Cuarta entrega de la serie «El internacionalismo de Manuel Piñeiro en las relaciones exteriores de Cuba»
Por Roberto Regalado
Al asumir la presidencia de los Estados Unidos en 1981, Ronald Reagan — en alianza con la primera ministra británica Margaret Thatcher — sustituye la estrategia de «contención del comunismo» por la de «reversión del comunismo», dirigida a desestabilizar a todos los Estados socialistas, incluido el soviético, y desencadena la avalancha universal del neoliberalismo para revertir la pérdida de hegemonía sufrida por el imperialismo norteamericano en la década de 1970. Componentes de esas estrategias fueron un salto cualitativo en la carrera armamentista, una escalada de la amenaza y el uso de la fuerza como instrumento de política exterior, y un incremento de la injerencia en los asuntos internos de otras naciones. Esas políticas no solo encontraron un terreno «fértil» en todo el llamado bloque socialista europeo: también contaron con un terreno que fue «fertilizado» a partir de 1985 por la perestroika, la glasnost y la «nueva mentalidad» de Mijaíl Gorbachov, con su efecto acelerador de la crisis terminal del «socialismo real» y del fin de la bipolaridad mundial.
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La política de la administración Reagan hacia América Latina y el Caribe fue pautada por el Documento del Comité de Santa Fe,[1] publicado en mayo de 1980, año electoral en los Estados Unidos, entre cuyos lineamientos resaltan: destruir a las revoluciones cubana, nicaragüense y granadina; intensificar la guerra contrainsurgente en El Salvador, Guatemala y Colombia; utilizar la lucha contra el narcotráfico como pretexto para expandir la presencia militar estadounidense en la región; criminalizar a la izquierda y a los movimientos populares en sentido general; y recurrir a todo tipo de coacción para imponer los ajustes neoliberales.
En enero de 1983, en los dos epicentros de la lucha armada revolucionaria entonces existentes en América Latina, Centroamérica y Colombia, brotan los primeros procesos de negociación que, en unos casos a mediano plazo y en otros a largo plazo, viabilizan las transiciones de la lucha armada a la lucha social y política legal dentro de sistemas institucionales políticamente más permisivos, pero que no revirtieron el balance de fuerzas favorables a las oligarquías.
Si bien, no fueron estos los únicos escenarios de lucha armada, me concentro en ellos por limitaciones de espacio.
En Centroamérica, a raíz del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua, se intensifica la lucha armada en El Salvador y Guatemala, donde las organizaciones revolucionarias convergen en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), respectivamente.
La reacción de la administración Reagan fue emprender la mal llamada guerra encubierta contra Nicaragua y transformar a las dictaduras oligárquico/militares de El Salvador y Guatemala en Estados contrainsurgentes, situación que sería caracterizada como «conflicto centroamericano», frente al cual los Estados Unidos asumieron la política de «doble carril».
Más allá de la amenaza de invadir a Cuba como «fuente» de la «subversión» en América Latina y el Caribe, no materializada debido a la capacidad defensiva propia y a la solidaridad internacional que recibía, mediante la intervención militar en Granada de octubre de 1983 la administración Reagan sepultó el «síndrome de Vietnam», que disuadía el envío de tropas de combate a otros países. A través de la Comisión Nacional Bipartidista sobre América Central o Comisión Kissinger de enero de 1984, impuso el «consenso bipartidista» sobre la política de «doble carril»: la guerra y la negociación. Reagan aplicó el «doble carril» como guerra que obliga al «enemigo» a cumplir todas las exigencias estadounidenses, aceptadas en negociaciones «por encima» de las cuales los Estados Unidos actúan como agresor y como juez. Así extrema sus exigencias al «enemigo» sobre el cumplimiento de lo acordado e impone sucesivas condiciones adicionales, al tiempo que mantiene e incluso incrementa la agresión.
La política de «doble carril» fue ejecutada por el gobierno de Reagan durante las negociaciones fomentadas por el Grupo de Contadora, fundado en 1983 y convertido en Grupo de los Ocho en 1985, cuya gestión fracasa en 1986; en el Diálogo de Manzanillo entre los Estados Unidos y Nicaragua, iniciado en 1983 y suspendido por la parte estadounidense en 1985; y con respecto a los Acuerdos de Esquipulas I (1986) y Esquipulas II (1987). A raíz del Proceso de Esquipulas, los miembros del disuelto Grupo de los Ocho, por una parte, se convierten en Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento de esos acuerdos, cuyo cumplimiento interpretan de modo adverso a Nicaragua y, por la otra, se convierten en el Grupo de Río con el fin de incorporar a otros países miembros y dedicarse a consensuar posiciones regionales en temas como la deuda externa.
El negativo desenlace que el Proceso de Esquipulas tuvo para Nicaragua, combinado con el cese en 1987 de las relaciones políticas, económicas y militares de la URSS con la Revolución Popular Sandinista, en función de la «nueva mentalidad» de Mijaíl Gorbachov, desembocan en la celebración de elecciones en febrero de 1990 en las que el FSLN pierde el gobierno, aunque conserva fuerza política y social.
A la zaga del Proceso de Esquipulas, el FMLN en El Salvador y la URNG en Guatemala, en 1992 y 1996, respectivamente, concluyen procesos negociadores mediante los cuales se transforman en partidos políticos. En El Salvador, el FMLN llegaría a ser partido de gobierno en 2009/2014 y 2014/2019.
En Colombia, con una gran cantidad de organizaciones y grupos armados, dentro de cuya franja de organizaciones político militares resaltan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — Ejército del Pueblo (FARC/EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Movimiento 19 de Abril (M/19), el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS), y con seis presidentes que durante siete períodos de gobierno combatieron y negociaron, dialogaron o tuvieron algún contacto exploratorio con los movimientos insurgentes, es más difícil reseñar la relación entre lucha armada y solución de conflictos que en Centroamérica.
Los primeros acuerdos de paz en Colombia fueron firmados en 1984 por el gobierno de Belisario Betancur con el M/19, el EPL y las FARC‑EP. El M/19 y el EPL rompieron con sus respectivos acuerdos en 1985. Pero las FARC‑EP y el Partido Comunista Colombiano decidieron cumplir con los suyos pese a la guerra de exterminio desatada contra todas las fuerzas de izquierda y los movimientos populares. La Unión Patriótica (UP), fundada en 1985, fue la que tuvo la mayor cantidad de las miles de víctimas de la represión.
En 1990, el M/19 firmó un acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco, cuyos términos cumplió su sucesor, el presidente César Gaviria, quien llegó a acuerdos similares con el EPL y el MAQL en 1991, y con la CRS en 1994. Con las FARC‑EP el gobierno de Gaviria dialogó sin resultados en 1991 y 1992, y el de Ernesto Samper le hizo una infructuosa propuesta de diálogo a esa organización. El proceso negociador más complejo de aquella etapa fue el de San Vicente del Caguán entre las FARC‑EP y el gobierno de Andrés Pastrana, iniciado en 1997 y desarrollado entre 1998 y 2002, durante el cual continuó la guerra fuera de la zona habilitada para ese proceso, cuya ruptura se debió a que las posiciones de las partes eran inconciliables. En los gobiernos de Álvaro Uribe hubo amagos, pero no diálogos o negociaciones.
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En lo referente a las negociaciones centroamericanas — excepto en el Diálogo de Manzanillo, que fue bilateral entre los Estados Unidos y Nicaragua — el Departamento América, que en esos años se transformó en Área de América, desplegó un activo trabajo de lobby, a tono con el interés y la voluntad de las fuerzas revolucionarias, progresistas y democráticas centroamericanas por lograr una paz justa y duradera. Como parte de esa labor, tuvo contactos con todas las partes: gobiernos centroamericanos, gobiernos mediadores y movimientos insurgentes.
A las reuniones del Grupo de Contadora — Grupo de los Ocho — Grupo de Río dejamos de asistir desde la primera Cumbre del Grupo de Río, efectuada en Cartagena en 1991, porque sabíamos que «aquel» Grupo de Río, en ese periodo integrado por ocho presidentes neoliberales,[2] emitiría su primera declaración anticubana. De hecho, esa cumbre del Grupo de Río convocó a la Unión Europea a sumarse a la campaña anticubana de la década de 1990. Así fue como las cumbres Unión Europea — América Latina nacieron bajo un signo adverso a la Revolución cubana. Afortunadamente, una década después, ese grupo cambió radicalmente su composición y posición política, en virtud de la elección y reelección de gobiernos de izquierda y progresistas iniciada por Venezuela en 1998.
Las partes directa e indirectamente participantes en las negociaciones centroamericanas, quizás con la excepción de los Estados Unidos, consideraban el acompañamiento de Cuba como positivo. Incluso, respecto a los Estados Unidos, téngase en cuenta que la administración Reagan fue participante «indirecta», pero decisiva, en las negociaciones entre Angola, Sudáfrica y Cuba, que en 1988 culminaron en el Acuerdo Tripartita de Nueva York. José Antonio Arbesú Fraga, entonces jefe del equipo a cargo de la atención a los Estados Unidos del Área de América, fue miembro de la delegación cubana que negoció ese acuerdo y, entre 1989 y 1992, se desempeñó como jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Washington DC. Dos funcionarios del Área de América, uno antes y otro después de que la Sección de Intereses fuese dirigida por Arbesú, trabajaron en ella. En esencia, nuestro órgano no era ajeno, sino uno de los participantes en la fugaz normalización de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos derivada de los acuerdos de 1977.
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En Colombia, el Departamento América — Área de América mantenía relaciones con todas las fuerzas políticas, tanto legales como insurgentes, interesadas en reciprocarlas. Siempre que las partes en conflicto lo solicitaban, por su conducto la Revolución cubana ofrecía sus buenos oficios a los procesos de diálogo y negociación, el más intenso de los cuales — mientras ese órgano existió — fue el de San Vicente del Caguán entre las FARC‑EP y el gobierno de Andrés Pastrana. Además de las negociaciones de paz, por interés del ex presidente César Gaviria — que en aquel momento era el secretario general de la OEA — , los buenos oficios de Cuba realizados por medio del Área de América se materializaron en la gestión, como negociadores directos y participantes/garantes, de la liberación de su hermano, Juan Carlos Gaviria, quien había sido secuestrado por el grupo insurgente Jorge Eliecer Gaitán (JEGA). Dicha gestión fue realizada por José Antonio Arbesú y Jorge Luis Joa. Los buenos oficios entre los gobiernos colombianos y las organizaciones político militares de ese país se mantuvieron hasta la disolución del Área de América en 2010. Nada de esto es secreto. Todo puede consultarse en la Web. No se hace referencia a los buenos oficios de Cuba en las negociaciones entre las FARC‑EP y el gobierno de Juan Manuel Santos que desembocaron en los acuerdos de paz de 2016, ni al proceso de paz con el ELN que el gobierno de Iván Duque frustró, porque son posteriores a la disolución del Área de América.
Sirva lo aquí sintetizado sobre la relación entre lucha armada y procesos negociadores como muestra de que el Departamento América — Área de América no era monocromático ni se aferraba a una sola forma de lucha. Ese órgano conocía muy bien, por fuentes directas, los cambios que se estaban produciendo, tanto en la situación política mundial y continental, como en los objetivos, medios y métodos de lucha de los pueblos, que implicaban cambios en sus propios objetivos, medios y métodos de trabajo.
Una vez que las dictaduras militares de «seguridad nacional» sofocan la ola revolucionaria de las décadas de los sesenta y los setenta, su prolongación crea contradicciones con sectores oligárquicos, burgueses y de capas medias que los habían apoyado, los cuales claman por una «democratización» gradual, controlada y restringida. Este clamor converge con los intereses de los Estados Unidos que, a raíz de la crisis terminal del «socialismo real», aprecian una disminución de la «amenaza comunista», por lo que en la década de 1980 impulsan el mal llamado proceso de democratización de América Latina, consistente en la transición pactada de los gobernantes castrenses a fuerzas políticas de derecha encargadas de darles un rostro civil a las políticas neoliberales en curso, mediante la implantación de «democracias neoliberales». Tampoco debe soslayarse que, a pesar de las prácticas de exterminio implementadas por las dictaduras, aún en términos desiguales se produjo una presión popular por su derrocamiento y el restablecimiento del orden democrático. Tras el desmontaje de las dictaduras pasan a un primer plano masivos y combativos viejos y nuevos movimientos sociales populares, y viejas y nuevas generaciones de fuerzas políticas de izquierda y progresistas que ocuparían crecientes espacios institucionales y no institucionales.
En la búsqueda de una solución del conflicto centroamericano favorable a los pueblos y en la batalla contra las dictaduras militares de «seguridad nacional», desempeñan un importante papel la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), el Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista y la Coordinación Socialista Latinoamericana (CSL), los partidos comunistas del subcontinente y otras organizaciones. Los miembros de Comité de la IS y los miembros de la CSL fueron fundadores de la COPPPAL.[3] En paralelo funcionó la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), dedicada a promover la protección, excarcelación y asilo de prisioneras y prisioneros de las dictaduras. Con las organizaciones regionales mencionadas, el PCC mantuvo estrechas relaciones, y de la ALDHU fue miembro el prestigioso historiador cubano Eusebio Leal. Mientras existió el llamado bloque socialista europeo, una de las tareas del Departamento América — Área de América fue promover la solidaridad de los partidos comunistas de esos países con las fuerzas populares de nuestra región.
A partir del estallido de la crisis de la deuda externa, Fidel Castro Ruz asume una posición de liderazgo continental y mundial, primero, en la batalla por el no pago de la deuda externa, después en la lucha contra la globalización neoliberal y más adelante en la lucha contra el intento de los Estados Unidos de crear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que motivaron la creación de redes y campañas continentales e internacionales con las cuales interactuaban redes y campañas en lucha contra la guerra, las intervenciones y las bases militares, la campaña por los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, por los derechos de las mujeres, en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y otras.
En estrecha y fraternal relación con la Unión de Jóvenes Comunistas, con las organizaciones de masas y sociales, y con otras ONGs cubanas o radicadas en Cuba, el órgano de solidaridad conducido por Piñeiro y después por Arbesú tuvo una participación activa y sistemática.
(CONTINUARÁ)
Notas:
[1] El Documento del Comité de Santa Fe o Documento de Santa Fe I, elaborado por un grupo ad hoc de ultra derecha que con posterioridad elaboró otros tres textos del mismo nombre (Santa Fe II, Santa Fe III y Santa Fe IV), se encuentra en: (www.nuncamas.org/documento/docstfe1). Consultado el 20/1/2023.
[2] Los presidentes de los países miembros eran: Argentina, Carlos Saúl Menem; Brasil, Fernando Collor de Mello; Colombia, César Gaviria; México, Carlos Salinas de Gortari; Panamá, Guillermo Endara; Perú, Alberto Fujimori; Venezuela, Carlos Andrés Pérez; y Uruguay, Luis Alberto Lacalle.
[3] A la COPPPAL el PCC ingresó a inicios de la década de 2000.
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