Por: Colectivo Izquierda Joven, desde El Salvador
Hace algunas semanas, el colectivo Izquierda Joven desarrolló un ejercicio de análisis del proyecto de Presupuesto General de la Nación solicitado por el gobierno de Nayib Bukele para el ejercicio fiscal del año entrante en El Salvador. En nuestra reflexión, a la que titulamos «4 Verdades sobre el Presupuesto 2020», advertíamos sobre la naturaleza neoliberal del nuevo gobierno, y también sobre otros aspectos que parecieran leerse únicamente en las letras pequeñas.
Aunque pareciera un tema exclusivo para «los especialistas», la discusión de las propuestas de Presupuesto General de la Nación es una de las más importantes para la población. Año tras año los gobiernos, a través del Ministerio de Hacienda, presentan ante la Asamblea Legislativa el proyecto de Presupuesto para que este sea discutido y aprobado. Está de sobra decir que en la solicitud de presupuesto están claras las prioridades de cualquier presidente. Si un presupuesto solicita aumentar la publicidad, esa es la prioridad. Si reduce los fondos para medio ambiente y agricultura, con seguridad no son la prioridad. Por más que la propaganda de un funcionario quieran proyectar un mensaje sobre la agenda de su gobierno, la única manera de confirmarlo o refutarlo es conociendo los fondos que solicitan para implementar sus políticas y programas.
Ahora bien, desde una perspectiva de clase, es importante comprender que un proyecto de Presupuesto también responde de manera directa al modelo económico y político que defiende el gobierno en turno. Quiere decir, pues, que en la configuración del Presupuesto General existe una especie de «declaración aspiracional» sobre las grandes orientaciones de la administración, y por tanto debe ser analizado tanto en su forma como en su fondo, desde la mirada de las relaciones de poder entre élites dominantes y clase trabajadora.
En esa óptica, toda reflexión sobre este tema debería partir de que la estructura fiscal de países como El Salvador — y gran parte de la región— se corresponde de modo directo con el modelo económico neoliberal, y se rige en los términos de las élites oligárquicas y transnacionales como instrumento institucional para el dominio económico sobre las clases trabajadoras y trabajadores. Un ejemplo de ello es que la enorme carga de financiamiento del Presupuesto siempre recae sobre los hogares, mientras que la gran empresa — que paga menos— es beneficiada con los llamados «incentivos fiscales». Aunque, siendo autocríticos, en los gobiernos del FMLN no se tuvo la capacidad de hacer cambios sustanciales en estos aspectos.
Casi al cierre del año 2019, consideramos relevante profundizar en esa reflexión sobre el primer Presupuesto General de la administración Bukele, y ya no solo en cuanto a su contenido: hay mucho que decir sobre la misma forma en que dicho proyecto fue negociado y aprobado en el parlamento salvadoreño.
Como es sabido, la misma presidencia de Bukele es un fenómeno relacionado de manera directa con el deterioro y desacumulación histórica de la izquierda salvadoreña que, tras una década en el ejercicio del Órgano Ejecutivo, no logró satisfacer la demanda popular, debido a la estrategia de desgaste de la derecha y a la no superación de los propios errores del instrumento político, lo cual llevo a un estrepitoso revés electoral y político, que solo fue posible con el desprendimiento de algunos sectores que acompañaron al hoy presidente, quien se afilió al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para aspirar primero a la alcaldía del pequeño municipio de Nuevo Cuscatlán y luego a la de la capital, San Salvador. Desde su salida del partido, Bukele situó al FMLN en el centro de sus ataques, en una agresiva y millonaria campaña de desgaste que empezó como candidato y continúa desde el gobierno, con el respaldo y patrocinio de la Embajada de los Estados Unidos. El mismo Bukele que estando en el FMLN se definía como un «izquierdista radical» hoy es uno de los mayores operadores de la administración Trump en El Salvador, y uno de los principales impulsores de la agenda imperial en Centroamérica.
Por esa misma vinculación tan estrecha con los Estados Unidos, la derecha más tradicional en El Salvador juega a la oposición con el gobierno de Bukele en el campo discursivo, pero se pliega a sus intereses cuando corresponde tomar decisiones. Y el más claro ejemplo es, claro está, el Presupuesto 2020: tras semanas de «férrea oposición» de ARENA, el partido de la oligarquía, unas cuantas reuniones bastaron para que su bancada legislativa cambiara su valoración sobre el proyecto y lo votara para «darle estabilidad al país». En la misma tarde, voceros del Gobierno de Bukele y de los legisladores de ARENA anunciaban la aprobación de una «Amnistía Fiscal» para perdonar millones de dólares en tributación a los grandes empresarios. Es decir, el Presupuesto 2020 representa el gran pacto de intereses de todas las expresiones de la derecha salvadoreña: desde la tradicional ARENA hasta la nueva expresión pro-imperial llamada Nuevas Ideas, partido de Bukele.
Ahora bien, ya en una valoración sobre el contenido del presupuesto, el colectivo Izquierda Joven sintetiza su análisis en cuatro verdades sobre la propuesta de Presupuesto General de la Nación 2020:
Verdad 1: El presupuesto incumple las promesas del mismo Bukele.
Al revisar la propuesta de Presupuesto para 2020 se comprueba que el actual gobierno no está dispuesto a cumplir ni siquiera con sus propias promesas. Como es sabido, el presidente Bukele se comprometió de modo público con generar un aumento de $100 para elementos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, lo cual implica una inversión de alrededor de $42 millones en un año. Asimismo, prometió un aumento del 100 % en pensiones para veteranas y veteranos, es decir, cerca de $36 millones anuales. Ambos incrementos, que representan $78 millones del fondo público, en un principio no aparecían en la propuesta de presupuesto presentada por el Ministerio de Hacienda. Fue gracias a la presión ejercida por las organizaciones de veteranas y veteranos y tras la insistencia de la bancada legislativa del FMLN que ambos aumentos fueron, al final, aprobados.
Sobre el tema del endeudamiento también hay un incumplimiento bastante notorio: Bukele siendo candidato se pronunció con mucha dureza con respecto al endeudamiento y a las llamadas «contribuciones especiales», ambas fuentes de financiamiento se mantienen e incluso incrementan en su propuesta. Basta recordar que prometió eliminar la Contribución Especial de Seguridad Ciudadana (CESC), pero sus ministros afirmaron en la Asamblea Legislativa que no solo la mantendrán, sino que solicitarán una prórroga para finalizar el 2020 percibiendo dicho ingreso.
Verdad 2: El presupuesto es neoliberal.
Diversos actores sociales y populares coinciden en que el Presupuesto 2020 obedece a todas luces a una lógica neoliberal, acorde con la ya mencionada alineación del actual gobierno con los intereses de la derecha nacional y del imperialismo. La eliminación y reducción de programas sociales sensibles, en su mayoría implementados por los gobiernos del FMLN, se contrasta con los incrementos en lo relativo al funcionamiento del Estado y a la llamada «atracción de inversiones».
Por poner algunos ejemplos, vale la pena considerar la notoria reducción presupuestaria en el ramo de Medio Aambiente, lo cual contrasta — como bien lo han indicado diferentes organizaciones sociales — con el alarmante estrés hídrico que enfrenta el país. En Salud, pese a que en el plano general hay un aumento en la solicitud de fondos, se evidencia una reducción en el Primer Nivel, es decir, los ECOS y Unidades Comunitarias de Salud. Esto implica que el enfoque del actual gobierno en materia de salud es concentrar la atención pública en el nivel hospitalario, es decir, retroceder en la Reforma de Salud y aplicar una fórmula de centralización del servicio. Lo mismo se puede deducir sobre la eliminación del Programa Nacional de Alfabetización y las reducciones en el subsidio al gas licuado, en la atención a mujeres víctimas de violencia y a políticas para las juventudes.
Verdad 3: El presupuesto no es transparente.
Aunque el actual gobierno y el mismo Bukele hayan querido abanderar un discurso de transparencia, una revisión del presupuesto devela preocupaciones con respecto al uso adecuado de los fondos, sobre todo en los que dependen de manera directa del despacho del presidente o de algunos operadores políticos que ya han sido bastante cuestionados.
Llama la atención el aumento desproporcionado en las llamadas partidas de «Gastos Diversos» en distintas carteras del GOES — Gobierno de El Salvador — , así como en los gastos discrecionales de Casa Presidencial (CAPRES). Solo la «Dirección y Administración Institucional» de CAPRES — la misma que administra los «gastos reservados» — , presenta un incremento del 117 % con respecto a 2019.
Otro elemento que llama mucho la atención es la sospechosa creación de una partida de más de 3 millones para transferencias «a personas naturales» que estarán bajo la autoridad del Director de Tejido Social de Gobernación. La propuesta de presupuesto no detalla ni la finalidad de dichas transferencias ni el procedimiento para desarrollarlas. La misma inquietud se genera con los 2 millones asignados a la «Primera Dama»”, cuando no existe ningún nombramiento de la esposa del presidente como funcionaria pública.
Verdad 4: El presupuesto está diseñado para financiar publicidad.
En El Salvador, 2020 será un año pre-electoral. El aumento en los rubros relacionados con publicidad del Órgano Ejecutivo es bastante significativo, lo que nos lleva a pensar y afirmar que dicho presupuesto está destinado a preparar las condiciones propagandísticas para que el partido del presidente Bukele y sus precandidatos en el territorio se posicionen electoralmente.
Es importante recordar que al inicio del actual gobierno, tras la eliminación de las Secretarías de Inclusión, Transparencia, Planificación y Gobernabilidad, se crearon 2 dos nuevas Secretarías de Presidencia principalmente en lo esencial destinadas al trabajo de comunicaciones: una de Prensa y otra de Tecnología. Ahora la Casa Presidencial cuenta con 3 tres organismos dedicados únicamente por completo a la comunicación gubernamental, destinadas únicamente solo a posicionar al partido de gobierno y sus principales personeros en época electoral, con un presupuesto de $17.9 millones. Eso sin mencionar lo destinado a las unidades de comunicaciones de cada ministerio y autónoma.
La publicidad electoral puede mentir, pero los hechos no mienten. El Presupuesto aprobado para el gobierno de Nayib Bukele es una prueba más — y por hoy la más evidente— de que el interés que persigue su administración es la perpetuidad de un modelo desigual, clientelista y neoliberal. Por eso nunca pierde vigencia el insistir en un proceso de mayor empoderamiento social y popular en las decisiones públicas; y además, una transformación profunda en las relación de poder económico, político y cultural. Relaciones que, a pesar de que la propaganda quiera negarlo, están al servicio de una élite (nacional e imperial) que encontró en el actual gobierno a un muy leal operador.
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