¡Eso no está muerto!

Por Josué Veloz Serrade / Entrevista con el comunicador popular chileno Erick Valenzuela Bello

El pueblo chileno sigue en las calles. No acepta las migajas que entrega el capitalismo, simulacros para bajar los brazos y aceptar callado la miseria y podredumbre económica, social y moral del sistema actual.

El pueblo ha dicho en las calles adiós al experimento chileno. Al «ejemplo» que combinaba democracia con fundamentalismo neoliberal y buenos indicadores macroeconómicos. Hoy Chile confirma una verdad recurrente en la vida de nuestros pueblos: el capitalismo no obtiene un solo milímetro de «desarrollo» si no es a costa de la miseria y la más cruel explotación de la clase trabajadora.

Cuando el pueblo sale a las calles quiere todo el poder no un pedacito. La tarea urgente en América Latina es la lucha permanente para evitar que las metas del pueblo sean recortadas por tres fuerzas: el imperialismo, las oligarquías y burguesías dominantes, y las izquierdas institucionales con la práctica contrarrevolucionaria de los que se conforman con poco y quieren realizar consensos para volver a la «tranquilidad y la paz». Este último factor: la práctica contrarrevolucionaria y conservadora de un sector de la izquierda ha mostrado su papel autocancelador del proceso de cambios en los distintos gobiernos progresistas y cuando se produce de nuevo un ascenso de la lucha de clases — como el que estamos viendo en varios países de la región — ejerce otra vez su papel reaccionario y conservador funcional a la dominación. El reto de los pueblos hoy es enorme tiene que luchar contra el imperialismo, la alianza entre la burguesía y la oligarquía y contra la práctica de aquellos que parecen «amigos» de lucha y de clase. Una izquierda que no lee, ni estudia, ni aplica al Marx de la Crítica al Programa de Gotha.

Pero los pueblos olfatean siempre el engaño. Es necesario que las distintas formas de conducción política que están surgiendo o que ya existen en el campo popular estén a la altura de la madurez y el sacrificio que los pueblos han demostrado, incluso con su propia sangre.

El comunicador popular Erick Valenzuela Bello nos ofreció una entrevista al equipo de La Tizza. En ella brinda un recorrido de lo que han sido estas jornadas de movilización popular y sus retos actuales y futuros. A uno no le queda más que vibrar en deseos de hacer cuando ve y siente las páginas de heroísmo que está escribiendo el pueblo chileno, una vez más. Son verdaderas las palabras del poeta-cantor:

«¡Eso no está muerto, no me lo mataron!…»

Josué Veloz (JV): La medida del aumento del pasaje del Subte parece ser el disparador de la movilización popular. Después se podía observar a los grandes medios perplejos y asombrados porque el Chile de los muy positivos indicadores macroeconómicos se rebelara de este modo. ¿Cuáles podrían ser las razones subterráneas de esta rebelión popular?

Erick Valenzuela (EV): La medida del aumento del precio en el sistema de transporte ha sido «habitual» y, hasta el 18 de octubre pasado, normalizada en la práctica. El sistema de transporte más caro de América Latina: un dólar con veinte centavos; en promedio duplica al resto del continente. La tarjeta «Bip» — tarjera para acceder al sistema de transporte — se convirtió en la forma más «exitosa» de bancarización forzada dirigida a millones de trabajadores/as. Desde su implementación, del año 2007 a la fecha, su precio se ha incrementado más de un 100 %. El sueldo mínimo para ese entonces era de 305 dólares y hasta la fecha se ha incrementado un 40 %. Es decir, no existe correlación alguna entre el costo de vida y el ingreso mínimo. Las movilizaciones en un comienzo si bien parecían criticar el alza en las tarifas del sistema de transporte, tiene una expresión aún más profunda, se trata de un hartazgo ante un sistema segregador, sustentado en el lucro y la propiedad como pilares del modelo, por encima de los derechos humanos. Si bien los estudiantes secundarios marcaron el punto de partida de la movilización — así como lo hicieron en 2006 y en 2011 — hoy ha adquirido un carácter masivo, popular y nacional. Chile tiene un costo de vida de país miembro de la OCDE, con un salario per cápita de país periférico, con una tendencia hacia la agudización en el aumento del costo de vida y una reducción de los salarios. El crédito es la divisa que se normalizó para comprar el pan y el coludido costo de los medicamentos continúa en alza, mientras menguan, de paso, las precarias pensiones por jubilación. Este sistema no permite la proyección de la vida, proscribe las utopías, ya que cada una de las áreas del desarrollo humano han sido privatizadas. Esta movilización es contra el sistema neoliberal en sus diferentes dimensiones: extractivista, depredadora, ecocida, monocultivadora, expoliadora, agrotóxica, contaminante, consumidora, lucrativa, privatizadora. Vivimos en una realidad donde el derecho a la propiedad vale más que el derecho a la vida. No está de más recordar que su implementación solo fue posible en un contexto de dictadura cívico-militar y para ello se dedicaron a asesinar miles de personas. De otra manera nadie hubiera admitido el retiro de derechos sociales con el propósito de agrandar la acumulación capitalista.

JV: Se ha reseñado por muchos medios gravísimas violaciones a los derechos humanos desde la instalación de centros de tortura hasta ejecuciones extrajudiciales. Pareciera que los mecanismos de la dictadura permanecieran de manera muy oculta y tuvieran hoy una presencia real, ¿no había llegado «la democracia» a Chile?

EV: Esta es una denuncia vital y necesaria: las máscaras de gobiernos civiles caen y demuestran que existe una directa continuidad histórica entre la dictadura y lo que llaman «democracia». La dictadura nunca terminó y su expresión pública más elocuente ocurrió por estos días cuando el presidente Sebastián Piñera señaló que «estamos en guerra», parafraseando con ello al tirano Augusto Pinochet, de un modo idéntico a como la idea de una guerra interna se convirtió en la tesis fundamental que sostuvo el régimen militar para justificar el asesinato, las violaciones y la tortura de miles de seres humanos. La política del terror de Estado, la misma que de manera histórica se ha aplicado contra el pueblo Mapuche, tiene plena vigencia y se expande por todo el país. Durante estas movilizaciones vivimos una semana en toque de queda, los militares recorriendo las calles, intimidando con plena impunidad. Los niveles de violencia desatada contra el pueblo no tienen símil alguno, van más de 6400 personas detenidas, más de 1300 personas heridas por armas de fuego, 219 personas con heridas oculares, 58 querellas por violencia sexual que incluyen 4 casos de violaciones, 23 muertos, 20 personas desaparecidas, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos y medios de comunicación alternativos ―casos que, por cierto, pueden ser muchos más, ya que todos los días llegan nuevas denuncias por verificar — . Los medios masivos de comunicación, por completo controlados por el empresariado transnacional, se han dedicado a «demonizar» las movilizaciones, tratan de dividir e infundir miedo a la población, respaldan de modo abierto al gobierno, buscan generar un clima de aversión y hostilidad hacia las manifestaciones, incluso quieren mostrar una dimensión «humana» de los militares. Aún así, la población no les cree y sigue saliendo a las calles. Esta articulación entre medios, gobierno, militares y empresariado no hace otra cosa más que esconder el espanto. Hoy en el Chile de 2019 ese «oasis» del cual el presidente se jactaba hace algunas semanas atrás, se encuentra sitiado. La policía, junto con los militares, se ha encargado de realizar los más burdos montajes al quemar estaciones de metro, supermercados, empresas de retail. Han sido ellos quienes han saqueado puntos de distribución y quemado el país valiéndose del toque de queda y otros mecanismos para ejercer el terror. Este gobierno transformó el estado de Emergencia en estado de Sitio de facto, es decir todo lo que han estado haciendo está muy por fuera de cualquier legalidad constitucional. Lo que es aún peor, en este momento ellos están secuestrando y torturando gente, de manera abierta y pública; ya existen dos denuncias en relación a la estación de metro Baquedano, como lugar donde se han realizado detenciones y tortura. De modo reciente, el presidente Sebastián Piñera amenazó con volver a sacar a los militares a la calle, cuando afirmó que tuvieron que optar entre dos caminos, «el de la razón o la fuerza», pero que optaron por la paz, es decir una amenaza abierta y pública contra la población, basado en una idea de guerra que solo existió en su imaginario. Por otra parte el general director de Carabineros, Mario Rozas señaló: «A nadie voy a dar de baja aunque me obliguen, no lo voy a hacer», con lo cual garantiza plena impunidad para esta institución que ya venía desacreditada por los casos de corrupción y hoy a su historia desbordada de masacres contra el pueblo se le suman nuevos casos de violación a los derechos humanos. Ante el bloqueo mediático han sido las redes sociales quienes han cumplido el rol de difundir casos de violaciones, terribles relatos de cuerpos colgados, imágenes de cadáveres lanzados para amedrentar a la población, incontables relatos de violencia sexual a niños, niñas, jóvenes en los barrios periféricos. Chile es hoy un lugar siniestro para vivir, porque los militares en coordinación con el gobierno y el empresariado no están dispuestos a ceder ninguno de sus privilegios, quieren infundir el miedo en la población, hacer que el trauma sea costumbre y que nadie se atreva a rebelarse en contra del fundamentalismo neoliberal.

JV: Hemos podido observar sectores sociales muy combativos en las calles y una izquierda institucional relativamente pasiva, muy parecido a lo ocurrido con los «Chalecos Amarillos» y otras protestas sociales. ¿Qué posibilidades existen de conducción política en ese movimiento a partir de un programa de transformaciones sociales que no pueda ser contrarrestado por la táctica disuasiva de la derecha de entregar migajas para calmar al pueblo?

EV: De la famosa frase, «Chile, la alegría ya viene» que fue la campaña de la Concertación de partidos políticos durante el año 1988, hasta la reciente «Chile Despertó», han pasado un poco más de treinta años. En esas tres décadas se agudizó el sistema neoliberal en todas sus dimensiones y la izquierda institucional, parlamentaria se hizo parte de ese nuevo horizonte neoliberal. Los socialistas, otrora grupo del ala izquierda de la Unidad Popular (1970–1973), pasaron a ser llamados «sociolistos», por sumarse sin miramientos a los beneficios que el modelo genera para su grupo y se dedicaron a administrarlo.

La mitad de estos treinta años de «gobiernos civiles» han estado a cargo de gobiernos socialistas, los cuales no hicieron otra cosa más que sacar prebendas de su administración. Las demandas populares como una nueva Constitución, libertad a los presos políticos de la dictadura, o la restitución de los derechos sociales, no fueron consideradas, llevándonos al atolladero, enriqueciéndose a partir de la acumulación por despojo.

Desde los sectores populares existe un alto descrédito en la política representativa, ya que los partidos políticos se han enquistado y profitado a costa de los bienes naturales y la vida de todos nosotros. La mayoría de los sectores políticos tienen vínculos directos y familiares con el empresariado, están marcados por la corrupción, existen casos emblemáticos como: Soquimich, Corpesca, la Colusión de Medicamentos, Paco-Gate (Corrupción en Carabineros) Milico-Gate (Corrupción en el Ejército), los casos conocidos este año de corrupción en el poder judicial, los sistemáticos casos de violaciones a menores de edad por parte de la Iglesia Católica, el caso Penta, entre muchos otros. Es decir, la mayor parte del arco político institucional estadual-privado está atravesado por la corrupción y esto es de conocimiento público por parte de la sociedad.

Las respuestas por parte del Estado en algunos casos se ha limitado a clases de ética como sanción en otros casos solo ha legitimado la elusión tributaria y el servicio de impuestos internos ha condonado sus deudas de miles de millones de pesos chilenos. Es bastante absurdo ese juego del poder y la representatividad porque resultaría ilógico pensar que el Estado neoliberal se va a sancionar a sí mismo, es irrisorio pensar que se va a autolimitar y otorgar castigos para sus propios administradores.

En ese sentido lo que el movimiento popular tiene a su favor es hoy convicción y memoria. Ya va más de un mes desde el comienzo de las movilizaciones y el sentir es común: estamos agotados de esta forma de vida. Cada uno de nosotros tendrá sus dolores a cuestas, sus heridas neoliberales, un sistema de deuda que asfixia. Cada uno de los que sale a la calle lo hace porque sufre el sistema en sus múltiples dimensiones: familiares que mueren mientras esperan una operación, o por no ser atendidos, fallecen en la fila de un centro médico, la falta de insumos y recursos para una atención digna; lo mismo sucede en la educación donde tienes que endeudarte por veinte a veinticinco años si quieres estudiar en la universidad; las viviendas sociales construidas con materiales precarios y en el más absoluto hacinamiento ubicadas en la periferia de las ciudades; el sistema de pensiones que es privado en su totalidad, se convirtió en un robo hacia nuestros mayores, ya que el retiro de sus ahorros apenas equivale a un 30 o 40 % del total ahorrado. Mucho más lejano se vuelve el acceso al deporte, el arte, la recreación los cuales se vuelven un privilegio en este contexto.

Las clásicas tesis sobre las conducciones y dirigencias se reformulan y entran en diálogo con la coyuntura. Es complejo intentar conducir a un amplio movimiento que tiene sus particularidades de acuerdo a cada territorio, ¿es acaso plausible pensar que los pueblos indígenas deban seguir las pautas de las organizaciones no indígenas? En ese sentido esta movilización ha dado la oportunidad para el encuentro, el acompañamiento y el diálogo táctico entre diversos sectores del mundo popular que hoy articulan frentes organizativos como Unidad Social y también las Coordinaciones de Asambleas Populares Autoconvocadas o la Coordinación de Naciones Originarias de la Región Metropolitana, entre otros movimientos. Por cierto no son bloques cerrados sino que se interrelacionan, dialogan y se reconocen desde distintos territorios intentando encontrar agendas comunes.

Por «arriba» el gobierno ha apostado a la desmovilización valiéndose de todos los recursos, que tiene a su disposición, sobre todo ilegales y extrainstitucionales. Siguen ofreciendo paquetes económicos que no modifican la estructura del modelo y que mantienen la lógica del subsidio por parte del Estado hacia el empresariado para que amplíen la lógica de oferta y servicio y en consecuencia dar estabilidad al patrón de acumulación capitalista.

Luego de un mes de presión social y de intensas movilizaciones en la calle, el tablero era favorable al movimiento popular, en otros términos se le achicaba la cancha a Piñera y por ello querían detener la manifestación con los militares de nuevo en la calle en este caso otorgándoles mayores atribuciones. Al final, el tanque de oxígeno llegó desde parlamento, no hubo que recurrir a los militares, ya que en la llamada «cocina parlamentaria» se estaba pactando la salida política, «por arriba» al conflicto.

Sectores del Frente Amplio, junto con la antigua Concertación de Partidos Políticos, se instalaron a negociar un instrumento que catalogaron como el «Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución», un pacto que recuerda los peores momentos de la «transición tutelada», del «avanzar en la medida de lo posible» de la «política real» como dirían los que administran el modelo.

Es importante señalar que este acuerdo se realiza entre la clase política, a espaldas de la población, sin participación alguna del mundo popular y mucho menos sin considerar un elemento central de las movilizaciones que ha sido la Asamblea Constituyente, es decir una democracia deliberativa, directa y popular. Desde las organizaciones de base fue una señal más de desconfianza ya que la presión social estaba obligando al gobierno a avanzar hacia una nueva Constitución: que hoy ese acuerdo tenga firmas de la centroizquierda, dispersa; en algunos sectores de la población, desmoviliza; y en otros genera rechazo, ante prácticas como la figuración personal y el oportunismo que fue evidente en caso de algunos parlamentarios, además de la sobrerrepresentación de la derecha en su participación, formulación y definición de los instrumentos.

La respuesta desde los sectores populares organizados, en general ha sido un rechazo inmediato y con movilizaciones donde se han levantado frases como «Democracia Pactada = Constitución Pactada», es decir no pueden ser los mismos que pactaron este sistema de precarización de la vida, los mismos desenmascarados por casos de corrupción, quienes asuman el rol de conducir el proceso de una nueva Constitución. Incluso los instrumentos construidos por la derecha como la encuesta CADEM, muestran que existe un 65 % de desaprobación a los partidos políticos. En última instancia y volviendo a la lógica del absurdo: cada decisión que tomen tiene directa correlación con sus privilegios e intereses de clase, se vuelve infructuoso suponer que legislarán en función de perder sus privilegios. Por otro lado es una mala señal para una democracia participativa y popular que los acuerdos se cierren en mesas tecnocráticas definidas por ellos mismos.

Esto no niega la importancia histórica de terminar con la Constitución de 1980, creada en dictadura sino que pone en el centro que el eje debe ser desde la participación popular. Tal vez hoy estamos en un momento crucial entre estas dos fuerzas, por un lado lo «destituyente» o todo lo que debe morir y dejar de ser, para que lo «constituyente» emerja. Esas fuerzas en disputa a la vez representan situaciones de poder por una parte lo destituyente representado por un sistema neoliberal agotado en su formulación después de cuarenta y cinco años de usufructo por parte de la clase política empresarial, latifundista, monocultivadora, extractivista, primario-exportadora y; por otro lado, lo constituyente o el mundo popular-social que busca otras formas de interpretación de la vida, en clave de derechos sociales, en formas de producción autogestionarias, en formas de relación que tiendan más hacia una lógica de roles y no de jerarquías, en clave de recuperar las confianzas con los demás ya que estas fueron parte del funcionamiento del modelo: pensar que el problema es tuyo, personal y que es tu responsabilidad no prosperar en esta sociedad y que la solución iba de la mano de la competencia, el individualismo, el exitismo, el arribismo y la meritocracia. En definitiva hoy juegan esas tensiones y los puntos grises o bisagras que pueda haber entre estas fuerzas son claves para el avance del movimiento popular.

JV: ¿Cuál es el momento actual de las movilizaciones y qué podemos esperar en los próximos días?

EV: Hoy se está jugando el mantener la intensidad de las movilizaciones. Todas las concesiones, por mínimas que hayan sido, se han hecho dentro del gobierno y han sido a partir de la presión popular. Si la presión popular en las calles llega a bajar, todo este tiempo de movilizaciones va a pasar a ser traducido en clave tecnocrática y «cocinado» por los administradores del modelo.

Si algo ha reafirmado esta coyuntura es que solo rompiendo la normalidad es que la estructura se puede modificar. Por lo tanto los diversos sectores sociales están haciendo llamados permanentes a seguir las movilizaciones a diario, en sus territorios además de las concentraciones masivas. Es clave también paralizar las áreas estratégicas de la economía, como los puertos, los sectores extractivistas, los trabajadores del sector público. Hoy los grupos económicos están viendo cómo Chile pasa a ser un país riesgoso para la inversión extranjera y lo que genera entre otras cosas es que disminuya la tasa de ganancia de las transnacionales que funcionan a partir del extractivismo local. Mantener la presión en sectores estratégicos de la economía es importante para que la agenda popular pueda avanzar.

Es fundamental destacar que hasta ahora no se han modificado las condiciones de vida del pueblo, esto debe traducirse en clave movilizadora que genere en lo inmediato rebaja en los cobros de los servicios básicos, aumento en las pensiones y en los salarios.

Por otra parte, la «Convención Constituyente», como la ha denominado el bloque en el poder deja afuera a las naciones indígenas, a los estudiantes secundarios, a las organizaciones feministas, medioambientales, populares. Deja afuera la representatividad parietaria, diversa y popular. En ese sentido es clave avanzar en la unidad y fortalecer la articulación de esos sectores como ha sido el llamado por una asamblea plurinacional, feminista, popular y de clase.

La renuncia de Piñera fue desviada del debate público pasando a entramparnos en una discusión parlamentaria y tecnocrática. Es fundamental en ese sentido recuperar la denuncia pública sobre la necesaria renuncia a su cargo, avanzar en la acusación constitucional contra su primo y recién destituido ministro del Interior Andrés Chadwick — que aún lo sigue asesorando — , al igual que exigir la renuncia y sanciones para el general director de Carabineros, Mario Rozas, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, al ser ellos los principales responsables políticos de tantas vidas humanas, asesinadas, torturadas y mutiladas.

En el caso de Piñera, ha sido su terquedad y baja estatura política la que ha desatado la violencia en el país. Cada acción que se genere en el extranjero que aporte en deslegitimar su rol como gobernador es clave. Ya se cancelaron la COP 25 y la APEC, es importante hoy en avanzar en sanciones desde organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los Observadores Internacionales de Derechos Humanos informen a los Estados nacionales sobre las brutales violaciones de derechos humanos que se han cometido y que se generen medidas y sanciones al respecto.

Por último, si hay una estructura clave que se revitalizó y que en muchos casos aparecieron por primera vez son las asambleas populares — incluso en lugares como las cárceles — , como instrumento de base de la organización popular. Esta estructura independiente del devenir inmediato no se puede perder y debe ser el germen activador de futuras luchas. Por primera vez las personas de un mismo sector se están reconociendo, están desarrollando actividades en conjunto, están articulándose con otras asambleas, están definiendo mejoras en las condiciones de vida en sus territorios, están cuestionando la estructura del modelo neoliberal de manera colectiva y pública.

Se están configurando debates a la necesidad de romper con la idea de la propiedad privada y el lucro que se encuentran consagrados en la actual Constitución, desbaratar el sistema del Estado subsidiario del empresariado para exigir un Estado con un rol garante de derechos sociales fundamentales. Existen otras propuestas que enuncian horizontes transformadores: pensar a la comunidad como base fundamental de la sociedad, se están buscando reposicionar valores como la propiedad colectiva, cuestionar el modo de producción capitalista que va de la mano con el respeto a los bienes naturales, la autodeterminación territorial y de los cuerpos, entre otros principios fundamentales para una nueva práctica constituyente.