienten debates necesarios.
LT: ¿Es necesaria una reforma constitucional en Cuba? ¿Por qué?
RFG: Lo primero que hay que tener en cuenta es que la supremacía de la Constitución cubana es, más allá de la coyuntura actual, un imperativo político que gravita cada vez más sobre la coherencia, funcionabilidad y posibilidades de reproducción del sistema político, económico y social que establece la propia Constitución en tanto pacto social. Este es un elemento que no siempre se valora lo suficiente, o se subestima, a consecuencia de la escasa importancia que ha tenido hasta hoy la Carta Magna cubana en nuestra cultura política y praxis institucional.
Esa función de norma superior que tiene la Constitución, en lo que descansa su supremacía sobre el resto de las normas y sobre los actos realizados por los funcionarios públicos de las distintas ramas del poder público del Estado, proviene, por encima de lo típicamente jurídico, de ser ella un resultado esencialmente político y no sólo en relación a una ya lejana producción y aprobación formal, sino también del carácter referencial que ella tiene en el tracto político en tanto sus principios, valores y derechos, las garantías y límites que reconoce son la expresión más alta del consenso civilizatorio de una sociedad.
Entonces, no se trata solamente en el caso de la reforma de la Constitución, de una sincronización formal de su texto con los actos realizados por el gobierno, cualquier cambio que se realice en ese proceso tiene que asumir tomar contacto e incidir en una sociedad que experimenta transformaciones — y contradicciones — económicas y de su estructura socio clasista de forma simultánea a un proceso de cambio social altamente condicionado por influencias exógenas. De modo que si bien es cierto que los replanteos del modelo económico impulsados por el ejecutivo cubano desde el año 2008 y sus consecuencias sociales han tensionado al máximo, y no pocas veces sobrepasado parte del contenido de la Constitución , lo que sin dudas determinaría y haría necesaria en todo caso su ocurrencia, hay que tener en cuenta que la intención política de acometer su reforma en el contexto de cambios que experimenta la sociedad cubana forma parte de un proceso mucho más complejo que le trasciende, y en el que acometerla, a corto plazo, es tan solo una variable de una importancia muy relativa.
LT: ¿A qué proceso te refieres?
RFG: Esencialmente al de la sobrevida, a la continuidad de la Revolución como proyecto político. Esto no es solo algo que preocupa a la dirección actual de la Revolución y junto a ella a muchos sectores de la población, sino que es parte de un sentido de responsabilidad, en términos de coherencia política pero también en términos de coherencia personal y colectiva que experimentan integrantes de diferentes generaciones y grupos etáreos del país. Sobre esto existe una visión, una comprensión simplificadora muy extendida, incluso entre personas bastante preparadas, que tiende a explicarse y reduce esa responsabilidad a términos de legados e intereses familiares, o como cuestiones meramente institucionales, o de tendencias, sinergias y reajustes del ecosistema gubernamental y político cubano desde un pivote generacional, desconectando, o si se quiere, haciendo ajenas, las necesidades, aspiraciones, intereses y luchas de sectores muy importantes de la población, lo que por lo menos a mí me parece, como explicación de la realidad, absurda, cuando no enormemente simple.
Las revoluciones no pueden ser heredadas, nacen de unas contradicciones muy específicas, pero cuando logran concretarse en un proyecto político — del que la Constitución viene a ser su plasmación más elevada y concreta — y transformaciones civilizatorias que superan un estadio anterior de desarrollo, su continuidad y eficacia en tanto programa, o propuesta, que intenta dar respuesta a problemas y aspiraciones colectivas, depende sobre todo, mucho más si se encuentra en el gobierno del aparato estatal, de que asuma e incorpore sus propias contradicciones y las exigencias de nuevas cotas de desarrollo como zonas de realización, continuidad y legitimidad.
Para ese pequeño grupo de personas que sobrevive a Fidel Castro y acompaña y de muchas formas resguarda al actual Presidente en lo que puede ser los últimos tramos de su gestión, pero también para un importante segmento de miembros de otras generaciones que no necesariamente forman parte de instancias decisivas de lo gubernamental, o lo político cubano, o que de hecho pueden estar muy lejos de acceder a las rutas políticas para obtener la representación popular, la coherencia es ciertamente una manifestación de su compromiso con un núcleo de ideas políticas y sociales muy elaboradas y arraigadas en ellos como promotores, ejecutores, o seguidores del proyecto político que, insisto, contiene la Constitución cubana, pero también, fundamentalmente, con los destinos de la mayoría de la población. Esto último es también un sentimiento — sí, un sentimiento — que se suele ignorar muy tranquilamente, pero que subyace y se manifiesta, a pesar de los grados de pragmatismo que puedan involucrarse en la toma de decisiones en la cúspide del sistema político cubano, o de la relativa impotencia que se pueda experimentar en sus periferias, en una voluntad de impedir tanto que una versión capitalista salvaje se desate brutalmente sobre la sociedad cubana, arrasando a su paso las estructuras civilizatorias construidas; como que entre los que sustituyan, finalmente, al actual liderazgo, no predominen, o se impongan políticamente, oportunistas y demagogos que por traición, ambición, incapacidad, o por debilidad teórica, o incapacidad personal, o una mezcla de todo ello, conduzcan al país a una suma de contradicciones que inevitablemente conlleve a lo primero.
Ambas cuestiones, a todas luces, son dos retos abrumadores, que se confunden muchas veces en la práctica con las urgencias y circunstancias, con las necesidades, los errores, los fracasos, los éxitos y las decisiones propias del ejercicio del gobierno del país, también con las críticas, las percepciones, oportunidades, criterios e ideas que para transformar su realidad elabora el ciudadano cubano en su vida cotidiana.
LT: ¿Por qué decías antes, en referencia a la reforma constitucional, que ¨es tan solo una variable de una importancia muy relativa¨?
RFG: Primero porque depende de los significados, funciones y propósitos que le asigne el gobierno, del que nace su propuesta de realización. Hay que tener en cuenta la manera en que fue planteada la reforma a la sociedad cubana y también su contexto. Los marcos de apertura de esa propuesta fueron la refrendación constitucional de las transformaciones económicas que venían sucediéndose y el planteamiento de una propuesta de límite temporal del ejercicio del mandato popular que serviría de matriz a los puestos de representación y dirección pública y política. Estas dos cuestiones fueron delineadas por el actual Presidente Raúl Castro en lo que para muchos pareció los ejes de una hoja de ruta muy específica hasta el 2018, que implicaba no solo la modificación de la Constitución sino también de la Ley Electoral cubana. Curiosamente el anuncio advirtió, aunque muy pocos ya lo recuerden, y en algunas publicaciones se omitiese luego deliberadamente, que la reforma sería refrendada por un referéndum popular — o sea, tendría que ser ratificada por el voto favorable de la mayoría de la ciudadanía — . Ello señalaba, a menos que fuere dicho en esa oportunidad sin énfasis en el articulado de la Constitución, las dimensiones y alcances que podría tener ese proceso, toda vez que el texto constitucional establece la procedencia del referéndum cuando la reforma afecta 1) la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado, 2) o a derechos y deberes consagrados en la misma.
De todas formas la lectura y el análisis de los documentos elaborados por el Partico Comunista de Cuba (PCC) que proyectan el desarrollo económico social corroboraban su hondura y la indudable importancia y sensibilidad que tendrán en materia de algunos de los principios ideológicos A finales del 2016 para muchos de nosotros fue evidente que tan solo teniendo en cuenta su complejidad y los tiempos que éstas dos reformas reclamaban material y sobre todo políticamente, sin hablar del solapamiento con el ciclo electoral contemplado para el año siguiente, que ninguna de las dos sería realizada por el actual ejecutivo. De hecho, hasta donde he podido saber, no se ha consultado al día de hoy a ninguno de los especialistas que enseñan Derecho Constitucional y otras materias en las facultades de Derecho del país, tampoco se ha tratado en publicaciones oficiales y en la mayoría de los eventos científicos realizados, salvo en algunos pocos alejados de los circuitos tradicionales de discusión académica, y su mención ha desaparecido por completo del discurso público gubernamental. Responder a qué factores pueden haber determinado ese enrarecimiento temático, por así decirlo, o lo que es mucho más importante, incidir en la posposición del proceso de reforma constitucional, es plantear un grupo de hipótesis que toman en cuenta los escenarios económicos que enfrenta el país en el mediano plazo; la complejidad, ritmos y demandas internas que genera o generará en los próximos tiempos el proceso de transición política generacional que culmina en Cuba; los márgenes de maniobra y rectificación del gobierno cubano ante algunos de los éxitos obtenidos por el gobierno norteamericano en influenciar la realidad cubana a nivel social a partir del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Ahora bien, si se mira la cuestión desde otro ángulo, es posible percatarse que la reforma constitucional, cuando por fin se produzca, se hará a la sombra de la constituyente que el país necesita para avanzar en el perfeccionamiento de su institucionalidad. Esto no es un capricho, o una opinión sesgada de los profesionales del Derecho en Cuba, o de investigadores de las ciencias sociales y políticas, por el contrario es desde hace mucho tiempo una necesidad del desarrollo de la sociedad cubana. Una reforma no podría en caso alguno contener una restructuración tan importante, de tanto alcance y proyección como la que se ensaya en la conceptualización del modelo económico y social elaborada y presentada a la población, por lo menos no en toda su complejidad, por lo menos no en su dimensión política más abarcadora, a menos que se pensase como una meta intermedia en un escenario de estabilidad y conservación de las formas y el funcionamiento actual del Estado y la sociedad cubana, lo que tendería a aplazar a otros momentos, la realización de una nueva Constitución.
Sin embargo, la urgencia de blindar, ampliar y modernizar en derechos, institucionalidad y prácticas ciudadanas los logros y estructuras civilizatorias alcanzados en Cuba, de garantizar y robustecer las relaciones de los ciudadanos con el Estado y el control de las actuaciones públicas de los funcionarios, corren en paralelo con el desarrollo, expansión y socialización de la idea democrática y de justicia que la República y el Socialismo han reivindicado en nuestro país históricamente, pero también con necesidades de legitimación y construcción de consensos políticos y sociales muy específicos y la creación de una cultura política popular fuertemente impregnada del papel de la Constitución como articuladora de la vida política del país.
Estas son las prioridades de la esperanza.
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